(Resumen de la ponencia presentada en la mesa redonda La tortura, ¿delito o arma de guerra? en la Semana Negra de Gijón)
Si entráis en la web de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (www.prevenciontortura.org), integrada por más de cuarenta organizaciones de todo el Estado español, encontraréis, entre otras cosas, el último informe de la CPDT, que revela que, en 2013, 527 personas denunciaron haber sido torturadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Teniendo en cuenta que denunciar torturas es tan difícil como arriesgado, pues la policía amenaza sistemáticamente con contradenunciar a las víctimas por supuestas agresiones, y considerando, además, que la confianza de la población en las instituciones que deberían castigar estos delitos es cada vez menor, podemos afirmar que los casos reales son muchos más que los denunciados, lo que significa que varias personas son torturadas impunemente cada día en comisarías, cuartelillos y prisiones. Y a este dato escalofriante hay que añadir otro aún más terrible: en 2013 se produjeron 47 muertes bajo custodia policial, muertes que en lo que va de siglo ascienden a 583.
La tortura, la más repugnante forma de represión y de abuso de poder, es obviamente incompatible con el Estado de derecho, y por eso su práctica sistemática nunca es reconocida. Pero negar la evidencia de la tortura es cada vez más difícil. Cada vez requiere mayor cinismo por parte del poder y mayor necedad por parte de quienes se creen sus mentiras y omisiones, pues el conocimiento de los hechos objetivos ‑los obstinados hechos- está, cada vez más, al alcance de cualquiera que tenga acceso a un ordenador. Hoy día, negar la tortura es como negar el Holocausto: requiere el mismo grado de obcecación o perversidad.
Hace tan solo quince o veinte años, para comprobar que la tortura es una práctica sistemática e impune (lo que equivale a decir que es una estrategia política), había que emprender una difícil labor de investigación. Pero en la actualidad las evidencias son tan abrumadoras como fácilmente accesibles, y negarse a verlas o a sacar las conclusiones pertinentes equivale a ser cómplice de la mayor de las infamias. Basta con leer los informes de organizaciones tan poco sospechosas de radicalismo como Amnistía Internacional o la propia ONU para darse cuenta de que algo huele a podrido en nuestra supuesta democracia.
Por eso en un futuro inmediato asistiremos, con respecto a la tortura, a un cambio de estrategia. Cuando ya no sea posible negarla ‑y ya no lo es‑, se intentará minimizarla. No es casual que en los últimos tiempos empiecen a verse en la televisión ignominiosas escenas de malos tratos grabadas por las cámaras instaladas en comisarías y cuartelillos, y tampoco es casual que algunos casos de corrupción y abusos policiales sean aireados insistentemente por los medios de comunicación. Cuando los síntomas ya no pueden ocultarse, se intenta falsear el diagnóstico. Ahora pretenderán hacernos creer que los casos de brutalidad policial son aisladas excepciones que confirman la regla democrática, y que la ley los persigue con el mayor rigor.
Ahora que la negación ya no es posible, los cuatro poderes (el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el mediático) intentarán relativizar la tortura y los malos tratos centrando la atención en algunos casos cuidadosamente elegidos, con la esperanza de que los árboles nos impidan ver el bosque. Pero no lo conseguirán: se puede engañar una vez a todo el mundo y todas las veces a una persona; pero no se puede engañar todas las veces a todo el mundo. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiadas acusaciones no desmentidas, demasiadas imágenes imborrables de rostros desfigurados y cuerpos ultrajados, demasiados testimonios tan estremecedores como el de Amaia Urizar, violada por un guardia civil con una pistola (1). Y hoy, gracias a internet, articular en un cuadro coherente y significativo los datos que el poder intenta dispersar está al alcance de cualquiera. Para no enterarse de lo que sucede, ya no basta con mirar hacia otro lado: hay que taparse los ojos y las orejas, como los monos de Confucio. Y hay que taparse la boca con ambas manos para no gritar pidiendo la cabeza de los culpables.
Para terminar, leeré un resumen de mi intervención en las Jornadas sobre la Prevención de la Tortura celebradas en Barcelona en 2006, cuyos argumentos, por desgracia, siguen plenamente vigentes:
La impunidad de la tortura la convierte en una cuestión política. Si la tortura no quedara sistemáticamente impune, estaríamos frente a un problema fundamentalmente legal: se trataría, en el marco de un Estado de derecho, de velar por la adecuada aplicación de las leyes que permitieran combatirla eficazmente. Pero los torturadores casi nunca son condenados, y las pocas veces que lo son, no cumplen las penas (que, además, suelen ser ridículas). Y esta impunidad sistemática (o sistémica, puesto que es una estrategia del sistema tendente a quebrar toda forma de disidencia) solo es posible con la complicidad de los tres poderes ‑el legislativo, el ejecutivo y el judicial‑, junto con la del llamado “cuarto poder”: los medios de comunicación, que con su silencio y sus tergiversaciones contribuyen de forma decisiva a ocultar esta gravísima lacra social (y política, sobre todo política) a los ojos de la opinión pública.
Por lo tanto, quienes pretendemos erradicar la tortura no estamos trabajando por mejorar una democracia imperfecta, pero democracia al fin y al cabo, como creen algunos: estamos luchando, simple y llanamente, contra el terrorismo de Estado, y nuestra lucha solo puede adquirir pleno significado y plena eficacia en el marco de una batalla política que, en última instancia, es una guerra sin cuartel contra la barbarie capitalista.
Esta batalla se libra en varios frentes, y uno de los más importantes es el de las ideas, es decir, el de las palabras. El mero hecho de hablar de “democracia” en un país en el que se tortura impunemente, es un insulto a los miles de víctimas directas del terrorismo de Estado. El mero hecho de aplicar el término “terrorista” exclusivamente a quienes se defienden del terrorismo de Estado, es un insulto a la razón (e incluso al diccionario, donde se dice claramente que terrorismo es la dominación mediante el terror, no cualquier acción que cause dolor o alarma social desde la clandestinidad). Esto no significa, ni mucho menos, que todas las reacciones contra el terrorismo de Estado sean justificables; pero llamar, por ejemplo, “terroristas islámicos” a quienes se defienden como pueden del terrorismo judeocristiano, es una forma de terrorismo lingüístico. Por no hablar de la demonización de ETA y de su supuesto “entorno”. Como dice Alfonso Sastre, se llama “terrorismo” a la guerra de los pobres y “guerra” al terrorismo de los ricos.
En un momento en el que la dominación se ejerce con las palabras tanto como con las armas, tenemos la obligación moral y política de desarrollar, articular y difundir un discurso alternativo. Y de no permitir que se demonice a quienes, víctimas de las palabras y de las armas del poder, no se resignan a defenderse solo con las palabras.
(1) Cf. Si yo fuera guardia civil: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=9537
