DONOSTIA-. Una veintena de representantes de los agentes que suscribieron el Acuerdo de Gernika han acudido por la mañana a la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde han solicitado reunirse con Mercedes Gallizo. Ante la negativa recibida, han registrado una petición en nombre del Acuerdo de Gernika para mantener un encuentro con la máxima responsable del organismo.
Junto a la solicitud, han entregado otro documento en el que se recogen una serie de reclamaciones en torno a la situación de las presas y presos políticos vascos y le reclaman un cambio en la política penitenciaria.
Desde allí se han trasladado a un hotel, donde han denunciado que los integrantes del Acuerdo de Gernika llevan desde febrero intentando concertar una cita con Gallizo pero ésta ni siquiera les ha respondido. Por ello han decidido acudir directamente a Madrid a solicitar la reunión y a exponer su postura y reivindicaciones en materia penitenciaria.
Maiorga Ramírez (EA), Tasio Erkizia, Miren Legorburu (izquierda abertzale), Oskar Matute (Alternatiba), Jabi Garnika (LAB) y Ane Ituño (TAT) son algunos de los representantes del Acuerdo que integraban la delegación vasca.
La participación de los presos, «imprescindible»
En la comparecencia, Maider Karrere y Jabi Garnika han explicado que para el Acuerdo de Gernika es «completamente contraproducente» para una resolución democrática del conflicto la política que aplica Instituciones Penitenciarias de «entorpecer la relación del Colectivo de Presos Políticos Vascos –EPPK– con el resto de agentes políticos y sociales, que debemos impulsar un proceso de diálogo, negociación y normalización política en Euskal Herria».
Recuerdan a la directora de Instituciones Penitenciarias que ni las instituciones españolas ni las francesas han contestado a la petición de poder comunicarse con los interlocutores de EPPK.
Los firmantes de Gernika consideran que la participación e implicación del colectivo de presos en la resolución del conflicto es «imprescindible» y subrayan que las experiencias de procesos desarrollados en otros países «así lo corroboran».
En ese sentido, exigen a Gallizo «que pase de una fase represiva a una resolutiva» y que cese la política «diseñada contra los derechos de los y las presas políticas vascas, planteada desde una estrategia de confrontación y basada en una serie de leyes diseñadas desde parámetros puramente políticos de castigo y venganza, y encaminada a obstaculizar por todos los medios dicha participación».
Los agentes que integran el Acuerdo de Gernika urgen a aplicar una serie de medidas «como primer paso a un camino que conduzca a la total ausencia de presos y exiliados políticos en el necesario marco de la resolución democrática», como el traslado de presos y presas a Euskal Herria y el fin de la política de dispersión, la libertad de los que padecen enfermedades graves, la derogación de la doctrina que «impone la cadena perpetua», la concesión de libertades condicionales y la aplicación «sin restricción ni arbitrariedades de todos los beneficios penitenciarios legalmente establecidos».
«Es imprescindible que el Estado dé pasos en esa dirección, que salga de su cerrazón y no frustre el camino emprendido por la sociedad vasca hacia la normalización y resolución del conflicto que padece Euskal Herria», subrayan.
