Por Ana Penido y Jorge Rodrigues. Resumen Latinoamericano, 4 de julio de 2020.
La ocupación del gobierno por parte de los militares es vista por la sociedad como una adhesión de la institución a la gestión errática de Bolsonaro.
Las discusiones sobre la opinión pública no son simples. Hay desacuerdos sobre cómo se forman, sobre el grado de influencia de los principales medios, sobre las diferentes metodologías para medir tendencias. De todos modos, es un terreno arenoso.
Del mismo modo, los institutos que investigan sobre la opinión pública no utilizan las mismas metodologías y, por lo general, existen diferencias entre los números que encuentran, por ejemplo, en el porcentaje de quienes aprueban o desaprueban un gobierno.
Sin embargo, es evidente que la planificación de campañas electorales, las evaluaciones de políticas públicas e incluso el lanzamiento de productos en el mercado, se basan en encuestas de opinión pública. Hasta hace muy poco, las Fuerzas Armadas (FFAA) fueron objeto de encuestas por parte de algunos institutos de investigación. Cuando aparecieron, fue lateralmente, ilustrando encuestas de la dictadura militar. Nuestra intención aquí no es saturar con números de las encuestas para que digan lo que queremos, por el contrario, nuestro objetivo es tomarlos como telón de fondo para visibilizar el argumento central: la participación masiva de los militares en el gobierno daña la legitimidad de las fuerzas armadas.
La población.
Una encuesta de Latinobarómetro de 2018, poco antes de la elección de Bolsonaro, señaló que, en América Latina, las FFAA mantuvieron un 44% de confianza en la sociedad ese año, solo superada por las iglesias. En Brasil, este número es aún mayor, ya que los militares disfrutan de un grado de confianza del 58% en la sociedad. Este índice es fuente de gran orgullo para la corporación, ya que le da al ejército una alta legitimidad institucional. Sin embargo, vale la pena recordar que las mismas encuestas indican que este prestigio proviene de la realización de acciones subsidiarias: distribución de canastas básicas de alimentos, vacunación en áreas de difícil acceso, solicitud de vecinos de los barracones, etc. -, especialmente, como se ejemplifica, los de asistencia social, y no para la política de defensa o, menos aún, para el desempeño como administradores públicos.
Ciertamente, tener un alto estatus entre la población es diferente de tener un alto poder político. Pero la confianza de la sociedad y la legitimidad resultante son los cimientos sobre los que descansa el poder político. En este sentido, Bolsonaro aprovecha la legitimidad social de las FFAA, mientras que lo recíproco no es cierto, ya que la mala evaluación del gobierno recae en la Institución. Esto es lo que indican los datos a continuación.
En abril de 2019, un informe de José Roberto de Toledo, en la Revista Piauí, ya atestiguaba la pérdida de popularidad de los militares. Los datos, el resultado de la investigación realizada por Ibope, mostraron una fuerte caída en lo que se puede percibir como el prestigio de los militares en la sociedad. Poco después de la asunción de Bolsonaro (sin partido político propio) en la Presidencia de la República, el 62% de los entrevistados sintió cierta prisa por la idea de un gobierno militar, un número que, solo 3 meses después, bajaría 13 puntos, con un 49% de apoyo para un eventual Gobierno de uniformes. Las malas o malas percepciones sobre los militares representaron el 45% de los encuestados.
La tasa de rechazo luego aumentó a medida que creció la evaluación negativa del Presidente de la República. En los primeros 4 meses de su administración, Bolsonaro había perdido 14 puntos porcentuales de su popularidad. La tendencia se confirmaría en otras encuestas realizadas por diferentes institutos de investigación.
En junio de 2019, todavía existía la expectativa en varios sectores de que los generales en la meseta servirían como una especie de cordón sanitario para el gobierno de Bolsonaro, prestándole un apoyo a la racionalidad. Por otro lado, los académicos en el campo de la defensa advirtieron sobre la posibilidad de contaminación política de la institución, lo que expondría su imagen y podría experimentar la desprofesionalización de su personal.
Un año después, en mayo de 2020, los datos del Instituto Datafolha estimaron que el 52% de los brasileños estaban en contra de la presencia de personal militar en el gobierno. Por otro lado, el porcentaje de encuestados que consideraron positiva la participación de los miembros de la FFAA en el gobierno fue del 43%.
El 15 de junio, una encuesta realizada por el Instituto para la Democracia señaló la erosión de la imagen de las Fuerzas Armadas con su participación en el gobierno basada en algunos indicadores. El primero de ellos se refiere a la connivencia de la sociedad a un cambio militar en el gobierno frente al alto crimen. Mientras que en 2018, el 55.3% de los brasileños estaban a favor de un golpe militar para frenar el crimen, esa cifra hoy es del 25.3%.
En el mismo sentido, cuando se le preguntó si un golpe militar estaría justificado ante tanta corrupción en el gobierno, los números son una vez más indicativos del repudio de la sociedad al gobierno militar. En 2018, el 47.8% de los brasileños estaban a favor de la iniciativa, mientras que solo el 29.2% de los encuestados actualmente está de acuerdo con la medida. Los otros dos indicadores se refieren a la ruptura institucional en un contexto de alto y creciente desempleo, y al cierre del Congreso en un escenario de dificultad para que el jefe ejecutivo pueda gobernar. Las tasas de rechazo en estos escenarios son aún más altas: el 79.2% de los encuestados se oponen a la medida en el primer escenario, en comparación con el 78% del rechazo en el segundo.
Finalmente, una encuesta de Poder 360, realizada el 16 de junio, basada en datos del Ministerio de Defensa, indica que alrededor de 2.930 efectivos militares activos ocupan puestos en las Tres Potencias. Aunque no proporciona datos cuantitativos sobre los funcionarios de reserva, o aquellos contratados como proveedores de tareas para el momento adecuado (PTTC), fue la encuesta más extensa presentada hasta ahora. De este total, 92.6% están en posiciones abiertas en el gobierno de Jair Bolsonaro, 7.2% en el poder judicial y 0.03% en la legislatura nacional.
Las cifras también llaman la atención si consideramos el origen de estos soldados. Los del Ejército ocupan 1,665 puestos, distribuidos entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras que la Fuerza Aérea ocupa un total de 757 puestos, repartidos en los mismos poderes. La Marina, a su vez, es la única fuerza con presencia en el Legislativo, ocupando 1 posición, sumada a las 500 posiciones que ocupa en el Poder Ejecutivo y 7 en el Poder Judicial.
La concentración de los militares en el Ejecutivo está en línea con la estrategia del gobierno de mantener el prestigio social de la FFAA. En este contexto, es interesante observar que, aunque la mayoría de los militares en el Ejecutivo están asignados a la cartera de Defensa, lo que representa algo problemático en vista de la falta de control civil de las fuerzas, pero no es necesariamente un fenómeno reciente, son seguidos por cerca de los militares asignados a puestos en el aparato de inteligencia y seguridad institucional del gobierno, el GSI. Mientras que la Defensa concentra a 1.242 soldados, la Oficina de Seguridad Institucional, encabezada por Augusto Heleno, que cuenta con la participación de 1.142 soldados en servicio activo, 904 de los cuales son del Ejército.
La convergencia entre la investigación de la opinión pública va más allá de la curva descendente del apoyo social a la militarización del gobierno. Más que eso: los datos señalan que, para la sociedad, la ocupación del gobierno por parte de los militares se ve como una adhesión de la institución al gobierno, no como un apoyo de las personas, incluso si, por casualidad, están o estaban en uniforme.
A pesar de los esfuerzos de la institución para reforzar su separación del gobierno, así como el rechazo de los nombres importantes de las fuerzas a un supuesto papel moderador, el hecho es que la confusión entre la institución estatal y el gobierno está aumentando. Las FFAA, celosas de su imagen y orgullosa de su prestigio, ahora se ve obligada a enfrentar las consecuencias de la asociación con un gobierno cuya conducta política ha sido, por decir lo menos, errática.
Los daños institucionales de este matrimonio por conveniencia son innegables y ya están comenzando a llegar, como señala la nota de rechazo más importante de todos: la opinión pública.
(Ana Penido y Jorge Rodrigues son investigadores del Grupo de Estudio de Defensa y Seguridad (GEDES – UNESP) y del Instituto Tricontinental de Investigación Social).
Edición: Rodrigo Chagas
* Fuente: 
Brasil de Fato
