Por Luis Fernando Novoa Garzon. Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021.
La incorporación de la Amazonia, tal como se ha procesado en las últimas décadas, implica la cristalización de la condición de complementariedad económica del país como un fin en sí mismo. La destrucción programada de la Amazonia sólo puede ocurrir en un país accesorio y puesto premeditadamente a la deriva.
Esta selectividad inversa, a favor de la primarización y reducción de las cadenas productivas aquí instaladas, representa una poda preventiva de las cadenas de valor potenciales o incompletas. Representa una renuncia a la formación postindustrial y una autocondena a las demandas exógenas a corto plazo.
Ganar por la escala y volumen significa perder el halo esencial que garantiza la autonomía y la trayectoria consciente de una colectividad. Esto es lo que significa el umbral de la Amazonia, su negación como un campo interminable de alternativas, es decir, de repertorios de autonomía social, cultural y económica.
La ordenación territorial concebida para la región de la Amazonia, como un mosaico de tierras protegidas en medio de corredores de ocupación que respetaran la marca de la zonificación económico-ecológica, ya no encaja ni siquiera como una marca lógica digna de ser cortejada cínicamente. Del cinismo ambiental, con el pleno apoyo de las instituciones multilaterales, se ha pasado a la apología del delito y a la truculencia de los agentes económicos cuya expansión depende de la impunidad ante las prácticas de devastación ambiental, acaparadores de tierras y limpieza social de los territorios.
Este modelo de incorporación territorial a gran escala ha pasado por varios períodos históricos y formas de gobierno. En términos generales, puede decirse que en la dictadura militar hubo una planificación territorial centralizada por parte del Estado y los recursos públicos con asociaciones privadas preferenciales, a través de grandes proyectos multisectoriales, con el Proyecto Grande Carajás y el Complejo Hidroeléctrico de Tucuruí.
A partir de los años 90, especialmente en los años de Fernando Henrique Cardoso, se produjo un mayor protagonismo de los agentes privados en la esfera económica, que se convirtieron en los primeros controladores de los generadores eléctricos y de las industrias extractivas, lo que se traduciría en una mayor especialización y flexibilidad en los ejes espaciales. En los gobiernos de Lula y Dilma, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC 1 y PAC 2) se vio erosionado en las llamadas aplicaciones «estructurantes» de los mandatos de desarrollo regional y territorial según los requisitos de máximo rendimiento para los inversores privados.
Iniciativas paralelas lanzadas en 2011, como el PIL (Programa de Logística Integrada), ya mostraron la demanda empresarial de un papel menos regulador y mediador de los organismos públicos para una función de apoyo incondicional a la inversión privada. El objetivo era cortar y ofrecer a los inversores privados los corredores y equipos logísticos más rentables con garantías ilimitadas del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social).
El lanzamiento del Programa de Asociación de Inversiones (PPI) en 2016, por un gobierno ilegítimo (gobierno Temer) y en busca de un posterior apoyo empresarial, representó un programa puente en el que el aparato estatal asumiría inequívocamente su papel de impulsor del sector privado. Las condicionalidades se invierten, las contrapartidas siempre provienen del sector público en términos de sacrificios regulatorios e impuestos que disminuyen los llamados «costos país». Esto hace improbable la posibilidad de que se frustren los beneficios supuestos y los niveles de capitalización de acciones y obligaciones a través de marcos reglamentarios y planes de financiación realmente «amistosos».
El gobierno de Bolsonaro hereda el PPI y trata de hacerlo factible en un escenario de ajuste fiscal impulsado por el techo de los gastos no financieros, tratando de cubrir los riesgos e incertidumbres inmanejables con un mayor marco de proyectos y la más completa segregación de los riesgos sociales y ambientales. Las privatizaciones, en esta perspectiva, serían un «retorno» de «activos recuperados». En otras palabras, el Gobierno de la Bolsa estaría obligado a dar prioridad a los «activos problemáticos» para que sean atractivos y funcionales.
Lo que está literalmente en la agenda en relación con la Amazonia, este inmenso «activo problemático», es la creación paraestatal y paramilitar de dispositivos que perpetran genocidios y ecocidas continuos. No se trata de un hecho aislado, sino de un método gubernamental-empresarial que reorganiza los procesos productivos bajo el impulso de la máxima rentabilidad, apelando a la síntesis de pueblos y territorios en forma de costos y riesgos financieros.
Sintetizar, reducir, sobreexplotar nunca es suficiente. La inevitable corrosión de los resultados de estas estrategias de expansión no produce ninguna «conciencia repentina» de los límites naturales del capitalismo. Por el contrario, la destructividad creadora como último recurso de un capitalismo en fase necrófaga, hace de la frontera no sólo un margen físico para la acumulación expandida, sino más bien una forma de metabolismo: el estertor como método.
La Amazonia se ha convertido en el palco preferencial para los sacrificios a largo plazo que sirven para solidificar los acuerdos económicos y políticos a corto plazo. Mientras todos los ingredientes de una guerra total y asimétrica contra pueblos y comunidades inseparables de sus territorios entran en funcionamiento, las Fuerzas Armadas ocultan su irrelevancia o muestran el máximo esfuerzo para demostrar su pasividad ante enormes sustracciones. Operaciones verde-amarillo para normalizar las operaciones de venta a domicilio de las cadenas transnacionales de carne, soja, energía y minerales que presiden los ciclos de expansión/devastación en la Amazonia. Vean que la deforestación es sólo un indicador de esta barbarie planificada. No basta con medirlo, mesurarlo, auditarlo. Tampoco basta con limitar la deforestación para obtener una especie de moneda de cambio, un signo o sello verde para la llegada de inversiones «diferenciadas».
Aunque el daño causado por décadas de desregulación de los sectores especializados en recursos naturales es notorio, revertir este «apagón» de la gestión está fuera de la agenda en el país de los productos básicos. Aunque con destellos circunstanciales, sobre la «gobernanza ambiental» del país, no parece haber ninguna divergencia entre las tres potencias en el brindis y la reverencia a los inversores que sostienen al país por la carga. Al final, hay un bloque de poder entre escalas móvil, distante y descorazonado que es el resultado de alianzas entre segmentos de conglomerados en competencia y burocracias políticas capturables, como se expuso en la obscena reunión ministerial en la que se ofreció simplificaciones y flexibilizaciones regulatorias.
La pandemia de covid-19 radicalizó los efectos de estas políticas de maleabilidad regulatoria y la apertura de nuevas fronteras de acumulación. Las condiciones de vida desiguales, profundizadas con la covid-19, dieron lugar a condiciones de supervivencia desiguales. Grandes segmentos sociales de las ciudades y comunidades del campo y la selva fueron abandonados a su suerte, sin una expansión proporcional de las redes de servicios, sin adaptación y especificación de los procesos de diagnóstico, control y tratamiento según sus especificidades culturales. Consecuentemente, se debe aplicar un lema adicional al liberalismo que se convierte en necroliberalismo: después de «déjalo hacer y déjalo pasar», déjalo morir.
Es el volumen y la rapidez del saqueo, la desregulación, las concesiones y las privatizaciones lo que garantiza el bono de permanencia de Bolsonaro hasta 2022. Blindaje condicional contra las impugnaciones parlamentarias o las investigaciones criminales finales de sus familiares. Las directrices intactas del rentismo y la privatización expresan cómo se naturaliza y se extiende un «Bolsonarismo sin Bolsonaro». El sesgo de los mercados financieros y de los grandes conglomerados pasa por alto los «excesos ideológicos» del gobierno de Bolsonaro para que se produzcan todos los expolios, las privatizaciones y las reformas liberalizadoras previstas, manteniendo las apariencias democráticas. Sin déspota efectivo, un despotismo casi perfecto.
Luis Fernando Novoa Garzon, sociólogo, profesor de la Universidad Federal de Rondônia.
Fuente original y traducción: 
Correspondencia de Prensa
Fuente: Rebelión
