La tortura es un fenómeno presente, aunque se pretende remoto. Sus efectos son visibles, aunque se prefieran ocultos. Sus víctimas, si bien olvidadas, existen, son. Al menos las que pudieron sobrevivir al tormento. Derivado de las implicaciones que tiene, las autoridades prefieren negar la persistencia de la tortura y los malos tratos a reconocerlos, hacerlos visibles, enfrentarlos. Se antepone la impunidad a la reparación. Igualmente la sociedad se siente más cómoda obviando esa realidad que siendo consciente de ella, encarándola.
De ahí la importancia de la labor de denuncia de la tortura, del acompañamiento y la defensa a sus víctimas. Una actividad que viene recogida y apoyada en múltiples textos jurídicos internacionales, pero que, hoy día, no aparece plenamente salvaguardada, promovida, en el Estado español.
Precisamente, la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT) ‑formada por 44 organizaciones sociales, profesionales y universitarias de todo el Estado- ha recogido los principales casos en un informe, titulado «Descalificación, obstrucción y criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos en el ámbito de la tortura». Como avance, cabe destacar el incremento y la gravedad de los casos sucedidos en el ámbito concreto de la lucha contra la tortura. El abanico es amplio: desde insultos, amenazas y descalificaciones a personas u organizaciones, pasando por obstaculizaciones a la actividad de defensa y denuncia ‑agresiones físicas, prohibiciones de entrada en cárceles u otros sitios de privación de libertad, costas económicas, recortes de subvenciones…-, hasta la interposición de querellas criminales y/o acusaciones de terrorismo. Estos últimos casos han tenido una especial incidencia en Euskal Herria, donde se han puesto sobre la mesa las dificultades y riesgos de defensores y defensoras de derechos humanos. Personas que, desde la actuación profesional letrada o desde una mera posición de defensoras de derechos humanos, han resultado querelladas, procesadas o detenidas, simplemente porque su actuación de testigos activos las hace incómodas ante el estado. Con las acusaciones que se han presentado contra ellos y ellas han querido poner en tela de juicio su credibilidad o respetabilidad. En otros casos, simplemente los han querido quitar físicamente de la circulación. Que la presión y la represión hagan que desistan. Esta acción a favor de la más elemental defensa de los derechos humanos se ha querido criminalizar apuntando increíbles connivencias o vinculaciones.
Sin embargo, no es un hecho específico de este ámbito territorial y de las especiales medidas que en él se aplican. En 2009 y 2010 la CPDT ha conocido 29 situaciones, que afectan también a otros territorios del Estado, tales como Andalucía, Països Catalans, etc. muestra de una cultura política y social profundamente ajena a los valores de universalidad y promoción de todos los derechos humanos y de todas las personas.
Precisamente por eso, porque queremos revertir esta situación y dar espacio a la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, y en concreto contra la tortura, el 11 y 12 de marzo se llevarán a cabo en Bilbo las jornadas tituladas «Sobre criminalización de la defensa y el derecho a la denuncia» en el Colegio de Abogados. Debido a la proliferación de casos, la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT) ha decidido dedicar su encuentro anual a esta cuestión.
Mediante actos como el del fin de semana se pretende mostrar a la opinión pública que aquí y ahora el papel de los y las defensores de derechos humanos, está bajo riesgo. Es necesario, pues, articular frentes amplios y plurales con una exigencia común de respeto escrupuloso de garantías y derechos fundamentales.
Repetidamente se citan los versos del poema de Martin Niemöller, protestando por la sucesiva detención de comunistas, socialdemócratas, sindicalistas… El último verso indica el verdadero peligro al que nos enfrentamos y que, en estas jornadas, pretendemos conjurar: «cuando vinieron a buscarme, no quedaba nadie más que pudiera protestar».
Fuente: gara
