Tras la presentación del paquete de medidas económicas recién aprobado en el Congreso, la Vicepresidenta del Gobierno anunció que éstas eran tan solo «el inicio del inicio». O sea, la que viene es de abrigo. En su campaña electoral el PP repitió una y mil veces que su principal prioridad política era combatir el paro y crear empleo. Sin embargo, tras acceder al Gobierno, ha afirmado que lo primero es atajar el déficit público. Es decir, por encima de todo hay que pagar a los acreedores ‑la Banca and Cía- y para ello hay que aplicar un fuerte plan de ajuste. A Rajoy, como a Zapatero, decir una cosa y hacer la contraria le parece lo más normal.
Cuando se publicó el contenido del paquete de medidas, los mercados, o mejor dicho, los mercaderes, le aplaudieron e hicieron la ola. La Banca, la CEOE y los grandes inversores alabaron su decisión y afirmaron que el Gobierno iba por el buen camino. Ningún sindicato ni organización social hizo nada de esto, sino todo lo contrario. Más claro, agua.
Lo particular de la crisis económica en el estado español tiene mucho que ver con la disparatada carrera inmobiliaria jaleada y apoyada desde el Gobierno y las distintas Administraciones. Borrachera cementera ésta, que aún continúa, de no dejar provincia sin aeropuerto, comunidad sin línea de AVE propia y autopistas y fastuosidades por doquier, equiparables tan solo en su tamaño a las inmensas caraduras y cuentas corrientes de los políticos que las aprobaron. Todo ello, por supuesto, no ha traído el progreso prometido, sino una profunda crisis económica y social y la inmersión en profundas estrecheces económicas de unos sectores cada vez más amplios de una sociedad a la que ahora se dice que tiene que hacer frente a todos aquellos despropósitos.
Si tan grave es el déficit público existente, lo primero que debería saberse es la relación de bancos, fondos y grandes inversores que hoy exigen al Gobierno el pago puntual de sus créditos, así como los negocios a los cuales responden estas deudas. Se hace urgente disponer de una detallada auditoría que nos ayude a comprender cuáles han sido luego los vericuetos a través de los cuales todos esos Bancos, Fondos y grandes inversores, tras verse atrapados por el estallido de la crisis inmobiliaria, se han escurrido de la misma y han logrado que los gobiernos saneen sus malparadas economías a costa del dinero público y de realizar grandes recortes salariales y sociales.
El negocio ha sido redondo. En la crisis, la Banca ha dispuesto de préstamos a un 1% o 1,5% del Banco Central Europeo y, luego, en vez de utilizar este dinero para relanzar la economía real, lo ha usado para especular, invirtiéndolo en la compra de deuda pública emitida por los estados ‑entre ellos, y muy destacadamente, el español- entre el 3% y el 7%, obteniendo así substanciosos beneficios. Conclusión, la Banca se ha saneado y ha equilibrado su situación transfiriendo a los gobiernos toda la basura de origen financiero que había acumulado en años anteriores. Lo dicho: negocio redondo.
En el debate en el Congreso en el que se aprobó el paquete de medidas que comentamos, señalamos desde Amaiur que el mismo era, en esencia, un inmenso transvase de dinero de las clases bajas y medias a favor del capital y las finanzas, lo cual iba a acrecentar aún más la brecha existente entre el sector de población más empobrecido y el más enriquecido.
Dijimos que el paquete de medidas era un inmenso fraude social, pues seguía sin atajar el sangrante fraude fiscal existente (90.000 millones de euros en 2011), del que es responsable en primer lugar la mayor parte de las empresas del IBEX 35 que operan con total impunidad desde paraísos fiscales. Fraude social que agredía a los sectores sociales más desfavorecidos (congelación del salario mínimo interprofesional, pérdida del poder adquisitivo en uno o dos puntos para nueve millones de pensionistas…) y seguía manteniendo un sistema fiscal de privilegio para las grandes fortunas (SICAV, Impuesto de Patrimonio…) y rentas del capital en perjuicio de las rentas del trabajo. Fraude social, porque con sus nuevas congelaciones de salarios al funcionariado y amortizaciones de plantillas en las administraciones públicas iba a propiciar un fuerte deterioro de los servicios públicos: educación, sanidad, asistencia social…
La guinda del paquete ha sido la concesión de una línea de avales a Banca española, por valor de 100.000.millones de euros, con el fin de facilitar a ésta sus negocios y seguir saneando su situación. Y esto se hace mientras la Banca sigue optando por la pura especulación, negando el crédito a particulares y pequeñas y medianas empresas y desahuciando a decenas de miles de familias que no pueden atender al pago de sus leoninas hipotecas.
Poco o nada se puede esperar de este gobierno del PP, ni del anterior del PSOE, prestos siempre a atender obedientes las órdenes telefónicas de Obama, Merkel o Sarkozy, que no la indignación de más de cinco millones de personas en paro.
Estas instituciones no nos sirven y es por ello por lo que, entre otras razones, reclamamos para Euskal Herria plena soberanía económica y fiscal y un marco propio de relaciones laborales, negociación colectiva y protección social, a fin de impulsar el reparto del trabajo y la riqueza, el fortalecimiento del sector público, una reforma fiscal profunda y la adopción de cuantas medidas sean precisas para garantizar la igualdad real de hombres y mujeres; un marco, en definitiva, que apueste por un nuevo modelo económico asentado en parámetros de justicia social, solidaridad y hermanamiento con la naturaleza.
Y volvamos al principio. Señalábamos allí la necesidad de hacer una auditoría sobre quienes sangran hoy las finanzas públicas, pues es del todo necesario exigir responsabilidades a los banqueros, grandes inversores y políticos propiciadores de esta crisis. La razón es simple: dejar el mando de la economía, la banca y el gobierno en sus manos es dejar que los zorros sigan cuidando del gallinero.
¡Algo suicida, vamos!
