Un documento interno, que la Guardia Civil dejó sorprendentemente olvidado tras un registro, ha dejado negro sobre blanco lo que, por otra parte, era más que obvio: que los militantes vascos incomunicados son sometidos a interrogatorios ilegales cuyo objetivo es el de «obtener manifestaciones que ratifiquen las imputaciones judiciales que existen»; es decir, autoinculpaciones y confesiones.
En efecto, según la ley, si el detenido desea declarar, lo debe hacer siempre ante el instructor policial, el secretario y el abogado, que es siempre de oficio en casos de incomunicación. Cualquier otro interrogatorio es ilegal, pero éstos han sido y son tan habituales que a Juan María Atutxa, entonces Consejero del Interior del Gobierno vasco, se le escapó en una ocasión que «evidentemente, cuando se detiene a un miembro de un comando lo primero que se hace en comisaría no es invitarle a cenar. Por supuesto que no, pero se le leen sus derechos y se inicia el interrogatorio». Sin embargo, el hecho de que su Policía interrogara a las personas incomunicadas sin la presencia de un abogado no por habitual deja de ser absolutamente ilegal, incluso aplicando la legislación antiterrorista.
El objetivo de dichos interrogatorios es preparar las confesiones que será obligado a hacer el torturado en un interrogatorio legal ante abogado de oficio. Y si se niega a ello, o no sigue exactamente el guión preestablecido, ya sabe lo que le espera.
De todos modos, la incomunicación, aun sin torturas, es en sí una forma de maltrato y está diseñada para conseguir autoinculpaciones. Una impecable tesis doctoral disponible en Internet, «Les gardes à vue dérogatoires», analiza dicha incomunicación en el caso francés y muestra que el objetivo de dicho método, basado en la experiencia torturadora adquirida en la Guerra de Argelia, es el de romper la resistencia física y psicológica de una persona a la que se quiere hacer confesar. Afirma en concreto que «puede ser analizado como una cierta forma de tortura legal, destinada a vencer esa resistencia», pero bien es verdad que su eficacia, sin mediar torturas, es, al menos en el caso de los militantes vascos arrestados en el Estado francés, bien escasa, porque la gran mayoría de ellos se niegan a declarar, y las confesiones son harto raras.
En cambio, los detenidos en el Estado español cuentan una y otra vez todo «con pelos y señales». ¿Por qué será? Por la tortura, por supuesto. Porque la combinación de incomunicación y tortura es tremendamente eficaz para las autoridades que dan el visto bueno a dichos métodos. Y lo hacen con la absoluta complicidad, entre otros, de los grandes medios de comunicación, que imponen un espeso manto de silencio al respecto, y los jueces de la Audiencia Nacional que se encargan de imponer condenas increíbles basadas en autoinculpaciones así arrancadas, afirmando descaradamente que se trató de «manifestaciones espontáneas», como en el caso de Mattin Sarasola.
La tortura es terriblemente útil, sí. Precisamente por ello es tan difícil de erradicar. Pues aunque numerosos expertos digan que la tortura es ineficaz porque produce falsas confesiones, la triste realidad es que a las autoridades la gran mayoría de las veces esas falsas informaciones les son tan útiles o más que las verdaderas.
Ahí está el conocido caso de Ibn al Shaykh al Libi, quien, sometido a brutales torturas, confesó que Sadam Hussein estaba entrenando a miembros de Al-Qaeda en el uso de armas químicas y biológicas, lo cual fue uno de los principales argumentos usados para justificar la invasión de Irak.
Después se demostró la absoluta falsedad de todo aquello, y el caso fue profusamente empleado por los defensores de la ineficacia del tormento, pero en realidad la tortura sí que funcionó de manera perfecta para obtener precisamente la falsa prueba que necesitaban Bush y compañía para desencadenar la guerra. Porque es obvio que en absoluto creían que Sadam dispusiera de armas de destrucción masiva y tuviera estrecha relación con Al-Qaeda.
Los torturadores españoles también son muy duchos a la hora de obtener falsas confesiones útiles para las autoridades, y en tales circunstancias es incomprensible el empeño de algunos por seguir manteniendo la tesis de que la tortura es ineficaz, desviando así la atención sobre el verdadero quid de la cuestión: que las autoridades avalan el uso del tormento precisamente porque es tan útil para sus intereses. Y aunque pregonen con falsa indignación que el fin nunca debe justificar los medios, muestran todo lo contrario con la tortura: dan carta blanca a su Policía con tal de obtener rápidos resultados.
Por tanto, lo único que puede disuadirles de que dejen de utilizar dichos infames métodos es que el coste de seguir practicándolos les sea excesivo en comparación con los beneficios que de ellos obtienen, y para ello debemos guiar nuestro esfuerzo a actuar sobre los aspectos que les son claramente negativos y ayudar a que su peso se les haga insoportable. Por ejemplo, insistiendo una y otra vez en poner de manifiesto la terrible realidad de la tortura en Euskal Herria ante los organismos internacionales de prevención y lucha contra la misma; sacando a relucir el tema e interpelando a todo aquel que no mantiene una actitud consecuente al respecto cuando tengamos la mínima oportunidad…
Todos podemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. En nuestras manos está el conseguirlo.
