Hay una vieja técnica carcelaria que los Estados español y francés aplican con evidentes objetivos políticos: la dispersión. Un procedimiento de castigo añadido, de la época en que las celdas eran mazmorras y los castigos corporales reglamentarios. Un castigo especialmente concebido para ampliar las condenas a su entorno, fundamentalmente familiares, y para evidenciar la diferencia entre las causas políticas y comunes.
Su objetivo se encuadra en lo que administrativamente se conoce como «política penitenciaria», un eufemismo para definir un conjunto de medidas de coacción y «vendetta» aplicadas sistemáticamente contra las y los represaliados políticos vascos.
La última dispersión masiva, aún activada, coincidió, precisamente, con el final de una de las fases del terrorismo de Estado (GAL), con la implementación del secuestro complotado internacionalmente llamado deportación, con la entrega masiva de refugiados y exiliados de París a Madrid y, sobre todo, en el contexto de las Conversaciones políticas entre el Gobierno español y ETA en Argelia.
Tras precedentes experimentales, desarrollados entre 1985 y 1987 bajo el sempiterno juego maquiavélico de aislar «duros y blandos», la dispersión fue anunciada oficialmente, el 4 de mayo de 1989, por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica Herzog, siendo Corcuera ministro de Interior. Curiosamente, en un contexto político-institucional de Gobierno de coalición entre PSE y PNV en la CAPV (Ardanza lehendakari) y justo un mes después de la ruptura de las Conversaciones políticas de Argel entre el Gobierno español y la Organización ETA.
De manera sincronizada, personas vascas acogidas por razones humanitarias en Argelia fueron expulsadas a República Dominicana, Cabo Verde y Venezuela, y se produjeron decenas de agresiones en las cárceles.
Un diseño orquestado en la más pura tradición judeo-cristiana del «palo y la zanahoria», del «premio y castigo», para resituar la «política penitenciaria» en los límites del chantaje y la utilización de rehenes. Una pieza más en el engranaje policial para abordar una hipotética salida «técnica al conflicto» pasando por las «horcas caudinas» del arrepentimiento y la rendición.
En Hego Euskal Herria, la dispersión, a modo de caballo de Troya, tomó cuerpo político e institucional en el llamado Pacto de Ajuria Enea, con el PSE-EE y el PNV como principales protagonistas para representar la obra escrita y dirigida desde el Pacto de Madrid.
La «efectividad» y la «necesidad» de la dispersión fueron lideradas por el PNV. Las declaraciones de intención de Arzalluz, Ardanza y Atutxa, apoyando la estrategia publicitada por Múgica Herzog, fueron extremadamente nítidas. La «socialización» de la dispersión que correspondía al Pacto de Ajuria Enea siguió la misma pauta que había utilizado el PNV movilizando a decenas de miles de personas contra las Conversaciones de Argel. El PNV no fue lacayo de esa estrategia, sino copartícipe de la misma, alimentando la «legalidad y legitimidad» del Estado para implementar la dispersión.
El extenso rosario de declaraciones de sus representantes justificándola o aplaudiéndola lo atestiguan:
«La política de dispersión no supone una violación de los derechos humanos (Arzalluz en 1989)», «La dispersión es un aspecto más de la batalla entre ETA y el Gobierno. Es un arma política (Arzalluz en 1990), «La política de dispersión, si se lleva bien, puede traer consecuencias importantes (Ardanza en 1990)», «Gracias a la política de dispersión y las medidas de reinserción… la banda terrorista tendrá menos fuerza a la hora de negociar (Anasagasti en 1990)», «Siempre hemos apoyado la política de dispersión… creemos que la política del Gobierno es la correcta (Anasagasti en 1992)», «La política de dispersión sigue siendo pertinente (Olabarria en 1993)», «La dispersión carcelaria es buena porque ha permitido que muchos hayan ganado en libertad y porque rompe la estrategia de ETA (Egibar en 1993)», «La dispersión obedece a una estrategia para acabar con el terrorismo; acertada o desacertada, es la que es (Atutxa en 1994)», «La dispersión no es ilegal (Atutxa en 1995)», «La dispersión se hizo a raíz de un plan de cara a una reinserción masiva (Arzalluz en 1996)».
El PNV no sólo colaboró desde instancias institucionales y políticas, sino que también dedicó recursos humanos para «despachar» periódicamente con responsables de Instituciones Penitenciarias, para visitar prisiones intentando enredar a miembros del Colectivo en la vía del arrepentimiento y para contactar con sus familiares ofreciendo «ayudas» posteriores a la aceptación de dicha vía. Formó parte de una estrategia integral que, al margen del castigo añadido al Colectivo y a sus familiares, reportaba nuevas incursiones represivas, como las palizas sistemáticas en las celdas, en los patios o en los traslados, la intervención y manipulación de las comunicaciones…
Las televisiones y los periódicos oficialistas transmitieron en directo y en diferido esta gran maniobra. A todos los efectos, el Colectivo de presos y presas políticas era utilizable como un arma estratégica del Estado dentro del conflicto.
La dispersión supuso un intento de desintegrar la cohesión del Colectivo, de romper sus lazos humanos y políticos, pero también de presionar y desgastar a las familias obligándoles a un sacrificio y sufrimiento arbitrario.
No obstante, frente a esta ignominia, se levantó un muro social de solidaridad que rechazó de plano la injusticia de esta medida de excepción. Así se formaron las redes de visitas, las furgonetas Mirentxin, las encarteladas, los encierros rotatorios, las huelgas de hambre colectivas… que fueron rompiendo el bloqueo al que se quería someter a cada persona encarcelada, generando, paralelamente, un clima de repulsa a la dispersión y sus efectos colaterales.
Un muro que, desde dentro de las prisiones, se cimentó con la resistencia activa y pasiva, exigiendo la derogación de toda medida de excepción y reivindicando el reconocimiento del Colectivo en el marco de los Derechos Humanos.
Un muro también reflejado en el ámbito internacional, donde las movilizaciones e intervenciones contra la dispersión han sido constantes desde importantes foros sociales, políticos e institucionales.
Ya en diciembre de 1993, centenares de solidarios con el Colectivo, en huelga de hambre en Arantzazu, remitieron cartas al ministro español Juan Alberto Belloch, al que acusaban de complicidad en el castigo que se aplicaba en las cárceles del Estado. Pero también a los lehendakaris Juan Cruz Alli y José Antonio Ardanza, en las que les recordaban su responsabilidad en la política de dispersión y represión carcelaria.
La respuesta del PNV fue un escándalo: «la dispersión de los presos vascos es pertinente porque no se puede permitir la utilización de los presos por determinadas organizaciones como instrumentos de movilización política y social». Atutxa llegó a proponer dispersar a los presos «un poco más cerca». Belloch asumiría la dispersión como ilegal en 1995, exculpándola en el espíritu de «el fin justifica los medios».
El 19 de enero de 1996 el Parlamento Europeo condenó, con los votos en contra del PSOE y del PP, el alejamiento y exigió que se respetaran las normas existentes a este respecto. Amnesty International pidió el fin de la dispersión en 1999. En junio de 2003, el Parlamento de Gasteiz pidió el fin del aislamiento y su acercamiento a Euskal Herria, petición renovada en 2005 y 2013.
En 2005, el Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de las Naciones Unidas, Theo van Boven, dijo: «La dispersión no tiene base jurídica y se aplica de manera arbitraria. Los presos están lejos de sus familias y abogados, lo que puede causar problemas a la hora de preparar su defensa. Fuentes no gubernamentales dicen que la dispersión es un castigo añadido y se aplica a presos del País Vasco».
Hoy la dispersión continúa lacerando a las personas encarceladas, a sus familiares y a gente allegada. Hoy la apuesta de los Estados español y francés sigue negando la mayor y aferrándose a posturas cerradas y beligerantes.
Hoy el PNV se ha visto obligado a modificar su discurso fundamentalmente por dos razones: por la posición de firmeza y dignidad del Colectivo y por el apoyo social y la actitud internacional frente a la dispersión. Ambas le han obligado a recular y a modificar su estrategia.
Sin embargo, es de rigor que este cambio se debe producir asumiendo el perjuicio causado y al mismo nivel siquiera de la responsabilidad que contrajo en el desempeño de la colaboración con la estrategia de dispersión hoy rechazada. Por eso requerimos del PNV una autocrítica reconociendo el mal causado con su apoyo a las políticas de excepción, entre cuyas consecuencias cabe destacar el balance trágico de 16 personas fallecidas y decenas de heridas, entre familiares y personas allegadas, a consecuencia de accidentes de circulación en las rutas de la dispersión. Una responsabilidad directa que ya es hora que el PNV asuma públicamente.
Sin ambigüedades y sin excusas coyunturales, le demandamos un posicionamiento claro para el fin de la dispersión, y un alineamiento de amparo social, político e institucional frente a la conculcación flagrante de Derechos Humanos que sigue sufriendo el Colectivo de centenares de personas encarceladas a lo largo y ancho de miles de kilómetros.
