Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 5 diciembre 2020.-
Un centenar de arrestos y allanamientos en todo el país, y una caza de brujas aún en curso. Este es el resultado de un operativo policial contra algunas organizaciones políticas peruanas como el Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado el brazo legal de la organización guerrillera Sendero Luminoso.
La policía y la fiscalía peruana afirman que los detenidos «obedecieron las órdenes» de líderes comunistas cautivos como Abimael Guzmán Reinoso. El fundador de la organización guerrillera fue detenido el 12 de septiembre de 1992 y sentenciado con dos cadenas perpetuas que, durante casi treinta años, cumple en régimen de absoluta incomunicación en el Penal Militar, centro de tortura de la Base Naval del Callao en Lima.
Guzmán tiene 86 años, no recibe asistencia médica a pesar de que su salud es muy débil, tanto por las torturas que sufrió como por su edad. Los presos políticos, todos muy ancianos y muy debilitados, también fueron excluidos del último decreto emitido por el Covid-19, que permitía a los presos mayores de 65 años salir de la cárcel.
También fue detenido el abogado de Guzmán, Alfredo Crespo, militante muy conocido a nivel internacional: un doble abuso, tanto para el abogado como para su cliente, a quien se le impone un mayor aislamiento. Junto a abogados, movimientos sociales y militantes de la izquierda peruana que quieren acabar con el período de la guerra, del que quedan muy pocos supervivientes con una amnistía, Movadef apoya la transición a la lucha política emprendida desde años por los combatientes comunistas en prisión.
El cierre de un sistema político corrupto y represivo, dispuesto a garantizar la impunidad al fujimorismo y a perpetrar la sucesión de una plétora de corruptos y empresarios, se manifiesta con evidente furia contra la indómita oposición popular, que lucha por una transformación estructural, y que reivindica el derecho del pueblo a rebelarse.
El operativo policial fue presentado como resultado de años de investigaciones y escuchas telefónicas, pero sin embargo parece totalmente inconsistente desde la primera «prueba» presentada a la prensa, que muestra únicamente reuniones de solidaridad de los abogados de los presos políticos y folletos pidiendo su liberación. En una entrevista, el comandante general de la Policía, César Cervantes, afirmó que durante la operación «Olimpo» se respetaron «en todo momento» los derechos humanos.
Una versión rechazada por las declaraciones de familiares y testigos que hablan de detenciones arbitrarias, aislamientos, allanamientos violentos e ilegales. En cuanto a los sospechosos de apoyar a los presos comunistas, el Estado peruano nunca ha apostado por lo sutil, y ha pisoteado cualquier atisbo de legalidad al emitir nuevas órdenes de aprehensión por el mismo delito a quienes terminaron sus penas tras años de aislamiento y tortura.
En este caso, se trata de una provocación clara y adicional, que se configura como una estrategia de distracción masiva. El país, de hecho, está sacudido por las protestas, que ya han provocado la muerte, primero de dos jóvenes, y luego de un trabajador de diecinueve años que se manifestó con los campesinos, y cientos de heridos. Un paro agrícola comenzó en la región de Ica desde el 30 de noviembre.
Los trabajadores reclaman la mejoría de las condiciones laborales y la abolición de la Ley de Promoción Agraria, aprobada como medida temporal en 2000 y promulgada por otros 10 años por el gobierno de Vizcarra. Nuevamente, la policía reprimió severamente la protesta, matando al joven estacional Jorge Yener Muñoz Jiménez. La solidaridad con los campesinos en lucha y también con los militante de Movadef detenidos vino de algunos colectivos feministas y, desde México, de algunos familiares de los 14 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala en 2014.
Entretanto, llegó al Perú una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se reunió tanto con las autoridades peruanas como con los manifestantes que denunciaron los brutales ataques de la policía durante las manifestaciones contra el gobierno, tras otro “golpe institucional ”que destronó al ex presidente Manuel Merino por corrupción, como ya había pasado con Martín Vizcarra, también acusado de corrupción.
La noticia del fallecimiento del trabajador de 19 años se produjo durante la aprobación del nuevo gabinete del presidente Francisco Sagasti, que tendrá que liderar el país hasta las elecciones de julio de 2021. Para intentar apaciguar el enfado de los manifestantes, el 24 de noviembre, Sagasti ordenó una reforma policial. También ha retirado a 18 generales y al ministro del Interior Vargas, el sexto desde principios de año, un reflejo más de la crisis institucional que azota al país.
Ante la reforma y la perspectiva de perder algo de terreno, los policías anunciaron una huelga, quejándose también de que estaban particularmente expuestos al covid-19. Según cifras oficiales, el virus mató a más de 500 agentes e infectó a 33.700, de un total de 60.000 peruanos muertos por la pandemia.
El Perú aún no ha dejado atrás la influencia del fujimorismo, que sigue teniendo un fuerte peso en el sistema de poder. La delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) también se reunió con un grupo de mujeres víctimas de la esterilización forzada del gobierno fujimorista entre 1995 y 2000. Se estima que más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza, y unos 1.300 casos todavía quedan abiertos.
En todas las manifestaciones surge una fuerte y clara solicitud política de los movimientos populares: Asamblea Nacional Constituyente. La misma que resuena en toda los países de Latinoamérica donde aún no ha llegado el viento del socialismo bolivariano.
“¡Basta de persecuciones políticas! ¡Nueva constitución! ”, Decían los carteles de los manifestantes que salieron a las calles en diferentes lugares de América Latina y también en Europa, en solidaridad con los detenidos. Uno de los folletos, difundido por movimientos populares inmediatamente después del allanamiento, resume el contenido de la protesta y los objetivos: «Abajo la política de odio y venganza del Estado peruano – dice – Exigimos la libertad de abogados, estudiantes y trabajadores detenidos por la policía política y mercenaria del estado capitalista y corrupto que domina la sociedad peruana.
Esta represión tiene como objetivo sofocar la voz de protesta del pueblo que lucha contra la putrefacción del Estado, sus luchas internas, su endeudamiento a favor de su mafia, el saqueo cobarde y, sobre todo, los crímenes contra la humanidad cometidos contra al pueblo negándoles medicinas y oxígeno para combatir el Covid-19 que ya ha causado más de 60.000 muertes: peor que cualquier guerra que haya vivido el Perú.
Hoy, por orden del agente del imperialismo, el nuevo mandamas de turno, arremete contra los luchadores sociales que, en su derecho, reclaman un cambio de la constitución política abyecta y neoliberal del Perú a través de una Asamblea Popular Constituyente ”.
Una conferencia de prensa internacional virtual se llevará a cabo el sábado 5 a la 1 pm hora de Perú, a las 6 pm hora italiana.
