La Cumbre Iberoamericana planteó “la necesidad de poner fin al embargo, económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América a Cuba, incluyendo la llamada ley Helms-Burton, contraria al derecho internacional”.
A través de un comunicado especial, los jefes de Estado y gobierno de los 34 países presentes en Estoril, pidieron al gobierno estadounidense “que cumpla con lo dispuesto en 18 resoluciones sucesivas aprobadas en la asamblea general de Naciones Unidas y ponga fin al embargo económico, comercial y financiero que mantiene contra Cuba”.
“Solicitamos en particular al gobierno de Estados Unidos que, con carácter inmediato, interrumpa la aplicación de medidas adoptadas en el curso de los últimos cinco anos con el objetivo de fortalecer y profundizar el impacto de su política de embargo económico, comercial y financiero a Cuba”, indicó el comunicado.
“Reafirmamos una vez mas que en la defensa del libre intercambio y la práctica transparente del comercio internacional resulta inaceptable la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que afectan el bienestar de los pueblos, el acceso al pleno usufructo de los beneficios de la cooperación internacional en el ámbito de la innovación y el conocimiento y la construcción de los procesos de integración”, concluyó.
Por otra parte, los países de la comunidad repudiaron “el hecho de que no haya sido procesado por terrorismo el responsable del atentado terrorista (en 1976) a un avión de Cubana de Aviación, que causó la muerte de 73 civiles inocentes” y apoyaron “las gestiones para obtener su extradición y someterlo a la justicia”.
Los mandatarios iberoamericanos solicitaron a los Estados “que, en el ámbito de las Naciones Unidas, cooperen para llegar a un entendimiento sobre el acuerdo general contra el terrorismo internacional”.
Instaron a todos los países “que no lo hayan hecho, a que consideren la posibilidad de adherirse, urgentemente, a todas las convenciones y protocolos relativos al terrorismo”.
Los países de la región se comprometieron además a “tomar medidas para prevenir, penalizar y eliminar la financiación y la preparación de cualquier acto terrorista y a negar refugio a los instigadores, financiadores, autores, promotores o participantes en actividades terroristas”.
