El sábado 25 de febrero Bilbo acogerá una manifestación nacional contra los recortes y en defensa de los derechos sociales. La movilización ha sido convocada por una treintena de sindicatos y agentes sociales. Branka ha entrevistado a Patrizia Muñoz, portavoz de Elkartzen, uno de los colectivos sociales convocantes de la marcha.
La ola de recortes sociales y laborales emprendida hace ya tres años no tiene fin. ¿Cuál es la lectura que hacéis desde Elkartzen del actual contexto socioeconómico? ¿Y cuáles son vuestras propuestas para atajar la cada vez más alarmante situación de miles de ciudadanos y ciudadanas vascas?
En Euskal Herria y en el planeta, el capitalismo continúa explotando a los pueblos, a las personas trabajadoras, a las mujeres y a la naturaleza. Para optimizar esa explotación la patronal y la clase político-institucional han realizado un pacto para ir aprobando diferentes leyes y decretos que reducen y empeoran las condiciones de vida y los derechos de las personas trabajadoras de nuestro pueblo. Aquí vemos las dos caras de Euskal Herria, la de sus masas explotadas y la del grupo de presión económico-político.
En este sentido ya han planteado sus líneas de intervención: abaratar el despido, implementar el copago, menos impuestos para la patronal, más flexibilidad, menor representación sindical, más recortes sociales, apuesta por un sector público raquítico, privatizado y mercantilizado, una intervención pública destinada al beneficio e interés privados, una fiscalidad favorable a la patronal y que no garantiza una redistribución de la riqueza y abriendo las puertas a un capitalismo del Caos, para profundizar e ir dibujando la nueva configuración del sistema capitalista en Euskal Herria a largo plazo, haciendo una apuesta decidida por la terciarización de la economía, abandonando a su suerte de sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria.
La clase trabajadora y los sectores populares deben optar por la transformación social ya que los pueblos oprimidos estamos siendo estrujados cada vez más en beneficio del capitalismo y Euskal Herria es prueba de ello; cupos, convenios, ataques al trabajo sindical, recorte de derechos políticos económicos y sociales, robo de las arcas públicas para engordar negocios privados, implementación del capitalismo salvaje vía TAV, Superpuertos, Incineradoras,…
En este sentido cualquier alternativa debe recoger dos mínimos importantes, un cambio profundo del actual modelo y la necesidad de instrumentos para poder llevar a cabo ese cambio social, esto es, soberanía económica. Hay que repartir el trabajo productivo y reproductivo. Tenemos que trabajar menos horas para trabajar todos y todas y para poder dedicarlo a la participación social activa, al ocio y al tiempo libre.
Hay que democratizar la economía, que pasa por garantizar la participación de la población en la planificación de aspectos sociales, económicos, de ordenación del territorio, etc… Hay que repartir la riqueza y tenemos que eliminar la explotación que realizamos sobre las personas y los pueblos. Debemos favorecer el equilibrio con la naturaleza para asegurar su propia reproducción y mantenimiento, repartiendo la riqueza generada, con el objetivo de garantizar todos los derechos sociales. En definitiva, para salir de una vez y para siempre de la verdadera crisis, la que genera el sistema capitalista hay que favorecer un desarrollo económico y social endógeno en armonía con la tierra, nuestro espacio natural y social, y su medio ambiente.
Los convocantes de la manifestación habéis denunciado que, en el fondo, lo que los recortes persiguen es el aniquilamiento de los ″escasos derechos que tanto le ha costado conseguir″ a la clase trabajadora.
Los derechos laborales son mermados mediante reformas del mercado de trabajo que han supuesto la prolongación de la jornada laboral, reducción de sueldos, “flexibilidad”, subcontratación generalizada, provisionalidad, contratos de corta duración, abaratamiento de los despidos, ritmos laborales intensos, Salario Mínimo Interprofesional por debajo del umbral de pobreza… El derecho a percibir unos ingresos mínimos mediante unas prestaciones sociales dignas está desapareciendo, las percepciones por desempleo disminuyen y se endurecen, además y junto a las reformas en RGI, merece la pena resaltar la última reforma de las pensiones (aumentar los años de cotización así como aumentar la base mínima de cotización para hacer el cálculo).
El derecho al uso y disfrute de una vivienda es negado de igual manera, y en estos momentos y como bien denuncian los diferentes sindicatos, los recortes implementados en dos derechos sociales como son el de la educación y la sanidad, con privatizaciones, escasas partidas presupuestarias, generalización de la precariedad del servicio y de las condiciones laborales no hacen más que constatar lo que estamos diciendo, se está aprovechando la crisis para desmantelar el ya raquítico sistema público para profundizar aún más en la precarización en la desestructuración social y en la división de la clase trabajadora.
Los Estados, las instituciones regionales y locales y las empresas parecen no tener suficiente y cada día nos sorprenden con medidas más y más antisociales. ¿Qué queréis decir cuando afirmáis que todo el peso de la recaudación fiscal esta sobre las espaldas de las clases populares?
Si analizamos quién y cómo paga los impuestos, vemos cómo la carga impositiva en Euskal Herria es regresiva. En 2012 se ha disparado el peso de los impuestos indirectos (54% frente al 46% en 2008), dichos impuestos no introducen elementos de progresividad, por eso las rentas más bajas soportan cada vez un mayor esfuerzo tributario (aparte del aumento del tipo general del IVA del 16% al 18%). Junto a esto, el tratamiento de favor concedido a las rentas de capital hace que la imposición directa se haga más dura en las rentas medias y bajas de trabajo.
Un ejemplo de lo que estamos diciendo es que 10.000 euros no tributan igual vengan de donde vengan. Si provienen del trabajo asalariado, el 23% desde el primer euro (2.300 euros), si vienen de alquileres inmuebles, el 18% del 80% del alquiler (1.400 euros), si los consigues de intereses bancarios o pelotazos urbanísticos el 18% (1.800 euros).
El tener una administración al servicio de los empresarios hace que con la última bajada del Impuesto de Sociedades y el aumento de los beneficios fiscales, de cada 100 euros que se espera recaudar en 2012 en Hego Euskal Herria solamente 8,9 serán pagados por las empresas. Si le añadimos el alto fraude fiscal, estimado en unos 10.000 millones y que es realizado en su mayoría por las rentas altas de capital, observamos que la riqueza se concentra en pocas manos, entre 2002 – 2008, las rentas más altas han aumentado el 114,52% (un 126,53% en Bizkaia, el herrialde con mayor nivel de concentración de la riqueza), mientras los salarios y pensiones han perdido valor adquisitivo. Por otro lado vemos que la riqueza no se distribuye de una manera equitativa ya que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el 1,67% de la población controla el 44,78% de la riqueza.
No obstante, el mensaje de que para ″salir del pozo″ los recortes son necesarios ha calado en la mente de muchas personas.
Más bien el miedo. Más de 206.000 personas desempleadas, una precariedad laboral y social que se extiende a todos los aspectos de las condiciones vitales de los sectores populares, miles de personas, paradas, pensionistas, viudas, preceptoras de prestaciones condenadas a vivir con ingresos inferiores al umbral de la pobreza (37,5% del PIB per cápita,), aumentos en los recibos de la electricidad, el agua, el gas, el transporte, la recogida de basura, el teléfono, el IVA; la creciente privatización de los servicios sociales y públicos, en los nueve primeros meses de 2011, 1.334 ejecuciones hipotecarias… son algunos de los factores que hacen que cada vez sean más los sectores sociales que se encuentran en una situación de eventualidad, inestabilidad y desamparo bajo el peso de un endeudamiento casi vitalicio, y sin medios para poder llevar a cabo una vida digna.
Es este chantaje lo que empuja a aceptar la sumisión y la explotación, provocando una sociedad y una clase trabajadora cada vez más disgregada y sometida.
Por otra parte, la creación de empleo es prácticamente nula, y en muchos casos se están destruyendo puestos de trabajo o el poco empleo que se crea es extremadamente precario. ¿Cómo es posible tratar de salir de la crisis incrementando las consecuencias que esta genera?No, no es posible! Así las cosas, la clase trabajadora y los sectores populares no pueden optar por reflotar el sistema que está en crisis. No pueden hacer causa común con la patronal a la hora de afrontar la actual situación. No hace falta que el sistema caiga en crisis para que la clase trabajadora sufra un severo proceso de precarización. Y es que un capitalismo “sano” no garantiza los derechos y la dignidad de los sectores populares. Es por ello que la clase trabajadora y los sectores populares deben optar por la transformación social, por el cambio de este sistema socioeconómico y por el tránsito hacia un sistema que mejore las condiciones de vida.
Frente a la actual crisis del capital, solo cabe un nuevo modelo económico que no se base ni en el consumismo, ni en el crédito fácil y la avaricia rapaz; sino en un sistema solidario entre clase, géneros y grupos de edad; solidario con la naturaleza y con todos los pueblos de la Tierra. Necesitamos soberanía económica para poder determinar cómo recaudar la riqueza generada, para decidir dónde invertir nuestra riqueza mediante unos presupuestos participativos y sociales.
Como siempre, los sectores más vulnerables de la población ‑los parados, personas migrantes, etc…- son quienes primero sufren las consecuencias de estos recortes. Políticas con un descarado tinte neoliberal y xenófobo, como el endurecimiento de las condiciones para acceder a la RGI, ahogan más si cabe a estos sectores de la sociedad.
Limitar las prestaciones a dos por vivienda, incrementar el tiempo de empadronamiento, recurrir a la coacción para la aceptación de empleos precarios, de escasa cualificación y bajos salarios o la obligatoriedad de realizar labores de carácter social, lo que supondrá eliminar puestos de trabajo en los servicios públicos, no son más que ejemplos de que se está precarizando la sociedad a golpe de ley. Ya hemos comentado que la precariedad va más allá de lo laboral. 
Si bien es cierto que hay sectores sobre los que recaen los recortes de manera dramática, no es menos cierto que es al conjunto de la población a quien van dirigidos. Como consecuencia de los recortes sociales disminuye la protección social y son los sectores más desprotegidos los que primero sufren las consecuencias pero el ataque es a toda la población y en especial a la clase trabajadora y a los sectores populares, es pues una guerra soterrada contra la mayoría social.
El problema de la vivienda es estructural y los desahucios son sólo una parte del problema. Tras el desahucio por impago, el banco “subasta” la vivienda en un mercado “opaco” dónde se mueven oscuros intereses, llegando en muchos casos a adjudicarse por un 20% de su valor de compra (¡¡un 80% de descuento!!) y si no hay comprador, es por ese precio que se la adjudica el propio banco.
Creemos que lo primero que habría que plantear es una moratoria de todas las ejecuciones alegando el contexto de crisis. Segundo, habría que implicar y responsabilizar a las instituciones públicas, no olvidemos que están dando dinero a las entidades de crédito sin ninguna contrapartida. Debemos exigir que, en vez de quedarse la banca viviendas por el 20% de su valor, se las queden las instituciones, una alternativa que no solo inyectaría dinero al sistema financiero, sino también a la economía real; eliminará la morosidad e impagos de estos préstamos; liberaría a las personas de un gasto medio de 1.000 euros mensuales, que se destinaría a estimular la demanda en otros bienes necesarios pero imposibles de alcanzar en la situación actual, a la vez que como contrapartida, el sector público pasaría a ser propietario de un amplio parque de viviendas para destinarlas a alquiler social.
Con la dación en pago la persona afectada, aunque se le condone el total de deuda pendiente, se queda sin techo y sin recursos económicos, frente a esto, la entidad que le ha prestado el dinero se queda con la vivienda y con las cuotas cobradas, así como un futuro préstamo.
