Resumen Latinoamericano, 19 de agosto de 2020.
Foto: @denilsoncadete/ Midia Ninja
El aborto practicado a una niña de 10 años, víctima de una violación intrafamiliar, desató en Brasil una intensa disputa que provocó la movilización de grupos conservadores, que intentaron evitar la práctica. La intervención fue realizada en la mañana del pasado domingo en Recife, en el estado de Pernambuco, después de que los médicos del hospital del estado de Espírito Santo (a más de 1.800 kilómetros) se negaran a practicar el aborto por motivos de conciencia, a pesar que en Brasil el aborto es legal en casos de violación. Por ANRed
El aborto practicado a una niña de 10 años, víctima de una violación intrafamiliar, desató en Brasil una intensa disputa que provocó la movilización de grupos conservadores, que intentaron evitar la práctica.
“En Guriri, barrio del municipio de São Mateus, litoral norte de Espírito Santo (estado ubicado en la región sudeste de Brasil), una niña de diez años violada por su tío quedó embarazada. Luego de haber sido atendida en una unidad de salud fue llevada a una unidad de acogimiento institucional, encontrándose bajo la responsabilidad del Estado. Este procedimiento es muy frecuente en Brasil en los casos de violencia o violación de niños y adolescentes. A su vez, la situación de la niña está perfectamente abarcada por el Código Penal Brasileño, en vigencia desde 1940, que garantiza el derecho a la interrupción del embarazo tanto en razón de la violación como también porque el embarazo pone en riesgo su vida” explicaron organizaciones feministas.
El caso se volvió público tras un artículo publicado en el portal G1 en Espírito Santo el día 8 de agosto y ganó aún más atención con la noticia publicada por el portal Gazeta el día siguiente. Acto seguido la Ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, quien es radicalmente contraria al aborto incluso en los casos de violación, anunció por el Twitter que ya había movilizado su equipo para “ayudar la niña, la familia y hacer el seguimiento del proceso criminal hasta que llegue al final”. En el 10 de agosto dos funcionarios del Ministerio junto con un diputado estadual conocido por su oposición al derecho al aborto estuvieron en São Mateus y han charlado con distintas autoridades.
Tanto la ministra como su equipo han enfatizado que habían tomado medidas para el cumplimiento de la ley para la punición del violador, mientras tanto en ningún momento mencionaron el derecho a la interrupción del embarazo igualmente garantizado por la ley. “Teniendo en cuenta las posiciones del Ministerio sobre este tema, no es absurdo suponer que las visitas del equipo en la ciudad pueden haber implicado en algún tipo de presión sobre actores institucionales involucrados con la resolución del caso” explicaron.
La Secretaría de Asistencia Social de São Mateus declaró que la interrupción del embarazo estaba bajo análisis de los equipos técnicos y dependía de una autorización judicial. Esa medida judicial se hace necesaria porque la niña estaba bajo responsabilidad del Estado. “Tenemos información segura que tanto la niña como su representante legal han elegido por la interrupción del embarazo tal como está garantizado por el Código Penal (Decreto Ley no 2.848 de 7 de diciembre de 1940). Pero la niña está bajo custodia del Estado, así que el escenario no es muy favorable: en la peor de las hipótesis la autorización judicial puede simplemente ser denegada, por otro lado, el proceso puede arrastrarse mucho postergando el procedimiento médico que lo haría algo arriesgado o aun mismo volviéndolo imposible, todo eso resulta de grave infracción de los derechos humanos de la niña y pone en riesgo también quién es responsable por ella” explicaban desde las organizciones feministas.
Finalmente el viernes pasado la justicia utorizó que se le practicara un aborto legal a la menor “la voluntad de la niña es soberana”, afirmó el juez Antonio Moreira Fernandes, del Tribunal de Justicia de Espírito Santo. Argumentó haber tenido en cuenta la evaluación psicológica y el deseo de interrumpir la gestación de la propia menor.
Sin embargo los médicos en la ciudad de Vitoria (sudeste) se negaran a realizar la interrupción por motivos de conciencia. Por esa razón la menor y su familia tuvieron que iniciar un derrotero, incurriendo en mas vulneración de derechos para la niña. Finalmente la intervención fue realizada en la mañana del pasado domingo en Recife, en el estado de Pernambuco. Tuvieron que viajar en avión hasta Recife, tratándose de una familia con escasos recursos económicos.
“Fue un procedimiento inducido, todo de acuerdo con el protocolo de seguridad y de forma efectiva, reduciendo al máximo el sufrimiento de la niña y hoy (lunes) está muy aliviada», dijo a Efe el médico Olimpio Moraes, responsable por la realización del procedimiento.
En las afueras del hospital grupos religiosos reaccionarios, se manifestaron tras haberse filtrado la dirección de la clínica y el nombre de la menor. Llamaron “asesinos” a miembros del equipo médico e intentaron impedir la entrada del director al establecimiento.
Por otro lado, agrupaciones feministas realizaron una vigilia y una barrera humana para proteger a la niña de los grupos antiabortistas.