Fernando Sota, condenado por un «delito de enaltecimiento del terrorismo» por colocar fotos de los presos Ines del Rio y Josu Bravo, se encuentra en búsqueda y captura tras una polémica decisión de la AN que le obligaría a cumplir un año de cárcel al no aceptar la suspensión de la pena o la sustitución de esta por una multa.
La justicia española ha vuelto a mostrar su rostro más vengativo. En esta ocasión, su víctima es un vecino de Tafalla, Fernando Sota, que fue acusado y condenado por la colocación de las fotos de los presos políticos Ines Del Rio y Josu Bravo.
Se da la circunstacia de que Ines Del Río seguía en prisión pese a haber cumplido su condena por la aplicación de la «Doctrina Parot» y que Josu Bravo había cumplido las 3⁄4 partes de su condena, por lo que tendría derecho a la libertad condicional.
Pese a ello, la Audiencia Nacional consideró que se trataba de un acto de enaltecimiento del terrorismo y tras condenarlo a un año de prisión, ahora ha ordenado su ingreso en la cárcel. De hecho, ha enviado una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión a la Guardia Civil.
«Escándalo judicial»
Ahotsa.info ha podido recabar la opinión de su abogada Jaione Karrera, que se ha mostrado «escandalizada» por la decisión de la Sala 2ª de la Audiencia Nacional, cuya ponente ha sido la Magistrada Concepción Espejel. «Es un escándalo ordenar el ingreso en prisión de una persona condenada de un año de cárcel. Más cuando el delito que se le atribuye es simplemente el de colocar las fotografias de presos que deberían de estar en libertad».
La abogada navarra ha informado de que en su día, y ante la negativa del Fiscal a dejar en suspenso la condena, lo cual es habitual en castigos inferiores a dos años de cárcel, solicitaron que se cambiara la pena de prisión por una multa económica, pero esto también se les ha denegado. La Audiencia Nacional argumenta que Sota ha sido condenado en otras ocasiones y que se trata de un «reincidente», aunque todas las condenas anteriores ya esten cumplidas y carezaca de antecedentes computables. Karrera denuncia también que ni siquiera les han dado tiempo ha presentar un recurso contra esta decisión antes de ordenar a la Guardia Civil que detengan al vecino de Tafalla, ni tampoco le ha dado un plazo de tiempo para su ingreso voluntario en prisión, como también suele ser habitual.
La juez Concepción Espejel ha tenido recientemente otras actuaciones polémicas, como la orden de encarcelamiento de Ibon Iparragirre, preso político de Ondarroa que se encuentra grávemente enfermo y que había sido excarcelado por este motivo anteriormente.
