El gobierno andaluz avanza implacable hacia la privatización de 
la educación en nuestra comunidad a través de políticas encaminadas a favorecer a los centros privados subvencionados con dinero público, más conocidos como centros concertados. Uno de los argumentos en los que nuestros gobernantes autonómicos se apoyan para defender estas políticas privatizadoras es el de la llamada “libertad de elección de centro” por parte de las familias, otorgando a este supuesto derecho un rango máximo, parece ser que incluso por encima del derecho universal a acceder a una educación en condiciones de igualdad que debiera tener el conjunto de la población, y aludiendo a un, también supuesto, respaldo de la Constitución en este sentido.
Ante esta vuelta de tuerca del actual gobierno en las políticas privatizadoras ya bien encaminadas por el PSOE en las legislaturas anteriores, desde USTEA queremos realizar las siguientes consideraciones:
En primer lugar, es importante dejar claro que en ningún momento se contempla en la Constitución Española, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para poder elegir entre la red de centros públicos o la red de centros privados, ni que esta última tenga que estar subvencionada con fondos públicos. Sin duda, no es un imperativo constitucional, bajo ningún concepto, el que el Estado tenga que garantizar la gratuidad en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto al creado y gestionado por los poderes públicos. En este sentido, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja claro en sendas sentencias, que el derecho a la formación religiosa y moral acorde a las convicciones de los padres no es de protección directa, sino a través de la protección de otros derechos como la libertad de cátedra, la neutralidad ideológica de los centros públicos, etc., y además tiene como límite el derecho de los menores a recibir una educación integral. (Sentencia 260⁄1994, de 3 de octubre de 1994); y por otra, que el derecho a la subvención no se recoge como un derecho fundamental, sino supeditado al desarrollo en una ley que deberá contener exigencias de respeto a los principios constitucionales de igualdad, no discriminación, efectividad del disfrute de los derechos… (Sentencia 86⁄1985 de 10 de julio), añadiendo esta última que “… siendo del todo claro que el derecho a la educación ‑a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionalmente, allá donde vayan las preferencias individuales”.
En USTEA entendemos que lo que desde las posiciones del gobierno andaluz se llama “derecho a la elección de centro” no es más que introducir en la planificación educativa las preferencias individuales de las familias. En definitiva, se introducen conceptos y criterios de mercado en la gestión pública del derecho fundamental a la educación, sometiéndolo a una mercantilización que aleja a la educación pública de su verdadero sentido y de su papel de compensador de desigualdades y de cohesión social. Lejos de procurar el fortalecimiento de la educación pública como la única capaz de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad para todos y todas, el ejecutivo andaluz mantiene la “demanda social” como elemento central de la planificación educativa, en consonancia con toda la batería de políticas privatizadoras que está desarrollando.
Pero, ¿por qué rechazamos en USTEA la libre elección de centro? Las investigaciones concluyen reiteradamente que detrás de la apelación a la “libre elección” suele esconderse un miedo a la mezcla social, buscando, por tanto, una selección escolar. Son numerosos los estudios e informes que alertan sobre las nefastas consecuencias para los sistemas educativos que conllevan estas políticas. Sin ir más lejos, la propia OCDE, en su informe “calidad y equidad en la educación”, asegura que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede resultar en segregación según competencias académicas y entornos socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”. Asimismo, un estudio elaborado por la Universidad de Valencia concluye que las políticas de libre elección hacen emerger “las desigualdades sociales inherentes al proceso de elección escolar por barreras económicas”. Refuerzan estas conclusiones el estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid (Rogero y Andrés, 2016) en que se afirma que “la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas”.
Como vemos, el sistema de “elección de centro” constituye un ideal neoliberal basado en la lógica individualista y competitiva y no en una lógica igualitaria y solidaria. Los poderes públicos, al llevar a cabo estas políticas, están convirtiendo a las familias en consumidoras dentro de un mercado educativo, obviando que la acción política de lo público tiene que estar encaminada a garantizar el derecho a la mejor educación posible para todos y todas y no a incitar a elegir, seleccionar y competir en una carrera en la que unos ganen y otros pierdan. El deber del estado es velar por el bien común, por encima de las preferencias particulares o intereses individuales.
Los datos sobre las consecuencias de la extensión de los conciertos y de las políticas de fomento de la “libre elección de centro” son demoledores. El llamado “modelo madrileño”, hacia el que nos dirige el gobierno andaluz, ha provocado que esta comunidad sea el territorio de la Unión Europea con más segregación escolar por motivos socioeconómicos, tan solo superada por Hungría, duplicando, además, el número de centros gueto con respecto a la media estatal, con un incremento de más del 35% en los últimos años.
Por tanto, el sistema de “elección de centro” no puede considerarse un derecho porque no solo no favorece una educación mejor y más equitativa, sino que, más bien, provoca la redefinición y restricción de los fines de la educación, la segregación y el aumento de la estratificación social.
Por todo ello, en USTEA creemos que es fundamental luchar por anteponer la concepción del derecho a la educación como un derecho fundamental y no como un derecho de consumo, como un derecho de elegir según la lógica neoliberal. Defendemos y luchamos por una escuela 100% pública de todos y todas para todos y todas, como única manera de garantizar el derecho fundamental a la educación en condiciones de igualdad para el conjunto de la población y así contribuir a la construcción de una sociedad verdaderamente más libre.
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