Las últimas detenciones ocurridas en el País Vasco siguen la lamentable tónica de las precedentes. Las personas detenidas desarrollaban todas ellas actividades políticas pacíficas y legales y lo hacían a la luz del día. Ciertamente, los militantes de Askapena son favorables a la autodeterminación y a la independencia del País Vasco, también auspician para este país un orden social poscapitalista. En esos objetivos coinciden sin duda con muchas personas que hoy no pueden expresar su opinión mediante el voto, pero que representan un buen porcentaje de la población vasca. En los objetivos de autodeterminación han venido siendo respaldados, hasta la prohibición de la izquierda abertzale, por un 60% de la población de su país. En los objetivos anticapitalistas también los secunda otro importante sector dentro y fuera del País Vasco.
De lo que se les acusa hoy es de que sus objetivos políticos coincidieran con los de ETA y de que sus nombres aparecieran en documentos incautados a miembros de esa organización armada. Muy endebles argumentos para privar a las personas de libertad en una democracia. Ya se sabe el uso que hizo la junta militar argentina de las agendas personales de los guerrilleros que caían en sus manos: todos los que en ellas figuraban eran detenidos, torturados, eliminados. No se trataba de neutralizar la violencia armada, siempre minoritaria, sino de neutralizar a amplias corrientes sociales y políticas. Un grupo armado con objetivos políticos puede coincidir en sus objetivos con amplios sectores sociales que no comparten los mismos medios. Ello no significa que el conjunto de estos sectores sean «violentos», sino que algunos «violentos» comparten sus objetivos. Sería sorprendente que los jueces españoles considerasen que los ultraderechistas y racistas armados que votan al PP o al PSOE contaminan irreversiblemente a estas organizaciones políticas. ¿Acaso esperan encontrar en la agenda de un militante de ETA contactos con la derecha españolista? A fuerza de olvidar que existe un problema político en el País Vasco y un gravísimo problema constitucional y social en el Estado español, llegan a criminalizar todo antagonismo real, a matar toda vida política efectiva.
La metonimia de la agenda permite reconstituir una red, pero no la red de la organización armada, sino la del movimiento político y social con cuyos objetivos coincide la organización armada. En otros términos, por la metonimia de las agendas y por la analogía que informa el propio concepto ‑profundamente antijurídico- de «terrorismo», termina aplicándose el derecho penal de las dictaduras que conoció su época dorada durante el régimen nazi. Según el derecho penal liberal, para castigar un acto delictivo, éste ha debido previamente ser definido de manera precisa y rigurosa, a fin de evitar la metonimia de las agendas y la analogía del «terrorismo», que castiga tanto al enemigo armado del Estado como a quienes comparten sus objetivos políticos o incluso a los miembros casuales de su «entorno». Esta amalgama antijurídica es la que inspira la persecución estrictamente política dirigida contra el conjunto de la izquierda independentista vasca; es la que hace que el Estado español cuente con el mayor número de presos políticos de Europa, compitiendo en ignominia con la semidictadura militar turca.
Cuando ETA acaba de declarar una tregua unilateral y la izquierda abertzale está iniciando los contactos con mediadores internacionales indispensables para un genuino proceso de paz, la actuación de los magistrados y de la fiscalía españoles contra los sectores más comprometidos con este proceso muestra la verdadera cara del régimen.
A fin de evitar que el nuevo proceso de paz que hoy puede desarrollarse fracase como los anteriores, los abajo firmantes exigimos la derogación del conjunto de las leyes antiterroristas y la inmediata liberación de los centenares de presos políticos que estas leyes antidemocráticas y antijurídicas han conducido a prisión. Reclamamos la inmediata puesta en libertad de los militantes de Askapena recientemente detenidos. Exigimos al Estado español el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos de los individuos y de los pueblos.
(*) Además de Alfonso Sastre, John Brown y Santiago Alba Rico, firman este artículo Carlo Frabetti, Belén Gopegui, Carlos Fernández Liria, Constantino Bértolo, Angeles Díez y Pascual Serrano
