Uno de los principios fundamentales para la recta y sana organización político-administrativa de un estado consiste en la observancia muy cuidadosa de la jerarquía de las leyes y normas. El esquema jurídico-administrativo ha de tener la mayor claridad y orden en su proceso lógico. Esta afirmación tiene ya una larga validez doctrinal, por lo que no merece la pena insistir en ella. Pues bien, ahora hay que volver sobre estas obviedades para avisar a los ciudadanos acerca de la disparatada reforma constitucional que se prepara debida, entre otras motivaciones, a la presión de organismos internacionales y de potencias extranjeras. No sé aún en qué consistirá literalmente la reforma, pero basarla en declarar constitucional algo tan transeúnte como el techo del déficit del Estado equivale a elevar a la máxima inmovilidad, o sea la constitucional, un puro objetivo político-económico que se caracteriza por su volatilidad y carácter de herramienta para redactar algo tan circunstancial como son los presupuestos, entre otras acciones de gobierno que pertenecen en gran parte al día a día de la gobernación pública. Es como si la obligación constitucional de facilitar una vivienda digna a los ciudadanos se completara, también constitucionalmente, con la fijación de las rentas o nivel de las hipotecas. Cierto es que esta disparatada modificación constitucional trata de suavizarse remitiendo a una posterior ley orgánica ‑nivel normativo asimismo inadecuado para este asunto- la fijación de las cifras del límite del déficit u obligaciones similares del Estado. Esta forma de sortear el emburrio doctrinal no hace, por el contrario, más que espesar aún más el puré jurídico que están elaborando entre el Sr. Zapatero y el Sr. Rajoy, cuya reunión incrementa exponencialmente el peligro que tiene cada uno por separado. Es bueno recordar que ya propició el fenomenal y dramático desbarajuste económico en que vivimos convertir la hipoteca, que es un derecho real ‑en donde la cosa hipotecada responde de sí misma‑, en una obligación fundamentalmente personal aunque mixtificada merced a un enunciado que la declara compromiso personal con garantía hipotecaria. Échenle guindas al pavo.
La idea de fijar constitucionalmente el déficit máximo del Estado constituye además una terminante imposición alemana ‑bajo cuyas alas se acurruca Francia- que a la vista de que su economía acusa grietas crecientes no quiere hacerse cargo de corregir con sus medios los delirios de muchos gobiernos europeos. Supongo que si la Unión Europea fuera algo sólido habría otros caminos para evitarle sustos a Alemania, pero como la Unión es un remiendo en tela de saco, la canciller alemana ha decidido intervenir la soberanía española para que no jueguen sus representantes con las cosas de comer. Ya iban por ahí los tiros cuando empezó a hablarse de una cesión de soberanía con el proyecto de crear un superministerio de economía y hacienda en Bruselas, lo que dejaría a los gobiernos como el español, el irlandés, el italiano, el portugués o el griego reducidos a una especie de gobiernos civiles de superprovincias dirigidas centralmente por Bonn. Veremos como responden los patriotas españoles que tanto alborotan cuando Euskadi o Catalunya reclaman simplemente transferencias de funciones sin mayor relieve de cara a sus ambiciones soberanas. Es curioso que esos españoles, que van del Imperio hacia Dios sin superar la muga pirenaica acepten mansamente, por lo general, estas invasiones que recuerdan la de los cien mil hijos de San Luis, esta vez convertidos en luteranos.
Cuando se ha solicitado una y cien veces, y no por parte ciertamente de los nacionalistas domesticados, la reforma constitucional para que vascos y catalanes pudiera expresar su libre opinión acerca del estatus nacional que les corresponde tanto el Sr. Zapatero, o sea los socialistas, como el Sr. Rajoy, o sea los «nacionales», han opuesto siempre a tal deseo la intangibilidad de la Constitución que, al parecer, ha nacido con vocación de eternidad. Ahora resulta que ante la incapacidad del Sistema para reparar la mortal vía de agua que padece ‑que, repito de nuevo, es cuestión de Modelo social más que de cazar buitres con auxilio del Sepron- se renuncia abruptamente a la sacralidad de la Carta Magna y se la convierte en una norma de segundo orden para frenar el desenfreno en el gasto público, desenfreno que se podría controlar con dar otro perfil a la ley anual del presupuesto o con redactar un decreto-ley, dada su urgencia, que devolviera la tranquilidad a los especuladores que nos sobrevuelan desde las grandes potencias.
El hecho es que la Sra. Merkel ha logrado con una sola perdigonada herir mortalmente en el ala al candidato socialista a premier Sr. Rubalcaba, al que dice ser y llamarse jefe del Gobierno español, Sr. Zapatero, y a ese caballero blandito y cucón que espera que las uvas caigan por su madurez, Sr. Rajoy. Incluso ha logrado que falsos nacionalistas como el convergente Sr. Durán Farrell, que siempre ha temido que triunfen los soberanistas catalanes y que es un camboniano de vía estrecha, se adhiera al espíritu de la reforma constitucional por si su apoyo a Madrid, que es donde él disfruta, le permite llevarle al Sr. Más el regalo, por ejemplo, de la cesión de los sellos de correos con las barras y la figura de Roger de Lluria.
Lo que desde luego queda patente es que, a partir de ahora, ningún gobierno español podrá desde hoy, y mientras España siga ocupada por sus propios gobernantes, disponer del poder decisivo de los presupuestos públicos para cambiar de política de un modo fundamental. Supongo que como los gastos militares son intocables en las grandes cifras, el volumen del funcionariado seguirá en su nivel por medio de los nombramientos políticos y la atención a los poderes financiero, religioso y sindical permanecerá vigente, el control férreo del gasto ‑que ya ha empezado- recaerá sobre los salarios, el empleo depauperado, la cultura irrisoria, la atención a las familias y otros aspectos de la vida española, que hoy constituye una sufrimiento colectivo de un alcance escandaloso. Es más, el diseño autonómico español quedará asimismo a merced de la disposición constitucional que limite el déficit de los gobiernos autonómicos mediante la limitación de su capacidad de endeudamiento y de disposición de medios. La soñada España de las autonomías, que llenó la boca abierta de los padres de la Constitución, se está yendo a paseo día a día.
No me gustaría cerrar esta página sin dar una pincelada, aunque breve e irrelevante, a ciertos cambios constitucionales que pretenderán elevar el relieve de esta claudicación de la soberanía española. Supongo que, aunque no lo hayan solicitado ni el Banco Mundial ni la Sra. Merkel, se acordara una innovación de género en la sucesión a la Corona. Esto seguro que provocará muchas más discusiones en las calles de la monarquía que la eliminación de los pingajos que quedan del mentido Estado del Bienestar.
Y se añadirán tres o cuatro innovaciones más para que Euskadi y Catalunya regresen al redil patrio al amparo de la bendición del cardenal Rouco, la intensificación del régimen bancario y bajo la protección más estricta de la Guardia Civil. No sé como tejerán todos estos flecos, pero lo harán. Seguramente esperarán a que el Sr. Rajoy tome posesión del poder, se asome al balcón del Ayuntamiento de Móstoles y clame que Madrid está en peligro y hay que acudir a salvarlo. Veremos a cuánto salimos.
