La Ley de Presupuestos para 2014i anula, desde el pasado 1 de enero, el derecho a la asistencia sanitaria a las personas sin trabajo que hayan agotado las prestaciones y subsidios por desempleo y que pasen más de 90 días en el extranjero. Dado el creciente número de personas, la mayor parte jóvenes, que se ven obligadas a emigrar en busca de empleo – se calcula que 2013 salieron 600.000 personas y en que 2012 lo hicieron 476.000 – la repercusión de esta medida puede ser muy importante.
La medida añade a la exclusión de los inmigrantes sin papeles del derecho a la sanidad a un colectivo indeterminado de personas, pero sin duda creciente debido a los elevados índices de desempleo y de precariedad, especialmente entre los jóvenes. El 56% de paro juvenil y más del 75 de empleo precario son cifras estremecedoras, que se unen al cerca del 24% de personas entre 15 y 29 que ni estudian, ni trabajan. La marcha al extranjero para trabajar y/o estudiar es la vía de escape de una situación sin salida que utilizan cada vez más jóvenes.
Pero lo peor es que el proceso no se detiene aquí. La finalidad central del Real Decreto 16⁄2012 que lleva por cínico título “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”es la introducción del concepto de “asegurado” (artº1). Este criterio es absolutamente inaceptable en un sistema sanitario financiado casi exclusivamente a través de los impuestos, que cada vez más son indirectos y que los pagamos todas las personas. El criterio sirve al objetivo de ir sumando requisitos e ir expulsando a los sectores con menos recursos del acceso a la sanidad pública.
Este Real Decreto ya obligaba a las personas mayores de 26 años que no estuvieran afiliadas a la Seguridad Social, y que no cobraran prestación o subsidio de desempleo a declararse como “sin recursos” en una oficina de la Seguridad Social para tener acceso a la cartilla sanitaria.
El camino que nos preparan, si no lo paramos, es sin lugar a dudas el de Grecia. De las personas paradas, griegas o inmigrantes, están excluidas de la asistencia sanitaria todas aquellas menores de 55 años que no hayan estado inscritos en la oficina del paro durante al menos doce meses y hayan cotizado 600 jornadas laborales, con un aumento de 100 jornadas por cada año para las mayores de 30 años. En el caso de las paradas de más de 55 años, el requisito es que hayan estado doce meses al menos inscritos en el paro y hayan cotizado tres mil jornadas. Cerca de la mitad del millón doscientas mil personas desempleadas no tienen asistencia sanitaria. Cuando se le diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, “el sistema simplemente hace caso omiso de ella”, “No puede acceder a la quimioterapia, ni a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos”ii.
Cada vez está más claro que, junto a la destrucción y concentración de capital, las políticas de los gobiernos persiguen la destrucción de los sectores sociales que el capital no necesita como mano de obra y que considera un lastre porque consumen grandes recursos: personas mayores pobres, paradas pobres y enfermas crónicas pobres. Hay datos suficientes para afirmar que, a diferencia de lo que los gobiernos declaran, la eliminación física de estos grupos sociales constituye un objetivo y no una consecuencia “no deseada”, pero “inevitable” de sus políticas.
El ensañamiento con las personas jóvenes, que no tendrán jamás derecho a una pensión mínimamente digna, a quienes se condena vivir entre la precariedad y el paro, y a quienes se les niega ahora el derecho a la asistencia sanitaria en el caso de que se vean obligadas a salir al extranjero para trabajar, es un escarnio fruto de un capitalismo podrido que muestra su cara más bárbara: la destrucción de los sectores de la clase obrera que no necesita para la producción y especialmente de la juventud.
Si ese es el futuro que nos preparan, a nosotras y nosotros nos corresponde tomar las decisiones necesarias para impedirlo. Paso a paso, persona a persona, debemos recorrer el camino, que solamente se abre con la lucha, para construir nuestro propio poder.
En cuanto a la nueva medida de exclusión de la sanidad pública, la respuesta debe ser decidida. La juventud, junto a la clase obrera inmigrante y las organizaciones populares, deben organizar la movilización para echar atrás esa nueva norma criminal.
La organización y la fuerza se construyen paso a paso, y ésta es una buena oportunidad para avanzar en la conciencia de clase y para la construcción de la unidad con la clase obrera inmigrante. A medida que el poder muestra su rostro más bárbaro, más gente es capaz de identificarlo. Ahora la tarea es levantar la respuesta del pueblo.
Siete de enero de 2014
