Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre 2020.
La Gremial de Abogados y Abogadas cumple en informar todo lo sucedido este sábado con los desesperados intentos del gobierno paraguayo de encubrir su monstruoso crimen y la heroica lucha de los familiares de María Carmen y Lilian junto a su abogada Daisy Irala, para recuperar sus cuerpos y destruir las maniobras de los criminales terroristas de estado.
Contrariando la promesa de entregar los cuerpos en Yby Yaú, en donde fueron sepultados de apuro por quienes las ejecutaron, el gobierno las desenterró y las trasladó, en medio de un gran despliegue militar, a Asunción.
Allí, la jueza a cargo impidió la participación de su tío y de Daisy en las manipulaciones forenses que se realizaron en la morgue judicial del Ministerio Público. Además, siendo las niñas de nacionalidad argentina, se presentó el Cónsul de nuestro país en Asunción para presenciar el procedimiento, cosa que la jueza también impidió. No conforme con ello, se negó a aceptar un escrito que el Cónsul pretendió entregarle.
El argumento de la jueza y de todo el gobierno era que las madres no eran las madres, que la nacionalidad argentina reafirmada por el estado argentino era mentira y que se trataba de adolescentes de 16 o 17 años. Pretendían desconocer su filiación y negarse a entregarlas.
Durante todo el día, distintos voceros gubernamentales, especialmente los siniestros fiscal Delfino, General Grau y forense Ferreira continuaron dando versiones descabelladas y estúpidas de los hechos que terminaron en los asesinatos, además de insultar a las niñas y a sus familias, especialmente a sus madres.
El forense, en particular, pretendía que su método científico probaba que María y Lilian eran adolescentes de entre 15 y 17 años.
Con toda tranquilidad y cinismo, el fiscal Delfino explicó que el uniforme que, ostentosamente, les fue colocado a las niñas después de muertas había sido quemado “por el protocolo contra el COVID 19”. Desesperadamente, borraban pruebas del crimen. Ya habían comenzado a pretender hacerlo cuando informaron que, al contrario de como es obligación y ocurre siempre, en este caso “no habían podido, por dificultades técnicas”, filmar el operativo y el lugar en donde ocurrieron los hechos.
Un comunicado oficial, incluso, pretendió que las madres debían someterse a pruebas de ADN para probar serlo y un asesor presidencial se hizo el guapo llamando a los padres guerrilleros de las niñas a ir a Asunción a buscar sus cuerpos.
Al final del día, se encontraron con un forense que no encontró manera de disimular lo que las familias y esta Gremial denunciaron (y el Estado argentino confirmó): la edad de las niñas era de 11 años.
Abrumados por las pruebas que derrumbaban sus castillos de mentiras e infamias y por la población espontánea que se reunió a las puertas de la morgue para insultarlos, los funcionarios no tuvieron más remedio que olvidar las patrañas y entregar los cuerpos a su tío y a Daisy que, en este momento, acompañados de familiares del padre de una de las niñas, están trasladando sus cuerpos para alojarlos provisoriamente en un cementerio del interior.
Esto recién empieza en la larga lucha jurídica que llevaremos adelante junto a sus familiares para hacer pagar a estos miserables. No hace falta desenmascararlos. Ni nosotros ni el pueblo paraguayo olvidaremos nunca al presidente de esa nación corriendo a hacer un festejo y celebrar como un éxito, orgulloso, la muerte de dos niñas de 11 años.
Los denunciaremos en todas las instancias internacionales posibles, los denunciaremos en los tribunales argentinos.
Pero la Justicia, tarde o temprano, sabrá hacerla el pueblo paraguayo.
