Con Info de Gara
El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha detallado en el Congreso algunas de las novedades de la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno del PP para que las personas arrestadas en disturbios callejeros ingresen en prisión, como había avanzado el pasado 2 de abril.
Así, ha anunciado que se incluirá como «delito de integración en organización criminal» alterar «gravemente el orden público» y convocar concentraciones «con tal fin» a través de cualquier medio de comunicación, como Internet y las redes sociales.
«Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación», han explicado desde el Ministerio de Interior, después de que en el interior del hemiciclo el ministro no haya podido terminar de concretar esta medida al finalizar el tiempo de su intervención.
«También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público», indica el Ministerio.
Atentado a la autoridad
Fernández Díaz ha avanzado en la Cámara el deseo de Interior de incluir «como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas».
En su intervención, ha lamentado que «por desgracia» estos actos no suceden solo en Barcelona, en referencia a los incidentes ocurridos en la jornada de huelga general. «No hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenismo jurídico», ha afirmado.
Posteriormente, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha ahondado en el asunto y ha señalado que los actos que alteran el orden público son «un fenómeno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades españolas, que se está generalizando y que según nuestro punto de vista no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el punto de vista jurídico».
Dos años de prisión
La idea con la que trabajan conjuntamente los ministerios de Interior y Justicia es, según ha explicado, castigar con una pena mínima de dos años de cárcel esas conductas, de modo que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso, decretarla.