[Traducido del francés para La Haine por Felisa Sastre] EE.UU. impuso en Kyoto una cláusula por la que las operaciones militares estarían totalmente exentas de control
Al final de la Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático- que reunió a más 15.000 participantes venidos de 192 países, entre ellos un centenar de jefes de Estado, y a unos 100.000 manifestantes- se impone una pregunta: ¿Cómo es posible que el mayor contaminador del planeta, tanto si se trata de dióxido de carbono o de cualesquiera otras emisiones tóxicas, no haya sido objeto de discusión alguna ni de propuesta de reducción de sus emisiones?
El Pentágono, se mire como se mire, es la institución que consume la mayor cantidad de productos petroleros y, con carácter general, de energía, pero siempre se beneficia de mantenerse al margen de todos los acuerdos internacionales sobre la materia.
Ni las guerras que mantiene en Iraq y Afganistán, ni sus operaciones secretas en Pakistán, ni el mantenimiento del millar de bases que tiene en todo el mundo, ni sus 6.000 instalaciones en Estados Unidos, ni las operaciones de la OTAN, ni sus portaaviones, flota aérea, maniobras, pruebas o ventas de armas se tienen en cuenta a la hora de establecer las cuotas de emisión de gases invernadero para Estados Unidos.
El 17 de febrero de 2007, Energy Bulletin publicaba el consumo de petróleo del Pentágono solo para sus aviones, barcos, vehículos terrestres e instalaciones, unas cifras que le convertían en el primer consumidor de petróleo del mundo. En aquellos momentos, la marina estadounidense disponía de 285 buques de combate y de transporte, y de unos 4.000 aviones de guerra. El ejército de tierra tenía unos 28.000 vehículos blindados, 140.000 todo terreno, 4.000 helicópteros de combate, varios cientos de aviones y 187.500 coches. Con la excepción de los 80 submarinos y portaaviones nucleares- fuente de contaminación radioactiva‑, el resto de los vehículos funcionan con carburantes.
Según la clasificación publicada en la edición de 2006 del CIA World Factbook [Anuario de la CIA] [1], sólo 35 países (de los 210 existentes en el mundo) consumen diariamente más petróleo que el Pentágono.
Oficialmente, el ejército estadounidense consume al día 320.000 barriles de petróleo, una cifra en la que no se incluye el consumo de las empresas que trabajan a sus órdenes ni el de las instalaciones alquiladas o privatizadas, por no hablar de las enormes cantidades de energía y de reservas invertidas en la producción y mantenimiento de su arsenal mortífero de bombas, granadas o misiles.
Según Steve Ktreztman, director de Oil Change International [2], “la guerra de Iraq ha producido al menos el equivalente a 141 millones de toneladas de dióxido de carbono desde marzo de 2003 a diciembre de 2007 (…) La guerra emite más emisiones que el 60% de los países del mundo en su conjunto (…) Es una información no disponible porque que las emanaciones tóxicas producidas por el ejército fuera de Estados Unidos no están sujetas a las leyes estadounidenses que obligan a declararlas, ni a la convención- marco de la ONU sobre el cambio climático (www.naomiklein.org). La mayoría de los científicos coinciden en que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que influye en el cambio climático.
En su nuevo libro “The Green Zone: The Environmental Costs of Militarism” [Zona Verde: Los costes medioambientales del militarismo], Bryan Farell señala que “la peor agresión cometida contra el medio ambiente y contra la población mundial es responsabilidad de una sola organización: el ejército de Estados Unidos.»
¿Cómo es posible, entonces, que el Pentágono no se vea afectado por los acuerdos sobre el clima? Durante las negociaciones del acuerdo de Kioto, Estados Unidos impuso una cláusula en la que se precisaba que las operaciones militares que llevaran a cabo en todo el mundo y aquellas en las que participaran con la ONU o la OTAN estarían totalmente exentas de cualquier medida de control o reducción. Y una vez obtenida esta monstruosa concesión, el gobierno Bush se negó a firmar el acuerdo.
En un artículo publicado el 18 de mayo de 1998, titulado “National security and military Policy involved in the Kyoto treaty” [Temas de la seguridad nacional y de la política militar implicados en el Tratado de Kioto], la posición del Pentágono quedó plasmada por Jeffrey Salmon, quien citaba el informe anual de 1997, presentado al Congreso por el secretario de Defensa de la época, William Cohen: “ El Departamento de Defensa recomienda encarecidamente que Estados Unidos insista para que se incluya una disposición sobre la seguridad nacional en el protocolo sobre el cambio climático actualmente en negociación”.( 
www.marshall.org )
Según Jeffrey Salmon, esta disposición se formuló en el marco de un proyecto que exigía que el conjunto del sector militar no se viera sometido a los límites fijados para la emisión de gases de efecto invernadero. El proyecto incluía no sólo las operaciones multilaterales, como las autorizadas por la ONU o la OTAN, sino cualquier operación más o menos relacionada con la seguridad nacional, es decir todas las operaciones militares unilaterales y las maniobras previas a su puesta en marcha”.
Jeffrey Salmon citaba, asimismo, al subsecretario de Estado, Stuart Eizenstat, presidente de la delegación estadounidense en Kioto, quien declaraba: “el Departamento de Defensa y los militares que me han acompañado en Kioto han conseguido todo lo que pedían, porque se trata de autodefensa, del mantenimiento de la paz, de ayuda humanitaria”.
Aunque Estados Unidos había recibido todas las garantías durante las negociaciones, el Congreso estadounidense adoptó una disposición explícita que garantizaba la exención total [del límite de emisiones] para las actividades militares. El 21 de mayo de 1998, Inter Press Services publicaba: “Golpe definitivo a los esfuerzos internacionales para frenar el calentamiento global: los legisladores estadounidenses han decidido hoy que las operaciones militares de Estados Unidos no estarán sometidas al acuerdo de Kioto, en el que se han establecido compromisos para la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. La Cámara de Representantes ha aprobado una enmienda a la ley del presupuesto militar para el año próximo que exime a las fuerzas armadas de la reducción prevista en los protocolos de Kioto”.
Ahora en Copenhague, los acuerdos y recomendaciones relativos a los gases invernadero siguen de actualidad, pero será muy difícil encontrar ni una sola alusión a esta omisión flagrante.
Johanna Peace, periodista especializada en cuestiones medioambientales, insiste en que las actividades militares no se verán afectadas por una decisión del poder ejecutivo, firmada por el presidente Barack Obama, que imponga a las agencias federales la reducción de sus emisiones de gas hasta 2020. Sin embargo, “la demanda de energía del gobierno federal en un 80% va destinada al ejército” (solveclimate.com, 1 de septiembre de 2009).
La exclusión de la totalidad de las operaciones del Pentágono falsea los datos relativos a la emisión de dióxido de carbono por parte de Estados Unidos, que parece netamente inferior a la real. Lo que no impide que, incluso sin contar las actividades militares, Estados Unidos se sitúe a la cabeza de la clasificación mundial en este tema.
Otras sustancias contaminantes
Además de dióxido de carbono, las operaciones militares estadounidenses lanzan a la atmósfera, a las agua y al suelo otras sustancias muy tóxicas y radioactivas.
Las armas estadounidenses con uranio empobrecido han liberado decenas de toneladas de micro partículas radioactivas altamente tóxicas en Oriente Próximo, Asia Central y los Balcanes.
Estados Unidos vende minas terrestres y bombas de racimo, dos tipos de armas que ocasionan explosiones retardadas, causantes de heridas y mutilaciones especialmente entre los campesinos y los habitantes de las zonas rurales de África, Asia y Latinoamérica. Como un simple ejemplo: durante la invasión de Líbano en 2006, Israel lanzó más de un millón de este tipo de bombas de fabricación estadounidense.
La guerra de Vietnam contaminó con el herbicida conocido como “agente naranja” grandes superficies que, todavía hoy, presentan un índice de dioxina superior en 300 o 400 veces al considerado “inocuo”. Tres generaciones después, los casos de graves malformaciones congénitas y de enfermedades cancerosas debidas a la contaminación medioambiental siguen siendo muy numerosas.
La guerra de Iraq de 1991, seguida de los trece años de sanciones para debilitar al país, y la invasión y ocupación estadounidense desde 2003, han convertido esta región- granero de Oriente Próximo desde hace más de 5.000 años- en un desastre ecológico. Las tierras cultivables y fértiles han quedado transformadas en un desierto, en el que la más ligera brisa levanta nubes de polvo tóxico. Iraq, que en otros tiempos exportaba productos alimenticios, se ve obligada ahora a importar el 80% de sus víveres. Según el ministerio de Agricultura iraquí, el 90 % de la superficie cultivable del país sufre una grave desertificación.
Guerra ecológica interna
El Departamento de Defensa tiene por costumbre enfrentarse a la Agencia de Protección ambiental cuando ésta le exige oficialmente a que sanee las bases estadounidenses contaminadas (Washington Post, 30 de junio de 2008.). Las bases militares del Pentágono, responsables de la infiltración de sustancias tóxicas en los acuíferos y en los suelos, ocupan el primer lugar de la lista “Superfund” [3] de los lugares más contaminados.
El Pentágono, asimismo, ha torpedeado todos los intentos de la Agencia para implantar nuevas normas relativas a los productos tóxicos, de los que las instalaciones militares están llenas: el perclorato, que se utiliza en la composición de los propulsores de cohetes y misiles, y el tricloroetileno, utilizado para desengrasar las piezas metálicas. Este último es el contaminante del agua más extendido en el país, especialmente en California. Nueva York, Texas y Florida.
En Estados Unidos, más de 1.000 instalaciones militares están contaminadas por productos químicos y las comunidades más pobres, en especial las afro-estadounidenses, son las más perjudicadas. En el suroeste de Estados Unidos y en las islas del Pacífico sur, las pruebas con armas nucleares han diseminado sustancias radioactivas en millones de lugares y de fuentes de agua. Montañas de residuos de uranio, tóxicos y radioactivos, quedan abandonados en los territorios indígenas del suroeste y más de 1.000 minas de este mineral se encuentran abandonadas en la reserva de los Navajos en Arizona y Nuevo México.
En el mundo entero, bien sea en sus antiguas bases o en las bases actuales en Puerto Rico, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, Laos, Camboya, Japón, Nicaragua, Panamá o en la antigua Yugoslavia, el Pentágono actúa criminalmente al abandonar barriles corroídos que contienen productos químicos, disolventes y millones de cartuchos de municiones.
Para que desaparezca una gran parte de la contaminación sería necesario suprimir el Pentágono; el combate contra el cambio climático debe traer un cambio radical del sistema.
Notas de la traductora al francés
[1] Publicación anual oficial de la CIA con datos de todos los países del mundo, desde el punto de vista geográfico, demográfico, político, económico, y militar.
[3] La ley federal estadounidense sobre el saneamiento de los lugares contaminados por basuras tóxicas, en la que se ampara la Agencia de Protección Medioambiental para identificar a los responsables de la contaminación y obligarles a erradicarla. http://en.wikipedia.org/wiki/Superfund
Fuente: IAC
Michelcollon.info, 6 de enero de 2010
