Las características del feminicidio muestran cambios drásticos. Los expedientes policíacos de 18 entidades del país confirman que el 63 por ciento de las víctimas murieron como consecuencia de torturas, y fueron halladas en lugares públicos.
Sus cuerpos, mutilados o descuartizados, testimonian una encarnizada violencia; utilización desmedida de la fuerza física y aumento en el uso de armas de fuego.
Los expedientes policíacos señalan que los cuerpos inertes fueron abandonados en parajes solitarios, lotes baldíos, carreteras, caminos y brechas.
La abogada Soraya Vázquez, asesora jurídica del Instituto de la Mujer del Distrito Federal (capital de la República), sostuvo, en entrevista con SEMlac, que esta revelación contrasta con las estadísticas que durante los últimos años ubicaron al feminicidio como resultado de la violencia de pareja y reconfigura el mapa del crimen contra las mujeres por razones de género.
Hasta 2005 se podía afirmar que en el 67 por ciento de los casos las mujeres habían sido asesinadas en sus casas o en espacios privados o familiares, de acuerdo con la investigación sobre feminicidio que entonces hizo la Cámara de Diputados.
Un total de 14.000 violaciones sexuales sucedieron también en los últimos 24 meses, según informó la diputada Teresa Inchaústegui, de la Comisión sobre Feminicidios en la Cámara de Diputados, y de acuerdo con informes de las procuradurías de justicia en base a las denuncias registradas.
De los 1.728 feminicidios registrados entre 2009 y 2010 por el Observatorio Nacional del Feminicidio, llamó la atención que 36,31por ciento de las víctimas eran mujeres con actividad laboral o pública y que 40,9 por ciento correspondió a mujeres entre 10 y 30 años, informó la abogada Vázquez.
Lo alarmante, dijo la abogada, es que solo en 4,9 por ciento de 890 casos estudiados a fondo por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, las autoridades lograron detener, juzgar y sentenciar a los responsables.
Por ello dicho delito, aprobado hasta ahora en siete de las 32 entidades del país, se buscó configurarlo con datos objetivos, que no dejen duda a la autoridad, como el número de denuncias, las visitas de la víctima al Ministerio Público u otros datos históricos del caso.
Las imperfecciones de la configuración de este delito son tales en los Estados de México y Guanajuato, que ya se discuten reformas sobre su reciente tipificación.
La doctora Rosa Icela Ojeda, responsable del Observatorio del Feminicidio en el Estado de Guerrero e integrante de la Red Nacional de Investigadoras, dijo que la configuración del delito se está realizando tan rápidamente como una política del Ejecutivo que se empieza a caer en la simulación, porque no se dan datos objetivos con los cuales el juzgador pueda actuar.
En el fondo, esta situación podría ayudar a ocultar el tamaño y profundidad del problema, añadió.
La geografía
El Observatorio Nacional del Feminicidio analizó 11 entidades del país y sostiene que la situación es alarmante en el Estado de México, Ciudad Juárez, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, lo cual coincide con la geografía de lo que se llama en México la «guerra contra el narcotráfico», donde crece la militarización y la violencia social, siendo Ciudad Juárez el caso emblemático.
Solamente en la zona sursureste, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, sucedieron el 61,9 por ciento de estos feminicidios, según la procuradora de Género de Guerrero, Indalecia Pacheco León.
Esta entidad, por ser el escenario histórico de conflicto social y guerrilla, tiene el primer lugar en homicidios en general, y el feminicidio es 2,5 puntos más alto que el promedio nacional, dijo Pacheco a SEMlac. De acuerdo con las cifras de los observatorios, en Guerrero, al sureste del país, habría sucedido el 41,3 por ciento de los homicidios de mujeres de todo México.
Aún cuando los datos son contradictorios respecto de los sitios de mayor incidencia, a partir de las investigaciones que la Cámara de Diputados emprendió en 2004 y 2005 se ha podido precisar que en los últimos diez años, 10.000 mujeres han sido asesinadas por razones de género, en escenarios privados y públicos, con víctimas de todas las edades y diversas clases sociales, por lo que el problema tiene carácter nacional, pero de parte de las autoridades existe incomprensión, impunidad y desprecio.
Las investigaciones y los datos oficiales arrojan que son 15 entidades del país donde hay mayor número de casos: Chihuahua (Ciudad Juárez), Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Colima, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
El debate
En los últimos meses ha habido un intenso debate por la tipificación del delito de feminicidio y las características que debía mostrar.
Se situó en Guerrero, porque ahí se tipificó el delito en diciembre de 2010, constituyéndose en la primera entidad en hacerlo, y creció porque el 22 de abril, en plena Semana Santa, fueron asesinadas cuatro trabajadoras de una estética de belleza: Luvia Vázquez, (30 años), Elena Baños (19), Jacqueline de la Rosa (14) y Rubí Celia García (39).
A ésta última los asesinos le dejaron un cartel llamándola bruja y egoísta. Enseguida se les conectó con un acto del crimen organizado y se puso en duda el carácter genérico de los homicidios.
Rosa Icela Ojeda sostuvo que la mayoría de las mujeres por estar discriminadas y excluidas en distintos escenarios de la vida social, son asesinadas por ser mujeres y, de acuerdo con la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida sin Violencia, se considera feminicidio todo aquel en el que el estado no actúa, no previene, no protege y no da condiciones de seguridad a las mujeres.
Y es sobre esta línea de análisis cómo desde el Instituto Nacional de las Mujeres se ordenó tipificar el delito.
Las entrevistadas, Soraya, Indalecia, Rosa Icela e Irma Aguirre, funcionaria de la Secretaría de la Mujer en Guerrero, coincidieron en que la condición de las mexicanas las pone en riesgo sistemático de la violencia machista.
Hasta ahora se ha tipificado el feminicidio en seis entidades: Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Morelos, Veracruz y en el Distrito Federal. Según el análisis de Rosa Icela, del observatorio de Guerrero, y Soraya, las legislaciones ponen el acento en las relaciones de pareja, con lo cual se obvia la realidad de violencia de Estado, institucional o social.
Como ejemplo, Soraya Vázquez sostuvo que, en el Distrito Federal, sucedieron 203 homicidios de mujeres en 2010, de los cuales hasta el 58 por ciento fueron por violencia social y comunitaria, lo que indica que el delito no podrá configurarse integralmente.
En el Distrito Federal, donde se considera que existe la mejor forma de tipificar el feminicidio, sostuvo la abogada, se hizo una amplia investigación para sostener varias cuestiones centrales: cuando hay relación laboral, docente y una clara subordinación o superioridad del probable responsable, y cuando se trata de una relación sentimental o afectiva, ello se toma como un agravante.
La pena por este nuevo delito, el del feminicidio, es muy variable, de 35 años de cárcel en los estados donde se hizo sin pensar, hasta 70 años de cárcel en algunas entidades, como Morelos. En el Distrito Federal es de 20 a 50 años y hasta 60 cuando es la pareja.
El debate va a continuar. En muchas entidades y espacios legislativos hay una enorme resistencia para configurar el delito y respecto a su efectividad es en Guerrero donde ahora se analiza y se harán cambios próximamente.
Algunos datos
– La violencia en México ha dejado como saldo más de 500 desapariciones de mujeres en los últimos dos años.
- El feminicidio pasó de 2,5 por 100.000 habitantes mujeres a 3,6, creció 40 por ciento en los últimos cinco años.
- Se presume que existen 125.000 mujeres desplazadas por la guerra contra el narcotráfico.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano tipificar el delito de feminicidio, tras los hechos del Campo Algodonero, y conformar mecanismos eficientes para perseguir y castigar a los responsables. El Campo Algodonero se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país, donde ha sido emblemática la forma de matar a las mujeres y se encontraron siete cuerpos, con lo cual se constituyó en el primer caso llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia, dictada el pasado año, alude al todo el feminicidio en México y recomienda, justamente, tipificar ese delito.
