El pasado 12 de abril, el presidente de SEOPAN remitió una carta al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la que solicita una entrevista urgente para reclamar el pago de 80 millones de euros adicionales y un aumento del canon anual que se les paga a las empresas concesionarias de los 7 nuevos hospitales de gestión privada de Madrid.
Vale la pena tener en cuenta qué es y cuando surge SEOPAN. Es la Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España, creada en 1956 para defender los intereses de las corporaciones que construyeron las bases militares para el Ejército de los EE.UU. En la actualidad es el principal grupo de presión de las grandes empresas constructoras (ACS, FCC, Acciona, Ferrovial, OHL, Sacyr-Vallehermoso, etc) adjudicatarias de dos de cada cinco grandes obras públicas que se ejecutan en el mundo, de la inmensa mayoría de las del estado español y, para lo que nos ocupa, de las concesiones administrativas para la construcción y gestión de los nuevos hospitales de Madrid.
La larga historia de la privatización de la sanidad en el Estado es también la de la constatación de la coincidencia de intereses entre PP, PSOE y derechas nacionalistas – la Ley 15⁄97 de Nuevas Formas de Gestión es el paradigma – y de la simbiosis cada vez más escandalosa entre poder político y empresa privada. Son ya innumerables los casos de cargos públicos que pasan a recibir astronómicos ingresos de multinacionales, que agradecen así los servicios prestados y que esperan seguir contando con la labor “facilitadora” del ex político de turno en las administraciones públicas. Un ejemplo con repercusiones en la sanidad es el nombramiento en 2008 de Nicolás Redondo Terreros como Consejero de FCC, empresa propietaria del hospital de Arganda, tras abandonar sus cargos en el Partido Socialista de Euskadi.
Otro caso indicativo es el del presidente de SEOPAN, David Taguas. El firmante de la carta más arriba citada dirigida al Consejero de Sanidad, pasó directamente en mayo de 2008 de ser Director de la Oficina Económica del Presidente Zapatero y miembro de la Comisión Delgada para Asuntos Económicos del Gobierno, con categoría de Secretario de Estado, a presidente del lobby más importante de la poderosa patronal de la construcción. Es el mismo que no se cansa de repetir alto y claro que la creación de empleo pasa por aumentar la jornada laboral y disminuir los salarios.
El desastre económico para las arcas públicas inherente al modelo de privatización de la sanidad en general, y en particular al conocido como Iniciativa de Financiación Privada, ocurrido en todos los lugares en los que se ha puesto en marcha y anunciado en repetidas ocasiones por las Plataformas Casmadrid y Matusalén[1], ya llegó. Lo sucedido en Gran Bretaña, Alzira y en las Fundaciones sanitarias gallegas, el fracaso económico y, sobre todo, la disminución abismal de la calidad en la atención sanitaria para asegurar el negocio, se ha producido en Madrid antes de lo previsto.
La amenaza de colapsar los nuevos hospitales es la gran baza de las concesionarias para obtener un incremento sustancial de ingresos, tanto en concepto de deuda acumulada no satisfecha, 80 millones de euros, como por incrementos anuales de cerca de 10 millones de euros, justificados en función de aumentos en las inversiones y en la actividad. El instrumento de chantaje que se ha puesto en sus manos es poderoso: la suspensión de la prestación de un servicio público tan esencial como la sanidad.
En la carta de David Taguas aparece además como primer elemento de reclamación, ampliamente desarrollado en el Anexo I y sin embargo no cuantificado, el siguiente: “los efectos provocados por la entrada en vigor del nuevo Plan Contable que provocan una reducción de la rentabilidad del accionista del 11,2% al 7,61%”.
Merece la pena detener la atención en este aspecto porque revela, no sólo el expolio de las arcas públicas que produce la privatización, sino el auténtico fraude de ley sobre el que se asientan las Concesiones Administrativas en la sanidad pública.
Dice David Taguas que la aprobación de las nuevas normas del Plan General de Contabilidad en diciembre de 2010, por trasposición de la normativa europea, aplicables a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, supone para las empresas adjudicatarias de los 7 hospitales de Madrid pasar de ser consideradas “activo inmovilizado material” a “activo financiero”. Las consecuencias de este cambio son las siguientes:
* Deben empezar a pagar impuestos desde el año 2 de la Concesión, cuando antes no debían hacerlo hasta el año 17. El incremento del valor de los impuestos a pagar durante todo el periodo de concesión es del 43,6%.
* Este adelanto en la tributación conlleva una reducción del flujo de caja libre, que es a su vez el indicador en función del cual se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR), es decir, los beneficios del accionista.
* Los cambios contables pueden derivar en incumplimientos de los contratos suscritos por las empresas con los bancos que podrían llevar a la pérdida de la financiación, el colapso de las Concesiones y “la ejecución de la responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública”. Es decir, el pago de la deuda no satisfecha y el reintegro de los hospitales a la sanidad pública.
Estos cambios contables, que tantas desgracias dice Taguas que han ocasionado a sus representados, tienen una base material importante. Son dos condiciones las que han hecho pasar a las empresas concesionarias de los nuevos hospitales de “activo inmovilizado material” a “activo financiero”, con las consecuencias tributarias y contables descritas:
* La ausencia total de riesgo de demanda por el hecho de tener la “clientela” asegurada en la población que tiene asignado el hospital correspondiente para recibir la asistencia sanitaria pública.
* El tener el derecho incondicional a recibir un canon de la Administración, independientemente del mayor o menor uso de la infraestructura.
Las Concesiones Administrativas para la prestación de un servicio público cumplen el sueño dorado de cualquier empresario: financiación pública asegurada, sin condiciones, y clientela cautiva. Esto se produce a costa de pervertir la sustancia misma de de la figura jurídica de la Concesión que consiste precisamente en que el empresario concesionario asume el riesgo del contrato. De hecho la doctrina jurídica de la UE establece que si tal asunción de riesgos no existe, no puede existir Concesión.
Como puede deducirse, lo que David Taguas plantea en nombre de la patronal de las constructoras es que sea la administración sanitaria la que pague “el lucro cesante” derivado del cambio de tratamiento tributario y contable aplicable por el hecho de no asumir riesgos. ¿Alguien da más? Eso se llama, no ya “disparar con la pólvora del rey”, sino que el dinero no del rey, sino público, pague también el transporte de los artilleros.
No es fácil que SEOPAN consiga sus objetivos, no por falta de voluntad por parte de la Administración, sino porque no hay dinero en las arcas públicas y no se va a tocar un pelo a quienes lo tienen. No obstante todo es posible cuando, como ocurre en este caso y en la inmensa mayoría de los contratos públicos que mueven importantes cantidades de dinero, se cuenta con “conseguidores” de la talla de David Taguas que se saben bien los vericuetos de la Administración y las “debilidades” de sus gestores.
Esta reducción de los beneficios previstos, que ni siquiera cuantifican, es la que puede reproducir lo sucedido en Alzira (propiedad de Ribera Salud, principal grupo empresarial de la sanidad) a mayor gloria del capital privado: la vuelta temporal a propiedad pública del hospital para después devolverlo a la misma UTE que lo quebró, incrementando la cantidad pagada “per cápita” por la administración sanitaria.
Lo que reclaman la sensatez y los más elementales intereses públicos, es que vuelva a manos públicas para ser gestionado con la participación de usuarios y trabajadores y con todos los mecanismos de control de la calidad y del gasto que requiere un servicio público, lo que nunca debió ponerse en manos de quienes indefectiblemente – porque es su naturaleza – buscan el beneficio por encima de cualquier otra consideración.
[1] Al respecto, consúltese el Comunicado de las citadas Plataformas en
