Resumen Latinoamericano, 21 de abril de 2021.
Mariana Katz, una de las abogadas de la Asamblea El Algarrobo – algunos de cuyos integrantes se encuentran detenidos por luchar contra la megaminería y en defensa del agua -, cuestiona los dichos del gobierno de Catamarca sobre las consultas ciudadanas en el proyecto minero MARA en los nevados del Aconquija. Remarca que en Andalgalá el mecanismo de consulta consistió en llenar planillas con preguntas que nunca tuvieron respuesta, y que la información brindada a la comunidad fueron expedientes administrativos que contaban con 3 mil páginas que debían ser leídas en menos de 15 minutos debido al contexto de pandemia. Además, denuncia que «existen planilla firmadas por funcionarios públicos. Por ejemplo Micone, ex ministro de Minería, o por el director de la DIPGAM, como si fueran ciudadanos de Andalgalá. Por participación ciudadana hacen pasar a los funcionarios públicos como ciudadanos comunes. Ese es el tipo de participación ciudadana que da la provincia de Catamarca». Mientras, autoridades niegan maltratos e irregularidades en las detenciones de los 12 asambleístas que permanecen en confinamiento. Hoy familiares, vecinos y vecinas exigen la liberación de los detenidos.
Desde el 12 de abril los andalgalenses fueron testigos de detenciones a ambientalistas que defienden el agua desde hace más de una década contra las empresas multinacionales mineras. Mariana Katz, una de las abogadas de la Asamblea El Algarrobo afirma que los allanamientos se realizaron de forma irregular y sin órdenes judiciales. Se suma a las incongruencias judiciales, que la causa fue iniciada a partir de testimonios de policías y de quienes aparentemente serían familiares de integrantes de esa fuerza.
Distintos relatos dan cuenta del maltrato y el exceso policial en los arrestos. Uno de los más violentos fue el allanamiento al domicilio y detención de Walter Mansilla, que también es foto-periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) y que, durante la caminata 583, cuando se incendiaron las oficinas de la Yamana Gold, se encontraba registrando con su cámara para la Asamblea El Algarrobo. La policía irrumpió en el domicilio de Walter, destrozando el lugar, golpeándolo y provocándole lesiones: «Sentía los ruidos de las rupturas de la casa cuando llegue. Les pedí que no lo tratasen así, que era un ser humano. Lo vi tirado en el piso. Lo tenían en el piso con un bota en el cuello«, relató la abogada.
Imagen: Soledad Castro.
El fiscal de la causa, Hugo Costilla, en 
de
claraciones a la prensa niega la existencia de denuncias sobre hostigamiento o maltrato sufridas por los vecinos. También el Director de Derechos Humanos de la provincia de Catamarca, Hernán Velardez Vaca, afirmó no advertir situaciones que vulneren los derechos de las personas privadas de su libertad. Pero los testimonios de familiares y asambleístas aseguran lo
contrario. Para la abogada Mariana Katz las autoridades de la provincia de Catamarca sistemáticamente «salen a desmentir a los asambleístas frente a la situación conflictiva que se viralizó. Los funcionarios catamarqueños salen a negar el reclamo y las denuncias de la población como lo hicieron desde el año 2009, cuando se inicia la resistencia del pueblo andalgalense al proyecto Agua Rica».
En un comunicado publicado el lunes 20 de abril, el gobierno de Catamarca asegura que se garantiza la participación ciudadana en proyectos mineros. Afirman que durante el año 2020 se realizaron consultas públicas y abiertas en Andalgalá. Al ser consultada, Katz cataloga como una “vergüenza” que se hable de participación ciudadana en los proyectos mineros. Remarca que en Andalgalá, el mecanismo de consulta consistió en llenar planillas con preguntas que nunca tuvieron respuesta. La información brindada a la comunidad eran expedientes administrativos que contaban con 3 mil páginas que debían ser leídas en menos de 15 minutos debido al contexto de pandemia. La letrada agrega que en las consultas públicas eran los mismos funcionarios los que firmaban las planillas: “existen planilla firmadas por funcionarios públicos, por ejemplo Micone, ex ministro de Minería, por el director de la DIPGAM, como si fueran ciudadanos de Andalgalá. Por participación ciudadana hacen pasar a los funcionarios públicos como ciudadanos comunes. Ese es el tipo de participación ciudadana que da la provincia de Catamarca”.
En el pueblo de Andalgalá continúa una fuerte presencia policial, que se reforzó cuando el ejército nacional se apostó en la puerta de la fiscalía local. Mientras, el Estado provincial parece dejar el camino libre a la empresa Yamana Gold, que mantiene actividad en el nevado del Aconquija. Pero más voces se suman a denunciar la actividad ilegal de la minera. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifestó su preocupación por el avance del proyecto minero MARA Agua Rica, denunciando el incumplimiento de la ley general del ambiente y la Ley de Glaciares.
Los vecinos detenidos son integrantes de la Asamblea El Algarrobo, espacio que denuncia las operaciones ilegales de la minera, la complicidad de las autoridades catamarqueñas y el establecimiento de un estado policial y es el espacio organizativo de las y los pobladores desde hace más de diez años. En los próximos días el juez de la causa debe definir la situación procesal de los detenidos.Pese al temor que impone la militarización del territorio, la comunidad se moviliza diariamente a la fiscalía exigiendo la liberación de sus familiares arrestados por defender el derecho humano al agua.
#Catamarca Este miércoles detuvieron a tres asambleistas, sumando un total de 10 encarcelados/as. El clima en
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— ANRed #25Años (@Red__Accion)
Fuente: ANRed
