Resumen Latinoamericano, 19 de marzo de 2020
La sobreexplotación de los trabajadores por los bajísimos salarios que perciben y la reducción notable de sus derechos, es consustancial al modelo neoliberal vigente en el mundo desde los años 1980.
En nuestro país se impuso una manera de crecer, que no crea empleos ni ingresos decentes, con una concepción de competencia destructiva que conduce a la corrupción y la concesión de beneficios tributarios junto con el desmantelamiento de los estándares laborales para atraer inversiones.
Los que argumentan contra la supuesta rigidez del mercado de trabajo son los promotores de esta competencia destructiva que atenta contra la sindicalización, el salario mínimo, la negociación colectiva, la protección del trabajo y otros derechos. El objetivo, se dice, es flexibilizar el mercado de trabajo para resolver los problemas de la informalidad, el subempleo y el alto desempleo juvenil.
Flexibilizar es dejarle al mercado que se regule a sí mismo. Pero, como decía Polanyi (1944), “permitir que el mecanismo del mercado dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, e incluso que de hecho decida acerca del nivel y de la utilización del poder adquisitivo, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad”. No se puede asegurar que las empresas que operan en mercados desregulados van a generar buenos empleos en el sentido de empleos estables, con protección de los trabajadores y con salarios dignos. El resultado es precisamente el contrario: la globalización neoliberal ha precarizado el empleo e incrementado la desigualdad en los niveles de vida y en los ingresos de la población de nuestros países, sean estos desarrollados o en desarrollo.
En economías con mercados desregulados se imponen los grupos de poder económico y se subordina el interés público al interés privado. La desregulación es, entonces, la puerta abierta al extractivismo político y económico, es decir, a la ganancia fácil, a la ausencia de innovación y al debilitamiento de las instituciones democráticas que, por definición, deben ser inclusivas.
Como dice Acemoglu (2019) “no hay garantía de que los mercados naturalmente producirán suficientes buenos empleos. Dejados a su suerte, los empleadores podrían tener incentivos para crear empleos con salarios más bajos, automatizar o exprimir a sus trabajadores (en términos de salarios o seguridad), para aumentar sus ganancias”. En consecuencia, la desregulación del mercado de trabajo contribuye al desarrollo de instituciones políticas y económicas extractivistas, y es el mecanismo que perpetúa la baja productividad y la baja calificación de los trabajadores.
La desprotección social de los trabajadores y la precarización de sus niveles de vida, además, es un atentado contra la democracia. Sin sindicatos fuertes y sin salarios dignos, los trabajadores pierden la capacidad ciudadana de contribuir (como mecanismo de contrapeso) al equilibrio de poderes que, justamente, es una de las características de los regímenes democráticos.
*Economista Ph. D. Profesor Principal de la PUCP
Fuente: Otra Mirada
