La detención y la cárcel no empiezan con un delito, sino con decisiones gubernativas que condicionan la investigación, la declaración de culpabilidad, la acusación, el juicio y la sentencia Euskal Herria tiene bastantes iconos vinculados a la muerte y tortura. La cal de Lasa y Zabala, los pulmones encharcados de Zabalza, el azul de Unai Romano, el rojo eléctrico de Iratxe
El tono anodino utilizado en las comparecencias por el Rey español,Zapatero, Rubalcaba y demás séquito al recitar y canturrear como un misterio del rosario «todas las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado», obliga al autor a no distinguir de la letanía tatareada de una fuerza de otra, ni a resaltar un cuerpo más que otro, para destacar la falta de deontología que hacen gala los dirigentes en la salvaguarda de la seguridad del Estado.
El nivel democrático de una sociedad, depende de la manera que los dirigentes del gobierno exigen a los organismos de seguridad que respondan a los diferentes actos de criminalidad y también de la aplicación y seguimiento de un código deontológico de los contratados para certificar nuestra seguridad. Consecuentemente, cualquier país que viva permanentemente bajo un estado policial sufrirá también un estado de excepción de todos los derechos humanos y civiles.
En la última década en Euskal Herria la detención y la cárcel no empiezan con un delito, sino por una serie de decisiones gubernativas que al amparo de un españolismo trasnochado condicionan el período de la investigación, la declaración de culpabilidad, de la acusación, del juicio y la sentencia.
Estas decisiones, diferentes en cada momento del proceso, abarcan desde la permisividad de la tortura en la fase de la investigación y declaración de culpabilidad, hasta la definición de «todo es ETA» en el tiempo del juicio y la sentencia.
Sólo al albur de estas decisiones gubernativas se entiende que el Estado español esté a la cabeza del encarcelamiento con 140 presos por 100.000 habitantes, en contraste con los 98 de Alemania, los 88 de Francia y los 68 por 100.000 habitantes de Noruega. Y sólo un miedo irracional a la libertad de los pueblos es lo que facilita a personas muy especiales perder el equilibrio apropiado a sus responsabilidades. Sólo así, bajo esta dinámica gubernativa tan españolísima se entiende que actualmente haya más prisioneros vascos en las cárceles españolas que en los peores tiempos de Franco.
Pero, ¿cuál es la ética y la deontología que exigieron los dirigentes españoles a las fuerzas y cuerpos de la seguridad, a lo largo de los últimos siglos por el bien de España? Existen dos iconos vinculados con la independencia de sus respectivas naciones, que sufrieron el mismo ritual de mutilación por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del imperio español.
El primero es el catalán General Moragues, que al ser derrotado en 1714 por las fuerzas del Borbón, Felipe V, las crónicas de la época relataban que en 1715 fue arrastrado vivo por un caballo por las calles de Barcelona, degollado y hecho cuartos y su cabeza puesta en una jaula encima de la Puerta del Mar para escarnio de la población con una inscripción que decía: «Josep Moragues por haber cometido el crimen de una rebelión contumaz, abusando dos veces de la clemencia real, finalmente la tercera fue preso y ejecutado por la Justicia». Pese a los repetidos ruegos de su viuda la jaula permaneció colgada en el mismo sitio durante 12 años.
El segundo icono, muestra como el españolismo lleva el horror de la unidad de su imperio cien años más tarde, hasta las últimas consecuencias sea este un general o un sacerdote. La cabeza del clérigo criollo, Miguel Hidalgo y Costilla fue mutilada en 1811 por las tropas españolas para escarmiento del pueblo mexicano que luchaba por la independencia del trono español. Enjaulada la cabeza del sacerdote y colgada en las cuatro esquinas permaneció allí, hasta que el pueblo consiguió la independencia. Hoy el sacerdote es considerado padre de la patria mexicana y el general Moragues hijo ilustre de varios pueblos catalanes.
Hoy en el siglo XXI, la deontología que predican los dirigentes españoles ¿se acuerdan del fumigar de Iturgaiz?, está lejos para que los cuerpos y fuerzas de seguridad traten a los ciudadanos de una forma que la podamos definir como digna, humana y justa.
La condición humana básica, no se puede perder por una decisión gubernativa. La historia moderna de Euskal Herria ya tiene bastantes iconos vinculados con la muerte y la tortura. La cal de Lasa y Zabala, los pulmones encharcados de Zabalza, el azul de Unai Romano, el rojo eléctrico de Iratxe, y aquel vudú escalofriante para descabezar con tiros a los vivos en el papel, dentro de las dependencias policiales, llevan a la conclusión que la falta de un código ético, ¿cuestión de genes o de herencia histórica?, convierte la selección y la formación de personas de las fuerzas cuerpos de seguridad en una tarea muy difícil.
La gestión de un Gobierno ha de encuadrarse en un marco ético, para que los subordinados y contratados no caigan en la barbarie. La tortura denunciada estos últimos días por los detenidos por las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, frente al juez Grande-Marlaska lo atestigua.
Quisiera recordar a Pasqual Maragall, estos días en el Zinemaldia de Donostia, que cuando escuchó los casos de tortura de los periodistas de «Egunkaria», dijo libremente: «Yo me lo creo».
