Resumen Latinoamericano, 2 de septiembre de 2021
Mientras un juez rechazó el pedido de Alberto Fujimori para que se informe al Gobierno que no puede ser cambiado de penal; el juicio contra Keiko se acaba de reanudar.
Son días adversos para la familia Fujimori en Perú. Tras perder las elecciones en segunda vuelta, ahora padre e hija deben encarar sus procesos con la justicia.
Mientras un juez rechazó el pedido de Alberto Fujimori para que se informe al Gobierno que no puede ser cambiado de penal; el juicio contra su hija Keiko se acaba de reanudar.
Fujimori padre teme que le pase lo mismo que a su exasesor Vladimiro Montesinos; mientras que Keiko, en libertad condicional, espera que un juez no admita las pruebas y testigos en su contra.
Pedido rechazado
Fue el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el que 
declaró improcedente la solicitud de la defensa de Alberto Fujimori para que se informe al Gobierno que no podía ser cambiado de penal.
Fujimori hizo este pedido a raíz de las declaraciones que brindó el actual ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuando todavía no tenía este cargo y era asesor del equipo técnico de Pedro Castillo.
Torres había opinado en contra de la permanencia de Fujimori en una “cárcel dorada” durante una entrevista ofrecida a Ideeleradio el 17 de junio.
La defensa de Fujimori alegó que lo dicho por el actual ministro es prueba de una “indebida afectación al proceso”, argumento que la Corte Suprema desestimó el último 31 de agosto.
El juez valoró que lo dicho por Torres era una opinión política que no está acompañada por algún tipo de acción que pueda afectar los derechos del reo Fujimori, por lo que rechazó el pedido.
Alberto Fujimori teme que le pase lo mismo que a su exasesor Vladimiro Montesinos: ser trasladado de prisión para ponerle fin a las «cárceles doradas».
En el fondo del asunto, la notoria preocupación de Alberto Fujimori surge luego de que el actual Gobierno decidiera cambiar de prisión a su exasesor Vladimiro Montesinos.
Montesinos fue enviado al penal Ancón II, en Lima, tras descubrirse los privilegios de los que gozaba en el penal de supuesta máxima seguridad de la Base Naval del Callao, custodiada por la Marina de Guerra.
Desde entonces, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, no ha descartado la posibilidad de que Fujimori también sea cambiado de prisión. “Todo está en evaluación”, dijo.
Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel en el penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, por violación de los derechos humanos durante su gobierno entre 1990 y 2000.
Juicio reanudado
Por otro lado, quien también tiene su futuro en las manos de un juez es Keiko Fujimori. El juicio en su contra por presunto lavado de activos se reanudo el último 31 de agosto.
La Fiscalía pide 30 años de cárcel para la excandidata presidencial, acusada de haber recibido presuntamente 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
El dinero, que el partido de Fujimori (Fuerza Popular) no declaró a ninguna autoridad electoral, habría servido para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, según la Fiscalía.
El juicio del caso Odebrecht contra Keiko Fujimori, que incluye a otros 40 acusados, quedó suspendido en marzo de 2020 debido a que Fujimori participaba de las elecciones presidenciales
Fiscalía pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori por el caso Odebrecht.
Ese mismo mes el fiscal provincial José Domingo Pérez presentó los cargos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia contra Fujimori y el resto de acusados.
El juicio ahora se acaba de reanudar con la apertura de la audiencia previa en la que el juez Víctor Zúñiga decidirá si admite las pruebas y los testigos de la Fiscalía contra los acusados.
Esta etapa es conocida en el proceso legal como el control de acusación. Es la fase previa al juicio contra Keiko y los otros implicados, y podría durar entre 36 y 48 meses.
Fujimori, mientras tanto, debe seguir su proceso en libertad condicional y con la prohibición de abandonar el país y de comunicarse con los otros acusados y testigos del caso.
Nada de esto, sin embargo, ha impedido hasta el momento que siga activa en sus redes sociales y en eventos públicos que promueven abiertamente la vacancia del presidente Pedro Castillo.
FUENTE: Servindi
