Por Adriana Meyer. 4 junio 2020
No hay ningún imputado en la causa y la familia no tiene abogado
Foto: Elsa Fernández y su hijo Cristian, víctimas de la violencia policial en Chaco.
A pesar de las 
profusión de imágenes
sobre el ataque, los testimonios y la denuncia urgente del Comite de
Prevención de la Tortura en Chaco no hay ningún policía imputado por lo
sucedido el domingo a la madrugada en el barrio Bandera Argentina, cerca
de Resistencia. La fiscalía de Derechos Humanos aún está en etapa de
«identificación» de los uniformados que ingresaron a la fuerza a la casa
de Elsa Fernández, golpearon a sus hijos y sobrino, los llevaron a la
comisaría y allí los sometieron a tormentos y abusos, entre ellos
manoseo a una chica menor de edad. «Es una barbaridad, ya tendrían que
estar detenidos, están los nombres de los que aparecen en el video, el
OCI (Organo de Constrol Institucional) y el Ministerio de Justicia está
aportando documentación, pidió oficio urgente al hospital donde
certificaron las lesiones de las víctimas y a la jefatura policial el
libro de la comisaría, y piden que se acerquen testigos que hayan visto
lo sucedido», explicó a Página/12 Silvio del Balzo, presidente del Comité.
«No hay imputados, la fiscalía dicen que son seis
los policías identificados pero que tiene que terminar de determinar
responsabilidades y recién entonces pedirán las indagatorias«,
agregó. De Balze confirmó que a los sospechosos de los delitos
gravísimos que denunciaron Elsa Fernández, Cristian Fernández, Alejandro
Saravia y Rebeca Garay se les quitó la «chapa» y el arma, y están en sus casas
suspendidos en el cargo. En teoría no pueden salir por el aislamiento
social obligatorio, pero algunos de sus compañeros fueron vistos por el
barrio Fontana, amedrentando a testigos. La familia sería asistida por
la Defensoría Pública, hasta ahora no tienen representación legal
oficial.
«El domingo a la mañana tomamos conocimiento de lo que pasó a través de la Mesa Multisectorial Feminista, hubo unas familias tirando piedras contra la comisaría 3ra, y un par de policías salieron a correrlos. Incluso hubo un forcejeo, pero las personas agredidas luego no tenían nada que ver con los que perseguía la policía. Y pasó lo que todos vimos», indicó De Balze al referirse a las imágenes del ingreso a la fuerza en la casa de estas familias qom, a las que el presidente Alberto Fernández calificó de «inaceptables» .
En las primeras horas trascendió que estaba interviniendo
la secretaría de Derechos Humanos provincial, de modo que el Comité se
haría a un costado porque consideró que sus funcionarios harían la
denuncia y darían asistencia a las víctimas con el órgano dispuesto para
esa tarea. Sin embargo, en el barrio sólo estaban las militantes de la
Mesa Multisectorial Feminista y la APDH (Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos). Así, la única denuncia formal presentada hasta el momento fue la de ese organismo, que depende del Estado pero es autónomo del mismo.
«El
informe contiene fotos, lo enviamos a la fiscalía de Derechos Humanos
por correo oficial con carácter de urgente, también fuimos a la
comisaría porque estamos autorizados a ingresar por la ley 17.098 que
creó este mecanismo de prevención de la tortura a nivel nacional, es
como el equivalente a un Defensor del Pueblo», explicó De Balzo. Chaco
fue el primer lugar en que se creó a raíz del asesinato de Juan Ángel Greco,
un artesano de 24 años que falleció tras ser detenido ilegalmente y
alojado en una celda que luego fue incendiada, el 4 de julio de 1990 en
la Comisaría de Puerto Vilelas.
Más allá de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, el Comité finalmente decidió presentarse también en la causa para pedir la detención de los policías involucrados,
que son muchos más que seis, incluso porque algunos actuaron vestidos
de civil, algo ilegal pero que, según De Balze, es común en Chaco. «No
se están haciendo bien las cosas, el gobierno provincial debío convocar a todos los organismos
para bajar los decibeles de la situación, están saliendo a reclamar
otros sectores de la sociedad que dicen que son ‘lacras’, entonces la
familia tiene que saber que se va a hacer justicia», dijo el presidente
del Comité en diálogo con este diario.
El gobernador Jorge Capitanich no hizo ningún pronunciamiento público,
a pesar de que sí hubo declaraciones a nivel nacional. «Salió la
ministra de Seguridad, que anunció sobre las acciones de la secretaría
de Derechos Humanos, pero sin la secretaria presente, es poco serio», se
quejó De Balze. A su criterio, la ministra Gloria Zalazar «no cree en
los organimos ni el comité ni en las defensorías».
De Balzo destacó que tampoco fue aceptado por la justicia
provincial el hábeas corpus que presentó por las denuncias de abusos
policiales en los procedimientos por el control del cumplimiento de la
cuarentena. «No estamos en contra de los operativos, pero controlen a la policía porque se les está yendo la mano»,
fue el mensaje del Comité porque en Chaco implementaron el operativo
saturación y el toque de queda sanitario por el cual luego de las 20
nadie puede circular.
«La policía ya está envalentonada, le quisieron poner el lazo y se rebelaron», interpretó De Balzo. «Convivimos con tres pueblos originarios, qom, wichí y mocoví. En todos los episodios de abusos y apremios, siempre hay un sesgo de discriminación por su condición étnica.
Es un choque cultural permanente, y encima ahora los acusan de haber
traído el virus, cuando los primeros casos de coronavirus fueron por
gente que vino del exterior. El policía asustado monitoreando esto,
sumado al racismo, deriva en un desastre. Muchos testimonios de chicos
que sufren hostigamiento refieren que los policías están ebrios».
