La Audiencia Nacional ha fijado para los días 8, 9 y 10 de junio de 2015
Seis años después de que la Guardia Civil desarticulara al grupo ultraderechista autodenominado Falange y Tradición (FyT), sus principales imputados se sentarán en el banquillo. La Audiencia Nacional ha fijado para los días 8, 9 y 10 de junio de 2015 la celebración del juicio oral, que llega muy tarde por el rechazo inicial de este tribunal a instruir la causa que abrió en Pamplona la juez Mari Paz Benito.
Los actos delictivos atribuidos a esta organización que finalmente serán juzgados sucedieron entre febrero y octubre de 2009 y la mayoría de ellos se localizaron en Navarra. El grupo inició su andadura con la realización de pintadas amenazantes, continuó su trayectoria ocasionando numerosos destrozos en monumentos que denuncian algunos de los excesos del franquismo y subieron el listón con las amenazas directas de muerte a distintos cargos públicos.
Entre los afectados se encuentran el concejal de Batzarre en Ansoáin, Koldo Pla; la txupinera de las fiestas de Bilbao de 2009, Sonia Polo, que recibió una carta con una bala de 9 milímetros; el entonces alcalde de Arbizu, Jesús María Mendinueta (ANV) y varios de los concejales; y el Concejo de Artica, al que advirtieron de que debería “atenerse a las consecuencias” en el caso de reponer las placas en recuerdo a los fugados del fuerte de San Cristóbal en mayo de 1938 que habían destrozado.
Obligado por el Supremo
Falange y Tradición dejó de actuar el 23 de octubre de 2009, fecha en que el grupo quedó descabezado con la detención de cinco de sus integrantes: José Ignacio Irusta Sánchez (Bilbao, 1969, pero con residencia en Sunbilla); Borja Pérez Illera (Irun, 1986, pero entonces domiciliado en Zaragoza donde ejercía de militar); Javier López Monreal (Mendaza, 1968, pero residente en Orkoien); Fermín Domingo Turrillas (Pamplona, 1990, pero vecino de Barañáin); y David Murillo Eslava (Pamplona, 1989 y también residente en Barañáin). Pocos días después se produciría el arresto de Jagoba Aldama Bolumburu (Vitoria, 1966).
Para entonces, la juez Benito había obtenido numerosas pruebas de FyT y llegó a la conclusión de que se trataba de “un grupo de extrema derecha organizado, estable, armado, con vocación de permanencia y jerarquizado”, según consta en el auto que remitió al Tribunal Supremo para que fuera la Audiencia Nacional quien asumiera la causa.
Precisamente en el problema competencial originado por la negativa del Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional ‑cuyo titular, Ismael Moreno, rechazó asumir el caso- puede justificarse solo parcialmente el tremendo retraso que acumula este procedimiento. De hecho, desde la negativa de Moreno a continuar la instrucción, hasta que el Tribunal Supremo le obligo a hacerlo tras calificar los hechos de “terrorismo urbano”, transcurrieron 11 meses.
Desde entonces, el juez Moreno ha tomado algunas decisiones cuando menos sorprendentes. Así, el pasado 5 de febrero ordenó la apertura de juicio oral a los seis detenidos, acusados de formar un grupo terrorista. Sin embargo, el 19 de marzo declaró la nulidad de su propio auto y el 31 de ese mismo mes resolvió archivar la causa que afectaba a Aldama, Turrillas y Murillo, sin esperar a que se cumpliera el plazo para las partes personadas como acusaciones particulares (los concejos de Artica y Aizoáin, el Ayuntamiento de Arbizu, Koldo Pla y Sonia Polo) pudieran recurrirlo.
De esta forma, serán Irusta, López Monreal y Pérez Illera los únicos juzgados por un tribunal que presidirá Fernando Grande-Marlaska y que también integrarán Ramón Sáez Valcárcel y el navarro Fermín Javier Echarri Casi.
La Fiscalía pide para los tres imputados 7 años de cárcel por la comisión de delitos y daños terroristas y 4.500 euros en concepto de indemnizaciones a las administraciones afectadas por sus destrozos.
Cronologia
19 actos delictivos. Falange y Tradición (FyT) irrumpió en la escena pública en 2009, año en el que cometió los hechos que se le imputan a este grupo. Atentó principalmente contra monumentos relacionados con la memoria histórica y contra personas y negocios vinculados a la izquierda abertzale. El sumario le atribuye la comisión de al menos 19 actos delictivos.
Los acusados. Son tres los que se sentarán en el banquillo: José Ignacio Irusta, Javier López Monreal y Borja Pérez Illera.
La petición fiscal. La Fiscalía pide para siete años de cárcel cada uno de los tres acusados por “la comisión de delitos de amenazas y daños terroristas”. Además, les reclama el pago de 4.500 euros en concepto de indemnizaciones a las administraciones afectadas por los destrozos causados.