Resumen Medio Oriente, 14 de noviembre de 2020-.
DAVID BOLLERO
Desde el pasado 21 de octubre un nutrido grupo de civiles saharauis bloquea el paso fronterizo de El Guerguerat que comunica el Sáhara Occidental con Mauritania. El objetivo del bloqueo es doble, por un lado, volver a llamar la atención internacional sobre la dramática situación que vive el pueblo saharaui desde hace 45 años y, por otro, frenar el tráfico ilegal de mercancías –incluido el narcotráfico- que tiene lugar en este paso fronterizo que, según el Frente Polisario, incumple los acuerdos alcanzados en el marco de la ONU.
El Guerguerat, como sucede con el resto del Sáhara Occidental, no pertenece legalmente a Marruecos. La diferencia, además, reside en que ni siquiera el reino alauita lo asume suyo, puesto que según los acuerdos militares a los que llegaron ambas partes la región se encuentra en la llamada zona de separación. De hecho, dichos acuerdos únicamente establecen cuatro puntos en los que se puede pasar de un lado a otro del llamado «Muro de la Vergüenza» y El Guerguerat no es uno de ellos, tal y como ha recordado estos días el Frente Polisario al jefe de la MINURSO (Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental, Colin Stewart.
A pesar de ello, este paso fronterizo se ha convertido en una ruta habitual que utilizan, incluso, los pesqueros españoles que descargan sus capturas en la ciudad mauritana de Nuadibú y desde allí la transportan en camiones por todo el Sáhara Occidental y Marruecos hasta la península. Según las autoridades saharauis, el tráfico de mercancías, muchas de ellos fruto del expolio ilegal al que está siendo sometido el Sáhara Occidental, no pasa ningún tipo de control ni inspección aduanera ante la pasividad internacional y el interés del Gobierno marroquí.
El pasado 6 de septiembre se cumplieron 29 años de la firma de alto al fuego que ponía fin a 16 años de guerra entre el Frente Polisario y Marruecos. Pese a que en 1991 el «Muro de la Vergüenza» de 2.700 kilómetros de longitud ya partía en dos el Sáhara Occidental, con más de siete millones de minas antipersona en sus aledaños, cuando entró en vigor el alto el fuego, esta región continuaba siendo legalmente un territorio unificado. El mantenimiento del muro se adoptó como una mera medida de separación entre ambos ejércitos en espera de la celebración del referéndum de autodeterminación. De aquello han pasado casi tres décadas y 45 años desde que el pueblo saharaui fue despojado de su tierra.
Un extremo que ha venido siendo ratificado en posteriores encuentros, como es el caso de la tercera ronda de conversaciones directas celebradas en Lisboa, Portugal, el 29 de agosto de 1997, en la que se subraya que «el presente acuerdo en modo alguno cambiará, afectará o alterará de ninguna manera las fronteras del Sáhara Occidental reconocidas internacionalmente y no servirá de precedente para aducir que ha habido cambios o alteraciones en ellas». A pesar de ello, periódicamente Marruecos intenta extender sus dominios hacia el sur.
Dos décadas de provocación
La polémica con este paso no es nueva. En el recuerdo más reciente, se encuentran las movilizaciones que tuvieron lugar en 2016, cuando Marruecos intentó asfaltar en este punto la pista de tierra que se adentra hacia Mauritania. El Frente Polisario denunció entonces la violación del alto el fuego, circunstancia que en un principio negaron tanto Marruecos como la MINURSO, hasta que la agencia de noticias Associated Press filtró un documento confidencial de la ONU en el que se destapaba que, efectivamente, Marruecos había cometido tal infracción.
Con todo, no fue hasta febrero de 2017 cuando Marruecos decidió retirar sus tropas, apagándose así los tambores de guerra. Dos meses después, en la resolución 2351 de 28 de abril el Consejo de Seguridad, afirmaba que «la reciente crisis en la zona de separación de Guerguerat plantea cuestiones fundamentales relacionadas con el acuerdo de alto el fuego».
Sin embargo, la intención por parte de Marruecos de construir una carretera no comenzó en 2016. Es preciso remontarse casi dos décadas atrás, al 2001, cuando tal y como se detalla en el informe del secretario general Kofi Annan S/2001/398, «el 15 de marzo de 2001, las autoridades militares marroquíes informaron a la MINURSO de sus planes de comenzar a construir una carretera asfaltada en el ángulo sudoccidental del Sáhara Occidental, a través de la zona de separación de 5 kilómetros, hasta penetrar en Mauritania cerca de Nouadhibou».
Violación del acuerdo militar
Según señala aquel informe, el representante especial de entonces, William Eagleton, así como el responsable de la MINURSO, el general Claude Buze, «advirtieron a sus contactos civiles y militares marroquíes de que la propuesta construcción de la carretera planteaba cuestiones difíciles y entrañaba actividades que podrían constituir violaciones del acuerdo de cesación del fuego».
Desde entonces, el Frente Polisario denuncia que no sólo se viola el acuerdo del alto al fuego que entró en vigor el 6 de septiembre de 1991 (se acaban de cumplir 29 años) y con el que se ponía fin a 16 años de guerra, sino también el Acuerdo Militar número 1. Este último documento, suscrito entre el Frente Polisario y la MINURSO en diciembre de 1997 y entre Marruecos y la MINURSO en enero de 1998, viene a complementar el del alto el fuego.
Los acuerdos militares dividen el Sáhara Occidental en cinco zonas: dos zonas restringidas (25 kilómetros al este del Muro de la Vergüenza y 30 kilómetros al oeste del mismo), otras dos zonas de restricción parcial que abarcan el resto del Sáhara Occidental y una zona de separación de 5 kilómetros de ancho al este del Muro, en la que se encuentra El Guerguerat, donde la que la entrada de personal o equipo del Real Ejército de Marruecos se considera una violación de los acuerdos.
El Frente Polisario denuncia ahora el despliegue de un contingente de la Gendarmería Real marroquí vestidos como civiles, así como la presencia en la zona de altos mandos militares del reino alauita, lo que supone otro grave incumplimiento del alto el fuego y abre todavía más la posibilidad de «una nueva guerra total en la región», según el representante legítimo del pueblo saharaui.
Los hechos recuerdan dramáticamente a otra trágica efeméride que tiene lugar este mes de noviembre: los diez años de la masacre de Gdeim Izik, el desmantelamiento del campamento de protesta pacífica levantado a las fueras de El Aaiún, que dejó tras de sí la muerte del saharaui de 14 años Nayem Elgarhi, además de una larga lista de presos políticos que se enfrentan a penas de prisión de 20 y 30 años y de cadena perpetua, y torturas a manos de Marruecos.
De crispación en crispación
Los grandes enfrentamientos en El Guerguerat han venido siempre asociados a polémicas paralelas al conflicto central, esto es, el incumplimiento del Derecho Internacional por parte de Marruecos que continúa ocupando ilegalmente un territorio que no le pertenece.
En 2016, el clima entonces ya estaba crispado, no sólo porque a principios de año los soldados marroquíes hubieran matado a tiros a Ashmad Djuli, un pastor saharaui que reunía a su ganado en las inmediaciones del «Muro de la Vergüenza», sino porque el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decidió visitar el Sáhara Occidental antes de finalizar su mandato. Esta visita y el haber calificado de «ocupación» la presencia de Marruecos en esta región propiciaron que Marruecos expulsara a 73 miembros de la MINURSO.
El término «ocupación» crispó a Mohamed VI a pesar de que, en plena guerra y aún con su padre Hassan II al frente del reino, la Asamblea de la ONU se pronunciaba en estos mismos términos. En su Resolución 34⁄37 de 21 de noviembre de 1979 y «habiendo examinado a fondo la cuestión del Sáhara Occidental», la ONU reafirmaba «el derecho inalienable del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación», reconociendo la «legitimidad de la lucha que libra para lograr el ejercicio de ese derecho conforme a lo previsto en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana». Además, la resolución también deploraba profundamente «la agravación de la situación, como consecuencia de la persistente ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos y de la ampliación de esa ocupación al territorio recientemente evacuado por Mauritania».
Una MINURSO ineficaz
Por otro lado, este clima de crispación en modo alguno se ha visto rebajado con la última renovación del mandato de la MINURSO, el pasado 30 de octubre. En dicha renovación, ni siquiera se hace mención al referéndum de autodeterminación que, como su propio nombre indica, es para lo que fue creada esta misión de paz. Además, continúa siendo la única misión de paz de la ONU que, pese a las solicitudes reiteradas del Frente Polisario, no contempla garantizar el respeto de los Derechos Humanos.
A medida que han pasado los años, la pasividad de las Naciones Unidas con esta cuestión ha provocado el desaliento del pueblo saharaui, al que ya no le satisface que el organismo internacional exprese su «profunda preocupación por las constantes penurias que padecen los refugiados saharauis y su dependencia de la asistencia humanitaria externa». Hechos denunciados repetidamente, como que los mismos vehículos de la MINURSO lleven matrículas marroquíes no sugieren imparcialidad, según quedó reflejado en el informe del secretario general Ban Ki-moon sobre la situación relativa al Sáhara Occidental S/2015/246, en el que se indica que «la percepción de la imparcialidad de la MINURSO y de las Naciones Unidas sigue viéndose afectada por el hecho de que los vehículos de la MINURSO circulen con placas de matrícula marroquíes al oeste de la berma [el Muro]». Un hecho que, incluso, se ha podido ver estos días en El Guerguerat, pese a que el compromiso de Marruecos con la MINURSO para cambiar todas estas placas por las de la ONU data de 2014.
Han quedado muy atrás informes, anteriores incluso a la resolución 690 del Consejo de Seguridad que estableció definitivamente la MINURSO, como los del secretario general Javier Pérez de Cuéllar, el S/22464 y el S/21360, ambos de 1990, en los que ya definía el cometido de esta misión de paz y las fases del referéndum con el que «el pueblo del Sáhara Occidental elegirá libre y democráticamente entre la independencia y la integración con Marruecos» o, incluso, se detallaba el modo en que había de realizarse el censo, teniendo «derecho de voto todos los naturales del Sáhara Occidental, de 18 años de edad o más, que estén inscritos en el censo efectuado por las autoridades españolas en 1974 y que se encuentren actualmente en el Territorio o fuera de 61 en carácter de refugiados o por otra razón», concediendo a los presos «una amnistía general y completa».
En la actualidad y pese a las continuas denuncias de organismos internacionales como Amnistía Internacional o Democracy Now!, Marruecos viola los derechos humanos en el Sáhara Occidental y expulsa a activistas y periodistas que tratan de documentar tales abusos
Fuente: publico.es
