Por Débora Cerutti ‚Resumen Latinoamericano, 13 de julio de 2020
La violenta detención de dos jóvenes en Villa Dolores junto al hostigamiento, estigmatización y persecución de feriantes de Villa de Las Rosas en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio preocupan y generan alerta en las comunidades del valle. En este segundo informe de la situación en el oeste cordobés, recogemos las voces de CORREPI Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra quienes denuncian el estado represivo en estos más de 115 días de cuarentena.
Detención violenta
Lucas vive en Piedra Pintada, balneario ubicado a diez minutos del centro de Villa Dolores, en el valle de Traslasierra. Salió a comprar algo para almorzar a las once de la mañana y la policía lo interceptó a dos cuadras de su casa junto a su hermano. En la ciudad dolorense, rigen las salidas de acuerdo a la terminación par o impar de los DNI. Cuando la policía les pidió documentos, procedió a detenerlos porque sus documentos estaban inhabilitados para circular ese día.
Lucas intentó explicar que no tenía nada para comer en su casa y que, por eso, salió a hacer las compras. Pero nada tuvo sentido, decidieron cargarlo: “Me dicen que me tiene que llevar. Necesitaba salir a comprar para comer porque, si no, no comía nada. No les interesaba y me querían llevar a toda costa. Ya me habían puesto contra el móvil. Yo me puse un poco nervioso y me decían ‘no te pongás nervioso, te vamos a llevar igual’”, declaró Lucas Del Campo a FM Tinku de Mina Clavero.
Tirado en el suelo, la policía le pedía a Lucas que se quedara quieto mientras el joven intentaba evitar los golpes: “Uno me pega con el costado de la mano y tenía un anillo. Empezamos a forcejear, le digo por qué me pegás”. Ya en el móvil, el verdugueo y los golpes continuaron de parte de la policía, con agentes provenientes de Córdoba Capital, según denunció Lucas: “Se me cagaban de risa. Y me decían que todos los dolorenses, los pueblerinos éramos idiotas porque no servíamos para nada, que por eso venían ellos para poner orden. Lo bolaceaban al policía de Dolores. Me pegaban en la costilla, ya esposado dentro del móvil. Yo les pedía los nombres porque no podía ser que me estuvieran pegando así”.
“Cállate la boca que no sos nadie vos”, le respondía la policía. Le decían que se quedara quieto, que, si no se tranquilizaba, las cosas iban a ser peores y lo iban a “cagar a golpes”, afirmó Lucas.
En la comisaría de Villa Dolores, lo encerraron y, ya adentro, le dejaron de pegar: “Eso pasa cuando te resistís al arresto”, le dijeron. Los cargos que le pusieron fue resistencia a la autoridad y lesiones leves. Del Campo afirma que él no le pegó a ninguno de los más de diez policías que lo detuvieron y que le hicieron firmar varios papeles que no le dejaron leer. Estuvo casi 48 horas detenido e incomunicado. A su hermano lo soltaron al anochecer del día que los detuvieron. Los familiares de ambos jóvenes se enteraron por lxs vecinxs del barrio lo que había pasado.
Lucas afirma que, de varios, recibió golpes mientras otros se burlaban de la situación: “En la cara tengo las marcas, en las costillas no me dejaron marcas”. Lucas también denunció las condiciones insalubres de la comisaría de Villa Dolores, en la que lo tuvieron encerrado con otras ocho personas en una celda.
Fue crucial la intervención de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que logró también la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Desde allí, lograron preservar la integridad de Lucas durante los casi dos días que estuvo detenido.
Persecución y amedrentamiento a feriantes de Villa de Las Rosas
Otro de los hechos significativos ocurridos en el valle de Traslasierra en el marco del aislamiento fue denunciado por feriantes de Villa de Las Rosas, a quienes les labraron actas y tomaron fotografías con la excusa de estar buscando a quien convocaba una marcha para el día 9 de julio, que, finalmente, no se realizó.
La convocatoria circuló por redes sociales y fue firmada por vecinxs autoconvocadxs. Las consignas que invitaban al bocinazo eran: “Libre circulación en el pueblo y entre los municipios cercanos, vuelta al trabajo de todos los rubros, incluyendo la feria de productores, claridad de información y coherencia, liberar encuentros familiares y entre niños que necesitan verse, Basta de cortar caminos, Basta de campaña de miedo y protocolos absurdos”.
El comisario de Villa de Las Rosas se hizo presente junto a otro personal policial en la casa de, por lo menos, dos artesanxs de la Asociación Civil de Feriantes de Villa de Las Rosas, preguntándoles si ellxs eran quienes habían realizado la convocatoria anónima a la movilización. Esto fue el día miércoles 8 de julio. Labraron actas y tomaron fotografías de lxs feriantes.
Desde CORREPI Córdoba, afirmaron que esto evidencia “la criminalización de quienes protestan, sabiendo que, en los pueblos del valle, han habido otras movilizaciones incluso en fase 1 sin que se coartase el derecho a manifestarse”.
En una entrevista realizada en Radio Tinku, Cristina Opera, de la Asociación Civil de Feriantes que hoy nuclea a más de cuatrocientas familias que se encuentran sin poder trabajar, manifestó su preocupación ante el “apriete y salir a cazar gente”.
Desde CORREPI y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, denunciaron la saturación policial, la presencia del ejército y gendarmería, y su accionar violento y sistemático en estos tiempos de pandemia, donde el caso de Lucas y la criminalización de lxs feriantes no están aislados respecto a otras situaciones de arbitrariedad y violencia policial en el país que se están sucediendo durante la cuarentena.
Fuente. 
La Tinta
