Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2021.
Unos nueve mil hondureños que integran la actual caravana migratoria huyen por problemas económicos, políticos y sociales, generados en los últimos diez años por extrema miseria y marginalidad severa de la población. Este panorama ratifica que la institucionalidad del país fue destruida por el régimen de Juan Hernández con la complicidad de la cúpula de Fuerzas Armadas, que en los últimos años se convirtieron en activistas políticos, explica el analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda.
En Honduras la oposición “es ingenua creyendo en el sistema, pero hablando mal de él, si todo está mal, pero vamos a ir a elecciones, elecciones que si no se manejan bien sólo van a servir para legalizar la continuidad de los que ahorita tienen al país en una posición tan incómoda”.
“Cuando los ciudadanos emigran, cuando huyen de un país, los gobernantes sobran”, rememora acerca del pensador José Martí, el analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda.
El estudioso de las leyes subraya que los hondureños nos asustamos de los hechos violentos que ocurren en Siria, en Libia y en Palestina, pero acá la gente olvida que los hondureños están migrando y huyendo con todas sus familias, a pesar de que arriesgan sus vidas.
Los éxodos masivos de familias catrachas se contemplan desde 2018, pero en la actualidad se han intensificado, debido a muchos factores generados por la pandemia y los huracanes, pero pese a esos hechos lamentables “no vemos una respuesta ni siquiera una comparecencia que diga vamos a ofrecer alguna alternativa a estas personas”, cuestiona al jurista.
Obviamente –explica— el problema es estructural, es tan grande que sería excesivo pedir al presidente que resuelva el problema en su totalidad, pero una parte se puede hacer y abandonar ese discurso lambiscado de presentar un panorama del país como si todo estuviera funcionando y el hecho es que después de diez años los índices de pobreza, exclusión, marginalidad e insalubridad son peores que los de 2010 y la institucionalidad se vino abajo.
Ante la falta de institucionalidad que fue arrebatada por el grupo que controla el gobierno, diputados en el Congreso Nacional, han propuesto aplicarle a Juan Hernández, un juicio político, pero según Pineda, “no se va dar en Honduras, mientras la configuración del Congreso esté como está, mientras algunos diputados le han puesto precio al voto o a su inasistencia derivando a los suplente la responsabilidad de tomar decisiones y mientras la sociedad no se manifieste la presencia ciudadana en las protestas públicas, éstas se ve como muy raquíticas, lo que es malo para la ciudadanía, es bueno para el gobierno”.
Y agrega que en Honduras la oposición “es ingenua creyendo en el sistema, pero hablando mal de él, si todo está mal, pero vamos a ir a elecciones, elecciones que si no se manejan bien sólo van a servir para legalizar la continuidad de los que ahorita tienen al país en una posición tan incómoda”.
El analista explica que Estados Unidos para neutralizar la migración ilegal, que según ellos abarata la mano de obra norteamericana y, bajo una nación con problemas sociales y económicos no aceptables, estableció con México, Guatemala y Honduras un convenio de “tercer país seguro”, destinado a frenar a las personas que buscan el “sueño americano”, algo que se refleja en las represiones que los policías y militares guatemaltecos han ejecutado contra los connacionales que transitan esa nación y, para evitar esas humillaciones, el entrevistado recomienda una reforma social y política.
El experto en materia constitucionalista, cuestiona a la cúpula militar hondureña, porque ha permitido las violaciones a la Constitución de la República, en función que sus altos mandos “se han convertido en activistas de Juan Orlando Hernández; en eso hay que hacer una separación muy clara, yo creo que ellos deben reflexionar en el sentido que están poniendo en peligro la institución armada, están disminuyendo el aprecio y el respeto que le ha tenido la sociedad a los militares.
Insiste Pineda, “en este juego vamos a perder todos, porque cuando nuestras Fuerzas Armadas, abandonan su papel constitucional y se convierten en apañadores de un régimen, definitivamente no tienen raíces basados en la ley ni en la legitimidad, pues asumen el papel de un ente beligerante y las Fuerzas Armadas no son beligerantes y son obedientes a la ley, no necesariamente a la arbitrariedad de un comandante general”.
Fuente: El Libertador
