Compatriotas.
Estado Mayor Central de las FARC-EP.
Mayo 27 de 2011
Colombianas y colombianos, hermanas y hermanos de Latinoamérica, en este mes de mayo se cumplen 47 años de barbarie impuesta a nuestra patria, 47 aciagos años de muerte aleve, de persecución implacable, de encarcelamientos injustos, de negación de derechos fundamentales a los ciudadanos, de despojo de tierras y viviendas, de destierros y desplazamientos, de enriquecimientos inmorales y de empobrecimiento violento, tan violento como la pobreza misma, causados por los distintos gobiernos que han ejercido el poder para la opulenta minoría.
47 años de violencia partiendo desde el día que el bipartidismo liberal-conservador personificado en el excluyente, corrupto e infame pacto de alternación presidencial del Frente Nacional, en el gobierno de Guillermo León Valencia tomó la decisión de enrumbar el curso histórico de la patria por los despeñaderos de la barbarie, lanzando la más grande ofensiva militar que hasta el momento se conociera en Latinoamérica, con más de 16.000 efectivos de la fuerza armada gubernamental y orientada desde la Casa Blanca, en su estrategia para el control geopolítico del continente y contener los vientos de dignidad e independencia que soplaban desde la revolución cubana, articulado en el Plan LASO (Latin American Security Operation)para aniquilar al campesinado de Marquetalia. Es que la violencia y el arrodillamiento ante el amo yanqui, ha sido por excelencia la conducta política de las clases gobernantes en Colombia.
Hay verdades que incomodan a las clases que detentan el poder y a sus portavoces, como la de que, la violencia es la característica principal de su conducta política, y por eso lanzan a escena todo su tinglado mediático para hacer de sus trampas y mentiras “verdades oficiales”, como la justificación para la agresión a las comunidades agrarias en Marquetalia, bajo el estigma de “repúblicas independientes”, cuando el corifeo de la sinrazón, en el congreso de la república, encabezado por el senador ultraconservador Álvaro Gómez Hurtado azuzó el terror para desplazar a sangre y fuego la resistencia en Marquetalia, por encima del clamor nacional de paz que los acompañó, y obligándolos a proferir la resistencia de las FARC-EP que crece imbatible acompañada de amor, esperanzas, iniciativas y críticas de los colombianos.
Desde Marquetalia hasta hoy, las FARC-EP jamás hemos renunciado a la solución política del conflicto social y armado, que la oligarquía colombiana profundiza en cada ciclo de gobierno, porque la búsqueda de la paz con justicia social es parte de nuestra génesis y razón de lucha, además de la certeza de que es con la participación del pueblo volcado en acciones e iniciativas como la construiremos. Es con el pueblo empujando por la distribución justa de la tierra, por el establecimiento de efectivas políticas de salud que prioricen en el hombre y en la mujer y, no en las cuentas bancarias de los emporios económicos de la corrupción que la comercializan; por alcanzar estrategias sociales que prioricen en vivienda digna en campos y ciudades, educación para todos, democracia plena para la convivencia nacional y el ejercicio pleno e integral de los derechos humanos; por reducción del gasto militar y el redireccionamiento de la política de defensa. Es la movilización de todos los sectores de la sociedad colombina quien impondrá la salida política del conflicto, iniciando con el acuerdo humanitario que libere a todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen y a los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia.
Cuando el gobierno ordenó el ataque a Marquetalia, los campesinos agredidos elevaron su voz por salidas de paz y bienestar, pero la ambición bipartidista del Frente Nacional desató el desangre que nos azota. Y todas las amenazas cayeron contra las fuerzas de resistencia encabezadas por los legendarios comandantes Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Isaías Pardo, Hernando Gonzales Acosta, Jóselo Lozada, Ciro Trujillo, Miguel Pascuas, Fernando Bustos, Jaime Guaracas, Miriam Narváez y los 46 integrantes de la pléyade fecunda de la gesta Marquetaliana y de la insurgencia que hoy representamos las FARC-EP. Y prometieron su aniquilamiento físico y con ello el fin de la resistencia en pocas semanas. Desde entonces las amenazas y el “fue dado de baja”, el “va gravemente herido”, el “le estamos respirando en la nuca”, “en cinco meses los derrotamos”, el “necesito otros cuatro años para derrotarlos”, o el “este es el fin del fin” ha sido el argumento para justificar el exponencial gasto militar, que ha disparado la fuerza pública armada a más de 500 mil efectivos, y que consumirá la quinta parte del presupuesto nacional del año entrante. Y, que además, recepcionó cerca de los casi $10.000 millones de dólares de ayuda norteamericana del fracasado Plan Colombia, ratificando lo falaz de la publicitada tesis gubernamental del “pos-conflicto”, pero profundizando las desigualdades que hoy deja a más de 30 millones de pobres.
En este casi medio siglo de confrontación armada, hemos puesto todas nuestras energías por la solución política del conflicto, pero los sectores del poder, que se crecen de privilegios en la guerra, han disparado sus arsenales para que ello no sea posible. Los acuerdos de la Uribe, firmados hace 27 años y que fueron esperanza de paz y prosperidad para la nación, fueron ahogados en sangre con el asesinato de más de cinco mil integrantes de la UP, el mayor genocidio contra un partido de oposición esperanzado de paz. En Caracas y Tlaxcala pusimos todo nuestro entusiasmo por retomar los caminos de la solución política, pero el guerrerismo de la clase dirigente, ostentado en la guerra integral del gobierno neoliberal de Cesar Gaviria, le apostó al juego de la derrota militar de la guerrilla, y en lo económico a la llamada apertura, que dejó en la quiebra a cientos de medianas y pequeñas empresas elevando los niveles de pobreza. A los diálogos del Caguán llegamos con los equipos espigados con las esperanzas de reconciliación del pueblo, pero la estrategia de la clase dirigente, orientada desde Washington, no era de paz, era ganar tiempo para recomponer las estructuras de su fuerza armada golpeada duramente por el accionar de las FARC-EP y desarrollar los planes de guerra contenidos en el fracasado Plan Colombia y poner el territorio a disposición de las fuerzas de ocupación yanquis y cabeza de playa para la agresión contra los pueblos hermanos de América Latina que construyen soberanía y democracia.
La violencia nunca ha sido nuestra razón de ser, la violencia nos la impusieron y es la característica principal de un régimen decadente que medra en ella. Que asesina a los opositores para monopolizar el poder político y crecer las chequeras de la corrupción o alcanzar reconocimiento dentro de la estratificación de la muerte que estableció el ministerio de la defensa, para recompensar los crímenes de Estado y que para eludir su responsabilidad, eufemísticamente los han denominado “falsos positivos”. Violencia que ha desplazado a más de 5 millones de compatriotas y desaparecido a más de 19 mil colombianos, solamente en los 8 años de gobierno de Uribe Vélez, para enriquecimiento de industriales, agroindustriales, ganaderos, narco-terratenientes y militares.
Nuestra razón de ser es la paz de la vivienda digna, la del desarrollo humano equilibrado, la de la educación gratuita en todos los niveles, la de la salud preventiva para toda la nación, la de la reforma agraria integral que beneficie a las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, la del salario justo y del empleo garantizado, la de la protección integral del medio ambiente, la de las garantías políticas para el debate y la participación en los órganos del poder político, la garante del ejercicio pleno de los derechos humanos integrales, la del respeto y garantías a las comunidades LGTV, la del reconocimiento pleno a los derechos de género, la del reconocimiento al aborto como parte sustancial de una sociedad que debe crecer en derechos y la del derecho a la protesta y a la movilización social. Y por esta paz nos la hemos jugado toda, hasta la vida misma, como lo han refrendado con generosidad cientos de combatientes, entre quienes destacamos, con compromiso indeclinable, a los inolvidables comandantes guerrilleros Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Efraín Guzmán, Raúl Reyes, Iván Ríos, Jorge Briceño, Mariana Páez y a todos nuestros héroes farianos.
Compatriotas, la paz es un derecho que tenemos que hacer realidad en esta patria inundada de vejámenes. La barbarie no puede seguir siendo parte de nuestro destino durante otros 47 años más, y menos ahora que con la movilización podemos imponernos un futuro cierto y civilizado, ahora que el terror y el miedo acrecentado por el modelo de Estado mafioso que implantó Uribe Vélez se devela de la corrupción que ocultó la exaltada “seguridad democrática” donde la parapolítica, la Yidis-política, los “falsos positivos”, los encarcelamientos masivos, las fosas comunes en todo el país, el robo de recursos destinados al campo mediante el programa “Agro-ingreso seguro” para enriquecimiento de los aliados clientelares del régimen, las zonas francas para beneficio del bolsillo familiar del ex presidente, los seguimientos ilegales del DAS, la extradición de sus aliados narco-paramilitares para asegurarse impunidad, las mansiones dentro de guarniciones militares para albergar a oficiales de las fuerzas armadas condenados por crímenes de guerra y de Estado no amedranta ya a nuestro pueblo, como este lo ha expresado ya en sus reiteradas manifestaciones. Movilizaciones que vienen creciendo desde el año pasado, y crecerán, como el clamor de justicia social que reclama la nación, contra el continuismos del Uribismo que representa la “Unidad Nacional” del presidente Juan Manuel Santos, su neoliberalismo que propende un modelo de enclave garantista para las multinacionales minero-energéticas que profundizará la crisis humanitaria que afecta al país y la medioambiental que azota inclemente a la nación en cada cambio de estación, de recorte y represión a las libertades públicas, de profundización del conflicto social y armado justificado en una concepción de seguridad nacional impuesta desde Washington y que fundamenta todas las modalidades de crímenes de Estado que se aplican en Colombia, de impunidad a la corrupción que campea en todos los estamentos del Estado como los carteles de la salud que estableció la ley 100. Pero será la movilización y la unidad de todos, de todas las organizaciones y expresiones de lucha como será posible alcanzar la reconciliación y la reconstrucción de la nación, y nuestros esfuerzos, y los de todas y todos los combatientes farianos, se ponen a disposición de esta patriótica empresa.
A estos 47 años de barbarie oligárquica, tenemos que imponer la salida civilizada al conflicto con el incontenible poder de la movilización. Invitamos a todas las colombianas y colombianos, y a sus organizaciones para que visibilicemos todas las esperanzas de paz con justicia social que palpitan en el corazón de la patria, con actividades culturales, exposiciones de arte, de música, danza y poesía; en encuentros deportivos, caminatas ecológicas, encuentros literarios, grupos de estudio, foros, conversatorios, encuentros, talleres, movilizaciones y marchas, para que la antorcha de la paz se encienda desde ya, e ilumine las añosas esperanzas que nos han querido cercenar. Y saludamos a todas nuestras hermanas y hermanos de Latinoamérica que han venido acompañando al pueblo colombiano en este empeño.
Convocamos a todo el pueblo a la acción y a la movilización, para enrumbar a la nación por el camino de la solución política y dialogada, imponiendo reglas fiscales cuyo propósito consista en beneficiar a los más desprotegidos, con gravámenes más altos para los que mayores ganancias adquieran. A establecer una política de salud pública que haga énfasis en la colombiana y el colombiano común, y no en los bolsillos de los pulpos financieros y de los carteles mafiosos que de ella se benefician como lo evidencia el atraco de Saludcop producto de un modelo diseñado exclusivamente para beneficio económico de los empresarios. Por una política educativa que redima y eleve los niveles de investigación científica de la nación y no la chequera de los monopolios privados de la enseñanza. A establecer una ley de víctimas, restitución de tierras, en beneficio de los sin tierra, de los despojados y de las víctimas, para que la impunidad y repetición de los crímenes de Estado no siga siendo la regla, y que avance hacia una profunda y verdadera reforma agraria y no la pretendida política del presidente Santos de entregar baldíos a los sin tierra y las tierras fértiles a los empresarios agroindustriales y terratenientes. A que se protejan los recursos naturales de la explotación de las multinacionales que desplaza a la minería artesanal y a la pequeña minería y deteriora el medio ambiente. A derrotar el continuismo de la llamada “seguridad democrática”, ahora denominada “unidad nacional” y que persiste en la militarización de la nación y en la criminalización de la protesta social, de sus organizaciones y dirigentes. A imponer una reforma al infame régimen de pensiones y a las lesivas normas laborales que exprimen al trabajador y holgan a los patronos.
En estos 47 años de batallas por la paz de Colombia desde la resistencia armada, nos ratificamos en el empeño de la reconstrucción y recconciliación de la Colombia bolivariana, la patria grande y el socialismo, iluminados por el pensamiento unitario del libertador Simón Bolívar. Porque la unidad y la paz si son posible
