1. A Joseba Arregi, miembro de ETA, le detuvieron e interrogaron más de setenta policías, en la Dirección General de Seguridad, en el centro de Madrid. Nueve días después de su detención, el 13 de febrero de 1981, moría en un Hospital Penitenciario, a causa de las lesiones padecidas en los interrogatorios. Algunos políticos (Garaikoetxea, Arzallus, Benegas, Mugica, Bandrés…) incluso los obispos vascos y la Unión Sindical de Policías protestaron tímidamente, pidiendo la erradicación de la tortura y la dimisión del comisario general Ballesteros, como responsable de este suceso.
La conmoción popular fue importante, mientras que la oficial y mediática era mucho más comedida. Las organizaciones de la izquierda abertzale convocaron movilizaciones y protestas, así como una huelga general, ampliamente secundada. Fueron una reacción y una protesta popular significativas, frente a la fría y protocolaria actitud de la mayoría de partidos y autoridades gubernamentales. En el primer forcejeo entre poder judicial y ejecutivo, dimitió alguno de los altos cargos de la policía. Y cinco inspectores fueron detenidos y acusados de las torturas mortales. Condenados a penas pequeñas, fueron liberados. Unos meses después con el PSOE en el gobierno, indultados y restituidos en sus puestos. Para que pudieran seguir ejerciendo y ascendiendo en su trabajo.
Cuatro médicos, que supuestamente habrían ocultado o encubierto en sus informes las torturas a Arregi, fueron denunciados, sin resultado alguno. Con el cambio de gobierno (1982) y José Barrionuevo en la cartera de Interior, políticos como Benegas, cambiaron de criterio y afirmaron que había que dar «un total apoyo a la policía, en su lucha antiterrorista».
La mejor prueba de este apoyo fue la consideración del gobierno del PSOE, con los policías acusados de la muerte de Arregi. Además de sus indultos, varios ascensos colocaron a cada uno en su sitio. En el diario El País de 17 de febrero de 1981, se pudo leer una noticia con la confirmación de esta muerte por torturas:
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid (…) dio a conocer parcialmente el informe sobre la autopsia practicada a Arregui. En ella se confirma la existencia de torturas y violencia física. La causa de la muerte fue un fallo respiratorio originado por proceso bronconeumónico con intenso edema pulmonar (…) Santiago Brouard, presidente de HASI, principal fuerza política de Herri Batasuna, y médico de profesión, señaló que la bronconeumonía (…) estaba causada por la práctica de la tortura conocida como la bañera (…).
Desde entonces, cada vez que se cumple el aniversario de las torturas y muerte de Arregi, unos pocos se acuerdan del caso. Apenas pueden hacerlo, perseguidos por una legislación, que postmorten sigue diferenciando entre unos y otros. La victoria continua. Y ni siquiera cada uno puede enterrar a sus muertos. Según parece, los ocupantes quieren monopolizar no solo la violencia, sino también los funerales.
2. Miguel Angel Blanco, concejal del PP, fue secuestrado por un comando de ETA el 10 de julio de 1997. A cambio de su liberación, la organización pidió el acercamiento de los presos políticos vascos, a las cárceles del País Vasco. El gobierno del PP, apenas tardó unas horas en negarse a considerar cualquier cambio en la dispersión de los presos. Después pidió el máximo apoyo, contra ETA, a los partidos del Pacto de Ajuria Enea, poniendo en marcha todos sus recursos mediáticos para incorporar a los sectores sociales mas conservadores, a sus planes inmovilistas.
Al día siguiente, la Mesa del Pacto de Ajuria Enea (PNV, EA, EE, PSOE, PP) ofrecía todo su apoyo al gobierno, impidiendo que el Estado revisara su política penitenciaria, y convocando a cambio una manifestación en Bilbao. La segunda protagonizada por los partidos anti-ETA, en veinte años. El 12 de julio la coalición vascongada, se manifiesta en Bilbao, con la presencia de Arzallus, Ardanza, Atutxa, Aznar, su gobierno y numerosos españoles llegados de otras provincias. Una asociación de familiares de presos, Gurasoak, se entrevistaría con Mayor Oreja intentando mediar en este caso, sin ningún resultado positivo. Ese mismo día, Blanco es encontrado herido en Lasarte. Morirá poco después en el Hospital.
El gobierno del Estado no solo quiere mantener el control y el monopolio de la violencia. Tampoco quiere dialogar o negociar con la competencia. Y no solo por el sagrado principio made in USA de ser ellos quienes deciden qué muerte es o no legal. También por el despreciable motivo de no querer parecer débil ante sus votantes. Es decir, por dar esa falsa imagen de dureza con los adversarios, mientras se rinden gustosos ante los poderosos.
Como consecuencia de este desenlace, hubo una reacción gigantesca de los partidos políticos del poder, medios de comunicación, funcionarios, militantes del PP y del PSOE, etc. Una campaña coordinada oficialmente, preparada de antemano, y activada en los dos días que duró el secuestro. En la que intervinieron miles de organizadores a sueldo. A la que se sumaron personas en toda España. Y ocupó todos los espacios informativos y editoriales en prensa, radio y televisiones del poder. Todos mancomunados, en defensa del Estado y de la intransigencia negociadora del gobierno.
Algunos analistas escribieron sobre la impresionante y coordinada reacción de los principales medios de comunicación, afirmando que se trataba de algo preparado con anticipación, durante secuestros anteriores. Y que, la negativa rotunda y rápida del gobierno respondería a un desinterés real por la vida de su concejal, a cambio de poder asestar un efectivo golpe mediático a ETA y sus simpatizantes de la izquierda abertzale.
Durante varios días fueron atacadas las sedes de la izquierda abertzale (herrikos y bulegoak), con la pasividad de la policía «integral» autonómica, mientras Mayor Oreja reúne el Pacto Antiterrorista y pide el aislamiento total de Herri Batasuna. En las calles de Madrid, una manifestación de apoyo al Estado terminará con la intervención de actores, periodistas y locutores de la derecha. Entre ellos, Imanol Arias y Victoria Prego, la periodista de la Transición, que cerró el acto con un amenazante: «¡A por ellos¡»
Mientras el Tribunal Superio de Justicia del País Vasco prohibía manifestarse a Herri Batasuna, en defensa de la negociación y el acercamiento de los presos que hubiera acabado con el secuestro, el Congreso de los diputados estudiaba reformas legales para reprimir de forma efectiva a la izquierda abertzale y el presidente español, Aznar, pedía a los otros partidos que «vayan algunos pasos más allá» en el acoso a Herri Batasuna.
Como colofón, después de trágico desenlace, se organizó incluso un festival musical, en la plaza de toros de las Ventas. Donde, entre otras cosas, un penoso Raimon tuvo que escuchar insultos y silbidos, a pesar de su buena voluntad «antiterrorista». Y donde la canción estrella no fue precisamente su Al vent, ni el Diguem no, las emblemáticas canciones del cantautor valenciano, sino la Macarena de los del Río. El presidente español Aznar, que asistió a este evento, bailaba divertido y riéndose la pegadiza y vulgar canción. Ante el estupor de los familiares del muerto.
Con el dinero recaudado en esta celebración se creó una fundación que cada año recuerda, con algún acto de homenaje, la muerte del concejal de Ermua. También se organizó un fantasmal grupo de intelectuales y políticos, llamado Foro de Ermua. Con el objetivo de ayudar en la lucha anti-ETA. A toda esta orquestación se llamó «El espíritu de Ermua». Pero, para muchos, con Aznar y la Macarena de protagonistas, fue otro espíritu el que se manifestó: el «Espíritu de las Ventas».
3. y 4. A Jose Miguel Bustinza y Gaizka Gaztelumendi los mataron pocas semanas después de estos hechos, el 24 de setiembre de 1997, en una calle del centro de Bilbao. Eran dos miembros de ETA, que fueron abatidos por disparos de la guardia civil, cuando iban a montar en un coche. Algunos dijeron que, además de unas muertes innecesarias, porque las víctimas no dispararon y ni siquiera fueron conminados a entregarse, se trataba de una venganza en caliente, por el secuestro y muerte del concejal de Ermua.
En este caso, el comportamiento de las instancias oficiales, gobiernos, medios de comunicación y partidos del sistema fue muy diferente. Abismalmente diferente. Es decir, el habitual en estos casos. Lo mas destacable fue el comportamiento de algunos miembros del partido de Sota (el PNV). Como el de su diputado español González de Chávarri. Este señor, uno de esos penosos jelkides que militan en el parlamento español, se arrastró en su intervención en las Cortes más allá de lo que nadie le exigía. Llegó a decir, en medio de acusaciones veladas y preguntas sobre la emboscada, que «no se puede equiparar la fuerza que esgrime el Estado en defensa del interés general y la violencia a manos llenas sembrada por los nacionalistas».
Tampoco fue desdeñable el protagonismo estrafalario, innato en el consejero sotista, Atutxa. Ya se había distinguido antes, alabando la política de dispersión del gobierno y apoyando la negativa a la repatriación de los presos vascos, durante el secuestro de Blanco. Ahora, después del ametrallamiento de Bilbao, ocupó el primer plano de las justificaciones por la emboscada. Y mano a mano con su colega de interior español, Mayor Oreja, no dudó en culpar a KAS y a la Mesa Nacional de Herri Batasuna por la muerte de los miembros de ETA.
Lo cierto es que fueron Herri Batasuna y otros organismos de la izquierda abertzale, los únicos que convocaron protestas y concentraciones, por estas muertes. Hubo movilizaciones populares, enfrentamientos y sabotajes en toda Euskal Herria. Algunos reprimidos por la Etzaintza. El remate final a este suceso se puso el once de noviembre de 1997, cuando dos guardias civiles encausados por estas muertes, dijeron en los juzgados de Bilbao, que los dos militantes de ETA «no dispararon, ni llegaron a desenfundar las armas».
Desde 1997, casi ningún medio de comunicación se ha referido a esta emboscada, sin más sentido y utilidad que la pura venganza. Los miembros de ETA, incluso muertos, siguen estando perseguidos por las leyes de excepción, que forman parte del derecho de conquista de todos los tiempos.
Josemari Lorenzo Espinosa
3 de julio de 2017
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