Resumen Latinoamericano*/ 29 de junio 2020 .- .
DESOPILANTE
La palabra de los trabajadores
Desde hace meses el tema Vicentin es materia de análisis, estudios, investigaciones y opiniones diversas. Al respecto, es importante ahondar sobre algunos de esos puntos de debate.
En primer lugar, y para decir las cosas por su nombre, Vicentin es una empresa que decidió no hacerse cargo de pagar sus deudas luego de la derrota de Macri en las elecciones PASO y cuando Alberto Fernández se encaminaba a ser el Presidente de todos los argentinos.
El principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina. Esto merece una segunda aclaración, los trabajadores del Banco de la Nación Argentina, independientemente de la jerarquía que ostenten en la estructura del Banco, han cumplido con toda la normativa vigente al momento de otorgar la asistencia crediticia. Prueba de ello es que el Directorio Político de la entidad se hizo cargo de tales decisiones, mediante la resolución de Directorio 15.266 del 05/12/19 . Por ende, menos de una semana antes del cambio de gobierno. Las responsabilidades son políticas y no administrativas, aunque algunos quieran equivocadamente cortar el hilo por lo más delgado que son los trabajadores.
En tercer lugar, y en este contexto, algunos medios impulsaron una convocatoria opositora para manifestarse en contra de la expropiación de la empresa Vicentin, aprovechando el simbolismo del Día de la bBandera. Esta manifestación se realizó:
- en el marco de una pandemia que exige el aislamiento social y obligatorio, desafiando la justicia que sugieren defender;
- saliendo a la calle en favor de un grupo económico, cuyo oligopolio interviene en la cadena (y por ende) en el precio de muchos alimentos y sobre todo, en cuándo y cómo liquidan los dólares producto de las exportaciones multimillonarias que realizan.
Llama la atención y resulta desopilante que en dicha manifestación se pidiera respeto por la justicia, respeto por la propiedad privada, respeto por el trabajo, respeto por la democracia, o por seguridad jurídica, etc., etc., etc…. Estos pedidos contradicen la realidad.
El pedido de justicia choca con una empresa como Vicentin, con serias sospechas sobre su accionar, investigada por maniobras de triangulación y fuga, y que exigió liquidaciones de granos a los productores hasta el día previo a declararse en cesación de pagos, que vendió esa soja pero no le pagó a nadie, que para finales de 2019 también vendió casi el 17% de la empresa más rentable (Renova, a Glencore) y no canceló deudas y que, a la par, pidió jugosos créditos que tampoco sirvieron para cancelar acreencias y poner en funcionamiento la empresa. El pedido de justicia sucede a la par de la arbitrariedad de defender a representantes del sector concentrado de la economía.
En las mismas proclamas se incluía el respeto a la propiedad privada. Sin embargo, nadie mencionó que es Vicentin el que viola la propiedad privada al no pagarles a los productores, a los bancos o a los otros acreedores. ¿O de quiénes son los bienes a proteger?
Adicionalmente, se pedía respeto por el trabajo. Pero nada se mencionó acerca de la cantidad de compatriotas que ven peligrar su trabajo por el accionar del directorio de la empresa. Para estos sectores, claramente perjudicados, seguridad jurídica es el Estado haciéndose cargo de la empresa, porque esto implica defender sus intereses y garantizar el pago a los productores que entregaron sus granos para la comercialización. Porque además, Vicentin genera inseguridad jurídica al no pagarles a los acreedores y organismos internacionales como la CFI (Banco Mundial) y provoca zozobra en los mercados en un momento crucial para el país como es la renegociación de la deuda externa.
A la par, y en materia de salud, esta manifestación pone en riesgo no solo a quienes participaron sino al conjunto de la sociedad, dado que violando la cuarentena también incumplían la justicia y arriesgan el esfuerzo de millones de argentinos que con esfuerzo e incluso hastío, actúan con responsabilidad y cumplen con el aislamiento obligatorio. ¿Qué dirían esos manifestantes si fueran los trabajadores los que estuvieran protestando en la calle porque pierden sus empleos, porque les rebajan sus salarios o porque no se los actualizan? ¿Qué dirían si los movimientos sociales salieran a la calle a manifestarse porque piden empleos o sencillamente comida?
A la vez, para aquellos que les “preocupa” tanto la continuidad de Vicentín, ¿por qué decidió poner tanta plata en aportes para una campaña electoral si su situación económica era deplorable? ¿Por qué eligieron dedicar casi 30 millones de pesos en campañas electorales del PRO antes que pagar a sus acreedores? ¿Por qué estando en situación normal de crédito decidió no pagar después del resultado de las PASO?
Finalmente, en la movilización mencionada también se clamaba por respeto por la democracia. Sin embargo, manifestantes de la misma agredieron a los trabajadores de C5N, a quienes manifiesto mi solidaridad, y pedían la destitución del Presidente votado democráticamente por los argentinos. El respeto a la democracia, ¿depende de los intereses y voluntad de sectores minoritarios?
Espero que cuando se levante el aislamiento obligatorio seamos millones en la calle los que salgamos a defender el patrimonio del Banco Nación, los que salgamos a defender el trabajo de miles de compatriotas rurales y no rurales que pierden su empleo porque una empresa decide no pagar, los que salgamos a defender que se respete la acreencia de cerealeros y productores afectados, porque eso significa defender realmente la propiedad privada. Todo esto sin caer en la provocación de sectores minoritarios que pretenden convertir el escenario descripto en una nueva 125, confundiendo a la sociedad.
Defender esos valores es defender la República y sus instituciones.
Se han escrito ríos de tinta y gastado horas de crónicas radiales y televisivas, pero quizás el resumen del reclamo de la marcha de los Vicentin Boys se encuentre en una estrofa de León Gieco: “Vos que le echas la culpa a bolivianos y peruanos /a los que cortan rutas o están sus tierras reclamando /no seas tan tarado, el que te jode está a tu lado. /Los diarios le dan tapa y la tele un buen horario /se sienta a cualquier mesa a negociar la sangre nueva»
*Secretario General, Asociación Bancaria
HORA DE CAMBIAR LAS REGLAS
Es necesario un Nuevo Contrato Social para restaurar la confianza de la gente en las democracias
El horizonte se ve negro
Según el Índice Global de los Derechos 2020 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la confrontación de clases muestra una clara ventaja para el capital y los gobiernos autoritarios. La pandemia intensificó la tendencia de gobiernos y empleadores a restringir los derechos de los trabajadores: límites a la negociación colectiva, al derecho a huelga y a la afiliación a sindicatos. “Puede que la codicia corporativa sea global, pero las acciones de los trabajadores y trabajadoras también están unificadas en una escala nunca antes vista”, señala el informe, que da cuenta de huelgas globales contra Amazon o Uber, entre otros neoengendros empresarios.
La democracia en crisis, gobiernos silencian las rebeliones con represión brutal, mientras hay logros legislativos formales para los trabajadores/as. “Los sindicatos están en primera línea del frente en la lucha para reclamar libertades y derechos democráticos frente a la codicia corporativa, que controla a los gobiernos”, afirmó Sharon Barrow, presidenta de la central sindical más grande del mundo.
Llamamiento a la dignidad
La desestimación del pedido de IGJP de Omar Perotti en el tema Vicentin y su trato por cuerda separada en la convocatoria hace que el caso entre en zona turbulenta. Se buscaba legalizar la intervención del gobierno nacional dejando de lado la “expropiación”. Algo como lo sucedido con la fábrica de tractores Zanello en Las Varillas, que pasó por una cogestión obrera, del personal jerárquico y concesionarios, y terminó siendo nuevamente una sociedad anónima.
Vicentin sigue reinando en Avellaneda y marcándole el paso al intendente Dionisio Scarpín. La densidad del tema se refleja en la reacción de los aceiteros de San Lorenzo de Pablo Reguera y de la Federación Aceitera que conduce Daniel Yofra. Ambas organizaciones se presentaron en el expediente reclamando participación, advirtiendo que los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos. El 9 de julio en la ciudad de Reconquista habrá una caravana de autos en apoyo a la intervención. Autos de publicidad leerán el comunicado invitando a sumarse en favor de la expropiación.
Los pequeños productores y el mundo cooperativo apoyan la llegada del Estado que les permitiría cobrar sus deudas. Los sindicatos buscan preservar los puestos de trabajo y los grandes grupos económicos se escandalizan porque detrás de este caso está la exhibición del mecanismo con el que fugaron y endeudaron de la mano de Mauricio Macri.
Búfalo suelto en el Coto de Lanús
Según el periódico La Unión de Lanús, Eduardo Búfalo, gerente de confianza de Alfredo Coto, impidió el cierre del establecimiento ante los inspectores que se lo exigían. El video viralizado lo muestra fuera de sí. “Listo. ¡Hoy voy en cana! ¡Hoy voy en cana, Tito! Esto termina mal. ¡No van a cerrar la sucursal, Tito! ¡No la van a cerrar, como que me llamo Búfalo!”, gritaba en tono destemplado. Con 10 trabajadores contagiados y otros 48 en aislamiento, el señor Búfalo no accedía a cerrar la sucursal. (Actualización y sospecha: ya llegan a 21 al menos los contagiados, no hay cifras de los aislados o trasladados. Tito debe ser un funcionario influyente ante el intendente Néstor Grindetti, de Lanús y del PRO.)
Segúnel sitio Gestión Sindical, Búfalo “es mencionado por delegados y activistas de la oposición a Ramón Muerza como el encargado de coordinar las patotas que envía Alfredo Coto para amenazar a los trabajadores que hacen reclamos”. En la historia del arsenal de armas de guerra hallado en 2017 en una sucursal de La Paternal, Alfredo Coto y su hijo Germán fueron acusados de tenencia ilegítima de explosivos y otras armas “sin la debida autorización legal o sin que medien razones que justifiquen dicha tenencia”. Coto le adjudicó la responsabilidad a su Gerente de Operaciones, quien fue citado como testigo pero no imputado. En su defensa dijo que el arsenal era para prevenir eventuales saqueos.
Se encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 29 armas —27 de fuego y dos de lanzamiento — , 3.886 municiones, un revólver doble acción calibre 38 a nombre de Alfredo Coto, una ametralladora UZI 9 milímetros a nombre de su hijo Germán, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos de la Policía Federal sin número visible, un silenciador y nueve escudos antitumultos.
Se conocieron cifras de contagiados en grandes supermercados, en una carrera hacia la muerte donde son cómodos punteros Coto, Carrefour y Cencosud. Los caídos son reemplazados por licenciados pertenecientes a grupos de riesgo con infinita falta de humanidad. Mientras tanto, ajeno y con vocación geriátrica, el Gitano Cavalieri, actuando para la tribuna, rechazó el aguinaldo en cuotas a la espera de que todo pase para acomodar sus alfiles en el tablero.
La CGT esquivó abrochar algún acuerdo marco, como el que rubricaron con la UIA para el pago de las suspensiones. Bancarios, judiciales y estatales rechazaron las cuotas del medio aguinaldo. Los gremios le recordaron a Alberto Fernández que no se animó a avanzar con el impuesto a la riqueza. «Ni Cavallo se atrevió a tanto», pegaron.
La diáspora metalúrgica
Como sostuvo Rubén Urbano (secretario general de la UOM de Córdoba) en esta columna, mientras Caló se ocupa de sus negocios los metalúrgicos padecen los despidos, los bajos salarios y la mala atención médica. Urbano movilizó a su gente por un bono adicional de 10.000 pesos ante la ausencia de negociaciones salariales. Con la misma intención Hugo Melo envió nota al universo patronal de La Matanza, aunque solicita proporcionales pero como anticipo de paritarias. Similar actitud adoptó el cuerpo de delegados de la empresa Acindar de Villa Constitución ante la actitud de la firma de no ajustarse al DNU y abonarle a los exceptuados de trabajar por su edad o sus dolencias físicas como si estuvieran suspendidos. Acindar modificó su política de recursos humanos y reemplazó a los anteriores por figuras más autoritarias que desconocen a la organización sindical local. Piquetes improvisados por los delegados interrumpieron la entrada y salida de camiones.
Mientras esto sucedía, un escándalo de magnitud estalló en el Centro Médico Talar de Panamericana y 197, que pertenece a la Obra Social de la UOM, gerenciada por el grupo BASA, propiedad de Raúl Olmos. Cuando se desató la pandemia y aparecieron los primeros casos atendidos sin respetar protocolo alguno, los trabajadores de salud se organizaron alrededor del reclamo por falta de elementos de protección personal y protocolos para los pacientes. Eligieron cuatro delegadas: Ruth, Esther, Flavia y Alejandra, y empezaron los reclamos ante el sindicato de Sanidad (ATSA) para proteger a sus compañeros del posible contagio. La falta de apoyo del sindicato se complicó con los aprietes internos de la supervisora de la clínica, y llevaron la denuncia más arriba logrando la intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires que obligan a BASA a proveer elementos de protección adecuados.
Las delegadas se contagiaron: una de ellas, Flavia, terminó intubada en terapia intensiva y las otras compañeras fueron despedidas por Raúl Olmos. El conflicto cobró notoriedad porque BASA maneja la obra social de los metalúrgicos sin transparencia. El reclamo de reincorporación inmediata de Ruth, Esther y Alejandra se ha transformado en bandera. En Panamericana y 197 se atienden afiliados de poderosas seccionales de la zona norte del Conurbano bonaerense. Un corte de la ruta frente a la clínica mostró la solidaridad de las organizaciones de la zona. Flavia lucha por su vida.
Antonio Caló mira por la ventana del noveno piso del edificio de la calle Alsina.
Piñera sobrevuela la Argentina
Tras el anuncio de Latam de que abandonaría los vuelos de cabotaje en nuestro país comprometiendo dos mil puestos de trabajo, la empresa presentó un procedimiento de crisis (PPC) que generó un fuerte rechazo en los sindicatos aeronáuticos. Edgardo Llano, uno de sus principales referentes y secretario general del sindicato APA lo expresó en estos términos: “Esperamos una convocatoria para hacer formal la presentación del procedimiento. Luego habrá una nueva reunión con el Ministro de Transporte Mario Meoni para ver qué salida le encontramos a esto. Pensamos que es una práctica extorsiva de Latam no solamente a los trabajadores sino además al propio gobierno. Es una falta total de ética y el gobierno chileno no es ajeno a esto teniendo en cuenta que los hermanos Cueto son socios todavía del Presidente Sebastián Piñera en varias empresas. Piñera era el socio mayoritario de Latam y supuestamente dice que vendió las acciones al asumir. Nosotros no le creemos. Esperamos la audiencia para denunciar esta extorsión y aspiramos a que nuestro gobierno no se deje apretar. Dos mil familias están en vilo pensando que pueden quedarse sin trabajo. Justo en este momento”.
La Conadu (docentes universitarios) llegó a un acuerdo similar al de CTERA en términos de la educación a distancia, equiparable al teletrabajo, en pleno debate en tiempos de pandemia. Los maestros firmaron con los gobernadores y el Ministerio de Educación, con los primeros las remuneraciones y con el Ministerio las condiciones generales. Los profesores firmaron con los rectores de cada universidad y el consejo de los mismos en términos generales. Estos antecedentes y los acuerdos logrados por Foetra a lo largo de los años le dieron el marco a la ley aprobada el jueves último por Diputados, que regula el teletrabajo que fija su encuadramiento dentro de la ley de contrato de trabajo y garantiza los derechos individuales y colectivos, agrega el concepto del “cuidado” en el mundo del derecho laboral y remite su aplicación concreta a los diversos convenios colectivos. La antítesis de lo que pasó con los trabajadores de plataforma. La norma debe impedir que se aplique la ley de los hechos consumados y el teletrabajo quede a la buena de los patrones. Uno de los logros legislativos que mojonan el derecho laboral.
El Sipreba recordó el segundo aniversario de los 354 despidos del gobierno macrista en la Agencia Télam. “Las causas del triunfo fueron muchas, pero hay algunas que se destacan. En primer lugar la fortaleza de la construcción sindical interna con la unidad entre diversos sectores y generaciones de activistas, un paro con ocupación que se mantuvo durante cuatro meses inamovible frente a todas las presiones, particularmente las que empiezan a surgir cuando no hay resultados concretos y la de quienes desmotivados se van cayendo, como sucede en todo conflicto. En segundo lugar el rol del Sipreba, de sus abogados y todo el gremio de prensa, que venía de meses de conflicto en los medios públicos, en la Televisión Pública y Radio Nacional, donde habíamos generado un abanico de relaciones y adhesiones inexistente hasta el momento».
«Y en tercer lugar el apoyo de todos los sectores sindicales, políticos y sociales que entendieron que si Télam le ganaba al macrismo, ganábamos todos. Fue animarse a eso, estar dispuestos, ser consecuentes, y no cansarse nunca. Luego vino el acampe frente a la Cámara. Ahí estuvimos de nuevo y así fue: ganó Télam y ganamos todos”. Los sindicatos de Prensa de todo el país miran hacia atrás y esperan aún por una larga lista de reivindicaciones.
Reinar sobre los sepulcros
Desde el ombligo del poder mundial, Donald Trump tuiteó: “Nunca habrá una ‘Zona Autónoma’ en Washington DC mientras yo sea Presidente. Si lo intentan, ¡se enfrentarán con una gran fuerza!”, amenazó. Se refería a la zona libre de policía creada por manifestantes en Seattle, que ha indignado a los conservadores. La fuerza policial bloqueó calles cercanas mientras Trump partía en helicóptero para reunirse con sus simpatizantes en Arizona. Un desorbitado Presidente había anunciado arrestos y hasta 10 años de prisión a quienes vandalizaran cualquier propiedad federal, cuando manifestantes intentaran derribar la estatua de un Presidente esclavista del siglo XIX.
POTUS (sigla de President of the United States) quiere borrar la memoria de los que luchan contra el supremacismo blanco. Ellos son simpatizantes de todas las razas amigos de las luchas del movimiento negro norteamericano, que han resurgido con gran potencia tras el asesinato de George Floyd dando forma al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan). El confeso amigo de los fascistas norteamericanos busca su reelección desmoralizando la intención de los votantes opositores con su exhibición de desprecio por la democracia. Una de las cosas más molestas de la vida cotidiana es la verdad de un futuro directo a la miseria y la barbarie. Es necesario un cerebro colectivo de la humanidad que diseñe un Nuevo Contrato Social entre gobiernos, trabajadores y empresas, para restaurar la confianza que la gente está perdiendo en las democracias. Es hora de cambiar las reglas.
La pandemia instaló una nueva lógica y el minué de la política adquiere el vértigo de la música electrónica. Los grandes empresarios quieren convertir la expropiación de Vicentin en la peor decisión que haya tomado el gobierno. Es que cuando se levante la frazada se verá un entrecruzamiento de cuerpos que los transforma en una foto impresentable. En el déficit, endeudamiento y fuga todos fueron parte y si no hay impunidad y olvido el futuro se les viene encima. El volumen que en sentido contrario adquiere la idea de la expropiación, preocupa aún más que el aporte por única vez a las grandes fortunas. No quieren ni una cosa ni la otra. Los ánimos están caldeados y las decisiones que se tomen desde la cuarentena, pasando por la ayuda social y la negociación de la deuda, serán un punto de inflexión que determinará el futuro de la política. Quien sume más soldados ganará la batalla.
BUSCANDO UN TEATRO ABIERTO
La pandemia reclama alternativas hasta que vuelva a ser posible el encuentro entre artistas y público.
Hace casi 40 años, un grupo de valorables personalidades de la escena y de la cultura argentinas enfrentaron desde el movimiento de Teatro Abierto al virus de la cerrazón autoritaria de los militares. Esa alegoría –aún viva– llega hoy a los centenares de salas inactivas en todo el país. Esta semana, como representante de una actividad muy golpeada (“Fue la primera en parar y, probablemente, será una de las últimas en regresar a la actividad”), quien no hizo mutis por el foro fue el colectivo de Teatro por la Identidad. La cuarentena le aguó la merecida celebración de sus 20 años, pero no menguó su entereza. En su comunicado titulado “El teatro en situación extrema” señalan: “No podremos buscar más nietos desde el teatro, si no hay teatros. Y sin teatros, no tendremos identidad”. En el mismo texto mostraron su temor por aquellas salas que pueden verse obligadas a cerrar, algunas importantes como el Picadero.
“La verdad es que estoy muy preocupado”, explicó a El Cohete a la Luna el propietario de la legendaria sala que, literalmente, renació de sus cenizas. Sebastián Blutrach no desmintió a Teatro por la Identidad. “Pago los sueldos con la ayuda del Estado. La extensión de la pandemia y las condiciones en que abriremos (salas con capacidad restringida, miedo de la gente, endeudamiento de la clase media) y otras circunstancias que no acompañan ni ayudan, me exige pensar en alternativas. Lamentablemente, no hay muchas. Y un cierre temporal puede ser una de ellas”.
La asistencia económica del Estado es importante, y continuará. Un fomento solidario de Cultura de la Nación en conjunto con el Instituto Nacional de la Música benefició con 10.000 pesos a cada uno a 1.168 músicas y músicos. En total, son 2813 los artistas a los que alcanzó el estímulo. A través de su programa federal “Puntos de Cultura”, la cartera cultural seleccionó a 213 proyectos. El derrame (casi 50 millones de pesos) se distribuyó de esta manera: Región NOA, 27 proyectos; NEA, 23; Patagonia, 17; Centro del país, 43; Cuyo, 22; provincia de Buenos Aires, 45 y CABA, 36. Aguardan resolución para una segunda etapa, unos 2.000 proyectos más. Las necesidades son demasiadas. Esa es la realidad. Durante la semana, en nombre de 1.200 titiriteros, el artista y creador del Grupo Libertablas, Sergio Rower solicitó una tarjeta de ayuda alimentaria para una cantidad de colegas que necesitados de asistencia urgente.
Lo cierto es que las nuevas formas de transmisión a distancia son novedosas y atractivas, pero, hasta el momento poco sustentables. El mismo Blutrach lo señala: “Los vivos no son una alternativa. Con ellos uno puede sentir que está más cerca de volver, pero económicamente no mueven la aguja “. En un artículo reciente (“La cultura, de la cama al living”, también publicado en El Cohete a la Luna), la licenciada Natalia Calcagno señala: “La realidad es que no se puede, de un día para el otro, trasladar la producción cultural autogestiva a un esquema virtual a la gorra. La idea de aporte voluntario, mecenazgo virtual, es antieconómica a mediano y largo plazo, porque suprime la idea de la oferta y la demanda, porque omite el intercambio y porque depende más de lo afectivo que de una elección racional. Mejor sería reorganizar el ingreso y, a partir de eso, redistribuir”.
La pandemia no afloja
En sociedad con Nelson y Mariel Rueda y Corina Fiorillo, el periodista y director Pablo Gorlero rema en costoso dulce de leche para sostener a su teatro El Ópalo, “temporalmente cerrado”, en Junín al 300. “Estamos frente a un apocalipsis artístico. Los artistas son pudorosos, prefieren no expresarse, pero sé que hay muchos que la pasan mal”, explica. Aunque entiende que las salas independientes serán las que primero reabran, Gorlero y sus socios piensan en alternativas, como programar funciones desde el teatro para ser emitidas por streaming. Aclara: “Con esta salvedad: el teatro es un espectáculo vivo, el acto artístico se completa con el espectador enfrente. Por el momento, el espectador no visible es, todavía, un objeto de estudio y no integra el hecho teatral”. Actor y docente, Fabián Vena confirma el sentimiento de Gorlero. En declaraciones recientes a Tiempo Argentino dijo: “Como actores, sentimos que estamos hundidos en el fondo del mar. Al no poner el cuerpo, al no poder prepararnos para el ritual, no existimos”. En las últimas semanas Vena dio pruebas de existencia virtual. Fue cuando el teatro San Martín puso a disposición la puesta de Robert Sturua del año 2005 de La resistible ascensión de Arturo Ui, de Bertolt Brecht, que en su momento lo tuvo como protagonista. Además continuó dando clases a alumnos en el país y en el extranjero, a través del sistema Zoom. A Norberto Gonzalo, al frente del teatro La Máscara, la cuarentena le pospuso cuatro proyectos. “Tres de ellos estaban en etapa de ensayo y uno era, muy soñado, la puesta de Stéfano, de Armando Discépolo, con dirección de Osmar Nuñez. También tuvimos que postergar los recitales de Ignacio Copani”, cuenta y agrega: “Ahora lo que esperamos es poder volver a ocupar la sala, aunque más no sea para empezar a limpiarla y a ponerla en condiciones”. Gorlero admite que en su teatro están subsistiendo gracias a los fomentos de Proteatro y del Instituto Nacional de Teatro, mientras que Gonzalo aguarda cobrarlos.
“Que alguien pare un poco el mundo. Es lo que implora, en el final, mi obra El equilibrista. Para que la vida deje de ser un error imparable que, una y otra vez, nos obliga a seguir sin poder pensar, meditar, evaluar”, explica el actor, director y dramaturgo Mauricio Dayub, también co-propietario de la bella sala Chacarerean, en Palermo. Para una de las rutinas de su obra más reciente, El equilibrista, cuya nueva temporada la pandemia postergó, Dayub aprendió a caminar sobre una delgada cinta. Ese recurso simboliza este duro momento de salas y butacas vacías. Así, en ese equilibrio precario está el mundo teatral. Dayub piensa que “en la medida que no pueda haber encuentro de personas en un mismo ámbito, no habrá teatro. El teatro se produce solo cuando se realiza en vivo y en una sala, mientras ‘unos’ intentan subir lo que sienten arriba del escenario y’ ‘otros’, desde la platea, lo comparten. Espero poder seguir haciéndolo en breve, como antes, cara a cara, pero con el tiempo necesario para tenernos en cuenta y valorarnos, pero no con la velocidad y superficialidad con la que lo veníamos haciendo”. El artista, reflexiona Gorlero, “¿de qué vive? De su arte, de su exposición pública, de dar clases. Para un teatro independiente, un cierre tan prolongado es catastrófico, porque la mayoría alquilan las paredes, no son tantos los propietarios. A veces uno tiene la suerte de pegarla con algún espectáculo, pero otra entrada de dinero importante, interrumpida, es que alquilamos las salas para dar clases”. Todos los consultados coinciden en que la imposibilidad de circular impide incluso tareas de limpieza, lo que origina ámbitos libres de espectadores pero que tienen el riesgo de llenarse de bichos.
A volver, a volver, vamos a volver
El periodista especializado y también autor y director teatral Pablo Zunino llama a Víctor Hugo Morales el “Santo Patrono radial de los Artistas Muertos de Hambre del Río de la Plata”. Lo sabe por experiencia, ya que del periodista recibió innumerables ayudas mientras tenía en cartel su obra El doctor Lacán. No exagera Zunino.
“Hasta antes de la cuarentena, iba por lo menos entre tres y cinco veces por semana al teatro. Y, por supuesto, la falta se extraña”, cuenta Víctor Hugo a El Cohete a la Luna. En este centenar de días de aislamiento Víctor Hugo no se privó de la experiencia de ver desde su casa espectáculos por streaming o reposiciones online. Reconoce: “Me costó. Ví ratitos, como para acompañar, pero me costó sentirlo igual. Lo irremplazable es la ansiedad mientras espero el inicio de la función, el cafecito previo, la cofradía con la gente que uno no conoce pero que la siente parecida; lo que se extraña es la osadía de actores y actrices, la búsqueda de algo que te abra el cerebro, eso que tanto caracteriza al teatro independiente, el comentario final con mi esposa y, después, salir y caminar por la vereda sintiendo que hice algo por mí mismo. Y también, hinchar a los amigos por teléfono o por radio para que otros vean lo que a mí me gustó”. Aficionado generoso y espectador en estado puro, Víctor Hugo Morales ya imagina el regreso. “Sí, iría con barbijo. Supongo que así empezaremos. Igual me hago preguntas en relación a los protagonistas. Quizás, para empezar lo antes posible, el género ideal sería el de los unipersonales. Obras con varios personajes mientras el peligro del virus siga latente, parece algo impensable”, admite el indiscutido relator de fútbol, que no lamenta tanto la interrupción del campeonato como las puertas cerradas del teatro independiente. “Cuando sé que algo bueno me espera al terminar el día, siento que ya lo estoy disfrutando desde que me levanto”, concluye.
Mientras tanto, desde el viernes e incluso hoy, hubo para elegir un torrente de opciones de espectáculos transmitidos en modo digital. Mencionamos tres de este domingo 28 de junio. A las 16, Francisco Pesqueira y Ramiro Pettina hacen De entrecasa, 20 años de música, a la gorra virtual; a las 7 de la tarde la presentación del audio libro digital basado en la obra de teatro Ballet 40 – 90, el camino de los sueños, de Sara Melul, por Zoom y por Facebook a través de El Camino de los Sueños. Y a la misma hora, en vivo, desde el Picadero por streaming, el excelente unipersonal Christiane, bío musical científico escrito e interpretado por Belén Pasqualini (con entrada paga).
UN GRAN TRIUNFO
Impecable síntesis entre las necesidades masivas y el accionar de nuestros legisladores
POR HUGO YASKY Y CLAUDIO MARÍN
En muchas oportunidades anteriores ambas cámaras legislativas han contado con la presencia de legisladores de origen sindical, mayor que en la actualidad. Innumerables comisiones de trabajo han contado con integrantes de origen sindical en buen número. Sin embargo, no siempre se ha podido coordinar las necesidades del movimiento obrero y el accionar parlamentario de manera eficiente y efectiva.
Pareciera que, en más de una ocasión, los tiempos parlamentarios y los reivindicativos corrieran por cuerdas separadas, o fuesen caminos paralelos que no se tocan jamas.
En oportunidad de la elaboración tratamiento y despacho de la llamada ley de teletrabajo, la labor mancomunada de trabajadores organizados y legisladores marcó la diferencia entre una frustración y un claro avance.
Un poquito de historia
Las tareas realizadas en forma remota no son novedad en el mundo del trabajo. Ya hace cerca de 20 años las compañías pretendían imponer formas organizacionales de estas características con la intención de producir aumentos en las cargas de trabajo, forzando a los trabajadores remotos a pactar condiciones menores a las que tenían sus compañeros en los puestos de trabajo presenciales.
El aislamiento y la falta de presencia sindical obraban como facilitadores de este fraude laboral que durante muchos años permaneció oculto.
Entre otras cuestiones la falta de conectividad y la limitación en los dispositivos informáticos y digitales impedía objetivamente la masificación de esta modalidad.
Algunos avances claves en la técnica, fibra óptica y procesadores más potentes permitieron multiplicar y abaratar la capacidad de conexión abriendo las puertas para que cualquier puesto que no requiera una presencia física ineludible pueda ser operado a distancia.
También la experiencia de los centros de llamadas localizados en países con salarios menores realizando tareas que en el país que se originan resultan mas caros, son una variante que antecede al teletrabajo.
De cualquier manera, transformar puestos de trabajo presenciales en remotos necesita una inversión considerable, no solo en equipamiento, también en programas, sistemas, y entrenamiento de los trabajadores que los operan.
Y en este estado de cosas, la pandemia acelero este proceso de deslocalización de la fuerza de trabajo.
Pandemia y aislamiento social de por medio, muchas de las empresas del país operan con sus empleados en puestos de trabajo no presenciales. Algunas grandes compañías han logrado que el 80 por ciento de su fuerza laboral esté trabajando desde su domicilio particular. Mención aparte merecen los docentes que en todo el país están garantizando la continuidad del aprendizaje a través del teletrabajo. Cómo se ha logrado esta transformación en cuestión de semanas, a veces de días; resulta notable que se haya logrado.
Esta revolución ha sido posible, sin lugar a duda, por el esfuerzo y la colaboración de los trabajadores afectados y la actitud de los sindicatos, que ante la emergencia sanitaria supimos anteponer las necesidades de la sociedad en su conjunto y nos pusimos al hombro el trabajo, en las condiciones que permite el aislamiento social obligatorio.
Esta es una realidad y una actitud que aparece oculta en la mayoría de los medios de difusión. Sin herramientas, sin capacitación, sin las condiciones mínimas de prevención e higiene en el trabajo, el movimiento obrero supo diferenciar lo principal de lo secundario, como a lo largo de toda su historia, y no dudó en cumplir con su parte del contrato de trabajo. Las sillas, los escritorios, las máquinas, la energía, la conectividad, el aprendizaje, los estamos poniendo los trabajadores.
Porque en contraposición con aquellos que solo reparan en sus necesidades individuales, los que somos parte de la clase trabajadora ponemos por delante las necesidades de la comunidad. Nuestra vida está en juego, pero somos capaces de ver que también está en juego la de los demás.
También resulta necesario señalar que la modalidad de trabajo en domicilio conlleva otros problemas, tal vez menos evidentes que el mobiliario, pero sin duda mucho más graves. El primero es el aislamiento, la soledad frente al empleador, a la que nos somete el teletrabajo.
La trama organizativa del movimiento obrero argentino se caracteriza por la capilaridad de su organización y su presencia en los lugares de trabajo. Esta característica lo distingue del resto del movimiento sindical de América Latina y, salvo pocas excepciones, del mundo. Los cuerpos de delegados, las comisiones internas, las seccionales sindicales, son la demostración de representatividad y poder real en el preciso espacio donde se produce el acto de trabajar. Marcan la diferencia entre la aplicación del derecho y una buena ley que no se cumple.
En segunda instancia, y como consecuencia de lo anterior, aparece la trampa de que trabajar de esta manera, puede resultar falsamente ventajoso.
Muchos compañeros y compañeras se fijan en el ahorro en viaje, tiempo, comida y demás inconvenientes que conlleva el traslado hasta el lugar de trabajo presencial. Al momento de cuidar un hijo o familiar, estar en el domicilio presenta, en un primer momento, una situación ventajosa en comparación con el trabajo fuera del hogar.
Pero en una encuesta en la que se les preguntaba a las mujeres su preferencia respecto al trabajo en el hogar, un poco más de la mitad daba cuenta de su preferencia por el trabajo presencial. Digamos al respecto que esta es la primera ley que incorpora el concepto de las tareas de cuidado en una norma de índole laboral.
Toda nuestra experiencia al respecto demuestra que detrás de los cantos de sirena de estas aparentes ventajas se esconde una realidad terrible que es la super explotación, el stress permanente, la perdida de la intimidad y la tranquilidad del hogar.
Las patronales no dudan en aprovechar la ausencia de los delegados para llamar a toda hora en forma intrusiva, mandar mensajes intimidantes y exigir mayores ritmos de trabajo, sin importar la hora, los términos de nuestra jornada, vacaciones o días feriados. Es como relata la fábula del escorpión y la rana, está en su naturaleza.
En un país con un 40% de la fuerza laboral no registrada, el mal llamado teletrabajo puede constituir una palanca formidable para favorecer el fraude laboral y la no registración. Si al día de la fecha esconden establecimientos enteros llenos de trabajadores imaginemos lo que puede suceder si esta nueva modalidad no se legisla en forma protectora. La invisibilidad del teletrabajo remoto, como en el modelo de Silicon Valley, puede significar la institucionalización de una asimetría brutal entre la patronal y el trabajador a partir de la dilución de la representación sindical.
En una nota enviada por FIEL a los diputados de la comisión del trabajo, se señalaba justamente, la inconveniencia de una norma legal que agregaría complejidad y regulaciones, haciendo menos atractiva esta modalidad. La vicepresidenta de FIEL es la representante en la Argentina de la empresa LATAM, que en este momento intenta despedir a más de 2.000 trabajadores y trabajadoras.
Hoy estamos más cerca de tener una herramienta que nos permita defender los derechos de nuestros representados. Pero lo que resulta más importante aun, es que facilita la organización de los trabajadores dificultando su aislamiento. Como toda ley no es condición suficiente, pero sí necesaria para cumplir el papel que todos asumimos desde nuestra militancia cotidiana. Nuestra central demostró desde el único lugar posible, el compromiso con los trabajadores, su razón de ser, ya que su aporte para el tratamiento de esta ley se construyó en base a las propuestas de los distintos sindicatos que la integran, que ya tenían experiencia previa de haber incorporado el tema de teletrabajo en sus convenios como es el caso de FOETRA. En el surgimiento de esta ley fuimos no solo los que presentamos el proyecto más completo y acorde a las necesidades reales de la clase. Fuimos un factor aglutinante insustituible para que las demás organizaciones y sus representantes parlamentarios dejaran de lado protagonismos individuales en aras del bien común, plasmado en el proyecto que finalmente salió aprobado de la cámara de diputados.
En el bloque del Frente de Todos hay una presencia importante de legisladores y legisladoras de extracción sindical. Debemos reconocerlo porque, así como en el bloque de la oposición es notable el componente de las filas empresarias debemos reivindicar para los tiempos que corren , y sobre todo para los que van a venir después de la pandemia, el aporte de referentes de la CGT y de la CTA de los trabajadores.
Tres de cada cuatro personas LGBTIQ+ sufrieron al menos una situación de violencia en el ámbito laboral en el último año
Así lo refleja la primera encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral realizada por numerosas organizaciones del continente, con el apoyo de con el apoyo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de ONUSIDA. La mayoría de las veces los episodios están a cargo de compañeros/as de equipo y jefe/as. El 86% no realizó la denuncia. En Argentina avanza el proyecto de Ley Laboral de Cupo Trans.
Por Gustavo Sarmiento29 de Junio de 2020
Tres de cada cuatro personas LGBTIQ+ que viven en América Latina, sufrieron al menos una situación de acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral en el último año. Así lo refleja la primera encuesta latinoamericana sobre diversidad sexual, acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral realizada por numerosas organizaciones del continente, con el apoyo de con el apoyo de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de ONUSIDA.
La encuesta, respondida por 1584 personas entre el 29 de mayo y el 16 de junio de este año, demuestra las realidades que viven habitualmente en sus sociedades: el 37,2% reconoce haber sufrido alguna de estas situaciones por su orientación sexual y/o identidad de género. Y asciende a 74% cuando se pregunta sobre un listado de experiencias vividas en el último año, entre las cuales figuran la violencia simbólica, violencia institucional, violencia sexual, acoso y violencia física.
“Nos importa que se puedan visibilizar las situaciones de discriminación y puedan salir del silencio”, apuntaron desde MSN Uruguay, que encabezó el trabajo junto a Nodos de Argentina, Integra Diversidade de Brasil, Sentiido de Colombia, Nodos México y MSN Consultorías de Uruguay, acompañadas por 35 organizaciones de toda la región.
El estudio señala que los principales responsables de dichas situaciones son: los compañeros del mismo equipo (33%) y los jefes o jefas (23,8%). Además, estas violencias son ejercidas tanto por varones como por mujeres. “Necesitamos saber cómo se sienten y son tratadas las personas LGBTIQ+ en sus lugares de trabajo en cada país de América Latina, tanto como analizar los datos desde una perspectiva regional”, remarcaron desde Integra Diversidade de Brasil.
Un problema central es cómo la violencia en una relación de poder obliga al silencio de la víctima, o hasta se naturaliza. El 86,3% no realizó la denuncia, y cuando se indaga en los orígenes se evidencian tres causas: porque la persona no consideró relevante efectivizar la denuncia; porque no hay confianza en el mecanismo que la organización dispone para realizar la denuncia; o por temor a represalias o consecuencias negativas que las personas denunciantes pudieran recibir.
Sentiido de Colombia analiza que “la inclusión y la discriminación laboral se deben abordar no solo desde cuántas actividades haga una compañía: también hay que escuchar las voces de las personas que se identifican como LGBTQ y quienes son las principales receptoras de las políticas y la cultura empresarial. Estos datos son un recurso fundamental para que las compañías sean más conscientes de los resultados de sus políticas”.
El 35% de las personas encuestadas refirieron que sus espacios laborales cuentan con políticas o programas en esta temática, pero sólo el 25% se siente representado por ellas. «Contar con datos que visibilizan estas vivencias de las personas LGBTIQ+ nos ayudará a promover que las organizaciones realicen programas más efectivos, y adecuados para eliminar estas situaciones que vulneran los derechos humanos», comentaron desde Nodos de Argentina.
En nuestro país avanza desde la semana pasada el proyecto de Ley Laboral de Cupo Trans, el sector LGBTI que más sufre la violencia cotidiana. La norma, avalada por seis bloques en el Congreso, propone que el 1% de los empleos de la administración pública nacional sea destinado a personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. como ya ocurrió en provincias como Chubut, Río Negro, Chaco y Santa Fe, donde es del 5%, y en universidades, desde la de Mar del Plata hasta la de Comahue. El cupo fue una iniciativa de la líder travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán. Logró que se apruebe en septiembre de 2015 en la Provincia de Buenos Aires (donde recién se reglamentó a fines del año pasado). Un mes después fue asesinada en su departamento del barrio de Flores.
De acuerdo a un informe de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero (ATTTA) y Fundación Huésped de 2014 (el último registro que se realizó hasta el momento), sólo el 18% de las personas travestis y trans tuvieron acceso a trabajos formales. La gran mayoría, excluidas de sus familias y del sistema de educación formal, recurre al trabajo sexual para la subsistencia. «Por lejos, las personas travestis y trans son la que más sufren. Más de un 80% de las denuncias por violencia o discriminación nos llegan de ellas –aporta César Cigliutti, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) – . Entre un 60 y un 70% son migrantes, carecen de DNI y no están formalizadas en ningún registro. La mayoría en situación de prostitución, y no es un empleo como cualquier otro. Son miles que por ese trabajo terminan acuchilladas o descuartizadas».
En los últimos años recrudecieron hechos de represión de las fuerzas de seguridad, avalados por las propias autoridades. El 6 de marzo, la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, derogó el protocolo LGBTI+ elaborado en su momento por la titular de la cartera durante el macrismo, Patricia Bullrich, que criminalizaba a la diversidad sexual y de género y la estigmatizaba como un grupo de población peligroso. Las organizaciones apuntaron que la norma represiva, «que se dictó bajo el pretexto de adecuar los protocolos de actuación las Fuerzas policiales y de Seguridad a estándares internacionales de Derechos Humanos», tenía como principal objetivo ampliar las facultades policiales para realizar requisas y detenciones sin orden judicial «y orientó hacia lo contravencional el accionar policial contra un grupo sexual históricamente perseguido, que lejos de ser perseguido debe ser protegido». En su lugar, el Ministerio creó un nuevo protocolo elaborado en conjunto con las organizaciones, centrado en garantizar los derechos de estas personas, respeto y prevención de la violencia por identidad de género y orientación sexual.
«El proyecto de cupo laboral para travestis/trans es una demanda de las agrupaciones, organizaciones y de muchos organismos del Estado que venimos acompañando la lucha de los grupos sociales históricamente vulnerados por la discriminación. Creo que una ley de cupo es necesaria, para dar cuenta de una demanda social de un grupo extremadamente dañado e invisibilizado socialmente. Es por eso que el Estado, tiene que dar el primer paso, otorgando el cupo que corresponde para visibilizarnos en lugares estratégicos, como sucede conmigo y con otras compañeras y compañeros, pero no va a solucionar la faltante de opciones laborales para todos y todas», enfatiza Ornella Infante, directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI. Y concluye: «Queremos que todos y todas las profesionales de la salud nos atiendan sin prejuicios ni estereotipos, que las escuelas nos abran las puertas y que no nos expulsen, que presentarnos en una entrevista laboral no nos de miedo, que podamos circular libremente sin miedo a que nos agredan en las calles y que podamos besarnos con nuestras parejas y no tener que estar mirando para todos lados por miedo a que nos pase algo».
* Fuentes: Cohete a la Luna/Tiempo Argentino/Agencias
