1. Introducción
Durante 15 años, los medios de comunicación al servicio de la oligarquía mundial y del imperialismo yanqui han calumniado al gobierno y proceso revolucionario bolivariano venezolano, como parte de la guerra psicológica de baja intensidad que llevan adelante para desestabilizarlo.
La industria mediática de la manipulación, de la alienación y la mentira no ha escatimado absolutamente nada para crear una imagen negativa del gobierno bolivariano venezolano, de sus líderes y de las políticas que se han tomado para emprender un rumbo distinto al que habían trazado los gobiernos anteriores al del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, cuando fue elegido como presidente en el año 1998. De igual manera, han descontextualizado la realidad y tergiversado las causas generadoras de diversos problemas que afronta el gobierno bolivariano y la población venezolana, sobre todo en materia económica.
Los medios privados de comunicación ecuatorianos han jugado un rol fundamental en esta campaña de desprestigio, destacándose los ataques de los periódicos El Comercio y Hoy que actúan como instrumentos de propaganda al servicio de la derecha venezolana.
¿Cuáles son las razones por las que los periódicos El Comercio y Hoy de Ecuador se han sumado a la campaña de estigmatización, descrédito y satanización del régimen bolivariano venezolano?
La vinculación ideológica de los propietarios de estos medios con los sectores opuestos a la construcción de una sociedad socialista, explica, en cierta medida, la oposición al proyecto revolucionario en Venezuela.
Ejemplificativo de esto es la arenga dada en julio de 2009 por la Directora General del Grupo El Comercio, Guadalupe Mantilla de Acquaviva, quien dijo a sus empleados: 
“Todos ustedes tienen su trabajo aquí, firme y seguro, pero si me hacen política dentro de la empresa ahí sí les digo: reaccionaré, aunque sea de la tumba. Si ustedes quieren ser socialistas del Siglo XXI, háganlo, pero están prevenidos, vayan a hacerlo a su casa”. Y añadió: “Esa supuesta sociedad social del siglo XXI no es más que llevarles a una dictadura como la de Chávez y la de Castro.”[1]
El papel de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización al servicio de los dueños de los medios de comunicación en América Latina, también ha sido primordial para la campaña contra el régimen bolivariano de Venezuela.
Una de las principales autoridades de este organismo gremial de los empresarios mediáticos es Jaime Mantilla Anderson, propietario y director general del periódico Hoy de Ecuador.
Las relaciones de estos personajes con los propietarios de los medios privados venezolanos que han atacado al gobierno del presidente Hugo Chávez y ahora al de Nicolás Maduro, es estrecha. Las agresiones que se lanzan contra el régimen bolivariano son las mismas en el Nacional o el Universal de Venezuela que en El Comercio y Hoy de Ecuador.
El objetivo de esta campaña mediática es lograr la desestabilización del gobierno bolivariano venezolano, destruir su imagen ante los pueblos y los colectivos sociales, así como posicionar a los representantes de los grupos que se oponen al proyecto revolucionario en Venezuela, entre ellos a Henrique Capriles Radonski, que lidera la oposición golpista contra el presidente Nicolás Maduro.
En el presente trabajo se analiza como los periódicos El Comercio y Hoy de Ecuador llevan adelante ésta campaña mediática contra el régimen bolivariano venezolano.
Se toma como eje temático de ésta investigación, la línea editorial y el manejo informativo que estos periódicos llevan adelante respecto de la política económica de los gobiernos de los presidentes Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro.
2. Del modelo neoliberal al modelo bolivariano
El modelo económico imperante en Venezuela antes de la elección del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, fue el del neoliberalismo salvaje. Tres gobiernos profundizaron la aplicación de este modelo que condujo a un mayor empobrecimiento de la población venezolana: el de Jaime Lusinchi (1984−89), el de Carlos Andrés Pérez (1989−1993) y el de Rafael Caldera (1994−99), quienes en dos décadas acataron fielmente las disposiciones emanadas por el FMI.
Fue bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez que la aplicación de dicho modelo se profundizó. Sus políticas estuvieron supeditadas a los dictados de Washington: “Los términos del Washington Consensus eran el pan y el vino de las dos principales figuras del gobierno en lo que a reformas económicas se refiere. Moisés Naím, ministro del Desarrollo, y Miguel Rodríguez, ministro de Planificación, eran niños prodigio egresados del MIT y de Yale”[2], señala el periodista Richard Gott.
La privatización de empresas del Estado, la liberalización de los precios, el incremento gradual de las tarifas de los servicios básicos como agua, luz, teléfono, gas doméstico, el aumento del precio de la gasolina y de las tarifas del transporte público, la eliminación de todas las restricciones comerciales, de todos los controles de cambio, de los subsidios masivos y de toda traba a la inversión extranjera, la creación de fondos de pensiones y la reestructuración del sistema de seguro social fueron las medidas que el gobierno de Carlos Andrés Pérez tomó para afianzar el modelo neoliberal en Venezuela.
Para 1990 la inflación alcanzó el 40,6%, mientras la pobreza extrema llegó al 24%.
El malestar entre la población se hizo evidente y la protesta social se generalizó.
En 1989 el pueblo se levanta en varias ciudades de Venezuela debido a la situación de miseria en la que se encontraba. En Caracas, Maracay, Barquisimento, Valencia, Mérida y Ciudad Guayana se protagonizaron levantamientos populares, así como el saqueo de pequeños abastos y supermercados. La respuesta del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue la represión brutal. Se decretó el toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales, mientras el paquetazo económico contra el pueblo era ratificado.
Carlos Andrés Pérez dio la orden de disparar contra el pueblo. Entre el 27 y 28 de febrero de 1989 fueron asesinadas más de dos mil personas por elementos de la Guardia Nacional, el ejército y la policía.
Ante esta situación calamitosa, oficiales bajo el mando del teniente coronel Hugo Chávez, constituidos alrededor del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) creado al interior del ejército venezolano, consideraron pasar a una acción militar contra el régimen de Carlos Andrés Pérez.
El Comandante Hugo Chávez explicó:
Cuando Carlos Andrés Pérez envió a la Fuerza Armada a la calle a reprimir aquella explosión social y hubo una masacre, los militares bolivarianos del MBR-200 analizamos que habíamos pasado el punto de no retorno y decidimos que había que ir a las armas. No podíamos seguir siendo los cancerberos de un régimen genocida. Ese acontecimiento fue un catalizador del MBR-200. Comenzamos entonces a acelerar la organización del Movimiento, la búsqueda de contactos con civiles y movimientos populares, a pensar en la estrategia, en la ideología, pero, sobre todo, en la estrategia: el cómo hacer para trascender una situación y buscar una transición hacia otra.[3]
El 4 de febrero de 1992, se produce la insurrección militar. Este movimiento insurreccional contó con relativo respaldo de los sectores populares. Finalmente, los insurrectos fueron derrotados y Hugo Chávez fue detenido. En una alocución pública, Chávez, quien asumió la responsabilidad de dicho movimiento, hizo un llamado a sus compañeros de armas para que cesen las hostilidades puesto que “por ahora” no se habían podido concretar los objetivos.
En 1994 asume la presidencia de Venezuela Rafael Caldera, quien continuó con las políticas de su antecesor. Caldera aplicó la Agenda Venezuela, mediante la cual propició la subida del precio de la gasolina, de la transportación, la liquidación de las empresas de aviación Aeropostal y Viasa así como la privatización de la empresa salinera Ensal. La pobreza alcanzó la cifra del 70% bajo el gobierno de Caldera y la pobreza extrema el 42%.
Para 1997, Hugo Chávez, que había salido en libertad gracias al indulto dado por el presidente Caldera en 1994, decide formar un movimiento político para la participación en las elecciones presidenciales. El 19 de abril de 1997 se constituye el Movimiento Quinta República (MVR).
El MVR planteó la recuperación del petróleo para los venezolanos a través de una política nacionalista y soberana, la reestructuración del Estado, una nueva definición de la política educativa, científica, tecnológica y cultural, la revisión del pago de la deuda externa y la implantación de políticas sociales en beneficio del pueblo. Hugo Chávez se planteó la refundación de la República y una de sus propuestas, de llegar a ganar las elecciones, fue llamar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución, donde se establezcan los principios de esa nueva República. Chávez fue contundente en sus críticas al neoliberalismo y al modelo de la partidocracia tradicional, corrupta y oligárquica en Venezuela.
El 6 de diciembre de 1998 Chávez gana las elecciones presidenciales con el 56% de los votos. Jura ante la “moribunda” y, una vez posesionado, hace un llamado al pueblo para que apruebe, mediante referéndum, la conformación de la Asamblea Constituyente.
El nuevo proyecto de constitución que surgió de esa Asamblea, fue aprobado por el pueblo el 15 de diciembre de 1999 con el 71% de los votos.
Nació así la “Quinta República”, amparada en los ideales del Libertador Simón Bolívar, opuesta al modelo neoliberal y dispuesta a avanzar en la construcción de una sociedad más democrática, más justa y más humana.
3. El ataque mediático contra las políticas económicas del régimen bolivariano venezolano
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está enfrentado a una guerra económica desatada por el imperialismo yanqui y la oligarquía de ese país que, a toda costa, pretende boicotear el avance de la revolución.
Desde el año 2001, cuando la Asamblea Nacional aprobó un paquete de 49 leyes elaboradas por el gobierno del presidente Chávez en beneficio del pueblo y la soberanía nacional, la oligarquía criolla venezolana y el imperialismo emprendieron una brutal campaña para desestabilizar al régimen chavista:
Estas leyes desarrollan entre otros aspectos la reforma agraria, la garantía de soberanía sobre el petróleo, la protección de la pesca artesanal, el ordenamiento sustentable del litoral, la responsabilidad social de las entidades financieras y el impulso al cooperativismo.
A partir de entonces, el poder económico, los partidos de derecha y los medios de comunicación adelantaron una campaña antidemocrática para desestabilizar a la naciente república, con el apoyo encubierto de gobiernos extranjeros.[4]
El golpe fascista del 11 abril de 2002 fue la expresión criminal del rechazo de la oligarquía venezolana y el imperialismo a las leyes que el gobierno bolivariano desarrolló en defensa de los intereses del país y del pueblo, como la Ley de Tierras, la Ley de Pesca, la Ley de Hidrocarburos entre otras.
Teodoro Guevara y Arturo Vega, en un trabajo publicado el 21 de noviembre de 2002 en el portal web Rebelión, con el título: “Ley de tierra y ley de pesca: leyes para superar la pobreza y la dependencia”[5], explican las razones de la oligarquía para oponerse a dichos cuerpos legales:
Hasta ese momento 8 familias de terratenientes poseían alrededor de 150 mil hectáreas de terreno. Muchos de esos fundos se encontraban ociosos o semiociosos. Muchos terratenientes no habían podido comprobar la propiedad legítima de la tierra y muchos poseían títulos falsos. El gobierno revolucionario, mediante la ley, estableció el cobro de un impuesto por la ociosidad en que las tierras se hallaban hasta ese momento. Esos sectores, dicen Teodoro Guevara y Arturo Vega, son los que vivían de la ganancia parasitaria y fácil, mediante la crianza de ganado en tierras óptimas para la agricultura, sin desarrollar este último renglón. Sectores que vivían de los subsidios del Estado, sin rendir cuentas sobre los mismos. La ley puso un freno a esa situación, además de establecer un conjunto de avances para el fortalecimiento del movimiento campesino, la seguridad alimentaria y el desarrollo del aparato productivo, propiciando la creación de cooperativas y otras formas de asociación, así como proporcionándoles ayuda financiera y técnica. De igual manera la ley posibilitó el reparto más equitativo de la tierra por medio del Instituto Nacional de Tierras.
Por su parte la Ley de Pesca fijó límites para la pesca industrial y de arrastre con el objetivo de reducir los daños al ecosistema marítimo y de esa manera beneficiar el trabajo del pescador artesanal. De igual manera, en dicho cuerpo legal se establecieron un sinnúmero de disposiciones para proteger a los tripulantes de las embarcaciones pesqueras, reconociendo sus derechos sociales y laborales, explican los autores mencionados.
La Ley de Hidrocarburos, mediante la cual se recuperó el petróleo para el pueblo venezolano, afectó por su parte los intereses de la “meritocracia” corrupta enquistada en la empresa venezolana de petróleos (PDVSA), así como los intereses económicos del imperialismo yanqui, quienes después del golpe de abril de 2002, en diciembre del mismo año e inicios de 2003, sabotearon la industria petrolera.
Impulsados una vez más por los medios privados de comunicación venezolanos, los golpistas intentaron la desestabilización del régimen bolivariano cuando convocaron a paralizar las actividades económicas y a boicotear la industria del petróleo.
El paro petrolero y empresarial, respaldado por gerentes, administradores de PDVSA, así como por dirigentes sindicales corruptos y la aristocracia obrera, dejó pérdidas a la nación por el orden de los 20 mil millones de dólares.
El 2 de diciembre de 2002, Fedecámaras, la CTV (Confederación de Trabajadores de Venezuela) y la “Coordinadora Democrática” llaman a un nuevo “paro cívico nacional”. Tres días después la denominada “meritocracia” del petróleo inicia uno de los ataques más duros a la economía venezolana y se suma al paro cuando la tripulación del buque Pilín León se declara en rebeldía y fondea en el lago de Maracaibo el 5 de diciembre.
Al Pilín León lo imitan 10 buques más, entre el 5 y 17 de diciembre, fondeados en diversos puertos petroleros del país, hecho que afecto al suministro de crudo nacional e internacional. Simultáneamente las refinerías El Palito, Puerto la Cruz y Paraguaná fueron paralizadas en su totalidad.[6]
Los Estados Unidos tienen como objetivo apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela y para ello acuden al sabotaje económico, a la desestabilización política y al uso de la propaganda negra para atacar al proceso revolucionario en Venezuela. “(…) emplean sus enormes recursos mediáticos para tratar de hundir al Gobierno Revolucionario Bolivariano en un mar de mentiras y calumnias. Lo que los yankis quieren es el petróleo de Venezuela”[7] señaló el Comandante Fidel Castro, en una reflexión publicada el 27 de septiembre de 2010 con el título “Lo que quieren es el petróleo de Venezuela”.
El director de la CIA bajo el gobierno de W. Bush, George Tenet, ante el Comité de Inteligencia del Senado de EEUU, manifestaba en 2002 su “preocupación” por la seguridad en América Latina, especialmente sobre Venezuela:
Estoy particularmente preocupado por Venezuela, nuestro tercer mayor proveedor de petróleo. La insatisfacción doméstica con la revolución bolivariana del presidente Chávez está creciendo, las condiciones económicas se han deteriorado con la caída de los precios del petróleo, y la atmósfera de crisis probablemente va a empeorar.[8]
Las reservas actuales de petróleo en Venezuela se ubican en 296.500 millones de barriles, lo que representa el 18% de los recursos mundiales, dice un informe de la petrolera British Petroleum, mientras que el Ministerio del Poder Popular para la Energía y el Petróleo de Venezuela señala que dichas reservas ascienden a 297.570 millones de barriles.[9] Venezuela constituye en la actualidad el país con mayores reservas mundiales de oro negro.
La guerra económica contra el gobierno bolivariano se remonta a esos momentos. El impacto social y sicológico contra la población fue duro y las pérdidas provocadas contra el país fueron millonarias:
Durante diciembre de 2002 y los primeros meses de 2003, el sabotaje petrolero promovido por sectores antinacionales trajo como consecuencia una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país y secuelas tanto para la corporación como para la sociedad venezolana. Estudios del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela señalan los siguientes datos:
El monto de las pérdidas por ventas no realizadas llegó a 14 430 millones de dólares aproximadamente, lo cual motivó una disminución de un monto cercano a 9 998 millones de dólares en la capacidad contributiva de PDVSA y sus filiales al fisco nacional. Esto limitó la capacidad del Ejecutivo Nacional para la ejecución de sus planes y programas.
El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.
Se registró igualmente una contracción en los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.
En términos monetarios, se observó un aumento en el efectivo de 26%, una caída de los depósitos bancarios de 8%, aumento 4,5 puntos porcentuales en la tasa activa y una ampliación del margen de tasas de 4,1 puntos porcentuales.[10]
Para ese momento, periódicos como El Comercio de Ecuador, se limitaban a señalar que lo que en Venezuela existía era un enfrentamiento entre “chavecistas y antichavecistas”, mientras sus titulares y el cuerpo de las noticias no hacían referencia a la situación concreta del boicot económico, sino que se limitaban a presentarlo como un “paro anti-Chávez” donde los responsables de la situación de malestar provocada en el país, así como las causas reales de dicho paro, el periódico El Comercio jamás se atrevió a identificarlos y señalarlas.
“El paro anti-Chávez asola Venezuela” (El Comercio, 5 de enero de 2003), “La banca pliega al paro anti-Chávez” (El Comercio, 9 de enero de 2003), “El paro anti-Chávez entra en su día 44” (El Comercio, 14 de enero de 2003), “El paro anti-Chávez entra en su día 60” (El Comercio, 30 de enero de 2003) son algunos de los títulos que en ese momento se publicaron.
El 12 de enero de 2003 El Comercio publica una noticia descontextualizada con el título: “Chávez advierte a los empresarios”, donde claramente se pretende presentar al entonces mandatario venezolano como autoritario y represivo, dejando de lado la responsabilidad de esos empresarios en la escasez de productos alimenticios y la necesidad de hacerles frente para evitar malestar a la población. Dice la noticia: “Militarización de la industria alimenticia. Esa advertencia lanzó el presidente venezolano, Hugo Chávez, a los empresarios como manera de contrarrestar el desabastecimiento de productos que empieza a sentirse en el país, tras 40 días de ‘paro cívico’” y añade: “La advertencia presidencial fue parte de una alocución de más de una hora transmitida en cadena de radio y televisión, la cuarta en lo que va de la semana”. Nótese como la “noticia” pone énfasis en cuestiones formales con el propósito de crear una imagen negativa del mandatario respecto del uso de los tiempos de las cadenas de radio y televisión, sin preocuparse de lo esencial del discurso del presidente Chávez. Al sabotaje petrolero se le llama “paro cívico”, haciéndolo ver de esta manera como un acto noble, llevado a cabo por la ciudadanía, por el pueblo que se levanta para reclamar sus derechos.
El miércoles 19 de febrero de 2003, el periódico El Comercio publica un editorial de Manuel Terán con el título “La libertad en aprietos” en el que dice:
El autócrata no cree más que en sí mismo y en sus aduladores que se convierten en su resonancia. Fuera de ese círculo todos son sospechosos a los que hay que combatir. Ese es el doloroso caso de Venezuela en donde el líder del Gobierno que ha llevado a ese país a la crisis más grande que recuerda su historia, en donde a pesar de contar con ingentes recursos petroleros ha logrado precipitar durante su gestión de cuatro años una caída equivalente a alrededor del 25 por ciento de su PIB, acorralado por una opinión pública ahora mayoritariamente en su contra, pretende sitiar a la prensa libre a la que acusa del descalabro sufrido por esa nación, que no es sino consecuencia de sus desafortunadas intervenciones, llenas de matices tercermundistas y apologías a enemigos del Primer Mundo, que no ven en él sino una descolorida caricatura de un personaje de novela propia del realismo mágico.
El gobierno bolivariano venezolano, desde hace 15 años, se enfrenta a estos ataques mediáticos que, mediante el ocultamiento de la realidad, pretenden presentarlo como el único responsable de la crisis económica que vive Venezuela.
Guerra económica y guerra mediática forman parte del mismo plan desestabilizador de la oligarquía venezolana y el imperialismo contra el proceso revolucionario en Venezuela.
A esta problemática se suma el hecho de que el proceso bolivariano está enfrentado a un dilema respecto del modelo político y económico que pretende construir. El problema tiene que ver con el hecho de que no puede pensarse en el cambio radical de la sociedad, sin afectar las bases que sostienen al viejo modelo económico y estatal capitalista.
Tanto el extinto presidente Hugo Chávez, como el actual mandatario venezolano Nicolás Maduro, han planteado la necesidad de avanzar en la construcción de una sociedad socialista. Sin embargo, durante estos quince años no se han tomado las medidas necesarias para nacionalizar la economía y de esa manera tomar el control de la producción y distribución de alimentos a nivel nacional, así como del comercio exterior.
Si la oligarquía venezolana continúa con el control de la economía, la revolución bolivariana corre el serio riesgo de enfrentarse a una situación caótica que le significaría la pérdida de apoyo entre el pueblo, al mantener intranquilidad entre la población en materia económica, así como por dejar impune el sistema productivo capitalista.
La solución no pasa solamente por emprender una lucha frontal contra la corrupción, la cual es necesaria e intrínseca al sistema oligárquico, capitalista. Lo que hay que afectar son las bases que lo sustentan y eso solo se puede hacer mediante el control por parte de la clase trabajadora de los medios de producción.
No se puede pensar en la construcción de una sociedad socialista, conciliando con los sectores de la burguesía.
La oligarquía venezolana, en contubernio con el imperialismo, no cesarán sus ataques, mucho menos si mantiene todavía el control sobre puntos claves de la economía.
Jorge Martín explica:
El capitalismo no puede ser regulado. La oligarquía no detendrá su conspiración contra la revolución. Con el fin de evitar una mayor dislocación y sabotaje de la economía, los medios de producción, los bancos y las grandes haciendas de los terratenientes deben ser expropiados y puestos bajo el control de los trabajadores, para que puedan ser incorporados a un plan democrático de la economía. Esto significaría un enfrentamiento frontal con la burguesía y el imperialismo, que sólo se puede ganar mediante la más amplia movilización de las masas revolucionarias, con la clase obrera a su cabeza. Para que esto sea posible debe haber una purga a fondo del ala derecha y de los elementos corruptos e infiltrados dentro movimiento bolivariano, y que todo el movimiento sea puesto bajo el control de la base revolucionaria y le rinda cuentas a ella. Este es el único camino a seguir. Cualquier intento de conciliar con la clase dominante sólo conducirá a más sabotajes y ofensivas contrarrevolucionarias. Esta es la disyuntiva que está planteada después de esta victoria electoral.[11]
El gobierno bolivariano venezolano, con ánimo conciliador, en diversas ocasiones ha hecho llamados a los empresarios a que inviertan, para lo cual incluso se ha flexibilizado el control de precios y de divisas, así como se han eliminado impuestos a las transacciones financieras. El resultado ha sido el de que dichos empresarios no han invertido y más bien han provocado mayores daños a la economía popular.
Mientras la gran industria mediática al servicio del imperialismo y la oligarquía venezolana constantemente acusa al régimen bolivariano de poner todo tipo de frenos a la inversión privada, oculta que la burguesía no está interesada en invertir en el país bajo el gobierno revolucionario, a la vez que silencia que en Venezuela existe una verdadera huelga de capitales y que la oligarquía está mandando el dinero al extranjero. Manuel Sutherland dice que en “Venezuela el 97% de las divisas las genera el sector estatal de la economía”, mientras el total del “empresariado solo exporta un famélico 3% (…) del total de divisas que ingresan al país”.[12]
Las organizaciones de la patronal venezolana: Fedecámaras, Consecomercio y Venamcham han boicoteado la revolución porque están en abierta contradicción con ella y no descansarán hasta verla derrotada. La estrategia adoptada por estas organizaciones es la misma que llevaron adelante en Chile en la década de 1970 contra el gobierno popular del presidente Salvador Allende.
La conciliación no puede darse con los enemigos del proceso de transformación de la sociedad capitalista.
William Sanabria explicaba el 30 de octubre de 2008, en un artículo titulado “Venezuela: la rana, el alacrán y los empresarios patriotas… ¡qué jamás existirán!” el comportamiento de los empresarios en la economía venezolana:
Según la “Encuesta de Coyuntura Industrial” realizada en Junio de este año por la asociación empresarial Conindustria y la consultoría Lucas Consultores, que investiga el comportamiento de los empresarios a lo largo del primer trimestre de 2008 y sus perspectivas de inversión para lo que resta de año: sólo un 5 % de los empresarios manifiesta haber invertido en nuevas instalaciones o tener la intención de hacerlo. Este es precisamente el tipo de inversión que sugiere cierta disposición a ampliar seriamente la producción y crear nuevos puestos de trabajo. El 47% manifiestan haber invertido o estar dispuestos a invertir únicamente en maquinaria. Este concepto indica que quieren aprovechar el empuje de un consumo que, aunque desacelerado, todavía mantiene cierto impulso pero hasta ahí. Este tipo de inversión no suele crear nuevo empleo en cantidades apreciables sino incrementar la explotación de los trabajadores que ya existen. Incluso, en la gran mayoría de casos, lo que acaba significando es sustitución de mano de obra por máquinas más avanzadas que permitan reducir el número de trabajadores, los costes y maximizar los beneficios, incrementando la plusvalía que se extrae por cada trabajador. El 30% restante de los encuestados son (con perdón) aún «más arrechos»: manifiestan que no han invertido nada ni piensan hacerlo.[13]
Ya en ese año, los empresarios capitalistas daban rienda suelta a la subida de precios de los productos para afectar la economía popular, mientras la gran industria mediática acusaba al gobierno del presidente Chávez de ineficiencia económica sin explicar en absoluto la “huelga de capitales”.
Sanabria expresa que:
La causa fundamental de las subidas de precios que están diezmando la capacidad adquisitiva de los trabajadores y los sectores populares no es otra, como ya hemos dicho, que la negativa de los capitalistas a invertir. Contra esto sólo hay dos caminos: o expropiar las empresas y riquezas que, creadas con el trabajo del conjunto de la sociedad, estos señores se niegan a poner en marcha porque no les proporcionan el margen de beneficios que consideran necesario; o ceder a la presión de estos parásitos y aceptar sus demandas: exenciones fiscales, ayudas, subidas de precios…[14]
Pese a esta realidad, los medios privados de comunicación no cesan los ataques contra el régimen bolivariano al que se le acusa de ineficiencia, de ser el responsable de la corrupción, así como de la falta de interés y decisión para resolver los problemas económicos de la población.
La guerra económica se expresa en el saboteo del proceso de producción y abastecimiento de productos en el mercado nacional para la población en general.
Desabastecimiento planificado, especulación, acaparamiento, aumento de precios han provocado los sectores de la oligarquía venezolana para afectar la situación económica y alimenticia de la población venezolana.
Los medios privados de comunicación privados tanto en Venezuela como en el resto del mundo, no dicen una palabra sobre el papel de la oligarquía venezolana: banqueros, industriales y terratenientes que todavía tienen poder político y económico para boicotear la revolución. Toda la responsabilidad, para ellos, recae sobre el gobierno revolucionario.
En esta campaña mediática contra el régimen bolivariano, la gran prensa internacional juega un rol importante, destacándose en el Ecuador los periódicos Hoy y El Comercio.
Un vistazo a editoriales publicados en 2013 por el periódico Hoy de Ecuador evidencia dicho posicionamiento, pero además la campaña de desprestigio del gobierno bolivariano y sus políticas económicas.
Thalía Flores, el 11 de abril de 2013 en un editorial titulado “El extraño caso de Hugo Chávez” dice:
Las cifras son atroces: Entre 2000 y 2011 Venezuela ha perdido casi un millón de barriles diarios de petróleo. La moneda está en caída libre: en septiembre pasado, en el mercado negro se cambiaba un dólar por 11 bolívares, ahora por 25. A fin de año, la inflación podría llegar al 33% y hay escasez de leche, café, aceite y otros productos básicos. Para rematar, la violencia crece. En 2012 se contabilizaron 16 000 homicidios. El país parece fuera de control, pero «el hijo de Chávez”, como se hace llamar Maduro mueve las masas en nombre de su comandante, al que ha puesto de jefe de campaña.
Francisco Rosales, el 8 de abril de 2013 en el editorial “Venezuela al borde la quiebra”, expresa:
Este manejo económico caótico no puede continuar, so pena de quebrar a Venezuela, que es el país con más altas reservas de hidrocarburos en el mundo. De allí que el presidente elegido el 14 de abril tendrá que aplicar un programa estricto de reordenamiento económico. Éste deberá incluir al menos la reducción drástica de los subsidios a Cuba y otros países del Caribe. La revisión de los precios internos de los combustibles y otros bienes subsidiados, pues no puede seguir vendiéndose el galón de gasolina a 3 centavos de dólar. Poner orden al desbarajuste de PDVSA, que no invierte ni paga a sus proveedores por destinar sus recursos a la importación subsidiada de alimentos. Sincerar el tipo de cambio, pues pese a la devaluación última de 4,30 a 6,30 bolívares fuertes por dólar, en el mercado paralelo se sitúa en 4 veces esta cifra. Abandonar la demagogia y el manejo político, que llegó a la expropiación caprichosa de empresas y de inmuebles. Y restablecer un nivel de confianza mínimo para que el empresario, tan hostilizado en los últimos años, vuelva a creer en las posibilidades de su país e invierta al menos parte del dinero que en volúmenes colosales fugó de Venezuela durante el régimen de Chávez.
El periodista Diego Oquendo, el 11 de marzo de 2013, en su sección en el periódico Hoy, “Fregando la Pita”, manifiesta:
Al cabo de 14 años de mandato del locuaz personaje el balance es deplorable. Su legado se resume en una crisis integral: política, social y económica. Venezuela vive un drama difícil de superar, a menos que los líderes enfrentados depongan sus ambiciones y busquen una vía de salida en consenso, bajo una inspiración democrática.
El periódico Hoy publicó el 7 de marzo de 2013 un “análisis” bajo el título “Interrogantes tras muerte de Chávez” en el que señala:
Las respuesta a esta y otras preguntas sobre el futuro político venezolano estarán, sin embargo, condicionadas por una realidad económica que, a pesar de la inmensa riqueza petrolera, muestra en el país señales de grave deterioro: los venezolanos sufren escasez de alimentos y productos básicos y la más alta inflación del continente. Con un modelo centralizado de manejo de la economía cuyo crecimiento gira en torno de la inversión estatal, se ha debilitado al sector productivo privado. El mes pasado, el Gobierno anunció una devaluación del 46,5%. Los impactos sobre los bolsillos pesarán sobre la continuidad gubernamental.
De igual manera, el periódico ecuatoriano El Comercio publica constantemente editoriales contrarios al régimen bolivariano.
Benjamín Fernández Bogado, el 17 de marzo de 2013, en el editorial “Fatiga de la maquinaria” dice:
El estrecho resultado de los comicios de Venezuela se corresponde entre otras muchas explicaciones, a una clara muestra de agotamiento del sistema. El pueblo luego de tanta bulla observa que sus condiciones de vida no han mejorado, que los que lo invocan de manera reiterada y ruidosa no han disminuido la criminalidad y además: la economía empeora cada día. No es suficiente invocar a los espíritus cuando la vida cotidiana les demuestra que la lucha no es entre los oligarcas y el pueblo sino entre un Gobierno incompetente y la realidad.
Sebastián Mantilla Baca en el editorial “Declive del chavismo”, publicado el 17 de abril de 2013, señala:
Pese a mantenerse en estos comicios el mismo nivel de participación electoral que en octubre pasado, el cual ha estado en el orden del 79%, se aprecia un franco declive del chavismo en Venezuela. Esto significa que el liderazgo de Capriles y de la oposición se ha reforzado, pero también que el descontento de la población con el manejo del país empieza a sentirse. No es para menos. Venezuela, pese a ser el primer productor de petróleo de Sudamérica y el quinto a escala mundial, atraviesa por una situación calamitosa en el ámbito económico e incluso social. La inflación es la más alta de la región (20,1% en el 2012). La escasez de alimentos de primera necesidad como carne, arroz, azúcar y café ronda en el 20%.
En la misma fecha, Manuel Terán publica el editorial con el título “Derrotado” en el que expresa:
Ganar con algo más del 1% de diferencia, después de haberse impuesto elección tras elección, debe verse como el resurgimiento de las fuerzas que no comulgan con el proyecto chavista. Al parecer existe una especie de hartazgo con del chavismo que ha convertido a Venezuela, una de las Repúblicas más ricas de Sudamérica, en un país en donde la inflación, la violencia y el desabastecimiento de productos básicos son el pan de cada día. Esa mitad de ciudadanos que se pronuncian en contra del modelo impuesto son los que buscan otro destino para la Patria de Bolívar.
El 18 de abril de 2013, Washington Herrera, en el editorial “Retos para Venezuela” manifiesta:
Venezuela tiene dos desafíos grandes: recomponer la economía para crecer a un ritmo mayor al 5% y elevar más aún el índice de desarrollo humano. Los organismos internacionales imparciales llegan a una conclusión: el chavismo ha hecho bien la inclusión social de la gente pobre pero un mal manejo de la economía, a pesar de disponer de elevados ingresos petroleros.
Estos periódicos mantienen la misma matriz discursiva, la cual responde además de la postura ideológica de sus propietarios a una campaña propagandística internacional orquestada por el imperialismo yanqui y la oligarquía latinoamericana, fundamentalmente, diseñada para golpear mediáticamente a la revolución bolivariana venezolana.
Se utilizan palabras, términos para descalificar la gestión económica del gobierno bolivariano y de esa manera crear una imagen de ineficiencia y descalabro que ha derivado en malestar para la población venezolana. “Términos manejados de manera hueca para rellenarlos con odio”, dice el comunicólogo Fernando Buen Abad en una entrevista publicada en el periódico El Correo del Orinoco, el 27 de octubre de 2013, utilizados “para esconder los logros de la Revolución”.
Los éxitos alcanzados en materia social y económica en estos 14 años de régimen bolivariano son invisivilizados o minimizados por los medios privados de comunicación. Cuando alguna vez reconocen la existencia de algún avance, lo que se hace es restarle importancia al mismo.
Los editorialistas de estos periódicos exaltan los regímenes capitalistas de la región, mientras atacan las medidas económicas del gobierno revolucionario venezolano. Ponen de relieve en sus escritos el rol de los empresarios privados, abogan por la inversión extranjera y las privatizaciones, mientras auspician las alianzas comerciales fomentadas desde EEUU.
Las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal en la región, que ha provocado hambre, miseria, desocupación en la población latinoamericana no son problema para estos editorialistas que pretenden confundir a sus lectores con la idea de que las medidas que piden que se apliquen son solamente técnicas, al contrario de las decisiones del régimen bolivariano que, para ellos, obedecen únicamente a razones ideológicas.
Diego Cevallos Rojas, en el editorial “Mundos opuestos”, publicado en el periódico El Comercio el 5 de abril de 2013 dice:
Más allá de fobias o filias ideológicas, algunas repuestas están en las cifras. En 2012 se registraron en Venezuela 54 asesinatos por cada 100 000 habitantes, en Chile menos de cuatro. Venezuela es uno de los más corruptos, en niveles similares a los Haití e Iraq, Chile es uno de los mejor calificados en esa materia. Entre 2007 y 2012, Venezuela se movió en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, del puesto 65 al 71, mientras Chile lo hizo del 38 al 40 ‑1 es el más desarrollado y el 186 el menos-. Entre los indicadores que integran ese índice están educación y esperanza de vida. La población del primer país tiene 7,6 años de escuela promedio, el segundo 9,7. En cuanto a años de vida, el uno está en 74,6, el otro en 79,3. Hugo Chávez, quien estuvo en el poder 13 años, hasta que falleció ‑Chile tuvo tres mandatarios en ese período – , fue sobre todo un luchador contra la injusticia social, proclaman sus deudos. El último informe de la Cepal sobre la materia indica que entre 2010 y 2011, la pobreza en Venezuela repuntó de 27,8 a 29,5 por ciento, mientras que la indigencia pasó de 10,7 a 11,7. En el mismo lapso, en Chile, donde hay un arco político diverso y hasta antagónico, pero actuando desde hace más de 20 años bajo un acuerdo por la apertura de mercados, el libre comercio y las políticas sociales persistentes, la pobreza descendió de 11,5 a 11 por ciento y la indigencia de 3,6 a 3,1 puntos. La inflación chilena en 2012 fue de 2,9 puntos, 1,5 menos que en 2011. La venezolana, en tanto, bajó de 29 a 18,5 por ciento. En cuando a desabastecimiento de productos, en el país andino no existe, mientras en Venezuela es dramático. Entre 2010 y 2012, el crecimiento económico de Chile se desplazó de 6.1 a 5,5 por ciento, Venezuela en cambio se movió de 1,5 por ciento negativo a 5,3. Para 2013, se estima que Chile crecerá 4,8 puntos y Venezuela 2. Los inversionistas extranjeros miden sus preferencias. Casi 17 300 millones de dólares fueron invertidos en Chile en 2011 versus un negativo de 759 millones para Venezuela. ¿Qué está funcionando mejor? ¿Un modelo basado en concentración de poder, autoritarismo y encono u otro erigido sobre acuerdos, división de poderes y una operación institucional predecible? Juzgue.
El modelo neoliberal implementado por la dictadura fascista de Augusto Pinochet a partir del 11 de septiembre de 1973, es el que ponen de ejemplo editorialistas como Diego Cevallos Rojas, ocultando el papel criminal de la dictadura para afianzar ese modelo que ha agudizado la brecha entre ricos y pobres y que impide a la clase trabajadora chilena gozar del acceso a la educación y a la salud. Lo que oculta Diego Cevallos es que Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Marianela Jarroud en un artículo titulado “El Chile de las desigualdades ante la elección del no va más”, dice que en el país “dos de cada tres hogares viven con menos de 1.200 dólares al mes y altamente endeudados”, puesto que “la mitad de los trabajadores ganan menos de 500 dólares mensuales”, mientras “las 4.500 familias más ricas tienen un ingreso mensual de más de 40.000 dólares”.[15] Por su parte, Gonzalo Cid, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, en entrevista con Telesur el 14 de noviembre de 2013, señaló que si bien el crecimiento de Chile ha sido de un 6% anual en promedio, el modelo, que privilegia la macroeconomía, atenta contra los derechos sociales de los trabajadores, en un país en el que el derecho a la huelga está prohibido, en el que el 50% del empleo es precario, con 4 millones de trabajadores que no tienen ningún derecho básico, con los costos de energía más altos de mundo y en el que 3 millones de personas sobreviven con menos de dos dólares diarios y más de un millón con menos de un dólar, mientras el más rico gana 27 veces más que el más pobre de los trabajadores chilenos.[16]
No es nueva esta defensa de los exponentes del neoliberalismo. El 18 de enero de 2001, Aníbal Romero, en un editorial publicado en El Comercio bajo el título “Fox y Chávez: dos opciones”, hacía lo mismo que Diego Cevallos: exaltar el modelo neoliberal impuesto por Fox en México frente a las políticas del gobierno del presidente Chávez. Obviamente, el primero era presentado como exitoso, mientras que el segundo como antidemocrático e ineficiente:
Las diferencias se plantean de manera inequívoca en el terreno político interno, en la proyección internacional, en las concepciones económicas y en lo que podríamos llamar el espíritu de gobierno de ambos mandatarios. Para empezar, en lo que toca a la cuestión interna, Fox es un jefe de Estado de clara postura democrática, que está demostrando su disposición a gobernar con amplitud, bajo la ley, y con respeto a las normas de una convivencia civilizada. Chávez, por el contrario, ha puesto de manifiesto una inequívoca vocación de concentración y monopolización del poder en sus propias manos, subordinando a su voluntad el resto de los poderes públicos y lesionando severamente su equilibrio.
En lo económico, la distancia entre ambos mandatarios es casi sideral. Fox viene de un exitoso ejercicio gerencial al frente de una importante empresa transnacional; tiene, por tanto, una sólida cultura empresarial en el marco del capitalismo y la competencia, y entiende lo que significa el contexto globalizado de las actuales relaciones económicas internacionales. Chávez, por otra parte, viene de la izquierda; su horizonte mental se ubica en los contornos del marxismo, el guevarismo y el rechazo a la empresa privada. Para Chávez, poco significado tiene el estrepitoso fracaso socialista; su mesianismo le indica que, en su caso, las cosas si funcionarán.
Como se aprecia el éxito radica en quienes siguen el modelo “empresarial”, que no es otra cosa que el modelo capitalista, mientras se denigra a quienes se oponen. La misma cantaleta: “estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas”. La realidad: pobreza, desempleo, sometimiento a las transnacionales españolas y estadounidenses, pérdida de la soberanía nacional, sometimiento a los dictados de Washington, restricción del gasto público y expulsión del país de cientos de miles de personas que por cualquier medio emigraron a los EEUU en busca del sueño americano.
Desde los primeros años del gobierno del presidente Hugo Chávez, los medios aupaban el sabotaje y la desestabilización.
El 25 de noviembre de 2001 el periódico el Comercio publicó un artículo con el título “Chávez acumula derrotas y críticas” con informaciones provenientes de El Nacional y de agencias en el que dice: “La semana que cierra confirmó que el presidente venezolano, Hugo Chávez, pierde popularidad, acumula cuestionamientos a su gestión, afronta paros, se enfrenta abiertamente con la prensa e incluso encaja duros reveses.”
En dicho artículo se informa que:
Un millón de establecimientos comerciales en Venezuela está dispuesto a cerrar sus puertas el 10 de diciembre para sumarse a la huelga contra el Gobierno convocada por la máxima cúpula empresarial. Julio Brazón, presidente del Consejo Nacional de Comercio, dijo que esos establecimientos comerciales, agrupados en 165 cámaras, están dispuestos a cerrar sus puertas. “El paro será un éxito y si tenemos que seguir parando el país, lo paramos”, fustigo Brazón, uno de los más encendidos líderes empresariales a favor de la protesta contra el gobierno de Hugo Chávez.
El 16 de diciembre de 2001 el Comercio publicó un trabajo periodístico titulado “Chávez, una revolución que tiene a un país al borde del abismo”. El 20 de diciembre de 2001 el mismo periódico publicó otra noticia con el título “La popularidad de Chávez cae más”.
Era el preludio del golpe fascista que se produjo el 11 de abril de 2002, en el que como señalaron los propios golpistas, los medios de comunicación fueron sus principales armas.
El 13 de abril de 2002, el diario Hoy publicó su opinión sobre el golpe de Estado en Venezuela bajo el título “Régimen de transición en Venezuela” en el que se lee:
La polarización a la que Hugo Chávez condujo al país; el desengaño popular por las ofertas de cambio y bienestar, que no pasaron de ser un alarde retórico; los enfrentamientos con trabajadores, empresarios y otros grupos sociales; la intolerancia, amenazas y abuso contra los medios de comunicación; la corrupción y los intentos de copar las instituciones del Estado, se volvieron en contra del presidente, desgastaron de forma vertiginosa su popularidad y llevaron al pronunciamiento de los militares para exigir la renuncia presidencial, en una jornada de represión, con 15 muertos y más de un centenar de heridos.
Ocultamiento, falsificación y tergiversación de la realidad, a más de la justificación del golpe fascista, es lo que el periódico Hoy de Ecuador hizo con este editorial.
Mientras tanto el mismo día en que el periódico Hoy escribía su editorial, la gente pobre bajaba de los cerros y se comunicaba a través de diversos medios para exigir la restitución de su presidente, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La supuesta falta de popularidad de la que habla el editorial se desplomó cuando el pueblo restituyó a su presidente y cuando los golpistas huyeron. La represión de la que habla este escrito no fue otra cosa que una masacre llevada a cabo por francotiradores al servicio de los autores del golpe fascista. El editorial del periódico Hoy señaló que el gobierno de Chávez fue intolerante, amenazó y abusó contra los medios de comunicación, cuando fueron ellos los que azuzaron el golpe antes y durante el mismo, insultando al presidente, descalificando a sus seguidores e incitando al derrocamiento y magnicidio del Comandante Hugo Chávez.
El Comercio, haciéndose eco de las mentiras esgrimidas por los golpistas de que Chávez había renunciado publicó una información noticiosa el 12 de abril de 2002 con el título: “Hugo Chávez fue obligado a renunciar”, mientras el 14 de abril publicaba otro en el que decía: “Hugo Chávez se quedó solo y cayó”.
Durante 2012 y 2013 la guerra económica contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro arreció. En 1970, el presidente de EEUU, Richard Nixon, con el propósito de desestabilizar al gobierno de la Unidad Popular en Chile dijo: “Hay que hacer gritar la economía chilena”. Bajo esa misma lógica, las administraciones estadounidenses que se han sucedido desde 1998 hasta la presente fecha, trabajan con el objetivo de provocar la caída del gobierno bolivariano venezolano. Los medios privados de comunicación siguen siendo armas importantes para lograr su propósito.
El 14 de octubre de 2012, Gonzalo Maldonado Albán, en un editorial publicado por el periódico El Comercio con el título “¿Por qué ganó Chávez?” expresaba:
Se ha dicho que el triunfo electoral de Hugo Chávez, el domingo anterior, tiene varias explicaciones. Se ha señalado que el candidato oficial tuvo más espacio que su opositor para hacer propaganda política; se ha dicho que existió un voto cautivo de casi 2.5 millones de personas que trabajan en el sector público venezolano y que votan por Chávez para proteger su empleo; se ha afirmado que la oposición, por no mostrarse demasiado beligerante con el Gobierno, envió un mensaje confuso al electorado, uno que terminó favoreciendo a Chávez. Aquellas son explicaciones plausibles pero no razones de fondo que permitan entender por qué los venezolanos eligieron nuevamente a un gobernante que ha empeorado las condiciones económicas y sociales en que viven. (Entre 1998 y 201l el empleo industrial cayó en 35%; la producción petrolera disminuyó en 19%; los asesinatos crecieron en 459%; el poder adquisitivo es el mismo que en 1966; y la inflación de aquel país está entre las más altas del mundo).
José Hernández, director adjunto del periódico Hoy de Ecuador, en un trabajo publicado el 21 de abril de 2013 bajo el título: “Maduro: la revolución de cuerpo entero”, califica como un desastre al modelo bolivariano:
La realidad del chavismo salta a los ojos: discursos inflamados, mar de promesas, uso y abuso de la figura de Bolívar, plata por montones hasta para regalar… El chavismo pretendió erigirse en la nueva religión del mundo. Maduro, su heredero, ha tenido que reconocer (parte por ahora) de su realidad real: un país desabastecido, desindustrializado, petrodependiente a extremos desconocidos… Un país con un modelo económico inviable por culpa de Chávez; el hombre que parado en cualquier esquina y con dedo inquisidor al frente, ordenaba que se expropie o se incaute lo que se le ocurría. Cual finquero feudal.
Ese hombre y ese modelo se convirtieron en los tótems de esa vieja izquierda de América Latina ahíta de lemas y proclamas y distante de eficiencias y resultados. Es el segundo desastre cantado, tras el cubano, que rehúsa ver. A esos militantes les parece más revolucionario teorizar sobre la miseria que generan que competir con sus contradictores con resultados medibles. Maduro, con muy poco talento, tendrá que administrar una falacia ideológica que se traduce para los venezolanos, en sus bolsillos y alacenas, en una verdadera pesadilla.
El odio contra el proyecto bolivariano está en el hecho de que éste se ha constituido en un obstáculo para la concreción de los planes políticos, económicos y militares del imperialismo y la oligarquía venezolana.
El 4 de noviembre de 2005, el presidente Hugo Chávez, en Mar de Plata, Argentina, sentenciaba la muerte del proyecto criminal del imperialismo, el ALCA, mientras abogaba por la necesidad de luchar por el fortalecimiento de la ALBA.
Dijo el Comandante Chávez en ese momento:
(…) Tenemos una doble tarea, enterrar el ALCA y el modelo económico, imperialista, capitalista por una parte, pero por la otra a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, para los pueblos de América, una verdadera integración liberadora, para la libertad, para la igualdad, para la justicia y para la paz (…)
Y añadió:
Hace cinco años en Canadá, el gobierno de Estados Unidos logró que se aprobara, casi por unanimidad, lamentablemente, la propuesta del ALCA, un Área de Libre Comercio para las Américas, y Venezuela fue el único país que en solitario levantó esta misma mano para decir ¡no!, para decirle no a aquella propuesta, pero todos los demás gobiernos aprobaron la propuesta, y fíjense lo que ha ocurrido, allá en Canadá se aprobó un artículo, un párrafo de la declaración que siempre se saca donde dice: Las negociaciones para un Área de Libre Comercio de las Américas deberán estar concluidas el primero de enero del 2005, y además el acuerdo o convenio deberá estar activado a más tardar el 31 de diciembre de 2005. Amaneció el primero de enero de 2005 y el ALCA ¿dónde está? Ya viene el 31 de diciembre de 2005 y el ALCA ¿dónde está? Al ALCA, repito, la derrotamos los pueblos de este continente, y al ALCA hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata, hoy enterramos al ALCA, en Mar del Plata se queda enterrado y bien hondo.[17]
El ALCA fue un proyecto diseñado por los Estados Unidos en 1994, en la Primera Cumbre de las Américas llevada a cabo en Miami, cuyo objetivo fundamental era el de posibilitar el dominio de las transnacionales capitalistas gringas en la región y la consolidación del modelo neoliberal.
Entre otras cosas, el Alca buscaba: generar acuerdos internacionales que limitaran la capacidad de acción de los gobiernos nacionales sobre su propia economía, medio ambiente y sociedad; crear normas comerciales supranacionales que limitaran la capacidad de acción y control de los gobiernos nacionales sobre las actividades de los inversores; así como beneficiar a las transnacionales con acuerdos que redujeran los costos salariales e impositivos de las corporaciones al mínimo.
También incluía que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial continuaran con la aplicación de programas de “ajuste estructural”, un eufemismo que incluía recortes sociales y económicos en los países endeudados para garantizar el pago de los intereses sobre deudas que nunca podrán saldar.
Esto, entre otras razones, fue lo que llevó a América Latina junto a Chávez a decir: ¡Alca, al carajo![18]
La oposición a los proyectos imperialistas y el haber retomado la idea de la construcción del socialismo frente al capitalismo, han acrecentado el odio de las administraciones estadounidenses contra el proyecto bolivariano venezolano.
La prensa ecuatoriana y sus editorialistas han sido duros críticos de los proyectos de integración bolivariana, mientras han exaltado las alianzas propiciadas por el imperialismo.
Xavier Neira Menéndez, en un editorial publicado en el periódico Hoy el 29 de julio de 2013, con el título “La Alianza del Pacífico”, manifestaba que:
Los países de la AP han liberalizado sus economías abriéndose al mundo. Y lo más importante: han decidido orientar su desarrollo hacia el Pacífico para aliarse con Asia y EEUU, con cuyas naciones han suscrito Tratados de Libre Comercio (TLC). Así, convertida en la octava economía mundial, la AP garantiza el mercado asiático, integrándose también en propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, finanzas, solución de controversias, etc.
Los países que rápidamente se han desarrollado son aquellos que se han abierto al comercio en vez de aislarse del mundo globalizado, parapetándose bajo consignas políticas que impiden el progreso. Lejos de complejos y de fundamentalismos, Lula, las Sras. Rousseff y Bachelet, Felipe González, Humala, Mujica, gobernantes socialistas todos, fueron y/o son pragmáticos. Es hora de integrarse para avanzar, no para retroceder. El ALBA es una alternativa política que no ofrece futuro económico. Ningún país por si solo está en capacidad de derrotar a la pobreza.
En este artículo no se dice una palabra sobre las consecuencias que han tenido para los pueblos estas alianzas, ni del papel de las grandes transnacionales capitalistas para destruir las economías nacionales, ni que la pobreza es el resultado de un modelo injusto: el capitalista, del que Neira es uno de sus más acérrimos defensores.
El mismo autor, en otro editorial con el mismo titular, publicado en el periódico Hoy el 18 de junio de 2012, expresaba:
Quedó para la historia culpar a otros de nuestro atraso social y económico tratando de justificar errores. Los típicos pretextos son conocidos: imposiciones del imperialismo, prepotencia de la «prensa corrupta», la larga noche neoliberal, la mala distribución de la riqueza, la ausencia de solidaridad, los abusos del poder oligárquico y otras expresiones de parecido jaez. La AP es un ejemplo al que debemos adherirnos. Es un esfuerzo para orientar nuestra producción al mundo. Apostemos con modelos exitosos, de probada eficacia. No insistamos en recetas fracasadas que no han tenido éxito en ningún lugar donde se aplicaron. No hay otro camino para un desarrollo sostenido que elimine gradualmente la pobreza que afecta a millones de latinoamericanos. Así lo han entendido gobernantes de distintas ideologías: el socialismo chileno que lideró los TLC’S con EEUU y otros países, y que gobernó –vía Concertación- 20 años; el etno-cacerismo de Humala; el pragmatismo de Calderón y Santos, etc. Es decir, Estadistas que prefieren gobernar con realismo creando empleos y no enclaustrarse en sus dogmatismos que lo único que garantizan es la miseria de las grandes masas a las que supuestamente se quiere rescatar.
Nótese como el autor exalta a los gobiernos que califica como “pragmáticos”, generalmente a aquellos que como el Chile de Bachelet, solo han tenido como membrete el de ser socialistas. Neira un exponente de la derecha ecuatoriana, no tiene ningún problema en poner de relieve a esos gobiernos reformistas que solo pretenden maquillar el capitalismo, sin propiciar un cambio radical en la sociedad. Mientras no afecten al sistema imperante, los gobernantes pueden ser buenos, cuando son radicalmente opuestos al orden político y económico establecido, son peligrosos y malos.
Lo mismo hace Lolo Echeverría en un editorial titulado “Las dos Américas”, publicado el 12 de octubre de 2013 en el periódico El Comercio, en el que dice:
América, la que soñó siempre con ser una sola, avanza, dividida, por caminos divergentes. No las Américas sajona y latina, sino dos versiones diferentes de América Latina que van por caminos distintos. La primera América Latina, la de los países que conforman la Alianza del Pacífico, está integrada por Chile, Perú, Colombia y México; es un bloque que busca la integración real y la democracia plena; respeta la libertad de prensa y los períodos electorales, respeta la independencia de funciones y busca la integración con todo el mundo. Juntos, estos países, representan la octava economía y la séptima potencia exportadora a escala mundial. Ha recibido el año pasado 70 000 millones de dólares de inversión extranjera directa y ha realizado el 50% del comercio de la región.
Lolo Echeverría olvida decir que esa América, “la que soñó siempre con ser una sola”, ha sido dividida por la injerencia de los EEUU y el papel de las oligarquías serviles al imperialismo yanqui. El sueño bolivariano de unidad fue frustrado tempranamente por EEUU y el papel traidor del santaderismo y sus secuaces.
El año 2013 la guerra económica entró en su fase más dura y crítica contra el gobierno bolivariano.
Los sectores empresariales, los grandes comerciantes han escondido productos alimenticios, han subido los precios de los mismos y provocado un desabastecimiento planificado en el mercado nacional. Igual lo han hecho con los electrodomésticos.
Víctor Hugo Majano manifiesta que:
La “guerra económica” en Venezuela consiste básicamente en el uso de mecanismos propios de la lógica de mercado del capital para reducir o limitar la oferta de bienes esenciales de consumo masivo. Entre los mecanismos se incluyen técnicas de “merchandising”, que son acciones tendientes a modificar la conducta del consumidor en los puntos finales de venta. También la utilización de sistemas no formales de distribución, contrabando de extracción y reducción deliberada de la producción alegando falta de algún insumo. Estos mecanismos son habituales e inherentes al proceso de circulación de las mercancías en un sistema capitalista, por lo tanto son legales y no se consideran ilegítimos.[19]
El autor mencionado explica como los empresarios capitalistas para eludir el control de precios establecido por el gobierno bolivariano sobre algunos productos básicos, arguyen haber introducido nuevos elementos (condimentos, saborizantes, vitaminas) en el arroz, la harina de maíz o la leche para bebés, los que supuestamente les daría una “calidad” distinta, con lo cual pretenderían justificar la subida de precios. En el caso del papel higiénico convencional han establecido severas restricciones a su producción, mientras en el mercado aparecen otros productos cuyos precios han sido aumentados hasta un 1000 por ciento con respecto al rollo convencional y regulado, dice Víctor Hugo Majano.
Majano señala que:
Todos los productos con “escasez” poseen altos niveles de industrialización y son elaborados por grandes corporaciones transnacionales o con conexiones muy estrechas con estas. Entre estas se debe mencionar a Polar, Nestlé, Procter, Kimberly-Clark, Cargill entre otras. A su vez estas corporaciones mantienen alianzas con componentes de la burguesía venezolana dedicados a la importación y distribución. Son quienes manejan las redes de distribuidores de alimentos al por mayor y grandes y medianos supermercados. Esta capa que podemos denominar la “burguesía comercial-importadora” es la que maneja la industria de la publicidad de los grandes medios de difusión y por tanto de la llamada industria cultural. Y por este lado controla a los voceros y actores políticos que adversan a la revolución bolivariana. Para ser precisos hay que mencionar que la principal figura opositora, Henrique Capriles, es hijo (literalmente) de familias ligadas a la importación de alimentos y a la distribución de películas. Su padre fue una especie de franquicitario de Alimentos Kraft y la familia de su madre estableció una de las principales cadenas de cines del país. Asimismo sus más estrechos colaboradores provienen de familias con grandes negocios de importación y venta de equipos de línea blanca y línea gris.[20]
Los vegetales, las hortalizas, las carnes y los productos relacionados con el mantenimiento y funcionamiento de las viviendas también registran un aumento considerable de precios, explica Majano, mientras los empresarios se rehúsan a cumplir la nueva Ley de Trabajo promulgada por el presidente Hugo Chávez en 2012, en la que se dispone, entre otras normativas en favor de la clase trabajadora, una reducción de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales diurnas.
Pese a esta situación, el gobierno bolivariano ha continuado, de manera equivocada, haciendo un llamado a los empresarios para que trabajen en beneficio del país, a sabiendas de que lo único que buscan es la desestabilización del régimen.
Las medidas deberían apuntar a afectar los intereses de estos grupos poderosos para traspasar el control de la economía a la clase trabajadora mediante la nacionalización de las empresas y la expropiación de aquellas cuyos dueños saboteen la producción y economía venezolana.
En mayo de 2013 el presidente Nicolás Maduro ofrecía todo el apoyo del gobierno para que el grupo Polar produzca al máximo, mientras celebraba haber llegado a un acuerdo con el presidente de ese oligopolio, Lorenzo Mendoza. La fortuna de este representante de la oligarquía venezolana, que respaldó el golpe fascista de 2002, asciende a 4.500 millones de dólares.
El grupo Polar, que tiene mayoritariamente el control de la producción de alimentos en Venezuela, ha jugado un papel fundamental en esta guerra económica desde años anteriores. Este oligopolio produce cereales, harinas precocidas de maíz, margarinas, mermeladas, chocolate en polvo, mayonesas, refrescos, vinos, cervezas, enlatados del mar, helados, alimentos balanceados para animales.
En mayo de 2010, en el programa Aló Presidente, el Comandante Hugo Chávez, instruyó al entonces vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua “para que solicite a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir un procedimiento contra Empresas Polar por acaparar alimentos.”[21]
En aquella ocasión el Ejército “decomisó 120 toneladas de alimentos de los galpones de Empresas Polar ubicados en la Zona Industrial III de Barquisimeto, estado Lara, por inconsistencias en el inventario y acaparar estos alimentos de primera necesidad para los venezolanos y las venezolanas.”[22]
En junio de 2010 Chávez advertía además de una posible nacionalización de las empresas Polar, lo cual, lamentablemente, no se ha dado hasta la presente fecha.
Durante el año 2013 la GNB, en cumplimiento de las disposiciones emanadas por presidente Nicolás Maduro para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo venezolano, llevó adelante operativos para incautar toneladas de alimentos acaparados por empresarios y comerciantes cuyo objetivo era el de generar malestar entre la población como resultado de la escasez provocada.
El 9 de enero de 2013, la Agencia Venezolana de Noticias informaba que la Guardia Nacional Bolivariana había decomisado 346 toneladas de alimentos acaparados, los cuales se encontraban en un galpón de las empresas Polar.
En agosto de 2013, en el estado de Táchira, la GNB decomisó 40 toneladas de alimentos como arroz, leche, aceite, harina de maíz precocida, mayonesa así como artículos para la limpieza y el aseo personal, informaba en ese momento Venezolana de Televisión.[23]
En este contexto, los medios privados de comunicación como el periódico Hoy y El Comercio de Ecuador, fueron creando durante el 2013 una imagen de caos económico en Venezuela, de la cual fundamentalmente responsabilizaron al gobierno y sus políticas. Esto se vio acentuado debido a la enfermedad y posterior fallecimiento del presidente Hugo Chávez:
“La incertidumbre política pasa factura a la economía venezolana” (El Comercio, 10 de enero de 2013) redactado con informaciones provenientes de El Mercurio de Chile y El Nacional de Venezuela:
Azúcar, harina y pollo son algunos de los alimentos que más escasean en los mercados de la capital venezolana, una situación frecuente desde hace años pero que se ha agravado en las últimas semanas.
(…)
El problema es que en el gobierno de Chávez se han tomado una serie de medidas, desde el control de cambio hasta las expropiaciones, que han distorsionado el funcionamiento de la economía nacional y han acentuado la dependencia de la renta petrolera que provee el 95% de las divisas que entran al país.
Los desequilibrios macroeconómicos se agudizaron en los últimos dos años porque, para garantizar la reelección de Chávez en los comicios del 7 de octubre de 2012, el gobierno ejecutó una política de incremento de gasto público y endeudamiento masivo que llevó el déficit fiscal a un nivel cercano al 20% del PIB.
“Las estanterías se vacían en Venezuela” (El Comercio, 26 de enero de 2013), información acompañada de una fotografía con anaqueles sin productos, en la que se lee en el pie de foto: “Desabastecimiento elocuente. Una mujer busca alimentos para su hogar en un desabastecido mercado de la ciudad de Caracas.”
“La escasez otra vez aflige a los venezolanos” (El Comercio, 10 de febrero de 2013) reproduce un trabajo del The Wall Street Journal:
Venezuela está sufriendo la mayor crisis de abastecimiento de alimentos y bienes de consumo en casi cuatro años, y comprar harina y otros artículos básicos como carne, azúcar, aceite de cocina y papel higiénico se ha convertido en una auténtica odisea. Hasta cuesta hallar medicamentos como los inhaladores contra el asma.
Los líderes empresariales dicen que la explicación es simple: los controles cambiarios adoptados en 2003 para impedir las fugas de capital también complicaron la importación de bienes, mientras que la fijación de precios máximos, medida expandida a finales de 2011, no cubre los costos de producción.
Los economistas aseguran que la escasez causada por estos factores fue exacerbada por el gasto excesivo durante la campaña de reelección del presidente Hugo Chávez.
En los dos artículos mencionados se responsabiliza de la escasez de alimentos a las medidas de control de precios y de salida de divisas establecidas por el gobierno bolivariano, a la vez que se acusa al régimen de haber exacerbado el gasto para favorecer la reelección de Chávez, lo cual también, según estas informaciones publicadas en el periódico El Comercio, sería otra de las causas de la escasez.
El 3 de mayo de 2013 el periódico Hoy publicó un trabajo con el título: “Por lo que muestran sus cifras, Venezuela se acerca a la quiebra”, en el que afirma:
Venezuela, a criterio de los analistas económicos no solo de ese país, sino de la región, es una bomba de tiempo en materia financiera. Los números de su panorama económico, pese a la riqueza que, en teoría representa su ingreso petrolero ($91 mil millones) no cuadran a su favor y las deudas no perdonan. Pero, sobre todo, el costo social es alto todavía, pese a las proclamas gubernamentales de que la situación de los venezolanos ha mejorado sustancialmente en estos 14 años de chavismo.
En el trabajo mencionado se cita al columnista del Miami Herald, Andrés Openheimer, quien dice que el gobierno de Venezuela “ha tenido un pobre desempeño en la lucha contra la pobreza cuando se la compara con otros países latinoamericanos” para añadir que:
(…) aunque la pobreza en Venezuela cayó del 49% de la población al 26,8 % desde que Chávez asumió el poder en 1999, no ha sido algo de demasiada relevancia frente a los logros de Perú, por ejemplo, que redujo la pobreza del 49% al 27% de la población durante el mismo período, y Chile del 21% al 11%, según la CEPAL.
Mientras Perú, Chile, Brasil y otros países han reducido la pobreza mientras atraían inversiones y diversificaban sus exportaciones, Venezuela dilapidó su ingreso petrolero en publicidad, subsidios y bonos de pobreza, petróleo enviado a Cuba y canjes de crudo por productos, lo que no ha dado ganancias en efectivo y de eso, de iliquidez es de lo que más padece ese país.
El sesgo informativo queda en evidencia cuando según los datos expuestos en este trabajo, tanto Venezuela y Perú habrían reducido en igual porcentaje la pobreza, pero mientras lo que se ha hecho en Perú es digno de resaltar, lo realizado en Venezuela no es relevante. De igual manera se hace referencia a una supuesta dilapidación de fondos por parte de Venezuela en subsidios, bonos de pobreza y el envío de petróleo a Cuba. La preocupación del gobierno bolivariano por mejorar la situación de la población más pobre en Venezuela y los intercambios comerciales en condiciones diversas a las que históricamente bajo el capitalismo se han establecido entre los países, son consideradas por este artículo como una dilapidación de fondos.
Lo que no dice el periódico Hoy es que en 1999 el precio del barril del petróleo venezolano se comercializaba alrededor de 13 dólares, mientras la OPEP estaba a punto de desaparecer. Fue gracias al presidente Chávez que Venezuela recuperó la soberanía petrolera en beneficio del pueblo y que la OPEP se revitalizó. Actualmente el precio del barril del petróleo llega a los 105 dólares. Por otro lado la renta petrolera ha servido para llevar a cabo un sinnúmero de proyectos para el desarrollo integral de las y los venezolanos. Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha impulsado el Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País (Fondespa), así como ha respaldado las diversas misiones sociales desarrolladas por el gobierno bolivariano a lo largo de estos años. Fondespa se creó en mayo de 2004 y su propósito es el de invertir los excedentes petroleros en obras relacionadas con la infraestructura, la viabilidad, el desarrollo agrícola, la salud, la educación. Las misiones sociales tienen como propósito garantizar los derechos fundamentales a la población, principalmente a los sectores que históricamente fueron excluidos en Venezuela. A lo largo de estos años se han realizado diversas misiones en materia educativa, de salud, de vivienda, de cuidado al adulto mayor. A través de las misiones Milagro, Robinson, Barrio Adentro, Sucre, Alimentación, Ciencia, Vuelvan Caras, Guaicaipuro, Árbol, Ciencia, Energética se ha atendido las necesidades fundamentales de la población. Así, por ejemplo, a través de la misión Milagro se ha podido atender y dar solución a problemas visuales de la población no solo venezolana, sino latinoamericana, llegando hasta la presente fecha a ser atendidos 147.440 pacientes. De igual manera, la misión Ribas ha permitido atender a la población pobre en centros de salud creados con ese propósito. Estas misiones han contado con el apoyo solidario de Cuba.
La afirmación que se hace en el periódico Hoy de que Venezuela regala petróleo a Cuba, no es cierta. Ambos países mantienen acuerdos bilaterales que no responden estrictamente a la lógica mercantil capitalista, sino que están basados en principios de solidaridad y ayuda mutua. Cuba ha integrado a cerca de 46 mil profesionales que realizan actividades en más de 20 programas sociales, principalmente en las áreas de la educación y la salud, beneficiando a millones de personas pobres.[24] El “regalo” de petróleo del que habla la industria mediática, no existe.
Frente a la guerra económica, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dispuesto un sinnúmero de medidas para enfrentarla.
La designación de Eduardo Samán al frente del extinto Instituto para la Defensa de las Personas en el acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis), entidad que estuvo adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, cuya función era la de la defensa y protección de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes y servicios, fue positivo. Samán llevó adelante una lucha frontal contra la corrupción, la especulación y el acaparamiento.
Algunas medidas dispuestas por el presidente Maduro para que el Indepabis las ejecute fueron: el marcaje impreso de los precios de los bienes o servicios declarados o no de primera necesidad, la verificación en los establecimientos de que los bienes y servicios que se hayan adquirido se los haya hecho con divisas autorizadas por la Comisión de Administración de Divisas (entidad desaparecida y que hoy forma parte del Centro Nacional de Comercio Exterior), la fiscalización de las empresas del Estado que comercialicen bienes o presten servicios, la participación del poder popular para que en alianza con los militares se lleve adelante la lucha contra la especulación y el acaparamiento. El mandatario Nicolás Maduro planteó la creación de una poderosa red de comités populares de defensa de la economía.
A través del establecimiento de la Ley Habilitante para la Regulación de Costos y Precios, el gobierno de Maduro pretende frenar los actos delictivos de los empresarios y comerciantes. En este cuerpo legal se establecen normas para los márgenes de ganancia de empresarios y comerciantes de hasta un 30% máximo en todas las actividades económicas.
Estas medidas se suman a las tomadas bajo el gobierno del presidente Chávez como el establecimiento y creación de misiones y redes de mercados para el abastecimiento de productos a precios económicos, fundamentalmente a los sectores populares, como Mercal o la Red de Abasto Bicentenario. La “Misión Alimentación” ha sido importante para el suministro de productos de primera necesidad al pueblo.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación es el órgano encargado de llevar adelante estas políticas entre las que están el garantizar la seguridad alimentaria y rescatar la soberanía en este campo. El presidente Chávez, para concretar este objetivo, dejó sentadas las bases para el desarrollo de la Gran Misión Agro Venezuela. A través de ésta misión se ha previsto incrementar la frontera agrícola y propiciar el aumento en la producción de maíz, arroz, trigo, leguminosas y hortalizas.[25]
Durante el primer semestre de 1998, la pobreza era del 49%. Actualmente es de 23,9%. De igual manera el porcentaje de pobreza extrema ha disminuido del 21 al 7,3%.[26]Por otro lado, entre 1999 y 2011 el consumo de alimentos de primera necesidad se incrementó en 80%.[27]
La industria de la mentira no dice nada respecto a estos logros, a la vez que oculta y tergiversa la realidad sobre lo que sucede en materia económica en Venezuela.
El 9 de enero de 2013 el periódico Hoy publicó un análisis con el título “Venezuela está al borde del colapso económico”. El 17 de abril del mismo año hacía lo mismo con otro trabajo con el título: “Venezuela está al borde de lo peor”. El 16 de mayo de 2013 este periódico publica otra información con el título: “Venezuela: miles hacen cola para comprar harina”. El 26 de noviembre de 2013 con el título: “Venezuela está a un paso de llegar a la escasez absoluta” el periódico Hoy afirma que:
Las rebajas compulsivas de precios y los planes de limitar ganancias comerciales en Venezuela inquietan a analistas, agudizaron la escasez porque a las tiendas se les acabaron sus mercancías y no pueden reponerlas porque las obligan a vender sus productos a un precio por debajo de la realidad.
En octubre del año 2013 Maduro responsabilizó a Fedecámaras, Consecomercio y Venancham, organismos de los sectores empresariales y con vínculos con la actividad comercial, de la guerra económica contra el régimen, guerra detrás de la cual está el gobierno de EEUU.
Los empresarios y grandes comerciantes están boicoteando la economía del país y para ello han ocultado productos y han subido en forma exorbitante los precios de los alimentos, electrodomésticos y otros productos.
El 4 de diciembre de 2013 en un análisis del periódico Hoy publicado bajo el título: “Venezuela, la escasez se impone”, dice: “Aunque la crisis estaba ya instalada cuando vivía Hugo Chávez, se puede decir que con el arribo de su heredero político, Nicolás Maduro, la rica nación petrolera está en caída libre.” Este análisis se lo publica acompañado de una caricatura de Asdrúbal en la que se ve al presidente Maduro con un rostro parecido al de Hitler y con tanques de guerra sustituyendo a sus pies, en los que se lee “decretos”. La imagen que se quiere dar del actual presidente de Venezuela es la de un gobernante autoritario, cuyo régimen está basado en el poder militar.
