Resumen Latinoamericano, 10 de junio de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque gremial, Línea sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencia ACTA, Agencias
Rodolfo Daer destacó la intervención oficial a Vicentin y dijo que la CGT «está en un total acuerdo»
El titular del Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA), Rodolfo Daer, destacó hoy la decisión oficial de intervenir el Grupo Vicentin y afirmó que la Confederación General del Trabajo (CGT) que integra «está en un total acuerdo» con la iniciativa. 10/06/2020
«Mi hermano, el secretario general de la CGT Héctor
Daer, tuiteó ayer que está totalmente de acuerdo y que apoya
absolutamente la decisión para la intervención de Vicentin», dijo Daer, en declaraciones a El Destape Radio.
En
ese sentido, el sindicalista del gremio de la alimentación señaló que
el apoyo de la CGT al Gobierno «está en la mayoría de los diarios de
hoy» y resaltó también el respaldo a la determinación «del amplio
espectro de los movimientos sociales».
«No
me parece desatinado que el Estado se haga cargo de una empresa como
Vicentin; si el Gobierno encontró las razones y las herramientas para su
sostenimiento, que también permitirá balancear el mercado de los
granos, estoy de acuerdo», agregó.
El dirigente sostuvo, en ese sentido, que «todos
los que critican» la intervención «y muestran preocupación, miran con
un solo ojo y no ven la amplitud de lo que está pasando en el resto del
mundo».
«Me parece muy importante que el Estado tenga intervención en el sector económico,
como en el caso Vicentin, donde es el Estado el que balancea el ingreso
de divisas y el que permitirá evitar el desvío de fondos al exterior»,
concluyó.
Para el SOMU, el rescate de Vicentin «va a salvar miles de puestos de trabajo»
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que lidera Raúl Durdos, dio su apoyo «explícito e incondicional» a las medidas de «rescate» que el presidente Alberto Fernández tomo para salvar a la empresa cerealera Vicentin. 10/06/2020
«Apoyamos esta medida que tomó el Gobierno Nacional
porque va a salvar miles de puestos de trabajo y a cientos de
productores y proveedores que se vieron afectados por la cesación de
pagos de la empresa, desde el mes de diciembre» remarcó el sindicato en un comunicado.
Para el SOMU, es «estratégica esta ley de rescate» que puso en marcha el Gobierno Nacional para salvar a la firma Vicentin, porque beneficiará a toda la actividad.
El gremio señaló que el salvataje «contribuirá al desarrollo de la industria alimentaria y fortalecerá la soberanía del país al quedar en manos del Estado».
El apoyo del SOMU se suma a los que se fueron sumando en las últimas 24 horas de todos los sectores del arco sindical. Desde la conducción de la CGT, hasta referentes de las dos vertientes de la CTA y los principales dirigentes de las organizaciones sociales.
Para la Corriente Federal. la expropiación de Vicentin defiende «el interés nacional»
La Corriente Federal de Trabajadores (CFT) de la CGT aseguró que el Grupo agroexportador Vicentin «debe ser expropiado» y respaldó al Gobierno por defender «el interés nacional» al intervenir la compañía cerealera. 10/06/2020
Un comunicado de prensa del espacio gremial que conducen el
bancario Sergio Palazzo y el gráfico bonaerense Héctor Amichetti celebró
esa decisión oficial y ponderó la iniciativa para que el Parlamento
apruebe su expropiación.
«Esos empresarios que
administraron la cerealera la endeudaron en más de 1.300 millones de
dólares y la dejaron en concurso preventivo de acreedores y en una
virtual situación de quiebra», se señaló desde la Corriente Federal.
Además, afirmó que
esa realidad arriesga «la continuidad laboral de 7 mil trabajadores y
de 3 mil productores agropecuarios que proveen a la empresa».
Vicentin
es «una compañía testigo en los mercados de granos y cambios. La firma
santafesina es una de las más poderosas exportadoras de cereales y
derivados; un sector fuertemente concentrado y principal fuente de divisas genuinas, por lo que está considerada de ‘interés público”», se argumentó.
También enfatizó que «el
vaciamiento operado en esa estratégica empresa fue delictivo y la dejó
en peligro de caer a precio vil en manos extranjeras».
«La
CFT apoya la medida del gobierno porque significa el salvataje de una
firma estratégica para el interés nacional y la salvaguarda de miles de
puestos de trabajo, además de ser un paso hacia la soberanía
alimentaria», remarcó el comunicado.
Por último, los dirigentes
gremiales aseveraron que los fundamentos de su expropiación coinciden
con muchas ideas plasmadas de manera oportuna en «el Programa de 27
puntos de la Corriente Federal», concluyeron.
Las organizaciones sociales también celebran la decisión «histórica» de intervenir a Vicentin
Funcionarios y dirigentes de diversas organizaciones sociales destacaron hoy la decisión del Gobierno Nacional de intervenir a la cerealera Vicentin, una medida a la que consideraron «histórica» para la regulación de las exportaciones de alimentos, la generación de trabajo y el «beneficio y crecimiento de las economías regionales». 10/06/2020
El director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de
Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Popular La Dignidad
(MPLD), Rafael Klejzer, destacó que con esta decisión «el Estado
Nacional puede ganar una posición estratégica en el comercio exterior
de granos y en los puertos, algo que no ocurría desde 1973 en el país».
En declaraciones a Télam, añadió que ese «fue
uno de los objetivos centrales del Plan Perón-Gelbard» y subrayó que
con esta decisión «se podrá controlar cerca del 10 por ciento de la
exportación con una empresa pública testigo».
Agregó que «de
no haberse tomado una medida en esa dirección, la situación de Vicentin
seguramente hubiera sido aprovechada por la acción rapaz de las
corporaciones cerealeras o grupos de inversionistas».
El
presidente Alberto Fernández anunció la firma de un Decreto de Necesidad
y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentin y anticipó
que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para
afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su
quiebra.
El jefe de Estado precisó también que la totalidad de los
activos financieros de la empresa integrarán un fondo fiduciario a
cargo de YPF Agro.
El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y presidente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan
Carlos Alderete, consideró en declaraciones a esta agencia que la
decisión es una «medida histórica por su magnitud y la importancia de la
empresa» y «un triunfo para el pueblo».
En ese sentido,
el dirigente social destacó que la medida contribuirá a «garantizar las
fuentes laborales y el pago a los productores agropecuarios» y recordó
que la cerealera «no solo estafó a los bancos estatales, sino también a miles de productores, y puso en riesgo miles de puestos de trabajo».
Por su parte, el secretario general del Movimiento Octubre y diputado del Parlasur, Gastón Harispe, afirmó que la media adoptada por el Gobierno Nacional «regulará el mercado» y hará que los productos argentinos «favorezcan el desarrollo de todas las economías regionales, del mercado interno y del comercio exterior».
«La
recuperación de Vicentin es una medida histórica esperada, necesaria,
oportuna, porque la Argentina, a través del Estado, entra al negocio de
la exportación de cereales con una herramienta, un instrumento muy
importante, que regulará el mercado y hará que nuestro productos
favorezcan el desarrollo de todas las economías regionales, del mercado
interno y del comercio exterior», dijo Harispe a Télam.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Angel
‘Lito’ Borello, afirmó que Vicentin «en manos del Estado será una
herramienta de carácter estratégico hacia el desarrollo económico y el
ejercicio de la soberanía».
El subsecretario de Promoción
de la Economía Social y el Desarrollo Local y coordinador Nacional de
Barrios de Pie-Somos, Daniel Menéndez, destacó también en diálogo con
Télam la decisión y dijo: «El Estado argentino debe participar en la
producción de alimentos. Es fundamental para poder cuidar los precios de
la mesa de todos los argentinos.
«Así como la
recuperación de YPF fue un gran triunfo para la soberanía nacional,
también lo es esta expropiación para poder intervenir y ser parte del
entramado agroindustrial y nos ayudará con el objetivo de garantizar la
alimentación a un bajo costo para todos los argentinos», completó.
Por último, el
secretario general de la Corriente Nacional Martín Fierro, Nahuel
Beibe, consideró que la medida «reafirma la decisión del Estado Nacional
de construir soberanía alimentaria e involucrarse de lleno en el
principal negocio que tiene nuestro país, que es el complejo
agroexportador».
Añadió que también «garantiza los miles de puestos de trabajo que existen alrededor de la empresa y la continuidad de los productores que la proveen y recupera el préstamo irregular realizado por la gestión macrista del Banco Nación».
Con participación gremial, diputados comienza a analizar 14 proyectos para regular el teletrabajo
Los proyectos presentados por varios bloques
son 14, muchos de ellos de autoría de legisladores de extracción
sindical, y buscan regular la jornada laboral, el derecho a la
desconexión digital, el consentimiento por escrito, equipamiento,
compensación de gastos, derecho a la intimidad, seguridad e higiene,
entre otras cuestiones.
10/06/2020 12:15:00
La comisión de Legislación del Trabajo de Diputados
comenzará a debatir la semana próxima más de una docena de proyectos
vinculados a regular el teletrabajo presentados por varios bloques, en
el marco de la expansión de esa modalidad para mitigar el contagio de
coronavirus.
Las reuniones informativas convocadas por la
presidenta de la comisión, Vanesa Siley (Frente de Todos) comenzarán el
martes a las 15 con la presencia de representantes de la CGT y las dos
CTA y sindicatos del sector informático y telefónico como FOETRA,
SATSAID, SOESSIT, Unión Informática, AGC, entre otros.
Los
proyectos presentados por diputados de varios bloques son unos 14 y
buscan regular la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital,
el consentimiento por escrito, equipamiento, compensación de gastos,
derecho a la intimidad, seguridad e higiene, entre otras cuestiones.
Ante
la expansión del teletrabajo por las medidas para mitigar el contagio
de coronavirus, que apuró una discusión que se avecinaba de todas
maneras, los diputados buscan avanzar en una normativa para proteger los
derechos laborales.
Las iniciativas fueron presentadas
por los diputados del Frente de Todos Walter Correa, Claudia Ormachea,
Hugo Yasky, Facundo Moyano, Blanca Osuna, Eduardo Fernández, Silvana
Ginocchio, Darío Martinez, Ayelén Sposito y Graciela Caselles, mientras
que otros cuatro proyectos corresponden a los opositores Maximiliano
Ferraro, Natalia Villa, Álvaro De Lamadrid y María Piccolomini.
La
comisión comenzó hace algunas semanas con reuniones de asesores para
analizar los proyectos y se comparó los temas centrales de cada
iniciativa.
Fuentes parlamentarias adelantaron que la intención de
la comisión es buscar consensos para elaborar un posible dictamen
unificado, ya que, según adelantaron, el objetivo es establecer
presupuestos legales mínimos de regulación y dejar las cuestiones
específicas en manos de las Convenciones Colectivas de Trabajo.
«El espíritu es fijar el piso de lo que significa la legislación. Después lo supeditamos a la negociación colectiva»,
le dijo Walter Correa, autor de una de las iniciativas a InfoGremiales.
La idea es que las paritarias debatan las particularidades que puede
presentar cada actividad. «Tenemos que transformar el trabajo en la casa en teletrabajo», sostuvo.
Las reuniones informativas contarán también con representantes del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos, Gestión de Procesos y Teletrabajo (ATACC) y la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones.
«En Aerolíneas no vamos en línea con el acuerdo CGT-UIA, porque siempre dijimos que eso dependía de cada actividad»
El titular de los pilotos, Pablo Biró, señaló que en Aerolíneas «se le buscó la vuelta» para que los empleados mantengan el salario de bolsillo a pesar de las suspensiones. Aprovechó para criticar a la CGT. 10/06/2020
El secretario General de la Asociación de Pilotos de la Líneas
Aéreas (APLA), Pablo Biró, dijo hoy que las suspensiones de trabajadores
en Aerolíneas Argentinas, ante el aislamiento social por la pandemia de
coronavirus, no afectarán los sueldos, ya que «se mantiene el salario
de bolsillo».
En este sentido, el dirigente destacó que la empresa tomó los planteos realizados por los gremios y «le
buscó la vuelta» a la situación, con lo cual «va a haber suspensiones
en junio y julio, pero el sueldo va a ser igual que si hubieras
trabajado».
Ayer,
cinco organizaciones sindicales del sector aéreo, que integran el
espacio Sindicatos Unidos, acordaron con las autoridades de Aerolíneas
Argentinas suspensiones temporarias de personal que no realice tareas en
el contexto del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo,
aunque preservando las remuneraciones.
Esas suspensiones
temporarias se aplicarán en junio y julio próximo, pero preservando los
ingresos totales y abonando el medio aguinaldo de este mes.
«Aerolíneas
nos planteó hace una semana la necesidad de mitigar ingresos porque es
una industria que está parada, y no hay vuelos salvo por razones
humanitarias», indicó esta mañana Biró en diálogo con El Destape Radio.
Los
sindicatos de pilotos (APLA), técnicos (APTA), personal aeronáutico
(APA), aviadores de líneas aéreas (UALA) y personal superior (UPSA)
convinieron con Aerolíneas «suspensiones temporales de carácter no
punitivo» en el contexto de la pandemia de coronavirus.
«En el
marco del 223 bis, que permite acuerdos con los sindicatos, Aerolíneas
hizo una propuesta», dijo esta mañana Biró y remarcó que «en los
convenios aeronáuticos hay un componente muy alto de productividad, y
eso se nos cayó, con lo que el poder adquisitivo de los laburantes
mermó».
En ese sentido, el titular del gremio de pilotos reiteró: «En Aerolíneas no vamos en línea con el acuerdo CGT-UIA, porque siempre dijimos que eso dependía de cada actividad».
Sobre
el regreso a las actividades normales de la empresa, Biro dijo que
trabajadores están «muy interesados en volver lo más pronto posible, con
los umbrales de seguridad» que les permitieron «tener muy pocos
infectados de coronavirus en el sector».
«Haciendo protocolos de
seguridad, queremos empezar pronto a dar conectividad entre el interior
sin pasar por Buenos Aires», sostuvo el referente de APLA, quien sostuvo
que «Aerolíneas está en condiciones de dar el servicio».
Asimismo, subrayó que los
sindicatos están «interesados en volver a la actividad», y remarcó que
la compañía «dijo que está lista para operar cuando reciba las
directivas del Gobierno».
No obstante, Biró apuntó que «si (el Ministerio de) Salud dice que no se vuela, no se vuela», tras recordar que «al virus este lo trajimos en avión», en referencia a la pandemia de coronavirus.
ATE contra el teletrabajo: «se trata de un fenómeno que favorece la precarización y tercerización de servicios»
La ATE aseguró que la modalidad de teletrabajo solo puede ser admisible en «el contexto de la pandemia» de coronavirus, y afirmó que ese esquema laboral «no podrá subsistir» una vez superada la emergencia social y sanitaria, informó la organización gremial. 10/06/2020
Un documento del sindicato, que lideran Hugo Godoy y
Rodolfo Aguiar, aseveró que «no puede haber un Estado presente con
trabajadores ausentes».
El pronunciamiento fue difundido
luego de un encuentro del espacio gremial que encabeza Aguiar e integran
Eduardo De Gennaro, Alejandro Garzón, Mercedes Cabezas, Vicente Marti y
otros integrantes de la conducción nacional.
«El
teletrabajo es inadmisible en un escenario normal. No se trata de una
empresa privada. La cercanía con el pueblo es lo que que caracteriza la
tarea, ya que son las franjas sociales más vulnerables las verdaderas
usuarias del sistema o destinatarias de los servicios y prestaciones del
sector«, expresó Aguiar.
El dirigente rionegrino indicó
en un comunicado que según la información oficial de la Secretaría de
Gestión y Empleo Público solo el 14 por ciento del recurso humano
trabaja hoy de manera presencial, el 63 por ciento lo hace de forma
remota y el resto del personal tiene licencias debidamente autorizadas.
Ante
la posibilidad de que el teletrabajo sea regularizado a partir de la
pandemia a través de un debate parlamentario, Aguiar consideró que «se trata de un fenómeno que favorece la precarización y tercerización de servicios,
aunque es cierto que se impone en la urgencia, por lo que debería
aceptarse su regulación excepcional y solo por un tiempo determinado»,
indicó el documento.
Para la ATE, el teletrabajo torna
invisible la relación laboral, genera horas excesivas de labor; no
reconoce las extras; no autoriza licencias por enfermedad; hay riesgos
de no declarar síntomas de enfermedad o lesión; de estrés por objetivos
de productividad elevados; hay ausencia de indemnización por accidentes;
riesgo de pérdida de status de asalariado y la precarización es mayor
para las mujeres, ya que se establece hasta una triple jornada, subrayó.
Para
los gremios, se produce «una disminución o debilitamiento del colectivo
laboral; desaparece la solidaridad y militancia; hay falta de apoyo de
los teletrabajadores a las huelgas; posible pérdida de afiliados al
pasar a la figura de autónomos; más explotación del empleador y lugares
precarizados e inestables».
«Las supuestas bondades del sistema encubren la pérdida de derechos individuales y colectivos. La ATE no avalará ningún proyecto de ley en el que no participen los trabajadores y, cualquier reforma temporal, debe ser aprobada en la paritaria», puntualizó Aguiar, quien rechazó la iniciativa que impulsan las empresas.
Pedro Wasiejko se quedó con la conducción del puerto de La Plata
Se trata de Pedro Wasiejko, del gremio del neuámtico hasta la derrota a manos de la izquierda y actual secretario general de la Federación de Trabajadores de Energía, Industria, Servicios y Afines (Fetia-CTA). Es un hombre de máxima confianza de Hugo Yasky. 10/06/2020 00:05:00
El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica de la Provincia Buenos Aires designó ayer al gremialista
Pedro Wasiejko como nuevo presidente del Consorcio de Gestión del Puerto
La Plata.
El nuevo funcionario, que se formó como
ingeniero electrónico en la Universidad Tecnológica de Avellaneda,
reemplazará en el cargo a José María Doods.
Wasiejko,
estuvo durante tres períodos al frente del Sindicato Único de
Trabajadores de Neumáticos (Sutna), hasta que lo perdió a manos
Alejandro Crespo, referente del sindicalismo clasista.
Además es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Energía, Industria, Servicios y Afines (Fetia-CTA) y actualmente se desempeña como secretario del Interior y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA de los Trabajadores.
«A partir de las definiciones tomadas por el gobernador, Axel Kicillof y el ministro de Producción, Augusto Costa, y en el marco de la emergencia sanitaria ante la Covid-19, continuamos trabajando de manera coordinada con los presidentes de los Consorcios de Gestión en pos de fortalecer el desarrollo productivo de los puertos bonaerenses y cuidando la salud de las y los trabajadores portuarios», informó en un comunicado la cartera productiva.
Ferroviarios: dos muertes y mas de 30 trabajadores con Covid 19
El lunes trascendió la noticia que dos trabajadores de Trenes
Argentinos fallecieron como consecuencia de haberse contagiado el
virus Covid 19. “Todas estas muertes podrían haber sido evitables si
Trenes Argentinos y Murata hubieran activado los protocolos y
garantizado los elementos básicos de seguridad e higiene y el testeo
masivo. Pero en sintonía con Meoni y el ministerio de Transporte, viene
teniendo una política ocultar los casos probables y positivos
exponiendonos a la propagación del virus”. Por ANRed
El lunes trascendió la noticia que dos trabajadores de Trenes
Argentinos fallecieron como consecuencia de haberse contagiado el virus
Covid 19. Asimismo los trabajadores ferroviaron denuncian mas de 30
casos de contagios y contradicen al Ministro de Transporte Mario Meoni
quien afirmara en un programa de televisión de la señal Todo Noticias
(TN) que “no hay trabajadores infectados en ninguna de las modalidades
de transporte”.
Claudio Andrades trabajaba en el obrador de Vía y
Obras de la Línea Mitre, ubicado en Campana. El 31 de mayo le habían
confirmado que tenía covid-19 junto a otros seis trabajadores más de ese
sector y dos de tercerizados con puesto en el mismo obrador. Por otra
parte, Juan Campos, tercerizado por la 
empresa Murata,
realizaba tareas de seguridad para la Línea San Martín. Su base estaba
ubicada en la estación Retiro, en un puesto lindante a la villa 31. Sin
las mínimas condiciones de higiene, como ya habían denunciado
anteriormente trabajadores de la línea.
Nahuel González trabajador de la Línea Mitre dijo
“todas estas muertes podrían haber sido evitables si Trenes Argentinos y
Murata hubieran activado los protocolos y garantizando los elementos
básicos de seguridad e higiene y el testeo masivo. Pero en sintonía con
Meoni y el ministerio de Transporte, viene teniendo una política ocultar
los casos probables y positivos exponiéndonos a la propagación del
virus. Los sindicatos mantienen un silencio absoluto convirtiéndose en
cómplices de toda esta situación y frente a esto tenemos que exigirles
que convoquen de manera urgente a la realización de asambleas,
garantizando el distanciamiento social, donde discutir las medidas
concretas para enfrentar esta situación que se agrava con el correr de
los días. No podemos dejar que se naturalice. En este sentido, es
necesario impulsar comisiones de Seguridad e Higiene en cada lugar de
trabajo junto a profesionales independiente de las empresas para
resguardar la seguridad de los usuarios, trabajadores y nuestras
familias. Nuestros compañeros que son tercerizados tienen que pasar a
planta permanente y tener los mismos derechos que cualquier trabajador
ferroviario”.
Asimismo agregó “hicimos una presentación exigiendo al gobierno nacional a través de sus ministerios, testeos masivos junto al pedido de aislamientos preventivos, todos los elementos de seguridad e higiene para resguardar nuestra salud y la de nuestras familias. Lamentablemente, aún no recibimos respuesta de ninguna de las carteras y tenemos dos compañeros muertos por Covid-19. Como afirma Claudio Dellecarbonara, diputado por el PTS-FITU en la PBA y miembro del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP (Subte), la mayoría de los trabajadores, registrados e informales, estamos enfrentando la pandemia sin que las patronales apliquen protocolos y sin garantizar las medidas sanitarias correspondientes y frente a esto la única salida la podemos plantear los trabajadores organizados y en las calles y poniendo las bancas del Frente de Izquierda al servicio de esta pelea”.
Panorama político-sindical de Argentina
Foto: ADN Río Negro
En esta entrega: nuevo acuerdo CGT-UIA para reducir salarios. El
Ministerio de Trabajo avala despidos, suspensiones y rebajas
salariales. El Indec confirmó que en abril una familia de cuatro
integrantes necesitó $42.594 para no ser pobre. Muy por detrás de la
Canasta de $67.372 que miden los trabajadores de ATE Indec. Y $17.897
para no caer en la indigencia. Casi cinco millones y medio de
trabajadores y trabajadoras están en una auténtica encerrona: su
actividad no se halla considerada entre las “esenciales”, y no les
resulta posible hacerlas desde sus hogares. Se encuentran en un estado
de vulnerabilidad laboral muy fuerte que, como tantas otras cosas, quedó
al desnudo a raíz de la pandemia de coronavirus y la consecuente
cuarentena. Y más noticias. Por Mario Hernández.
Nuevo acuerdo CGT-UIA para reducir salarios
“El secretario General de la CGT, Héctor Daer, remarcó que el acuerdo
de reducción salarial del 25% fue «para ponerle un piso» a los recortes
salariales que podían realizar los empresarios. Opinólogos y
librepensadores hay siempre, nosotros tenemos que encontrar soluciones»,
manifestó.
El Ministerio de Trabajo avala despidos, suspensiones y rebajas salariales
El ministro de Trabajo fue acusado por la Asociación de Abogados
Laboralistas de homologar acuerdos por reducciones salariales que violan
los convenios laborales y los principios de irrenunciabilidad de
derechos. También cuestionan el otorgamiento de las ATP sin apertura de
libros contables.
La AAL asegura que “el Ministerio de Trabajo mediante el dictado de
sendas normativas, no sólo favorables a la posibilidad de homologar
acuerdos individuales o colectivos de suspensión con reducción de
salarios, sino además creando procedimientos especiales para facilitar
su tramitación, que violentan las más mínimas garantías procesales
destinadas a tutelar los derechos laborales del trabajador y la
trabajadora”.
Señalan la responsabilidad de la cartera laboral y del propio
ministerio de Desarrollo Productivo por su aval al acta acuerdo
suscripta entre la conducción de la CGT y la UIA que habilita la
reducción de los haberes de los trabajadores suspendidos.
“En respuesta a lo solicitado por la UIA y la CGT, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la Resolución MTESS Nº 397⁄2020
resolviendo que las presentaciones que en conjunto efectúen las
entidades sindicales con personería gremial y las empresas para la
aplicación de suspensiones conforme al art. 223 bis LCT, que se ajusten
íntegramente al acuerdo celebrado por la UIA y la CGT, serán homologadas
previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación. De esta
manera, el referido Ministerio acepta la pauta general de suspensión con
reducción salarial acordada por la UIA y la CGT, no sólo homologando
acuerdos que violan el orden público laboral, sino que además lo hace
sin la debida comprobación previa de que la empresa en cuestión esté
realmente atravesando una crisis económica que le impida afrontar el
pago íntegro de los salarios. Se incumple así con la obligación de
tramitar previamente el correspondiente procedimiento preventivo de
crisis exigido por el art. 98 y siguientes de la ley 24.013 para todos
los casos de suspensión por razones económicas, o en su defecto, el
procedimiento establecido por el Decreto Nº 328⁄88, instancias en donde
la empresa debe acreditar efectivamente la situación de crisis”, señalan
los abogados laboralistas.
Pero no sólo la Resolución MTESS Nº 397⁄2020 resuelve homologar
suspensiones con reducciones salariales solicitadas por la parte
empresarial y sindical en conjunto, sino que también lo hace en el
supuesto que la presentación sea realizada sólo por la parte empresaria
acompañando el listado del personal afectado y la parte sindical haya
guardado silencio por el plazo de 3 días luego de que se haya corrido
traslado de dicha presentación. En este supuesto ni siquiera existe un
acuerdo colectivo sino que se trata en realidad de una suspensión masiva
sin representación sindical efectiva.
Y se lamentan porque “a esta enumeración de violaciones del orden público laboral se suma la injustificable inactividad judicial que
importan la dificultad de acceso a la justicia para el trabajador o
trabajadora que pretenda cuestionar la rebaja salarial que se le
impuso”.
Exigen la derogación de “las normativas antes mencionadas y todas las
demás que permitan, faciliten o promuevan la tramitación y homologación
de acuerdos individuales y colectivos de suspensión y/o de reducción
salarial, por lesionar gravemente el orden público laboral, el Art. 14
bis de nuestra Constitución Nacional y normas internacionales con
jerarquía constitucional que protegen a la persona que trabaja”.
A lo que agrega Héctor Recalde que: “Si una trabajadora o trabajador
sigue ocupado en la jornada normal tiene que seguir percibiendo la
remuneración normal y habitual. Si le rebajan el ingreso se produce un
verdadero enriquecimiento sin causa en términos civiles y no penales.
El artículo 179 del Código Civil y Comercial dice que “toda persona
que sin causa lícita se enriquezca a expensas de otro (debería haber
dicho: de otra) está obligado, en la medida de su beneficio a resarcir
el detrimento patrimonial del empobrecido”.
Finalmente, merece un comentario especial la cuestionable actitud de
la dirigencia sindical que aceptó firmar ese “acuerdo marco” propio de
décadas pasadas y nefastas para los derechos laborales, al igual que la
de los sindicatos que están suscribiendo acuerdos de reducciones
generalizadas de salarios. Del mismo modo, es encomiable la postura de
las organizaciones que están resistiendo la firma de esos acuerdos, en
defensa de los salarios de los trabajadores y trabajadoras que
representan.
Para el Secretario General de la Asociación Gremial de Trabajadores
del Subte y Premetro e integrante de la Comisión directiva de la CTA
Capital, Roberto Pianelli, hay 125 empresas que se han colado y que no
necesitan ATP. Frente al acuerdo UIA-CGT señaló: “Somos uno de los
sindicatos que hicimos público que no estamos de acuerdo y que no vamos a
aceptar ninguna rebaja. Reivindicamos el derecho de toda organización
sindical a que, según la relación de fuerzas, haga negociaciones que
impliquen retroceder en conquistas. Pero a un mes de iniciada la
pandemia, ese marco es absolutamente equivocado. Habría que haber
mantenido la lógica del primer decreto del gobierno que impedía bajar
salarios y después discutir caso por caso”.
También el secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros,
Pablo Moyano, criticó que el acuerdo alcanzado entre la CGT y la Unión
Industrial Argentina (UIA) para evitar despidos de trabajadores
suspendidos a cambio de un descuento salarial es una «decisión
equivocada» porque «no es el momento para rebajar» sueldos.
Pablo Moyano sostuvo: «Hemos rechazado cualquier intento de los empresarios de rebajar sueldos o pagar el aguinaldo en cuotas».
«Nosotros lo rechazamos y no dejamos que ninguna empresa haga lo que firmó la UIA con la CGT»,insistió Moyano.
Los ataques a los trabajadores y trabajadoras no han cesado y la
cifra de afectados por despidos, suspensiones y ataques al salario ya
alcanzó a más de 4.7 millones de trabajadores. Al menos 744.420
trabajadores y trabajadoras perdieron su fuente de trabajo desde el
comienzo del ASPO. De este total, 590.000 pertenecen al sector informal
mientras que 154.420 al sector formal. Asimismo, 1.804.247 fueron
suspendidos (de los cuales 1.737.509 también percibieron reducción en el
salario); y 2.176.493 sufrieron ataques al salario en sus distintas
dimensiones, según el Observatorio de Despidos durante la Pandemia.
Mientras tanto,el Gobierno extendió hasta fin de año la doble indemnización por despidos sin causa. La medida, que fue instaurada a principio de año, vencía esta semana.
La doble indemnización fue fijada por un Decreto de necesidad y
urgencia durante el plazo de 180 días. Aquella normativa declaró la
emergencia pública en materia ocupacional por seis meses y estableció
que “en caso de despido sin justa causa” durante ese período los
trabajadores “tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización
correspondiente de conformidad a la legislación vigente”.
El Gobierno prorroga por 60 días la prohibición de despidos
En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional informó que se
prorrogará por 60 días la prohibición de efectuar despidos sin justa
causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza
mayor.
Según detalla el decreto,también se extenderá la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos. No obstante, el documento aclara que quedan exceptuadas las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al respecto, el ex diputado nacional y abogado laboralista, Héctor
Recalde, sostuvo que: “En realidad, lo falaz es sostener que la rebaja
salarial encuentre sustento en el artículo 223 bis de la ley del
Contrato de Trabajo 20.744.
Esta disposición sólo habilita que en casos de suspensiones el
empleador compense al trabajador con una prestación dineraria que no se
considera remuneración para reducir el costo”.
La prohibición de despidos fue decretada inicialmente a fines de
marzo, luego de que el presidente Alberto Fernández cuestionara
públicamente a los empresarios que decidieron echar a trabajadores en
medio de la pandemia y el parate económico producto de la cuarentena
obligatoria.
Días antes, el Grupo Techint había intentado despedir 1.450
trabajadores de la constructora por la parálisis de la actividad (hecho
que finalmente ocurrió con el aval del sindicato UOCRA y el ministerio
de Trabajo) y el Presidente cargó contra Paolo Rocca,
titular del holding: “Has ganado tanta plata en tu vida, tenés una
fortuna que te pone entre los más millonarios del mundo; hermano, esta
vez colaborá, y hacelo con los que hicieron grande a tu empresa, con los
trabajadores”, le recriminó.
El tema fue analizado en una reunión de la cúpula de la CGT con la UIA donde
hubo coincidencias entre empresarios y sindicalistas en mantener la
suspensión de los despidos. Al mismo tiempo, el Gobierno ampliará la
cantidad de empresas que recibirán ayuda estatal para pagar los sueldos
de sus trabajadores. Casi ocho de cada diez empresas argentinas
solicitaron asistencia para compensar las pérdidas provocadas por la
pandemia lo que obligó al Gobierno a inyectar una suma equivalente a los
1.600 millones de dólares.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó que
unas 420.000 empresas se inscribieron al programa de Asistencia al
Trabajo y la Producción (ATP) impulsado por el gobierno argentino tras
decretar la cuarentena obligatoria el 20 de marzo.
“La soga viene con mierda y hay que agarrarla con los dientes”
El histórico jefe del sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La
Pampa, Guillermo Pereyra, viene de acordar una rebaja salarial de un 40%
para unos 20.000 de sus afiliados, con suspensiones rotativas. Les pide
a los trabajadores “estar tranquilos” y “no enojarse”. Reconoce que “la
gente tenga bronca”, pero él tiene “miedo”.
En un audio sostiene que “la crisis se profundizó de una manera que
no se sabe lo que va a pasar. No están produciendo. Los yacimientos
están produciendo al 30 o 40% de su producción de petróleo. Lo único que
está funcionando es el tema de los yacimientos gasíferos. Las
refinerías no están funcionando porque tienen el almacenamiento lleno.
Cerró la de La Plata, está cerrada la de Mendoza, los oleoductos están
repletos”.
Esto no es cierto. La planta de YPF S.A. de Ensenada pasó a trabajar
de un 20 a un 50% de su capacidad. En Luján de Cuyo, Mendoza, donde el
oleoducto que viene desde Neuquén nunca se paró, la refinería pasó a
trabajar del 45% a algo más del 60%.
Pero Pereyra continúa su mensaje afirmando que: “No hay actividad. Yo
la verdad que tengo miedo. Reconozco que hay gente que tiene bronca.
Pero la verdad que la situación no da para más. Estas empresas, todas
estas empresas se manejan con los bancos. Siempre, siempre. Pagan con
créditos bancarios, van sacando, van esto, lo otro, guita que les viene
de afuera. Y ahora está todo cerrado. No hay un puto mango. Entonces, no
hay que enojarse. Hay que estar buscando a ver de qué forma salimos.
Pero no está nada fácil. Nosotros tenemos mucha gente en la casa, y no
sé, hoy hablé con la gente de la Cámara cómo vamos a arreglar. Quiero la
semana que viene tener una reunión. Estamos terminando el mes y no
sabemos cómo vamos a seguir en junio. Si encaran un Procedimiento
Preventivo de Crisis es para despedir, esos procedimientos son para
despedir, y al 50%. Entonces acá el gremio se tiene que disfrazar no sé
de qué, pero está jodido… ¿a quién le va a hacer paro? Ya está todo
parado.
Está bien, hay que reclamar. ¡Pero tranquilos! Yo estoy hablando
todos los días con las empresas. Acá, en Buenos Aires. ¡Hablando! No sé,
el tema de los puestos de trabajo, si DLS va a despedir o no va a
despedir, si va a presentar convocatoria para prescindir del
procedimiento de crisis, eso lo hacen individualmente las empresas.
Estoy hablando con DLS, pero la situación es la que te planteo: no
tienen plata.”
Pereyra remató: “Así que así está amigo, compañero, la soga viene con mierda y hay que agarrarla con los dientes. Chau, chau…”.
Canasta básica y pobreza infantil
En Indec confirmó que en abril una familia de 4 integrantes necesitó $
42.594 para no ser pobre. Muy por detrás de la Canasta de $ 67.372 que
miden los trabajadores de ATE Indec. Y $ 17.897 para no caer en la
indigencia.
¿Se puede sobrevivir con la Canasta Básica?
Un grupo de investigadores de Conicet se embarcó el año pasado en un
experimento llamado “Proyecto Czekalinski”. Intentaron vivir seis meses
consumiendo las calorías y alimentos indicados en la Canasta Básica
Alimentaria con el fin de mostrar que se trata de una medición obsoleta.
El resultado fue contundente: contar solo con los alimentos que
conforman la canasta básica constituye un grave riesgo para la salud.
Los voluntarios debieron abandonar el experimento a mitad de camino, a
los 3 meses por recomendación del equipo médico que realizaba el
seguimiento. Su estado de salud empeoró significativamente. Florencia
Demarchi una de las voluntarias perdió 5 kilos en tres meses, Martín
Maldonado, uno de los impulsores y responsable del proyecto, perdió 6
kilos. Anemia, deshidratación suba de colesterol, triglicéridos y el
azúcar en sangre. Baja de magnesio y la vitamina B12 y bajas defensas,
fueron los resultados de los laboratorios.
Un reciente informe de Unicef sostuvo que sus proyecciones de pobreza
infantil en el país aumentarían de manera alarmante hacia final de año
producto de la crisis. La pobreza infantil alcanzaría a 7,7 millones de
niños y niñas y adolescentes y llegaría al 58,6%.
Pero los recursos del Estado siguen direccionándose en mayor cuantía a
financiar exenciones a empresarios, a pagar sueldos a grandes empresas
como Techint y Clarín. Incluso a pagos de deuda odiosa que en este año
sumaron más de u$s 4.000 millones.
Sin cobertura
Casi cinco millones y medio de trabajadores y trabajadoras están en
una auténtica encerrona. Su actividad no se halla considerada entre las
“esenciales”, y no les resulta posible hacerlas desde sus hogares. Se
encuentran en un estado de vulnerabilidad laboral muy fuerte que, como
tantas otras cosas, quedó al desnudo a raíz de la pandemia de
coronavirus y la consecuente cuarentena.
“Se trata de los segmentos más vulnerables del mercado de trabajo. En
promedio, cuentan con menor calificación, se concentran en actividades
como la construcción, el comercio y el servicio doméstico, pertenecen a
deciles de bajos ingresos, y tienen mayor probabilidad de operar en
contextos de informalidad”, indica el estudio “Políticas públicas para
pensar el sendero laboral hacia la nueva normalidad post-COVID-19”, de
los economistas del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Ramiro Albrieu y Megan
Ballesty.
Los académicos apuntan que sobre ese segmento, que representa nada
menos que el 45% de los 11,6 millones de personas que componen la
población económicamente activa (PEA).
En el informe se divide a los trabajadores y trabajadoras por su
nivel de proximidad en el ámbito laboral. “Hay alrededor de 800.000
trabajadores vulnerables que se desempeñan en actividades con bajo nivel
de proximidad, o sea, con poco contacto con otras personas. De estos,
660.000 son menores de 60 años y, por lo tanto, no son parte de la
población de riesgo. Se trata de un grupo particularmente vulnerable en
términos económicos y sociales: el 90 % son mujeres, 60 % del grupo
asalariado trabaja en la informalidad y 65 % de los que declaran
ingresos se agrupa en los primeros tres deciles. En términos de rama de
actividad, el 80 % trabaja en el segmento de limpieza del servicio
doméstico, y poco menos del 10 % en ramas no teletrabajables asociadas a
la enseñanza”, se describe.
“Las ocupaciones vulnerables de proximidad media, en tanto, engloban
al 30 % de todos los ocupados, es decir, unos 3,6 millones de personas.
Allí prevalecen las actividades de comercio, construcción e industria”,
indica el estudio.
Por último, desde el CIPPEC puntualizan que “las actividades
vulnerables de mayor proximidad abarcan a casi un millón de
trabajadores. Es un sector de alta vulnerabilidad social en donde la
informalidad alcanza el 55 % y las ocupaciones operativas y no
calificadas comprenden al 80 % de los ocupados. El 65 % son mujeres que
se desempeñan principalmente en servicios domésticos, particularmente en
el segmento de cuidado de personas y servicios de sanidad no
calificados. También tienen un rol importante los servicios personales,
las actividades relacionadas con la enseñanza, los servicios de
alojamiento y gastronomía y el comercio”, enumeran.
En tanto, subrayan que ese análisis “omite un hecho relevante, como
es que los riesgos de aglomeración y la alta proximidad pueden no estar
en el puesto de trabajo, sino en el transporte público”.
Día del Periodista: nada para festejar
“En este período, a la grave situación de pérdida de puestos de
trabajo que arrastramos de los últimos cuatro años, con más de 4.500
despidos a nivel nacional, se le sumaron despidos ilegales a pesar del
decreto que los prohíbe, como sucedió en Publiexpress y en Editorial Atlántida. Además, muchas empresas pagan el salario en cuotas, como Clarín o Diario Popular,
en una de las actividades en las que más se deterioró el salario en los
últimos años, con una paritaria 2019 por la que sólo se percibió un 15%
por un semestre. Les trabajadores colaboradores y freelance fueron les
más perjudicados en este período, en el cual se pone en evidencia lo que
denunciamos desde hace años: las figuras de colaborador y freelance
esconden una relación laboral fraudulenta que deja sin derechos sociales
a les trabajadores.
La ayuda estatal a través de los ATP (Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción) puso en discusión los objetivos y el rol de la
intervención estatal. Un informe de Agustín Espada reveló que casi todos
los grandes medios recibieron la ayuda, desde multinacionales como Viacom (Telefe) hasta medios del Grupo Clarín o La Nación y Perfil.
Esa ayuda recibida por los empresarios, que para muchos pequeños medios
de distintas regiones del país es imprescindible para su sostén,
contrasta con la poca o nula ayuda que perciben cooperativas y medios
autogestivos, donde trabajan cientos de compañeres y que, lejos del
lobby al que nos acostumbraron muchas corporaciones, cumplen un rol
social importantísimo como garantes de la información, señala Agustín
Lecchi, dirigente del SiPreBA.
Al tiempo que adelantaron algunos de los resultados de la Encuesta
sobre Salarios, Teletrabajo y Condiciones Laborales 2020 que realizó en
las últimas semanas en el marco del aislamiento social preventivo y
obligatorio.
A partir de más de 700 respuestas, se dio cuenta de la preocupante
situación que vive el sector en cuanto a salarios, desigualdad de
género, condiciones laborales y las nuevas problemáticas surgidas de la
emergencia.
En abril el 66% de las trabajadoras y trabajadores que se encuentran
en relación de dependencia en empresas de prensa de CABA cobraron un
salario por debajo de la Canasta Total, estimada en $53.637 por la
Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA.
El mismo mes, el 42% cobró un salario por debajo de los $41.994 indicados como línea de pobreza (según INDEC para abril).
En los medios privados, el 63% no recibe pago por trabajar horas
extras, algo cada vez más frecuente con la extensión compulsiva del
horario laboral producto del teletrabajo.
El 39% de les trabajadores de Prensa en relación de dependencia tuvo
problemas para cobrar su salario en tiempo y forma durante la
cuarentena.
Antes del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por
el Gobierno menos del 10% del total de les trabajadores de Prensa que
trabajan en relación de dependencia hacía alguna forma de teletrabajo.
Actualmente el porcentaje de trabajadores que teletrabajan asciende al
75%.
En las actuales condiciones, lejos de las supuestas ventajas de
ahorrar tiempo, viáticos y pasar tiempo en casa, se encuentra latente
una flexibilidad desreguladora.
La encuesta también da cuenta de la precarización y la transferencia
de costos fijos de las empresas a les trabajadores: para ilustrar el
caso, si antes una empresa pagaba el alquiler de oficinas, luz, gas,
agua, internet, cable y otros servicios, ahora son les trabajadores
quienes se hacen cargo de esos costos para poder trabajar.
El 97% de quienes hacen teletrabajo afirman que su empleador no le
paga por el uso de internet en su domicilio. Al 74,1% su empleador
tampoco les provee una computadora para teletrabajar, obligados a usar
la suya propia, muchas veces compartida con otros miembros del hogar.
Al consultar por la provisión de otras herramientas por parte del
sector patronal, el 86% afirma que no recibe ninguna otra herramienta
para teletrabajar.
Otro dato relevante sobre las condiciones reales en las que
actualmente se ejerce el teletrabajo es que el 82,5% no cuenta con el
mobiliario adecuado para teletrabajar. Debido a esta carencia en la
infraestructura provista por el sector empleador el 35,3% afirma que
tuvo que hacer alguna inversión extra para poder trabajar desde casa.
Hay problemas que se repiten con frecuencia en las respuestas.
“Trabajo más horas”, “No hay límites en los horarios”, “Se mezcla el
trabajo con el tiempo de descanso”, problemas que muestran la sobrecarga
que sufren les trabajadores. “Me piden cosas fuera de hora”, “No se
respeta el horario laboral”, dicen otras respuestas.
“Cuando puedas ves esto, si no te jode, sé que es temprano, pero…”,
frases que suenan cada vez más seguido por parte del personal
jerárquico, son otra muestra de la necesidad de una nueva legislación
que tenga en cuenta la desconexión como derecho, necesidad preexistente
que se agudiza con el teletrabajo.
“El gremio de Prensa fue uno de los más castigados por el ajuste
macrista. Sin lograr reponernos de esos cuatro años de despidos masivos,
cierre de medios, ajuste salarial y sobre nuestros derechos, la
pandemia volvió a servir de excusa a empresarios que se sienten impunes
ante la ley para avanzar nuevamente.
La intervención del Estado se hace más necesaria que nunca. Pero
fundamentalmente, la organización colectiva de les trabajadores en cada
lugar de trabajo, para defender las condiciones laborales, regular las
nuevas situaciones generadas por este nuevo contexto y pelear por
recomponer nuestros salarios, una tarea urgente”, concluye la encuesta.
La Justicia del Trabajo dictaminó la nulidad de los despidos en la Revista Pronto. El
fallo puso de manifiesto que Publiexpress S. A., la empresa que la
edita, llevó a cabo los despidos ilegales durante los primeros días de
abril, violando así el DNU presidencial que prohíbe los despidos durante
la pandemia del Covid-19. De esta manera, ordenó la reinstalación
inmediata de seis de sus trabajadores en sus puestos.
El 15 de abril, en plena vigencia del DNU 329⁄2020 de prohibición de despidos, la Editorial Atlántida que publica las revistas Gente, Para ti, Paparazzi y Billiken les comunicó a 44 trabajadores que estaban despedidos.
Las indemnizaciones ofrecidas por la empresa, además de ser ilegales
por violar el DNU, incumplen con lo establecido por el Estatuto del
periodista y el plan de pagos es de hasta 18 cuotas mensuales.
Como si esto fuera poco, en mayo el gobierno pagó el 50% de los
salarios de la mayoría de los trabajadores y la empresa les informó a
los despedidos que ese dinero sería tomado a cuenta de lo fijado en la
indemnización.
La Comisión interna y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(SIPREBA) pidieron la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo
para dejar sin efectos estos despidos ilegales y exigieron la
regularización del pago de salarios y aportes.
El 30 de mayo será el primer plenario nacional de delegados de prensa
de todo el país convocado por la nueva conducción de FATPREN que tiene a
Carla Gaudensi, compañera de SiPreBA, como primera mujer Secretaria
General en la historia de la organización. Será una buena instancia para
discutir el rol de los medios de comunicación así como el sentido de la
ayuda estatal que hoy los sostiene.
Trabajadores de la Salud
El 9 y 10 de junio realizarán Jornadas Nacionales y Provinciales de
Lucha los trabajadores de la salud por bono para todxs, no a la
persecución judicial, impuesto a la riqueza y derogación de Ganancias.
El 10, CICOP, gremio de los 13.000 profesionales de la salud
bonaerense, hará una Radio Abierta con rueda de prensa en el Obelisco, a
las 12:00.
El pasado jueves renunciaron directores de Hospitales de 7 ciudades
de Chubut. Se trata de los directivos de Rawson, Trelew, Paso de Indios,
Las Plumas, Gaiman, Camarones y Dolavon. La medida es encausada por la
falta de certeza en el pago de haberes al personal de Salud.
El sector de salud que tendría que ubicar un rango de prioridad en la
agenda de gobierno, es bastardeado cada vez que se le presenta la
oportunidad al gobernador de #Chubut Mariano Arcioni relegándolos pese
al decreto de Necesidad y Urgencia que los ubica en lo más alto de la
pirámide de prioridades.
Las y los trabajadores de la salud del HOSPITAL MOYANO realizarán una
actividad de protesta junto a otros trabajadores de la salud de
hospitales públicos por las precarias condiciones en la que están
enfrentando al coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Será el
miércoles 10 a las 12:00 en el playón central del Hospital.
“En el personal de salud la curva de contagios se viene
incrementando, ya muchos trabajadores/as de hospitales se contagiaron
y/o fueron aislados. Ante esta situación y la continua falta de
respuesta suficiente por parte del gobierno porteño, necesitamos
visibilizar los reclamos por los que venimos luchando desde los inicios
de la pandemia: entrega de equipos de protección personal en tiempo y de
calidad; promoción y cumplimiento estricto de protocolos de
bioseguridad; ingreso de personal para reducir la sobrecarga laboral;
aumento salarial acorde al esfuerzo y riesgo laboral; y testeo de
trabajadores/as y pacientes”, reclaman los trabajadores.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud,
SIPRUS – Fesprosa de Santa Fe, realizó un paro el pasado jueves y va hacia
una jornada provincial de lucha el martes 9 y miércoles 10 de junio. En
Rosario, se manifestaron frente al Nodo Salud y exigieron reapertura de
la paritaria, condiciones dignas y seguras de trabajo, devolución de
descuentos, pago de deudas y pase a planta camino a erradicar la
precarización laboral en el sector.
“Además de aplausos necesitamos condiciones de trabajo y salarios
dignos”, dijeron las y los profesionales de la salud en una nueva
protesta. “Estamos muy atrasados en lo salarial y condiciones de
trabajo, pues desde 2013 no hay pases a planta”, explicaron e instaron
al Ejecutivo Provincial a establecer diálogo con el gremio y a los
legisladores les exigieron “que piensen en este sector postergado”.
“No se devolvieron los descuentos del bono provincial de 3.000 pesos,
no nos convocan a discutir condiciones de trabajo ni salarios, exigimos
el pago a profesionales que hace 8 meses que no cobran el sueldo y
sostienen el sistema de salud en medio de la crisis sanitaria y queremos
que se ponga fin a la precarización laboral”, enumeraron desde SIPRUS.
Ley exime del Impuesto a las Ganancias a trabajadores esenciales
El Gobierno promulgó la ley que exime ‑de manera transitoria- el pago
del Impuesto a las Ganancias al personal de la salud y de las Fuerzas
Armadas, entre otros, por la emergencia sanitaria.
Se trata de la ley 27.549, que había sido sancionada por el Congreso
Nacional el 21 de mayo último. Así, quedaron exentas de Ganancias ‑desde
el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020- las
remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o
pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma
específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada
por el COVID-19.
El beneficio alcanza a profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos
los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los
sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas;
las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad
Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y
recolectores de residuos patogénicos, que presten servicios relacionados
con la emergencia sanitaria establecida por Decreto N° 260⁄2020.
La misma ley estableció una pensión graciable de carácter vitalicio
para los familiares de los trabajadores alcanzados por la norma, que
hubieran fallecido entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020
como consecuencia de haber contraído coronavirus.
Entrevista a Rubén, miembro de la Comisión Interna del
Frigorífico Penta: 2A nosotros nos deben arriba de 100.000 pesos a cada
uno”
M.H.: Fueron agredidos el martes pasado.
R.: Exactamente. Estábamos haciendo una asamblea en
la puerta del frigorífico como todos los días hace 80 días y desde
adentro una patota empezó a insultarnos, a gritarnos cosas, que nosotros
no teníamos nada que ver con el frigorífico, que el frigorífico era de
ellos, como cargándonos. La gente se enojó, respondió de la misma
manera, tiraron unos piedrazos, la gente respondió con piedras y
empezaron a mostrar armas de fuego. Se puso tenso, tiraron 6 disparos,
la gente corrió, un compañero hizo la denuncia en la comisaría 5ª de
Quilmes y quedó hasta ahora todo ahí. El viernes nos encontramos en el
frigorífico y fuimos hacia el Puente Pueyrredón con la intención de
cortarlo para visibilizar nuestra situación.
Difundir esto, que alguien del gobierno se acerque, nosotros hemos
entregado un petitorio a Máximo Kirchner, hablamos con Kicillof, le
pedimos que tome cartas en el asunto, que ponga a ese empresario en su
lugar porque no puede hacer lo que está haciendo. Nosotros como Cuerpo
de delegados nos corremos para que entre la gente a trabajar. Tenemos
gente enferma del corazón, de pulmón, de diabetes y están en la calle
con nosotros, desesperados porque no pueden llevar comida a la casa, sin
obra social con esta pandemia. Es inentendible que nadie nos dé
respuesta. Fuimos a la Casa Rosada, le entregamos un petitorio al
Presidente y esperamos respuesta de parte del gobierno, que es el
gobierno de los trabajadores pero nosotros acá seguimos, hace 80 días
ya.
M.H.: Y esa gente qué estaba adentro del frigorífico ¿quiénes son?
R.: Siguen ahí adentro todavía. Es una patota pagada
por el señor Ricardo Bruzzese, presidente de la Cámara del sector, se
sienta en la mesa del Consejo contra el Hambre que preside Victoria
Tolosa Paz con la misma cara que se presentaba como “amigo” de María
Eugenia Vidal y fundaba “Carne para Todos” en tiempos de Guillermo
Moreno. Por eso es que hay mucha complicidad y nadie dice nada.
Nosotros hicimos la denuncia, el ministerio de Seguridad nos dijo que
estaban por mandar un allanamiento para sacarlos y no pasó nada. Al
otro día hicimos una asamblea ahí y vimos que siguen estando, nos miran
desde los techos, duermen ahí, todo.
M.H.: O sea que esta vez Sergio Berni no fue como cuando los reprimieron.
R.: Cuando nos reprimieron sí estuvo. Esa vez las
fuerzas policiales habían lastimado a un chico de 19 años que estaba en
negro, que cobraba 80 pesos la hora. Ahí apareció porque a ese chico
casi lo matan a palazos, estuvo internado, Berni lo fue a visitar y
después no lo llamó más. Se hizo ver para las cámaras.
M.H.: ¿La situación sigue igual? ¿Ustedes siguen despedidos?
R.: Nosotros no estamos despedidos, no sabemos
nuestra situación. Hace 80 días Ricardo Bruzzese no acató la
conciliación obligatoria, ni de Nación ni de Provincia, hemos tenido
muchas audiencias, tampoco acordamos nada, porque ellos nos acusan de
delincuentes y el único delincuente acá es él porque no paga los sueldos
adeudados, no tenemos obra social, tenemos gente enferma, tenemos que
andar pidiendo en la calle para darle medicación a la gente, para darle
para la garrafa. Así como el abogado de él sale a hablar por todos lados
diciendo que somos delincuentes, la gente está con nosotros, ellos
andan buscando firmas para presentar en el Ministerio y sacarnos a
nosotros o que la gente nos dé la espalda, y la gente no lo hace. Llaman
a los compañeros y ellos responden que abran la empresa y que entremos
todos.
Yo escuché que el abogado andaba diciendo que para volver a abrir la
empresa quería que los tres delegados nos corramos, nosotros hablamos
con el sindicato de la carne y les dijimos que si había una negociación y
nosotros nos teníamos que quedar del lado de afuera, siempre y cuando
se respete a todos los compañeros, entren todos y les paguen los
sueldos, yo me quedo afuera, no tengo ningún problema. Pero ellos dicen
que no deben nada y están debiendo cinco quincenas. Es lamentable la
situación.
M.H.: Mencionaste que la patronal no acató la
conciliación obligatoria, me imagino dictada por el ministerio de
Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
R.: Las dos, la de Nación tampoco. Una de Nación y
otra de Provincia, nosotros nos sentamos con la ministra de provincia,
también estuvimos con Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, pero nadie
nos da respuesta, nadie sabe nada. Ahora nos dieron los 10.000 pesos de
la IFE y con eso nos quieren calmar. A nosotros nos deben arriba de
100.000 pesos a cada uno. Lo que no entiendo es que Bruzzese ni el
decreto presidencial acató, para él no hay ley. Vive por fuera de la
ley. Porque las conciliaciones las dejó de lado, sé que cuando la
conciliación de Nación se terminó le hicieron una multa de 9 millones y
medio de pesos y no sé si la pagará o no. La de provincia será otro
tanto. Pero las puertas del frigorífico siguen cerradas.
Docentes
El martes 26 de mayo se realizó en la ciudad de Paraná, Entre Ríos,
una jornada de protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. Es la
primera acción realizada en esta ciudad por trabajadorxs de la educación
en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
El 20 de mayo trabajadores de distintas direcciones dependientes de
la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se
manifestaron frente a la Casa de Gobierno en La Plata. Sus contratos no
fueron renovados y se encuentran sin percibir ningún salario, por lo que
exigieron que se les renueven los contratos.
Un severo deterioro de las condiciones laborales en el marco de la
emergencia sanitaria, con falta de los recursos mínimos necesarios para
emprender las tareas educativas y graves consecuencias sobre la salud
física y mental, son algunas de las realidades que emergen del
relevamiento organizado por el gremio docente Amsafe Rosario junto a las
delegaciones de los partidos de Caseros, General López y Belgrano de la
provincia de Santa Fe que realizaron una encuesta en la que
participaron más de 5.000 docentes.
En el marco de la pandemia del Covid-19, los gremios de docentes de
Tierra del Fuego y Neuquén, anunciaron que llevaron a cabo una protesta
de manera virtual.
“Es indignante atravesar otros seis meses más de congelamiento
salarial después de cuatro años en que vivimos la misma condición”,
afirmó Javier Mastrocolo, secretario de Prensa del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef).
Es su segunda protesta en lo que va de la cuarentena contra el gobierno
de la provincia exigiendo la implementación de un aumento salarial
acordado a comienzos de año.
En tanto, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten)
se sumó al apagón por una serie de reclamos al gobierno provincial y lo
informaron en un comunicado:”El jueves y viernes apagaremos nuestras
computadoras para no realizar ninguna actividad vinculada a lo escolar” y
llamó a “docentes, estudiantes y familias a participar de la medida con
imágenes, fotos o videos para visibilizar la problemática
socioeducativa en toda la provincia”.
Por resolución de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de
Docentes de la Universidad Nacional de Luján, pararon por 48 horas
exigiendo inmediata apertura de paritarias para negociar licencias,
designaciones, reintegro de gastos y condiciones específicas de trabajo.
Representantes de los cinco gremios docentes nacionales participaron
el jueves pasado de una videoconferencia junto al ministro de Educación,
Nicolas Trotta, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. En la misma
se determinó mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la
educación a través del derecho a la desconexión digital y el derecho a
la intimidad. Desde CTERA se lo definió como un triunfo y desde los
sindicatos vinculados a la CGT se reclama también una compensación
salarial.
Entre los principales puntos del convenio se destaca la incorporación
del derecho a la desconexión digital que estará vigente hasta la
finalización de la cuarentena. El mismo comprende que los docentes no
pueden estar disponibles en cualquier horario y que deben tener
garantizado un tiempo para descansar y estar tranquilos respetando la
carga horaria en la que han sido designados. También el derecho a la
intimidad para preservar su exposición y la de su familia a la hora de
dictar clases en sus hogares.
Por su parte, el Ministro de Educación Nicolás Trotta se comprometió a
colaborar con material tecnológico para garantizar el teletrabajo a
través de la entrega de computadoras o de créditos para que los docentes
puedan comprarse una.
En cuanto al retorno de las clases, se acordó que se llevará a cabo
con el consenso de los gremios y que deberán tomarse los recaudos
necesarios para que las condiciones de higiene y salubridad de las
escuelas sean las adecuadas.
Transporte
En Tucumán la UTA realizó un paro de dos semanas en reclamo de
atrasos salariales de casi 4.000 trabajadores. «Estamos en la segunda
quincena de mayo y todavía no podemos cobrar abril», explicó el
secretario general de la seccional local de UTA, César González.
También se han visto grandes movilizaciones de choferes en el
interior del país como ocurrió en Córdoba, Rosario y en muchas
localidades del Conurbano bonaerense por despidos y rebajas salariales.
Además, quienes se desempeñan en el servicio de corta distancia,
considerado esencial, no cuentan con los elementos de seguridad e
higiene pertinentes; así es como ha empezado a elevarse el número de
personal con diagnóstico positivo de coronavirus.
El miércoles pasado por la mañana, los trabajadores de la empresa 18
de Mayo S.R.L, de transporte urbano, realizaron una caravana por el
centro de la ciudad de Gral. Roca/Fiske Menuko. Reclamaron una respuesta
por parte de la empresa, que desde hace 20 días está virtualmente
cerrada, sin brindar el servicio ni garantizar la fuente de trabajo de
80 familias.
Finalmente, la FATAP, la UTA y el Gobierno firmaron un acta que
garantiza el 100% de los salarios. La oposición al titular de la UTA,
Miguel Bustinduy, había lanzado una medida de fuerza en solidaridad con
el interior, que hubiera afectado a más de 80 líneas de colectivos en el
AMBA. El gobierno nacional aceptó producir una asistencia financiera
“indispensable” para afrontar el inmediato pago de los salarios.
Además, a través de la cartera que conduce Mario Meoni otorgó un
subsidio excepcional de $500 millones a un centenar de empresas de
transporte de larga distancia, para suplir la baja de ingresos en medio
de la emergencia sanitaria.
Esta medida se formalizó a través de la resolución 122⁄2020 del
Ministerio de Transporte publicada este miércoles en el Boletín Oficial,
que le concede el subsidio a 99 empresas de todo el país, por un total
de 3.529 coches, a razón de $141.683 por unidad.
En la mañana del viernes, choferes de larga distancia se
autoconvocaron en las puertas de la empresa Platabus, ubicada en las
calles 31 y 522 de la ciudad da La Plata, denunciando que la empresa
dejó en la calle a 140 familias, 70 de la base de La Plata, desde el 31
de marzo, violando el decreto presidencial sobre prohibición de
despidos. La medida fue tomada luego de que el presidente extendiera
hasta finales de junio el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
Choferes de Plusmar y ERSA se acercaron a brindar su solidaridad.
Córdoba
La Unidad Fiscal de Emergencia sanitaria imputó a 13 directivos del
Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) por
incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. La
Fiscalía, a cargo de Andrés Godoy, consideró que los dirigentes violaron
el decreto del Poder Ejecutivo Nacional en prevención por la pandemia
de Covid-19 cuando protestaron frente al Concejo Deliberante.
Los trabajadores municipales de la ciudad de Córdoba se movilizaron
para manifestar su rechazo contra el proyecto que recorta la jornada
laboral y reduce los salarios. La ordenanza fue aprobada en soledad con
votos del oficialismo en una sesión virtual.
La cuarentena ofició de excusa perfecta para que el Intendente
Llaryora dé un paso adelante en concretar el viejo proyecto de atacar
las condiciones laborales del sector, un objetivo común de todas las
gestiones desde 1983 a esta parte. Está claro que es el ensayo de una
avanzada más general de ataque al conjunto de los estatales y
trabajadores del sector privado, que ya están sufriendo rebajas
salariales.
La jornada en que las y los trabajadores municipales se movilizaron
en rechazo al ajuste, cerró a la noche con una caravana de pibas y pibes
de las aplicaciones de deliverys denunciando la represión que sufrieron
el día anterior y exigiendo aumento y medidas de seguridad e higiene
ante la pandemia.
Ellxs también están en la primera línea garantizando el traslado de
comida y son imprescindibles para el funcionamiento urbano, aunque
parten de mucho más atrás en sus condiciones laborales que los
municipales. Son el símbolo de un modelo de híper-flexibilización del
trabajo que va mucho más allá de ese sector y afecta en distintas
modalidades a cientos de miles que trabajan en condiciones precarias.
El 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, se realizó una Jornada en
toda la Provincia con ollas populares, reuniones en los lugares de
trabajo, concentraciones públicas, acciones en redes, etc.
Reclamaron acciones concretas de todos los niveles de los Estados, en todos los ámbitos de la vida social:
- Renta Básica Universal para todas y todos lxs trabajadorxs del País – independientemente sean estxs ocupadxs o desocupadxs-.
- No al pago de la Deuda Externa odiosa, ilegitima, ilegal, fraudulenta;
- No a la criminalización de la pobreza y la protesta social ni a la
militarización y al disciplinamiento social por parte de las Fuerzas
Represivas del Estado; - Inmediata aprobación del impuesto a la Riqueza;
- Ratificación de la lucha de lxs Estatales (Nacionales, Provinciales, Municipales) por:
Reapertura urgente de paritarias. Salario por encima de la canasta básica total;
Reincorporación de lxs trabajadorxs despedidxs por Macri en el Estado Nacional;
Estabilidad Laboral (pase a planta permanente);
Mayores cuidados para nuestra primera línea de la Salud Pública;
- Ratificación de la lucha del Sector Privado:
- No a la reducción salarial;
- Basta de despidos;
- Conformación de comités mixtos de Seguridad e Higiene Laboral;
- Regulación del Teletrabajo.
- Inmediata reunión con los máximos responsables de los Ministerios de
Empleo y Economía Familiar de la Provincia; Ministerio de Desarrollo
Social; Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba, para resolver
de manera urgente: - Mantenimiento de los programas de empleo suspendidos en la Provincia
(especialmente el Mujeres Por Mí, pero también el PILA, PPP, PIP, entre
otros). - Nuevos programas de trabajo acorde a nuestra realidad. Que
reconozcan aquellos trabajos que ya venimos realizando las promotoras de
salud y las de género, las compañeras a cargo de las tareas de cuidados
en los espacios comunitarios, así como programas que garanticen la
realización de obras de infraestructura en nuestros barrios y la
producción de alimentos en pos de la seguridad alimentaria. - Entrega de los alimentos adeudados a nuestros merenderos y comedores
comunitarios y la duplicación de lo entregado previo a la pandemia; - Ejecución inmediata del Programa de Economía Popular promulgado por la provincia;
- Pago inmediato de lo adeudado con les trabajadores textiles,
cuadrillas de mantenimiento preventivo, servidores urbanes y demás
trabajadores de la economía popular. - Abordaje urgente a la emergencia sanitaria de los barrios populares,
garantizando sin demora el acceso al agua potable, que haga posible los
cuidados elementales de limpieza e higiene de nuestres compañeres. - Implementación inmediata de la ley de agricultura familiar.
Por los gremios y las fábricas
La seccional Salta de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se
declaró en estado de alerta y movilización en rechazo de 700 despidos de
trabajadores que cumplen tareas en las obras de reparación del trazado
ferroviario del Belgrano Cargas, entre Nuestra Señora de Talavera y
Pichanar de esa provincia.
La construcción sufrió un desplome del 75,6% interanual en abril y
acumula una destrucción de 100.000 puestos de trabajo en el último año.
Trabajadores y trabajadoras de la empresa Trento, ubicada en la
localidad de Malvinas Argentinas, resisten el intento de la empresa de
vaciamiento y defienden sus puestos laborales.
Los trabajadores también denuncian que desde fines del año pasado la
empresa tiene manejos irregulares con ingresos que no se vuelcan a la
producción ni a atender la demanda habitual de los clientes. “La empresa
está en condiciones de abrir las puertas y que todos volvamos a
trabajar, pero ha realizado un lock-out para presionarnos y desconoce
las decisiones judiciales y del Ministerio de Trabajo que la intiman a
reconocer nuestros derechos. La empresa dice que no le dan los permisos
para trabajar pero nosotros hemos averiguado con el municipio y los
permisos están. Lo único que falta es que el empresario se presente en
la Municipalidad y firme, nada más. Cosa que no hace porque nos
chantajea con el 75% del sueldo”, aseguró el dirigente de SATIVA-CTA‑A y
referente de la Comisión Interna de Trento, César Aguilera. “Nosotros
decimos queremos volver a trabajar pero con todos los trabajadores
adentro y esta es la posición que vamos a llevar el martes a la reunión
que tenemos en el Ministerio de Trabajo con la empresa”, afirmó
Aguilera.
Los trabajadores abrieron una cuenta bancaria para un Fondo de huelga
y poder recibir el aporte solidario de trabajadores y trabajadoras de
todos los sectores:
CBU: 1430001713007634100014N° Cuenta: 13007634410001
Los trabajadores textiles de la empresa Sedamil, ubicada en la ciudad
chubutense de Trelew, reclamaron «el cobro de los salarios adeudados» y
repudiaron «el accionar de la patronal» que no deposita los haberes,
informó el titular del sindicato, Hugo Benítez.
Benítez explicó que Sedamil adeuda un mes y medio de ingresos a los
150 operarios, que tuvieron que romper el aislamiento social, preventivo
y obligatorio para protestar frente a la sede de la compañía.
Una grave denuncia recae sobre una sucursal de la heladería
Cremolatti, ubicada en pleno centro cordobés, en Bv. San Juan al 511,
aunque sospechan que pasaría lo mismo en otras sucursales debido a que
varias de ellas responderían a la misma persona: Germán Rocca.
La seguidilla de mensajes de Whatsapp empiezan con una frase
insólita: «Estamos haciendo el esfuerzo por mantenerles a todos el
trabajo así que tienen que saber aceptar las medidas que se tomen».Luego vienen las indicaciones prácticas: «En
primer lugar, hagan la inscripción en lo del plan del ANSES (se refiere
al Ingreso Familiar de Emergencia) para ver si son o no beneficiarios,
ya que ese monto formará parte de su sueldo.»
Al mismo tiempo, los conminan a enviar una captura de pantalla con la
respuesta de ANSES a si lo van a cobrar o no y además les piden los
datos personales para rastrearlos en los listados del organismo.
Como si fuera poco, los amenazan con 75 días de suspensión sin goce
de sueldo que les «otorga la ley» pero aseguran que no quieren «llegar a
eso».
Los trabajadores municipales de Bariloche cobraron 2.000 pesos menos.
Son los que el gobierno de Gustavo Gennuso había otorgado como suma
fija y a cuenta de futuros aumentos, ante la imposibilidad de cerrar una
paritaria.
La seccional Río Negro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)
repudió esa decisión de la comuna, mucho más en el actual contexto de
la pandemia de coronavirus.
El Sindicato de la Industria Cinematográfica definió la situación de
sus representados como de «emergencia absoluta», debido a la
imposibilidad de acceder tanto al seguro de desempleo como a los
beneficios que dispuso el Gobierno por el freno total de la actividad
que dispuso producto de la pandemia.
«Esta situación se da como en otras actividades en las que la persona
que no es contratada no cobra y no trabaja, no como en otras industrias
donde son suspendidos. Tampoco son informales, porque tienen un
contrato por tiempo determinado con todos sus aportes», aclaró el
secretario general del sindicato, Guido Valerga.
Al menos 46 rodajes fueron cancelados desde el inicio de la
cuarentena en la industria audiovisual argentina por la pandemia del
coronavirus, por lo que autoridades del SICA calculaban que 2.000
puestos de trabajo y alrededor de 50 millones de pesos en concepto de
salario se perdieron sólo durante el primer mes de la medida.
El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) repudió la decisión de
la empresa Pol-Ka Producciones SA de no abonar en tiempo y forma los
salarios de las trabajadoras y los trabajadores y la intención de Canal
13 Artear y el Grupo Clarín de desentenderse de más de 300 personas que
allí realizan sus tareas.
La deuda que mantiene la empresa además del sueldo de mayo, es un 30%
de salarios del mes de abril. También subrayan desde el gremio que “la
empresa es beneficiaria de la asistencia estatal mediante los ATP para
el pago de los salarios de los meses de abril y mayo”.
¡LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO!
El 30 de mayo Sebastián Romero, obrero de la General Motors de
Rosario y militante del PSTU, fue detenido en la República Oriental del
Uruguay. Sebastián es perseguido político desde el 18 de diciembre de
2017 por haber participado junto a miles de trabajadores y trabajadoras
de la movilización contra la reforma previsional que implicó un brutal
robo a los jubilados y jubiladas. El entonces gobierno de Mauricio Macri
y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la figura de Sebastián
intentaron demonizar la legítima movilización popular contra el ajuste.
Solo por movilizarse para defender a los jubilados, Sebastián hace 29
meses que no puede ver a su familia, ni a sus amigos y amigas, ni a sus
compañeras y compañeros de trabajo en la General Motors y de militancia
del PSTU. Por lo mismo, su compañero Daniel Ruiz estuvo 13 meses
injustamente detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz. Hoy
Sebastián es un preso político, lo cual es inadmisible en una sociedad
que se pretende democrática. Exigimos al Gobierno de Uruguay, presidido
por Luis Lacalle Pou, el envío de forma inmediata de Sebastián a su país
y aquí debe ser inmediatamente liberado por la justicia argentina como
muestra de que el país recupera parámetros democráticos imprescindibles
para dejar atrás el Macrismo y su destrucción social planificada. Con
Presos políticos no hay democracia.
Firman organismos de DD HH, sociales y políticxs: Foro por la
democracia y la libertad de lxs presxs políticos, Liga Argentina por los
Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Movimiento
Ecuménico por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza.
Fuentes: ACTA-CTA, Red Eco Alternativo, Tiempo
Argentino, Clarín, ANRed, Resumen Latinoamericano, APU, Infogremiales,
argentina.indymedia, Infobae, Página12.
