Noviembre ha estado marcado por diferentes noticias que han vuelto a situar a Myanmar en el centro de atención de la prensa internacional. Después de veinte años, la población del país ha asistido a unas elecciones el pasado día siete. Apenas tres días después, los dirigentes birmanos anunciaban el levantamiento del arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi, dirigente de la opositora Liga Nacional por la Democracia (NLD) e icono referencial para buena parte de Occidente. Y todo ello ha estado acompañado de un aumento de las tensiones y enfrentamientos armados entre diferentes organizaciones de las minorías étnicas de Myanmar y las fuerzas militares del gobierno central.
La junta militar que gobierna el país lleva tiempo desarrollando diferentes acciones de cara a resituar a Myanmar en una coyuntura más favorable, habida cuenta de las presiones que algunos actores internacionales comandados por Washington mantienen. En ese sentido algunas fuentes señalan que estos movimientos buscan en cierta medida romper el cerco al que está sometida Myanmar por parte de la mal llamada comunidad internacional.
Las recientes elecciones no han supuesto un cambio, más bien han confirmado las predicciones que se anticipaban. Por un lado, el triunfo aplastante de los partidos ligados a la actual junta militar, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) y el Partido Unidad Nacional (NUP), deja poco margen para una transformación radical, más allá del peso que pueden ir adquiriendo sectores civiles. Por otra parte, los resultados modestos de la opositora Fuerza Nacional Democrática deben ser analizados más allá de esta cita electoral. Finalmente, algunos candidatos de las minorías étnicas también habrían obtenido algún escaño.
La dificultad para contrastar los datos oficiales no permite valorar el llamamiento al boicot y no participación que han venido defendiendo las principales fuerzas opositoras, tanto a nivel estatal como por parte de representantes de minorías étnicas. Algunos analistas locales señalan que estas elecciones han supuesto un nuevo paso en el guión diseñado por la junta y que tuvo su antecedente más inmediato en el referéndum de 2008 que aprobó la nueva constitución y que cerró la puerta a buena parte de las demandas de la oposición y de las minorías étnicas.
Lo que cada día parece más evidente es que las divisiones en Myanmar afectan a todo el ámbito político. Así, dentro de los partidarios del actual gobierno encontramos diferentes posturas generacionales, y actitudes a veces enfrentadas entre los representantes del gobierno central y los regionales. Hay quien se atreve a apuntar asimismo que las posturas de los llamados tecnócratas y los que están más ligados hacia la seguridad.
Tampoco la oposición presenta una imagen unificada. La puesta en libertad de Suu Kyi está siendo un factor determinante para una parte importante del movimiento de oposición, pero incluso en éste se pueden ver posturas no coincidentes. La decisión de algunas formaciones de participar en las elecciones, las divisiones entre los diferentes sectores de la llamada oposición democrática (antiguos militares que apoyaron al dictador Ne Win, exmilitantes comunistas, parlamentarios anteriores a 1990), o el veto que la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi ha impuesto a movimientos populares como el de los estudiantes que se sublevaron en 1988 o el más reciente movimiento de monjes en 2007, son factores que impiden aceptar esa versión mediática de un única oposición dirigida por Suu Kyi. Y todo ello sin olvidar que algunos sectores de la oposición en el exilio tampoco comparten esa única voz.
Tras la euforia de los seguidores de Suu Kyi por la puesta en libertad de ésta, la dividida y fragmentada oposición birmana se ha encontrado con una dura realidad. Las deficiencias organizativas (fruto de la presión gubernamental, pero también de sus propios errores), los escasos recursos materiales y otras penurias condicionan sobremanera la participación normalizada en la vida política birmana.
Otro actor clave en el actual escenario birmano es el factor étnico. Myanmar presenta en su seno más de 130 etnias diferentes, muchas de ellas con sus propias organizaciones políticas y militares. Algunas de éstas mantienen un alto el fuego, e incluso colaboran, con el gobierno, mientras que otras siguen luchando con las armas en la mano para obtener un reconocimiento y unas instituciones propias. También nos encontramos con enfrentamientos interétnicos en lagunas zonas, y en otras ocasiones las organizaciones de un mismo grupo se enfrentan, sobre todo en el pasado, por su caracterización ideológica.
Los diferentes gobiernos birmanos han venido utilizando esa diversidad étnica para dividir y oprimir a los grupos étnicos. Además, intenta utilizar ese complejo mapa étnico para justificar sus políticas represivas y evitar afrontar una solución negociada. Sin embargo, hay quien sostiene que esa complejidad no es más que una excusa. ?En términos políticos, tan sólo hay ocho estados étnicos (Arakan, Bamar, Chin, Kachin, Shan, Kayah, Karen y Mon). Las denominadas 135 razas nacionales son en realidad el número de dialectos diferentes que hablan los subgrupos de los tres grupos mayoritarios. El problema, por tanto, no debería ser tan complicado como lo pinta la junta militar.
Los intentos del gobierno para desarmar a los grupos de las minorías ha encontrado el rechazo incluso entre aquellas formaciones que mantenían un alto el fuego. Unido además a la decisión gubernamental que los militantes de dichas organizaciones pasen a formar una nueva organización paramilitar que combata a aquellos que no mantienen un cese de las hostilidades, y sobre todo a la aprobación de la reciente constitución (2008) que cerraba la puerta a la mayoría de las demandas de esas minorías.
Tampoco conviene perder de vista los recelos que buena parte de estas organizaciones mantienen hacia la llamadaoposición democrática liderada por Suu Kyi, ya que temen que primen los intereses estatales por encima de los reconocimientos de los derechos nacionales de las minorías. La propia Suu Kyi es consciente de ese recelo, y por ello no ha tardado en señalar públicamente la necesidad de articular un nuevo discurso que atraiga los recursos de las minorías hacia un mismo proyecto.
La negociación debe ser el paso para articular un camino de cara a una reconciliación y superación del conflicto en Myanmar. Un proceso que giraría sobre tres actores principales, el gobierno actual, es decir la junta militar, la llamada oposición democrática y las minorías étnicas. Y todo ello sin ingerencias externas, ya que hasta la fechas la política internacional también ha condicionado el devenir del país y sus habitantes. Con EEUU y sus aliados promoviendo políticas de embargo sanciones contra la junta (pero que acaban pagando los sectores más desfavorecidos de Myanmar) o con China haciéndose con el control de las tierras de los grupos nacionales con el beneplácito de los actuales dirigentes birmanos.
Los datos no ayudan al optimismo. Más allá de los diferentes enfrentamiento sen clave política, Myanmar acoge a más de un treinta de su población viviendo en la pobreza (más del 90% vive con poco más de 60 céntimos al día), cerca de una tercera parte de la infancia sufre malnutrición y el fracaso escolar alcanza cifras demasiado altas. A todo ello se suman las catástrofes naturales (ciclones e inundaciones), el desempleo, y el aumento de los precios de los alimentos (tanto por la crisis mundial, como por la política de embargo y sanciones).
Los próximos meses la tensión irá en aumento por todo ese abanico de enfrentamientos, y por los intereses de los actores extranjeros. Sin embargo, para que los pueblos que a día de hoy viven dentro de Myanmar puedan afrontar un futuro mejor, se impone corregir las políticas erróneas que se ha mantenido a día de hoy y buscar una salida negociada que respete la voluntad de los diferentes actores.
TXENTE REKONDO.- Gabinete Vasco de Análisis Internacional (GAIN)