Por: Meritxell Freixas, Resumen Latinoamericano /El Desconcierto, 3 de febrero de 2021.
Paula Cortez hace pública en El Desconcierto una denuncia contra su ex pareja David Barrera, miembro del Gope de Carabineros, por un caso de VIF. La mujer acusa a la institución policial de proteger al funcionario y actuar bajo lógicas corporativistas por haber sido arrestada cuando acudió a comisaría a presentar su denuncia, a pesar de los moretones y lesiones que ella presentaba. Su testimonio se resume con esta frase: «Si no llego al extremo de que me quiere matar, no me creen».
La cabeza de Paula hizo clic cuando llegó con el rostro golpeado y el cuello magullado a la comisaría y, a pesar de las evidencias, Carabineros la detuvo a ella por violencia intrafamiliar, y no a su ex pareja, policía del Gope y presunto responsable de sus heridas. Ella, que siempre había confiado en la institución, a pesar de la cantidad de veces que siente que le ha fallado, ese día sepultó la poca credibilidad que le quedaba.
–Tenía esperanza de que me creyeran, a pesar de todo, por como estaba de golpeada, a pesar de las denuncias anteriores [sin efecto] y de que nunca antes me hicieron caso.
La madrugada del 6 de diciembre Paula Cortez (31) y David Barrera (30) llegaron hasta la 21ª Comisaría de Estación Central, cada uno con intenciones de exponer su propia denuncia. Horas antes mantuvieron una discusión que subió rápidamente de tono hasta el punto que Paula llegó a perder la consciencia por la golpiza que recibió.
La madre, que llevaba más de 24 horas esperando con incertidumbre el retorno de su hija, estalló en rabia apenas lo vio llegar. Luego de discutir con la polola de su expareja y provocar daños en el auto en el que se encontraban. “Me dijo que me quitaría a la niña y cuando escuché eso, después de todo lo que había pasado, le pegué una cachetada en la cara”, reconoce Paula. Él respondió subiendo el nivel en la escala de violencia.
–¡Ahora cagaste, le pegaste a un carabinero, te vai detenida!
“La tomó del cuello fuertemente con ambas manos, a la vez que la golpeaba en su cuerpo en reiteradas oportunidades con uno de sus codos. Además de darle golpes con un arma de fuego particular en diversas partes del cuerpo de la víctima, para posteriormente lanzarla al suelo e inmovilizarla (…) presionando una de sus costillas en su espalda”, describe la querella que ha presentado la mujer, patrocinada por el SernamEG, por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) y amenazas simples.
Paula dice que sintió en su cabeza “el mismo pitido de cuando la tetera va a hervir” y luego perdió la consciencia durante unos segundos. Así lo recogen también tanto el informe policial como los partes médicos. La agresión continuó hasta que llegaron dos vecinos y Dan, su actual pareja. A él, Barrera lo apuntó con su arma de servicio: “Le dijo ‘te voy a matar’ y apretó el gatillo; no estaba en su sano juicio, incluso tenía la cara distorsionada, como de la adrenalina”, describe la mujer. La amenaza con pistola bloqueó la pelea y cada parte se fue por su lado: la pareja regresó al departamento, y el policía se fue a la 21ª Comisaría a denunciar a su ex mujer por violencia intrafamiliar.
Corporativismo policial
Lo que pasó después de la violencia física fue, para Paula, una segunda parte, casi igual de dolorosa que la anterior. Por eso ha decidido hacerlo público, “por desesperación”, asegura, y porque teme que “se la juzgue” a ella. Porque eso es lo que dedujo que le podía pasar después de intentar denunciar lo ocurrido. Acusa que desde Carabineros le mintieron e intentaron proteger a Barrera por ser miembro de la institución, mientras que ella se sintió “totalmente vulnerada”. “Fue un arreglo entre ellos”, espeta.
“Una vez allí, me encuentro con el padre de mi hija en la entrada [de la comisaría], fumándose un cigarro y tomándose un café. Libre, conversando con sus colegas de la comisaría”, relata. En ese momento, dice, se dio cuenta de que no la creían: “Él estaba libre siendo que me había estrangulado y me había intentado matar”. A ella, en cambio, la mandaron para adentro y la detuvieron por VIF.
–Me quitaron los cordones, el celular, el banano con la plata, y me tiraron a un calabozo lleno de pichí y escupos. Eran las 3:30 de la mañana y no entendía nada. ¿Cómo me llevaban detenida a mí?–, sigue preguntándose hasta hoy Paula.
Más tarde también fue detenido Barrera, sin embargo, su versión se impuso hasta la mañana. “A las 9 se dieron cuenta de que yo era la víctima. Llegó un jefe de esa comisaría y me dio la libertad”, cuenta.
Foto: Cedida
Amenazada en un departamento fiscal
La acusación de Paula Cortez de corporativismo policial va más allá de este episodio concreto. Desde que se separó de Barrera en 2017 (aún siguen en proceso de divorcio), las amenazas –directas o indirectas– para sacarla del departamento donde vive con su hija y su nueva pareja “han sido constantes”. La vivienda, ubicada en el conjunto habitacional Pajaritos, es parte de un condominio fiscal destinado exclusivamente a suboficiales de Carabineros situado en la avenida Gladys Marín de Estación Central. Según ella, lo consiguieron a través de un tío suyo, quien fue ex General de la institución.
Barrera ha convertido ese departamento en la principal forma de amenaza contra la madre de su hija, a quien él mismo o a través de terceros, advierte reiteradamente que desalojará. Paula alega que cada semana recibe la visita del administrador, vinculado a Carabineros, “para decirme que me tengo que ir”. Su ex pareja habría presentado un reclamo para desalojarla de la casa, donde vive desde 2016, que estaría pendiente de la firma de Contraloría. Según ella, esas no han sido las únicas visitas que ha recibido en su propio domicilio para chantajearla con quitarle el departamento.
En 2019 –dice– acudió a su casa un alto representante de la Dirección de Bienestar de Carabineros: “Me dijo que si no me acostaba con él, iba a hacer que mi solicitud de desalojo se fuera a Contraloría para que la firmaran y yo me fuera”. Ese policía llegó “con la excusa de las reiteradas denuncias” que se hacían en su contra por un supuesto ejercicio de la prostitución en el departamento. Tiempo atrás, Barrera había solicitado al Centro de Atención de Asuntos de la Familia (CAAF) el cuidado provisorio de su hija tras acusar a la madre de trabajar como scort en el edificio y mientras tanto dejar a la niña fuera del departamento. El elemento sospechoso era una luz infrarroja que se veía desde el exterior del departamento y que Paula, que se dedica a la cría de cachorros, ocupa para emanar calor. “Nunca hubo ninguna prueba de esta acusación”, responde Paula. A raíz de este episodio, al menos otros tres hombres se acercaron al departamento para tratar de salir con ella o preguntarle cuánto cobraba, afirma.
Querella por “lesiones menos graves”
Desde su separación, la relación entre Paula y su ex pareja ha sido siempre compleja y atravesada por dimes y diretes judiciales que, en algunos casos, han implicado también a su hija. Se han denunciado mutuamente por VIF y por amenazas, aunque todas las causas han sido archivadas o derivadas a procesos de mediación familiar, cuyas resoluciones actualmente se encuentran vencidas.
El episodio de violencia física contra Paula está actualmente siendo investigado. Tras su detención, Barrera fue formalizado por delitos de amenazas y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, sostiene Sebastián Farías, abogado del SernamEG y a cargo de la querella de Paula Cortez. “Se le impuso la cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, o a cualquier lugar donde se encuentre ella; y la prohibición de porte y tenencia de arma de fuego”, añade.
Sin embargo, la querella no hace mención a la pérdida de consciencia de Paula provocada por la golpiza que presuntamente le propinó su ex pareja, y se refiere a “lesiones menos graves” y “amenazas simples”, algo que para la denunciante es insuficiente. Desde SernamEG indican a este medio que la querella incluye los delitos considerados en la formalización y calificación jurídica que estableció el Ministerio Público. “Sin perjuicio de la calificación inicial, se hace presente que Paula ya cuenta con la representación judicial de SernmaEG y que la investigación continúa siendo diligenciada por la Brigada de Homicidios, por lo que se podría ampliar la querella ante una eventual reformalización», añaden. Paula, en tanto, considera que esa tipificación no refleja lo ocurrido esa noche de diciembre.
Por su parte, David Barrera ha presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el que denuncia que ha sido víctima de una funa por redes sociales y asegura que los moretones y cicatrices de Paula fueron producto de una autolesión. Carabineros informó a El Desconcierto que ha iniciado una investigación interna paralela a la que lleva a cabo por el Ministerio Público para determinar si hay que penalizar al funcionario con sanciones que pueden ir desde una amonestación hasta la baja. Mientras dure la investigación, seguirá trabajando porque, argumentan, “tiene una hoja de vida muy buena”. La institución reitera que, ante casos de violencia hacia las mujeres perpetrada por los propios funcionarios tanto dentro como fuera de la institución, aplican los protocolos contra la violencia y que la institución “es drástica contra los casos de VIF”.
Una prueba clave para el caso serán las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio y cercanas, unos videos que también han sido motivo de controversia. Según explica Paula, el administrador del condominio rescató el video en el que se ve el cachetazo que ella le propina a su ex pareja y, en cambio, no recuperó el resto de la secuencia, donde se vería la agresión hacia ella. La mujer asegura que esta parte habría sido borrada antes de que llegara la PDI. En el fondo, asegura, «ellos quisieron tapar todo esto”. Su esperanza ahora está en la grabación del Club House, situado enfrente de la torre donde se produjo la pelea, que podría haber capturado varios momentos de la escena.
Tres casos en cinco meses
El caso de Paula Cortez es el tercero relacionado con VIF perpetrada por agentes de Carabineros que ha trascendido en cinco meses. Primero ocurrió el femicidio de la carabinera 
Norma Vázquez asesinada en Linares, en agosto de 2020, por su ex pareja, el entonces subteniente de la 25º Comisaría de Maipú Gary Valenzuela Ramos, según confesó él mismo.
Los detalles sobre cómo el femicida logró ingresar a Carabineros pusieron en cuestión el sistema de admisión de la institución.
En noviembre se dio a conocer el caso de Janeth León, la mujer de Los Ángeles que denunció a un sargento que había sido su pareja por presuntamente quemarle el auto en la puerta de su casa. Ella ya había presentado denuncias en su contra con anterioridad. El parte policial entregado por Carabineros sobre el ataque no declaró que el acusado era sargento y funcionario activo de la institución.
“Hay una fuerte protección por parte de Carabineros hacia sus funcionarios policiales hombres frente a los casos de VIF, sean dentro o fuera de la institución. Carabineros se mueve bajo unas lógicas de una gran familia heteropatriarcal y, como tal, ese tipo de problemas son considerados ‘íntimos’ y se resuelven dentro de la institución, sin ventilarse hacia afuera para no exponer a esa gran familia”, señala la abogada Paloma Galaz Lillo, de AML Defensa de Mujeres.
«Lógicas machistas replicadas en la esfera íntima»
Varias investigaciones internacionales han dado cuenta de una mayor tendencia a comportamientos y actitudes violentas contra las mujeres dentro de los cuerpos de policía. El estudio Violence in Police Families realizado en Estados Unidos en 2005, evidenció que el 40% de los policías habían tenido al menos un comportamiento violento hacia su pareja.
Un informe publicado en 2018 por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) de Argentina revela que uno de cada cinco femicidios ocurridos en el país, fueron llevados a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad y con armas reglamentarias.
Otro trabajo –Violencia con uniforme. Cuando el denunciado por maltratar a su pareja es un policía– publicado en 2016 en Uruguay por Gonzalo Corbo, miembro del Instituto de Psicología Clínica de la Universidad de la República, sostuvo que las conductas y los valores de los policías se encuentran asociados al rol tradicional del varón, ejercer autoridad en el hogar y proteger a su familia (seguridad y provisión). “Muchas veces sienten que las denuncias contra ellos por parte de sus esposas son también transgresiones a los mandatos de género”, dijo el autor en una entrevista. Según él, a muchos de los agentes les falta tomar más consciencia de que sus vínculos familiares o con la pareja a menudo funcionan “sin despojarse totalmente de la función policial”.
Paloma Galaz coincide y enfatiza que “no es raro que los funcionarios policiales ejerzan la violencia en todas las esferas porque está totalmente validada por parte de la institución y de quienes pertenecen a ella; las lógicas machistas están incorporadas desde siempre, fortalecidas por la institución y se ven replicadas en las esferas tanto íntimas como públicas”.
Desde SernamEG afirman que el trabajo con Carabineros “es constante” y que capacitan a sus funcionarios y funcionarias, en distintas modalidades, en la temática de violencia de género, “con el objetivo de generar el cambio cultural de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”. Sin embargo, para Galaz hay un déficit evidente de las fuerzas de seguridad en la formación en derechos de las mujeres.
Como ejemplo menciona el estudio exploratorio de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres “Respuestas de Carabineros frente a denuncias realizadas por mujeres que sufrieron violencia”, que concluye que más del 80% de las mujeres encuestadas ha tenido una percepción negativa de su intento o denuncia efectiva en Carabineros. Paula Cortez expresa esta realidad en todas sus facetas: “Mi rabia más grande es que después de como me han tratado –de loca, prostituta, y enferma mental– si no llega él al extremo de querer matarme, nadie me cree”.
