El estudio, realizado durante 4 años, ha analizado el testimonio de 45 personas torturadas en Euskal Herria, utilizando el Protocolo de Estambul.
Todos los testimonios son coherentes y más de la mitad de ellos muestran el máximo grado de credibilidad. Ésta es una de las principales conclusiones del Estudio “Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul”, presentado esta mañana en la sede de la Fundación de la Abogacía Española y en el que han participado más de 30 profesionales de la salud y ocho organizaciones civiles.
El estudio, realizado durante 4 años de investigación sin ningún tipo de financiación, es el primero en el Estado aplicando el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como Protocolo de Estambul, una guía para evaluar la coherencia de los testimonios de personas torturadas adoptado en el 2000 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero con, todavía, muy poca aplicación en la mayoría de países europeos. Los relatores especiales sobre la Cuestión de la Tortura de las Naciones Unidas y sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Juan E. Méndez y Ben Emmerson, respectivamente, han resaltado, en un mandato hecho público hoy, la importancia del informe como “un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas” en los casos de torturas, recomendando al Gobierno español que tome en cuenta sus recomendaciones y conclusiones.
“Con este estudio intentamos, desde el rigor, desde la academia, ir más allá de los posicionamientos políticos para ver cuanto hay de verdad en las denuncias de torturas en el País Vasco”, explica Pau Pérez, psiquiatra y consultor de la Organización Mundial de la Salud en temas de violencia y catástrofes y uno de los participantes en el estudio. Para su realización, se ha tomado testimonio a 45 personas que han denunciado haber sido víctimas de torturas entre 1982 y la actualidad, de diferentes militancias, repartidos en hombres y mujeres, y cuyas torturas habrían sido infringidas por los distintos cuerpos de seguridad estando en detención incomunicada, aplicando el denominado Protocolo de Estambul, con el que, a través de 14 criterios distintos, se analiza el relato de las víctimas, su estructura y se coteja con diversa documentación y con los síntomas psicológicos.
Para hacer el trabajo, se formaron cuatro grupos de profesionales, formados cada uno de ellos por una persona originaria del País Vasco y otra persona que no, que cotejaron los testimonios y resto de documentación de forma escalonada. “No se encontró ningún caso en el que el relato no mostrara consistencia”, señala Pau Pérez, quien subraya que hasta ahora “nunca se había hecho un trabajo con tantas garantías y rigor”.
El estudio muestra los diferentes tipo de torturas de los que han sido víctimas las 45 personas examinadas. Las más utilizadas fueron la privación y manipulación de la estimulación sensorial –presente en el relato de las 45 personas examinadas – , humillaciones de tipo verbal –92,3% de los relatos – , técnicas psicológicas para desestructurar al individuo –como la ruptura del ritmo sueño-vigilia, la manipulación visual y auditiva; presentes en el 89,7% de los casos – , amenazas de muerte y daños a familiares y amigos –87,2% – , las posturas forzadas –79,5% – , los golpes –69,2%– y la asfixia –51,7% – . Los testimonios analizaron detallaron, en menor medida, haber padecido otros tipos de tortura, como desnudez forzada y vejaciones sexuales –39,5 y 38,5% respectivamente – , los choques eléctricos –17,9% de las personas examinadas – , o violaciones –7,7% de los testimonios examinados – .
Benito Morentín, jefe de Patología Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal y otro de los profesionales que ha trabajado en el informe, explica que sólo han podido acceder a la documentación médica de doce de las 45 personas estudiadas ya que en el resto no ha sido posible encontrar ese tipo de documentos. En los distintos partes de lesiones e informes médicos analizados, en el 85% de los casos el documento señalaba que las persona examinada había sido víctima de torturas y en muchos de los casos se hacía referencia a síntomas físicos y psicológicos, en algunos de ellos a señales corporales que podrían haber sido consecuencias de las torturas.
Sin embargo, dado que en muchos casos la práctica de la tortura se produce de manera que evite dejar marcas físicas, son los efectos en la salud mental los que más prevalecen: más de la mitad de las personas examinadas en el estudio mostraron en algún momento un trastorno de estrés postraumático, en un 13,4% de los casos mostraba un trastorno depresivo y un 8,7% de los examinados mostraron síntomas de padecer el trastorno persistente de la personalidad tras un hecho catastrófico, un cambio persistente e irreversible en la personalidad de la víctima cuyo diagnóstico se basa en la “presencia de rasgos previamente ausentes como, por ejemplo una actitud de permanente de desconfianza u hostilidad hacia el mundo, aislamiento social, sentimientos de vacío o desesperanza, sentimiento permanente de “estar al límite”, como si se estuviera constantemente amenazado o vivencia de extrañeza de sí mismo”. Esta es la consecuencia psicológica “más grave”, según señala María Ángeles Plaza, psicóloga y miembro del Grupo de Acción Comunitaria
El informe dedica también un apartado sobre la restitución del daño a las víctimas. Según detalla, ninguna de las personas con las que se habló expresaron propuestas de restauración del daño sufrido. “No hay una reivindicación de reparación del daño en términos económicos, laborales o de otro tipo, o, si la hay, no es parte de lo que las personas consideran relevante a efectos de reparación”. Sólo dos de las personadas examinadas mencionaron la reparación económica, pero con terceras personas como beneficiarias. En el resto de caso, no se plantea esa necesidad y cuando se les pregunta sobre esa posibilidad la rechazaron explícitamente.
Sin embargo, el reconocimiento de los hechos sí supone una diferencia para las personas víctimas de torturas con las que se habló para realizar el informe. “De distintas maneras y con distintos énfasis, pero la mayoría de personas describen el que mayor daño que sufren es que no sólo son ignorados o silenciados, sino el hecho de que se diga por parte de portavoces gubernamentales o de instancias públicas, incluso vinculadas a temáticas de derechos humanos, que han inventado los malos tratos sufridos o que eso es parte de supuestas instrucciones”. Frente a esto, la mayoría de testimonios subrayaron la no impunidad de los responsables de las torturas y la realización de cambios que lleven a que no se den nuevos casos de tortura como la mejor reparación de su propio daño.
El equipo responsable subrayó durante la presentación del estudio que “no se pueden derivar datos epidemiológicos”, por lo que no se pueden extrapolar los resultados a todo el colectivo de personas denunciantes de haber sido víctimas de tortura. La principal causa de esto es, según señala Pau Pérez, que no hay un listado oficial de víctimas de torturas, una muestra más de la falta de voluntad para investigar las denuncias de tortura por parte del Estado a pesar de las llamadas de atención de las instituciones europeas. Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, señalo las fallas del sistema que hacen posible que se produzca la práctica de la tortura, sobre todo en régimen de incomunicación, la falta de investigación por parte de la justicia y ha subrayado la falta de mención a las víctimas de tortura en el reciente proyecto de ley del Estatuto de la Víctima de Delitos. Por su parte, Hans Draminsy Petersen, del Subcomité de Prevención de la Tortura, ha señalado que “el estudio merece un debate público sobre los ejes de trabajo relacionados con la lucha contra la tortura”.
“España ya ha sido condenada en tres ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar los casos de tortura”, recuerda Andrés Krakenberger, miembro de la asociación pro derechos humanos Arguituz. “Esperemos que el Gobierno español tome nota y cumpla con sus obligaciones”, concluye.
