Por Damaris Suárez*, Resumen Latinoamericano, 9 de noviembre de 2020.
Hace años que observo una transformación social y política en Puerto Rico. El histórico resultado electoral de esta última jornada no debió tomar por sorpresa a nadie debido al cada vez más evidente hastío de la ciudadanía con décadas de ciclos electorales de lealtad a los, hasta ahora, dos partidos principales sin que se hayan logrado cambios de peso en política pública, adecentamiento en la gestión pública ni transparencia en los procesos de gobernanza.
No ha disminuido la pobreza en el país, el deterioro de la infraestructura pública es cada vez más notable, los servicios públicos menguados, la falta de oportunidades y de trabajo, la corrupción, la ausencia de iniciativas de desarrollo económico local de peso que impulsen al país en una nueva dirección. Ninguno de los partidos que han tenido el turno al bate han logrado atender estos problemas estructurales.
De ahí sale la diversidad que surge en la nueva Asamblea Legislativa, con decenas de caras nuevas que hacen evidente el cambio de liderato desde el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD), tras lograr en conjunto el voto del 35.14% del electorado. Resulta que no solamente han roto el paradigma político tradicional en Puerto Rico, sino que son un punto de no regreso para que el nuevo gobierno venga obligado a administrar desde el consenso para poder ser funcional. Tal parece que tendrán que quedar atrás los tiempos del “banquete total”, de la arrogancia y la arbitrariedad de las mayorías absolutas o de los gobiernos compartidos entre partidos que se rascan las espaldas.
Si bien es cierto que según las encuestas era anticipable un gobierno compartido, contrario a otras ocasiones, los resultados preliminares apuntan a que a partir del 2 de enero de 2021 el nuevo gobernante tendrá que administrar contando con los partidos nuevos, así como el PPD y el PIP para poder aprobar legislación, establecer políticas públicas y negociar la reestructuración de la deuda, entre otros asuntos que apremian.
Esto, sumado a la realidad de la Junta de Control Fiscal que controla el presupuesto del país, hará que quien gobierne tenga que maniobrar como nunca para adelantar una agenda de gobierno. El liderato electo necesitará construir confianza y legitimidad entre sus adversarios políticos.
El proceso de conteo de los votos fue retrasado por fallas en las máquinas de escrutinio electrónico en varios colegios donde no se leyeron digitalmente las papeletas y debido también a una gran cantidad de sufragios adelantados que también tuvieron que ser contados a mano. Esto causó que a cuatro días de haberse cerrado los colegios todavía se desconozca el resultado final de algunas contiendas.
Ganó la gobernación el candidato del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia, con una mayoría del PPD en el Senado. Se proyecta además, que esa colectividad también obtendría los 26 escaños en la Cámara de Representantes. De no lograrlo, el PPD tendría que hacer alianzas con el PIP, el MVC y el PD, incluso para elegir quiénes dirigirán ese cuerpo legislativo.
Hubo cambios en el tablero, al menos en lo que hasta ahora se ha informado: más mujeres salieron electas, más escaños a partidos nuevos y mayor representación de candidatos abiertamente LGBTT. Según Natalie Caraballo del Proyecto 85, de 22 mujeres electas en el 2016, al momento van 34 mujeres electas este año. El candidato independiente José Vargas Vidot revalida en las primeras posiciones. El PIP, por su parte, con un crecimiento de más de 500% en las urnas, parece que comienza a superar el lastre de la represión y la persecución política que históricamente ha experimentado y que había sido un disuasivo para muchos que no votaban bajo su insignia, para lograr una proyección efectiva como un partido con posibilidades reales de administrar el país.
*Fuente: Periodismo Investigativo