Resumen Latinoamericano, 17 de agosto de 2020.
“Por fin se hizo justicia para mi Paola”. Su mamá, Petita Albarracín, llevaba 18 años luchando.
El vicerrector de la escuela pública de Ecuador a la que asistía Paola Guzmán Albarracín tenía 65 años cuando la violó y la dejó embarazada. Ella tenía 15 y pasó un año sufriendo abuso sexual. Cuando acudió al médico de la escuela, en lugar de darle apoyo, éste le habría ofrecido practicarle un aborto si tenía sexo con él. La adolescente se quitó la vida en diciembre de 2002 y entonces salió a la luz una serie de encubrimientos y silencios en la institución que la habrían llevado al límite de su salud física y mental.
Se trata de un caso dolorosamente común. Sin embargo, el sistema judicial ecuatoriano no hizo justicia y ha sido gracias a un recurso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado de Ecuador ha sido declarado responsable por no proteger el derecho a la vida, la integridad personal, la educación y la no discriminación de Paola.
El 15 de agosto, la CIDH reconoció que cuando el personal educativo aprovecha su posición de poder y confianza para engañar afectivamente a niñas y adolescentes, eso constituye violencia sexual. Añadió que a Paola también se le negó su derecho a una educación sexual y reproductiva que le habría permitido comprender y denunciar la violencia que sufría. La Corte pidió al Estado que inicie acciones de reparación y de no repetición de manera inmediata.
Según el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, esta sentencia es histórica porque establece por primera vez estándares para proteger los derechos sexuales y reproductivos y prevenir la violencia sexual de todas las niñas en entornos educativos en Latinoamérica.