El pasado 25 de marzo, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa publicó el informe de su visita en 2007 a España, donde muestra su preocupación por las alegaciones de severo maltrato que recogieron ‑unidas a evidencias médicas- e insiste en sus recomendaciones concretas para prevenir la tortura.
El 8 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó al Reino de España (caso Beristain Ukar contra España) por no haber investigado las denuncias de torturas realizadas por el demandante que afirmaba haber sido torturado en 2002. El 28 de septiembre de 2010, el mismo tribunal había condenado al Reino de España (caso San Argimiro Isasa) por el mismo motivo.
En ambos casos, el tribunal no certifica que hubiera torturas, pero condena a España por una violación «procesal» del artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos. Es decir, porque la imposibilidad de establecer si hubo o no tortura se deriva precisamente de no haberse investigado adecuadamente.
A la vista de ambas sentencias y del informe del CPT, temporalmente tan seguidas, y teniendo en cuenta cuál es la función de intervención excepcional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tema es de la máxima gravedad y el «tirón de orejas» al Estado español es de una intensidad inusitada. No es para menos: la falta de investigación no sólo es desidia. Cuando sucede de forma reiterada es un mecanismo activo y consciente de impunidad.
Esta política choca frontalmente con las obligaciones contraídas legalmente por España al ratificar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, pero también con la propia Constitución española, como lo ha recordado recientemente el propio Tribunal Constitucional en el caso Majarenas (Sentencia 63⁄2010, de 18 de octubre). En esta sentencia insiste: los tribunales ordinarios no investigan y, en definitiva, están incumpliendo su obligación.
Desgraciadamente, las sentencias no son nada nuevo y la actitud de España en relación a las denuncias de tortura nunca ha sido garantista. Como insistentemente denuncia Amnistía Internacional, las denuncias no se investigan y se archivan directamente; cuando se investigan, los procedimientos duran una media de 15 a 20 años hasta que se pronuncia la sentencia definitiva; si a pesar de las trabas de todo tipo se llega a identificar y condenar a alguno de los perpetradores, las sentencias suelen ser benignas, seguidas además por indultos ‑expresamente condenados y rechazados por la jurisprudencia del TEDH- cuando no de condecoraciones e incluso ascensos. Las indemnizaciones civiles de las víctimas se calculan con el baremo utilizado para los accidentes de tráfico, y no como exigiría la gravedad de un delito, doloso por naturaleza, contra el núcleo de los derechos humanos.
Cuando se van a cumplir más de treinta años de la respuesta del gobierno a los 10 puntos para la erradicación de la tortura de Amnistía Internacional, y a la vista de los sucesivos informes publicados desde entonces, una de las excusas más oídas para no actuar consiste en atribuir a los denunciantes de tortura una aviesa intencionalidad y pregonar que siguen consignas políticas de ETA, o que denuncian para empañar el buen nombre del estado y lograr así ser ellos mismos exonerados.
Mientras, la investigación, salvo honrosas excepciones, se ha visto atravesada por numerosos obstáculos impropios de un estado democrático. Las sentencias de Estrasburgo no sólo señalan estos obstáculos ‑que ya conocemos gracias al trabajo de los relatores sobre la tortura de Naciones Unidas, del CPT del Consejo de Europa y sus respectivos informes‑, sino que las sentencias ponen de manifiesto algo más: la inacción.
El propio Ararteko hizo público recientemente, en un pronunciamiento oficial, que encima de su mesa hay tres estudios que muestran la relevancia de la problemática de la tortura. Uno de ellos, titulado «Tortura: una aproximación científica 2000−2008», fue realizado por un grupo de médicos forenses y muestra que existe una alta correlación entre las denuncias de torturas y tres variables: el cuerpo policial que ha hecho la detención, la duración de la incomunicación, y la aplicación o no de los protocolos de prevención existentes. Numerosos detenidos que luego fueron puestos en libertad sin cargos denunciaron torturas y malos tratos. Por otra parte, los informes del CPT señalan que la incomunicación crea un contexto donde la posibilidad de tortura es mayor y más difícil de investigar, aunque, como señala Amnistía Internacional, la tortura va más allá de la detención incomunicada, especialmente en casos de detenciones de personas inmigrantes.
Hasta la misma Audiencia Nacional en el «caso Egunkaria» cuestiona por qué no se investigaron las denuncias de tortura. No ha habido una sola condena de torturas en materia de terrorismo, desde que entró en vigor el nuevo Código Penal de 1995, hasta el caso Portu y Sarasola. ¿A qué se espera para abordar este grave problema con la honestidad que se merece? ¿Dónde queda la sensibilidad democrática y el respeto hacia toda víctima de una grave violación de derechos humanos como ésta, independientemente de los motivos de su detención?
No obstante, el gobierno actual sigue afirmando, como hicieron los anteriores, que en el Reino de España la tortura no existe. Pero no se deciden ni a realizar una investigación seria e independiente ni a seguir las recomendaciones de los organismos internacionales, y menos a establecer un mecanismo independiente de investigación como han hecho otros países de nuestro entorno cercano. ¿Por qué?
Los gobiernos español y vasco tienen que mostrar una voluntad real de erradicar e investigar la tortura. De no ser así, van a seguir produciéndose condenas por no investigar las denuncias e informes internacionales cuestionando al Estado español.
Esconder la cabeza debajo del ala no es la manera de abordar el problema. Enfrentar, reconocer y ponerle coto a la tortura ‑un problema acumulado y enquistado durante años, cuya existencia cada vez afecta más al cuerpo de la democracia- exige valentía. Para ello, el primer paso es sacarla a la luz: investigar. Una investigación independiente, que ayude a tomar decisiones sobre los casos denunciados, el derecho de las víctimas y la prevención. Y que nos dé una imagen real de su extensión. Es posible, Chile lo hizo con la «Comisión Valech». ¿Cuántos años tendremos que seguir esperando aquí?
Xabier Urmeneta, Benito Morentin y Nerea Goikoetxea Asociación Pro Derechos Humanos Argituz.
