Resumen Latinoamericano, 16 junio de 2020.
En la última semana han ocurrido acontecimientos importantes en la política venezolana. Tras un acuerdo entre el gobierno venezolano y los partidos antichavistas que participan en la Mesa de Diálogo Nacional, se solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), dada la omisión legislativa del Parlamento venezolano y su desatención del comité de postulaciones electorales.
El cuerpo de rectores del ente electoral
fue designado días después, dando un paso fundamental para la
celebración de elecciones parlamentarias este año a los fines de renovar
la composición del poder legislativo, según obliga la Constitución
venezolana vigente.
Como
era de esperarse, los partidos tradicionales del denominado G4
rechazaron la designación y han indicado que no participarán en las
elecciones venideras.
El
diputado Juan Guaidó, en un nuevo golpe al orden jurídico del país, ha
afirmado que extenderá la vigencia de su falsa “presidencia interina”,
basada en el respaldo de Estados Unidos y otros países occidentales a su
jefatura del Parlamento venezolano, obviando que a principios de este
año el diputado opositor Luis Parra desplazó a Guaidó como nuevo
presidente del legislativo nacional.
La
conformación del nuevo ente electoral ha agudizado las tensiones en el
antichavismo, radicalizando sus disputas internas. Quienes forman parte
de la Mesa de Diálogo Nacional analizan las parlamentarias como una
oportunidad para desplazar a los partidos tradicionales del tablero
político y electoral, a lo que el G4 ha respondido con un reforzamiento
de su línea abstencionista.
El
chantaje es bidireccional: mientras el G4 acusa a los partidos
periféricos de favorecer la estabilidad del “régimen de Maduro”, los
actores tradicionalmente excluidos de la conducción política del
antichavista afirman que la abstención no favorece el cambio político.
A medida que han venido aumentado las fricciones, los bloques de poder del antichavismo parecen fragmentarse todavía más: hay figuras rivales de Guaidó, como María Corina Machado, que no coinciden con los participantes de la Mesa de Diálogo Nacional y tampoco con el G4, y otros, como Henrique Capriles, que apuestan por las elecciones parlamentarias a contracorriente de las tendencias dominantes de su propio partido, Primero Justicia.
La máxima de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo” no se cumple cuando se habla del antichavismo.
El
G4 se ha intentado mostrar como un bloque sólido, unitario y con
capacidad de arrastrar el sentimiento mayoritario de los antichavistas
frente a las venideras elecciones. Pero las cosas no andan bien en casa.
En lo que va de mes el partido de Juan Guaidó, Voluntad Popular, ha sufrido tres renuncias de sus cuadros dirigentes. Son los casos de Rosmit Mantilla (diputado), Ana Karina García (“activista de derechos humanos”) y Gaby Arellano.
En
los tres casos, los ex dirigentes reclaman que ha habido diferencias
políticas en torno a los procesos de diálogo y problemas de organización
y liderazgo, refiriéndose entre líneas a la gestión de Juan Guaidó al
frente de la organización creada por Leopoldo López.
Estos hechos representan una metáfora de la situación actual del presidente fake
de la Asamblea Nacional: Guaidó se intenta proyectar como el líder
indiscutible de Venezuela, pero, en realidad, no tiene control sobre su
propia organización partidista.
En
la formación simbólica de la socialdemocracia venezolana, en el partido
Acción Democrática también ha habido una revuelta interna a causa de la
designación del nuevo CNE.
El secretario general de la organización, Bernabé Gutiérrez, pidió públicamente un referéndum interno para decidir si el partido debía asistir o no a las elecciones parlamentarias, en un claro desafío al caudillo de la tolda blanca, el diputado Henry Ramos Allup.
La rebelión ha sido sofocada parcialmente. Los cuadros dirigentes del partido le han brindado su apoyo a Ramos Allup, quien ha tomado la decisión de no asistir al evento electoral, pero un grupo de diputados, gobernadores y alcaldes
exigen que se abra el debate dentro de la militancia para decidir el rumbo del partido. El caciquismo de Ramos Allup ha sido cuestionado.
El
hermano de Bernabé Gutiérrez, José Luis Gutiérrez, ha sido uno de los
nuevos rectores designados por el TSJ, un hecho que activó la crisis en
Acción Democrática tras presumirse que Ramos Allup lo había postulado a
espaldas del G4. Aunque ha negado su vinculación con el nombramiento,
las dudas no se disipan del todo.
La
metástasis de las organizaciones antichavistas alcanza a Primero
Justicia, una formación que tiene varias tendencias internas
irreconciliables: la de los diputados Luis Parra y José Brito, ambos en
guerra contra Guaidó, y la de Julio Borges y Henrique Capriles, ahora
enfrentados por la postura abstencionista de cara a las parlamentarias
por parte del canciller fake de Guaidó.
La
subordinación política a las directrices de Washington ha sido clave en
el desmantelamiento de la coalición antichavista. Y el uso de
mecanismos de represión institucional (sanciones) contra quienes se
salgan del carril y decidan ir a elecciones, ha generado un
comportamiento autoritario en la élite política del G4, conectada a los
flujos de dinero y respaldo publicitario que viene desde Washington.
En
este sentido, las divisiones del antichavismo es una consecuencia
lógica de la campaña de “máxima presión” de Estados Unidos, orientada a
destruir cualquier iniciativa de diálogo político que relaje el clima de
confrontación.
La
repartición de dinero y protagonismo siempre ha sido un factor divisivo
en el antichavismo. Pero no es único elemento que deriva en las
intensas oleadas de guerra política interna.
Existe
también un problema de fondo y tiene que ver con la propia naturaleza
de la coalición. El pegamento que mantiene unido al G4 es la confianza
ciega en la estrategia estadounidense para derrocar al chavismo, lo que a
su modo de ver se traducirá en la toma de posiciones de gobierno en
reconocimiento a su fidelidad.
Pero
como esto no ha ocurrido, las diferencias de fondo suben a flote: cada
sector tiene una idea distinta sobre la ruta para la toma del poder.
Y
en este sentido las elecciones parlamentarias suponen un desafío: la
disputa electoral requiere de organizaciones partidistas bien aceitadas
con presencia política en decenas de circunscripciones en todo el
territorio nacional.
Sin organización, referentes políticos y cuadros dirigentes con capacidad de arrastrar votos en la periferia del país, la demografía electoral es un factor que juega en contra frente a formaciones políticas, como el PSUV, con un apresto mucho mejor diseñado y una militancia mucho más activa y organizada.
La
desnacionalización de la élite de la derecha venezolana y su propia
anulación como actor político frente a las directrices de Washington, ha
contribuido al desmantelamiento de su capacidad para disputar la
política en el terreno legal.
Debido a esto han huido hacia adelante: esperar un golpe de gracia que favorezca su regreso al poder político por la vía rápida del golpe, del magnicidio o de la intervención militar. Mientras tanto, los partidos excluidos buscan conquistar el espacio vacío que ha generado la parálisis del G4.
* Fuente: Misión Verdad
