Se erige como juez de otros, mientras ejerce el dominio abrumador y es el principal beneficiario de los magnos negocios derivados del narcotráfico.
¿Quién le ha dado el derecho (a Estados Unidos) para incluir o excluir a los que cumplen o incumplen compromisos en la lucha internacional contra el narcotráfico? «Nadie tiene ese derecho y si alguien lo tuviera sería la ONU». Ésta fue la respuesta de Hugo Chávez a la inclusión de Venezuela en un memorando de la Casa Blanca al Departamento de Estado que lista a los «países que no cooperan» en la lucha antinarco. El documento, además, promueve una mayor intervención y ocupación de Centroamérica con el pretexto de que «la guerra sin cuartel de México y Colombia» obligó al narco a replegarse hacia «Honduras, Costa Rica y Nicaragua», por primera vez incluidos en la lista de «grandes productores o plataformas del narcotráfico en el mundo».
Como se esperaba ya, el gobierno de Laura Chinchilla, de Costa Rica, que autorizó la presencia militar de Estados Unidos en su territorio, ofreciendo inmunidad a soldados y oficiales de ocupación que incurrieran en rupturas a la ley penal internacional, encabeza una «iniciativa centroamericana» para «presionar» a Estados Unidos en pos de más ayuda contra el narco.
El memorando también se usa en el caso de Venezuela, con fines político-electorales. Su sesgo oportunista, unilateral y parcial, junto a la cada vez más notoria participación de Estados Unidos en todos los niveles de la estructura y dinámica del narcotráfico, desautorizan la retórica de su guerra antinarco/crimen o sea, lo que en la guerra sicológica y política se conoce como «historia de cobertura», la mampara que encubre campañas antipopulares y diseños de intervención y ocupación policial/militar/empresarial de zonas clave por su posición geográfica o por sus recursos.
No es casual que sean militares, Hugo Chávez o el coronel Sued Castro Lima, de la Fuerza Aérea de Brasil, quienes, entre otros, llamen la atención sobre el fenómeno: Estados Unidos se erige como juez de otros, mientras ejerce el dominio abrumador y es el principal beneficiario de los magnos negocios derivados del narcotráfico y el crimen organizado. Castro Lima muestra lo insostenible del argumento de fachada de combate al narcotráfico de la Casa Blanca: «En Colombia la producción de cocaína aumentó porque también lo hizo el mercado concentrado en Estados Unidos y en años recientes el precio de la cocaína cayó 36 por ciento resultado del aumento de la oferta y no de una reducción de la demanda».
Esos y otros datos indican que a nivel internacional Estados Unidos se perfila como la principal narcopotencia: es gran productor de mariguana y los más de 7 millones de adictos a la cocaína que la consumen en su territorio, constituyen el mayor mercado del orbe. Además se sabe que el 70 por ciento del dinero se lava ahí, significando, dice Castro Lima, «… que las mafias que operan en su territorio dominen 90 por ciento del lucro del gran negocio, que queda en manos de las mafias de Estados Unidos».
En Afganistán la producción de opio desapareció entre 1996 – 2001 porque el Talibán consideró a la droga antiislámica: hoy, con la invasión y ocupación de Estados Unidos, las transacciones ilícitas florecen y «la región produce el 70 por ciento del opio del mundo».
En nuestra región la industria armamentista de Estados Unidos es beneficiaria de doble vía de esta guerra sui géneris: Estados Unidos es el principal abastecedor (al 90 por ciento) de armas a los cárteles que operan acá ¡y a los ejércitos que los combaten! duplicando así exportaciones y beneficios. Al norte, los dólares; al sur, los muertos.
Castro Lima acierta al decir que la intención es aplastar «los movimientos populares o revolucionarios que surgen en América Latina y la intimidación o neutralización de iniciativas regionales» tipo UNASUR. También lo es debilitar cualquier expresión de jurisdicción estatal, sea en Canadá, México o Venezuela, que interfiera con el fluido acceso de Estados Unidos y sus «socios» a negocios o recursos vitales como electricidad, gas y petróleo.
Es en el territorio de la narcopotencia y no en Colombia, México, Centroamérica o el Amazonas, donde, en palabras de Castro Lima «… debería trabarse el principal combate contra el narcotráfico».
Sur y Sur
