La reciente sentencia condenatoria contra cuatro guardias civiles por torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola ha podido dar la impresión de que, tras largos años, la actuación de la Justicia española ha sido por una vez mínimamente digna en lo que se refiere a las torturas que sufren los detenidos incomunicados, pero al analizar dicho fallo se ve que esa dignidad ha vuelto a brillar por su ausencia.
En efecto, la condena se ha debido única y exclusivamente a la increíble cantidad de contundentes pruebas sobre lo realmente sucedido con Portu y Sarasola desde que fueron detenidos hasta que llegaron, dos horas después, al cuartel de Intxaurrondo, donde la opacidad total de la incomunicación cayó como una losa sobre ellos. Y pese a esas contundentes pruebas, los jueces han absuelto a once de los agentes y han impuesto penas mínimas al resto.
Además, han puesto especial énfasis en recalcar que las torturas «tuvieron por finalidad única y última» la venganza, sin que justifiquen en absoluto dicha aseveración, que ha alegrado sobrema- nera a la Guardia Civil, porque la sentencia descarta que la finalidad fuese obtener información, y «no cuestiona en absoluto la lucha antiterrorista».
La Guardia Civil también se ha felicitado de que «El fallo dice que se produjo una violencia excesiva tras la detención por parte de los agentes que intervinieron en ella, pero no en el período de incomunicación ni por parte de los agentes que participaron en la investigación». La sentencia apoya la versión de los torturadores y sus cómplices de que las denuncias de torturas son en su inmensa mayoría falsas.
Los magistrados no sustentan tal apoyo en prueba alguna, les basta con que lo digan los peritos de la Guardia Civil, y al mismo tiempo se escudan en una supuesta falta de pruebas a la hora de evitar pronunciarse sobre las torturas sufridas por Mattin Sarasola durante la incomunicación.
Éste explicó que lo sucedido en el monte «no fue nada comparado con lo que me hicieron después», durante aquellos cinco interminables días, pero los jueces han negado credibilidad a su testimonio.
Sin embargo, la sentencia da por probado que, durante la sesión de torturas en el monte, a Sarasola «constantemente le infundían temor al referirle que eso eran sólo los primeros veinte minutos, y que tenían cinco días más para hacer con él lo que quisieran. Sólo así se explica el estado de notable ansiedad con el que detenido llegó a la Clínica Médico-Forense para el primer reconoci- miento». Y también que «estaba coaccionado, amenazado, sobre todo en relación a la amenaza de detención a su hermano. Es por eso que tanto al médico forense de Donostia y posteriormente al médico forense de Madrid les manifestó que las lesiones se las había ocasionado en el forcejeo producido al intentar escapar. Éste es el discurso que los propios guardias civiles le dijeron que debía mantener».
Y tras dar todo ello por probado, no sólo dictaminan que no se puede probar que sucediese nada ilegal durante esos cinco días, sino que sacan la cara a los jueces de la Audiencia Nacional que dictaminaron que ni Portu ni Sarasola fueron en absoluto torturados, y que las detalladas confesiones de este último fueron manifestaciones espontáneas.
Todo aquel que tenga dos dedos de frente sabe de sobra cómo se consiguen esas confesiones. Sobre todo porque, en los casos de militantes vascos incomunicados, éstos se niegan a declarar cuando son detenidos en el Estado francés y en cambio «cantan» en el español. Todo el mundo lo sabe, pero al mismo tiempo en el Estado español son legión los que prefieren ignorarlo; entre ellos, el aparato judicial que estas últimas décadas se ha negado sistemáticamente a preguntarse sobre la razón de dichas confesiones, que en muchísimos casos, como el de Mattin Sarasola, no se sustentan en prueba alguna e implican innumerables años de prisión.
Así, desde 1986, más de 2.000 incomunicados han denunciado torturas, pero tan sólo en uno de esos casos, el de Kepa Urra en 1992, ha habido una condena firme contra torturadores, y también entonces lo único que dieron por probado los jueces fue lo que le hicieron en el monte. En aquel caso, el Tribunal Supremo redujo a un año la condena de cuatro que dictó la Audiencia de Bizkaia, y los torturadores fueron de inmediato indultados.
¿Qué sucederá esta vez? ¿Pisará finalmente la cárcel alguno de los agentes ahora condenados? No sólo me apuesto lo que sea a que no, sino que también me atrevo a vaticinar que serán ascendidos, condecorados y/o colocados en puestos de responsabilidad como la gran mayoría de los torturadores condenados.
El tiempo será testigo.
