La decisión del Tribunal Supremo del pasado viernes desencadenó una movilización general a favor del aborto en todo el país. Prueba de ello son las numerosas manifestaciones que han tenido lugar durante la última semana, desde las grandes ciudades donde los manifestantes se cuentan por miles hasta los pueblos más pequeños en el corazón de los estados más conservadores. Pero si la energía está ahí, el movimiento social se está cuestionando sus estrategias y tácticas, todavía aturdido por la conmoción y enfrentado a la urgencia de ayudar a los millones de mujeres que ya viven en un estado donde el aborto es ilegal.
Además de salir a la calle, una de las primeras reacciones de los estadounidenses indignados por la decisión del Tribunal fue contribuir masivamente a los fondos1 que permiten a los activistas de base ayudar a las mujeres a pagar los procedimientos médicos y los gastos de viaje a los estados con disposiciones legales protectoras, donde mucha gente se ha preparado para acoger a estos refugiados médicos. Y a colaborar con las numerosas organizaciones de base que ofrecen apoyo y protección a quienes desean abortar. De hecho, existe un movimiento proabortista desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, que lucha contra el endurecimiento de la legislación e intenta proporcionar un acceso práctico a la atención reproductiva, especialmente a las mujeres estadounidenses más pobres, marginadas y aisladas.
La decisión de los jueces constitucionales de anular la sentencia de 1973 no fue una sorpresa, ya que se había filtrado a la prensa hace un mes. Pero la administración Biden no aprovechó esta advertencia para tomar la iniciativa. La administración presidencial sigue centrada en las «mid-terms», las elecciones de mitad de mandato que renuevan ambas cámaras en noviembre y de las que espera obtener la mayoría en el Senado. Esto es tanto más importante cuanto que durante estas elecciones federales se celebran muchas elecciones locales a distintos niveles.
Y es en el ámbito local donde se librarán muchas de las batallas sobre el aborto. Aunque los estados tienen ahora el control de la prohibición, las ciudades y los condados pueden imponer otras restricciones, y la elección de fiscales y sheriffs puede tener un impacto concreto en la aplicación de medidas represivas del aborto.
Sin embargo, a pesar de la reticencia del Presidente a intervenir, el Estado central no carece de resortes de actuación, ya que no existe ninguna ley que prohíba el aborto a nivel federal. Así, sin esperar siquiera instrucciones de la administración, la agencia estadounidense del medicamento (FDA) recordó en un comunicado que la mifepristona, el principio activo de la píldora abortiva, seguía siendo una sustancia autorizada por la ley federal y que, por tanto, no podía ser prohibida por los estados. Treinta y tres senadores demócratas, una mayoría, incluso enviaron una carta a Joe Biden, instándole a liderar una verdadera campaña por el acceso al aborto, movilizando todos los medios a su alcance. Y cada vez son más las voces críticas que se alzan entre el electorado demócrata, que puede haber experimentado como un chantaje las numerosas peticiones de donaciones que llegaron de sus representantes como reacción al anuncio del Tribunal Supremo.
Esto es aún más cierto en el componente más institucional del movimiento pro-elección, las grandes asociaciones nacionales como NARAL/Pro-Choice America o Planned Parenthood se enfrentan a una amarga realidad. Siempre han basado su estrategia en la vía legal y en el apoyo a la elección de candidatos pro-aborto. Pero después de 40 años, varias presidencias demócratas y cientos de millones de dólares recaudados y donados a las campañas electorales (190 millones en 2020), el fracaso es amargo. Los precedentes constitucionales han sido anulados, no se ha promulgado ninguna ley federal para proteger este derecho y nunca se ha invertido en los niveles locales. Sin embargo, estas asociaciones siguen decididas a librar la batalla de las elecciones intermedias, y por el momento solo han cambiado su estrategia para invertir más en las elecciones locales.
Al mismo tiempo, han conseguido que tres estados suspendan las leyes de prohibición que entraron en vigor durante la semana, gracias a procedimientos que cuestionan su conformidad con sus respectivas constituciones.
«Los derechos reproductivos son derechos sociales»
Por parte de los sindicatos, varias federaciones y representantes condenaron la decisión del Tribunal y sus consecuencias, como el presidente de la AFL-CIO, la mayor federación sindical del país. Pero otros, como los Teamsters, son más reacios a posicionarse en una cuestión «política» que no afecta directamente a la vida laboral. Los sindicatos locales tomaron entonces la palabra para expresar su oposición, lo que llevó a algunos comentaristas a anticipar tensiones entre las bases y la dirección sobre el tema.
Pero en opinión de la mayoría del movimiento social, el acceso a los derechos reproductivos es un problema real para las trabajadoras. Sobre todo en un país en el que no se prevén permisos parentales o de maternidad, y en el que el acceso a los servicios sanitarios depende en gran medida de la situación laboral. Sin embargo, la huelga general feminista no es para mañana. Aunque desde hace algunos años existe una verdadera dinámica en el país, el panorama sindical está sin fuerzas, y ha llegado el momento de la reconstrucción y la consolidación. Sobre todo porque, como observa una investigadora2, los estados más restrictivos suelen ser los menos sindicalizados y viceversa.
Por último, aunque la prensa francesa se ha hecho eco de que las empresas estadounidenses han anunciado que cubrirán los gastos médicos y de desplazamiento de sus empleadas que quieran abortar, los sindicatos llaman a la prudencia. Por un lado, porque esta generosidad solo afectará a las empleadas directas de la empresa, pero no a las subcontratistas, trabajadoras temporales y otras trabajadoras autónomas, que muy a menudo constituyen el grueso de la mano de obra realmente movilizada por estas empresas. En segundo lugar, para beneficiarse de ella, es necesario revelar al empresario la necesidad de recurrir a un aborto. Esto pondría a la empleada en una posición particularmente vulnerable frente a su jefe, especialmente en los estados que tienen un sistema de denuncia en su legislación antiaborto. Strabucks, que lleva más de un año librando una dura batalla contra la sindicación de sus restaurantes, ha advertido que solo cubrirá los abortos de las empleadas no sindicadas.
Interseccional e internacionalista
Por lo tanto, el movimiento a favor del aborto se enfrenta a la necesidad de desarrollar nuevas estrategias. Ya no se trata solo de defender los derechos adquiridos y el acceso efectivo a un servicio jurídico. Ahora es necesario apoyar una práctica ilegal y, a largo plazo, recuperar los derechos perdidos.
Por lo tanto, es bastante lógico que las mujeres estadounidenses busquen inspiración en la ola verde que ha permitido a sus vecinas de México, Colombia y Argentina arrancar derechos sin precedentes en el continente a sus propios conservadores religiosos. Pero también a quienes lideran la resistencia en los países más restrictivos, como El Salvador. Por lo tanto, asistimos a un fortalecimiento de las relaciones entre las activistas de estos países, pero también a su reconfiguración, ya que ahora son las militantes del Sur las que vienen a aconsejar y apoyar a sus camaradas de la potencia imperialista.
La movilización del movimiento social estadounidense también se basa en las perspectivas interseccionales que ha ampliamente adoptado. Así, las cuestiones específicas del derecho a la autodeterminación de las personas racializadas, con alguna discapacidad, trans, detenidas e indocumentadas son desarrolladas e invertidas por los militantes afectados, para ser asumidas y articuladas por el conjunto de los actores. Un equilibrio que a veces puede ser complejo. Si en Nueva York, el lunes, una inter-organización que reunía a sindicatos, grupos de residentes, organizaciones políticas y feministas logró reunir a 20.000 personas, en un cierto número de grandes centros urbanos, también hemos visto la organización de manifestaciones competitivas, y escisiones en la dinámica de la organización colectiva. Estas tensiones muestran una división creciente entre la parte del movimiento que sigue apegada a las estrategias electorales y legislativas y que, por lo tanto, debe mantener una imagen de civismo, y una parte más radical, cada vez más fuerte, para la que la situación ya ha cruzado el umbral del civismo.
Amenaza feminista, represión machista
Por lo tanto, la idea de un movimiento feminista más duro, adepto a la resistencia civil y a la acción directa, está ganando terreno. La filtración a la prensa de la decisión del Tribunal Supremo, a principios de mayo, ya había desencadenado acciones de protesta en los domicilios de los jueces3 (cuyas direcciones personales fueron ampliamente difundidas esta semana). Este endurecimiento, y el enfado expresado abiertamente por cada vez más mujeres, no deja de preocupar a la clase dirigente. Los líderes demócratas multiplican así sus exhortaciones al civismo. Los conservadores –tanto los republicanos elegidos como los editorialistas– ya no dudan en agitar el trapo rojo de las militantes radicales.
Sobre el terreno, estamos asistiendo a una represión policial y judicial bastante severa de las manifestaciones. También en Estados Unidos la actuación policial ha tendido a endurecerse en los últimos años. Aunque el nivel de violencia policial aún está lejos de alcanzar el de las protestas de Black Lives Matter de 2020, las redes sociales han estado repletas toda la semana de imágenes de manifestantes, a menudo muy jóvenes, apaleadas, gaseadas y tiradas al suelo. Así como los llamamientos a las donaciones a los fondos antirrepresivos en un gran número de ciudades. Sin embargo, estas protestas siguen siendo muy contenidas, por el momento, en relación al sentimiento de terror y rabia que impulsa a cada vez más a las mujeres estadounidenses. Un colectivo que se autodenomina Jane’s Revenge ha desencadenado una serie de actos vandálicos contra las instituciones antiabortistas, pero nada parecido a la brutal «Noche de Furia» prometida por toda la derecha estadounidense. El viernes de la decisión, el muy conservador senador de Texas, Ted Cruz, advirtió en Fox News del «riesgo real de violencia» que suponen los proabortistas. Políticos y editorialistas se turnaron entonces durante tres días en los medios de comunicación para predecir una noche de terrorismo feminista que finalmente no se produjo. Pero la secuencia sirvió para construir la movilización proabortista como una amenaza preparada para el golpe de Estado, a la manera de lo que había hecho Trump con el peligro «Antifa», que había funcionado bastante bien con sus bases, desencadenando movimientos de pánico y violencia.
En realidad, es más probable que sean las marchas a favor del aborto las que se vean cada vez más amenazadas por un movimiento antiabortista que nunca ha dudado en recurrir a los asesinatos y a los atentados. Un atentado con coche ya ha enviado a dos manifestantes al hospital sin que se hayan hecho públicos los motivos del autor.
Pero el aborto ha sido solo el principio. El jueves, el Tribunal Supremo terminó su sesión con una serie de decisiones muy claras para la derecha en temas decisivos como el clima, la posesión de armas, los derechos de los nativos americanos y la religión en las escuelas. Al marcar su voluntad de impulsar el programa político del Partido Republicano, desafiando su derrota en las últimas elecciones, está asumiendo un papel sin precedentes en la historia del país, y probablemente esté marcando el inicio de una importante crisis institucional. De ser así, el movimiento por los derechos reproductivos será fundamental en la oposición a esta toma de control.
Anaïs Sidhoum
1 de julio de 2022
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022 – 06-26/nearly-100-grassroots-abortion-funds-face-rising-post-roe-need
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https://onlabor.org/union-density-and-the-post-roe-crisis/
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https://rapportsdeforce.fr/linternationale/ivg-le-debat-sembrase-aux-usa-052013791
