No es un acuerdo que dé respuesta desde el sector público a la situación de crisis que estamos viviendo. Los últimos años el sector público ha sido relegado a una posición de subsidiariedad no sólo en cuanto a su labor de rector de la economía, sino incluso también como garante y prestador de servicios públicos: llevamos décadas de privatizaciones de servicios públicos con el objetivo de desviar dinero público y así lucrar a las empresas a través de la gestión de estos servicios, y a través de unas malas condiciones de trabajo.
Junto a esto nos presentan unos presupuestos donde no se disponen recursos ni para mejorar la calidad de los servicios públicos, inclusive los privatizados, ni para equiparar las condiciones de trabajo de quienes trabajan en ellos, ni mucho menos para llegar a un nivel de gasto público como el de la media europea y poder hacer un desarrollo de los servicios que falta hace (cargas de trabajo insostenibles, universalización del ciclo 0 – 3, ampliación de servicios sociales…), y generar así empleo público. Esto sería verdaderamente hacer una apuesta por superar la crisis a través del reparto de la riqueza desde el sector público.
Lo que hoy se ha firmado no es una solución porque no plantea una apuesta de esas características. Es más, se ha vuelto a firmar lo mismo que ya teníamos desde el acuerdo firmado por CCOO y UGT para 2005. No era un buen acuerdo entonces, y ahora, en este contexto de crisis ‑donde lo que hay que hacer es apostar no por reorganizar sino por desarrollar el sector público – lo es mucho menos.
El acuerdo de este año recoge como «platos fuertes» la subrogación, y la reducción de la interinidad, pues bien ambas cuestiones se recogían ya en ese acuerdo del 2005. ¿cuántas veces van a firmar lo mismo y esperar a que lo cumplan si quieren, y si no, no pasa nada? Hasta hoy ningún firmante ‑sindicato ni administración- de aquél acuerdo ha tomado ninguna iniciativa para hacer cumplir aquel papel mojado. Han vuelto a incluir páginas que, junto a otras medidas recogidas ya por ley, engordan el texto para estos dos años.
No se crea empleo público, se consolidaría parte del que existe pero no se crea empleo nuevo, con lo cual las cargas de trabajo existentes en muchos servicios seguirán igual, y seguiremos sin atender demandas sociales que hoy por hoy todavía están por atender. No obstante, las Ofertas Públicas de Empleo que tanto parece que han condicionado las firmas también suelen ser buenas campañas publicitarias.
No se soluciona la situación de precariedad de las personas que prestan servicios públicos desde las empresas adjudicatarias de la privatización, ni qué decir ya de medidas tendientes a la equiparación y dignificación laboral que en LAB entendemos debe aplicarse ya.
No se establece ninguna medida para recuperar servicios privatizados. Y ésta, la de la reversión de servicios privatizados, es una cuestión vital para reconducir las políticas de privatización que se han demostrado fatales para los intereses generales, y revertir a la sociedad los servicios públicos. El texto se conforma con comprometerse a no externalizar más servicios, si bien este mismo mes nos hemos encontrado con que todavía queda algo por privatizar en un formato u otro: La futura creación de una Agencia de empleo y otra de Emergencias y Meteorología; la externalización del servicio de control de becas; sospechosos movimientos para una futura externalización del servicio «zuzenean»; y el mantenimiento de las concertaciones y autoconcertaciones en Osakidetza. Estas medidas que como mínimo trasladan al derecho privado a servicios públicos nos dan la medida de hasta dónde hay intención de cumplir lo escrito.
El supuesto incremento salarial es el acordado en Madrid con CCOO y UGT, y además no plantea ninguna medida ni de linealidad ni de proporcionalidad inversa para favorecer a las categorías inferiores. Los tres euros y pico de subida media para 2010 y el IPC para 2011 suponen unas congelaciones salariales que, por un lado carga implícitamente la responsabilidad de la crisis en la clase trabajadora que acepta que hay que remar junto a patronal y administración; y por otro lado asume que la crisis se mantendrá hasta 2012, rebatiendo implícitamente a los famosos «brotes verdes».
Valoramos positivamente la homologación de licencias y permisos de todos los sectores que suponen globalmente mejoras sustanciales. No obstante hemos recibido con desagradable sorpresa la aparición de un permiso nuevo para los y las trabajadoras de los servicios públidos: un trasnochado «permiso por bautizos y comuniones».
En materia de euskaldunización recogen el cumplimiento del plan que ya existe, una conjunción «ya» que, habiendo tenido un gran peso en los últimos instantes de la negociación impediría el diseño de un nuevo Plan. En su día ya dijimos que este plan no era suficiente, era un paso atrás, que no se había negociado, e insistíamos en la negociación de un plan más ambicioso. De hecho, es una evidencia que con el plan existente no se garantizan ni de lejos los derechos lingüísticos ni de las personas usuarias; ni de las personas trabajadoras que quieren desarrollar su trabajo en euskera; mucho menos el objetivo final de euskaldunizar la propia Administración. Se limita a garantizar el primer contacto de las personas adminsitradas con la administración como un cortafuegos que oculta la realidad de una administración erdaldun. No podemos entender como positivo que cumplan su amenaza de imponer aún mayores retrocesos en esta materia. Qué avances podemos esperar de éste Gobierno después de retratarse con el decreto para un adoctrinamiento nacionalista en educación.
Para finalizar hablan de desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público en la CAV, ley estatal impuesta desde la Mesa de Madrid y muy defendida por las sucursales de las partes negociadoras en ésta su parte del Estado, LAB siempre ha reclamado nuestro derecho a un Marco Vasco de Relaciones Laborales y no queremos que este estatuto merme ni limite nuestro derecho a definir y decidir en función de nuestra realidad y nuestras necesidades el modelo de relaciones laborales de las personas que trabajan en los servicios públicos. Previendo el limitado desarrollo que va a tener esta negociación, que va a tener además que ser aprobada por un parlamento ilegítimo, casi agradeceríamos que se nos haya excluido de su futura negociación, si no fuera por que las dos partes de la negociación van a estar más desequilibradas hacia Madrid.
L.A.B.
