Resumen Latinoamericano, 27 de abril de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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Trabajadores de la ciudad: Larreta quiere congelar y pagar el salario en cuotas, mientras paga en término la deuda
El paquete económico de Horacio Rodríguez Larreta denominado Ley de Emergencia de la ciudad avanza en la legislatura porteña.
Por 
Amanda Martín
secretaria gremial de Ademys
El proyecto presentado constituye un ataque a los trabajadores de la ciudad desde todo punto de vista. Plantea directamente un congelamiento salarial (art.17) que en un cuadro de inflación creciente pronosticada en el mejor de los casos en el 50% anual significa una rebaja salarial. Incluso para aquellos sectores que tienen acuerdos paritarios cortos, como docentes, puede verse afectada la cuota pendiente del mes de junio o quedar suspendidas las reaperturas de paritarias posteriores, toda vez que dicho artículo señala: “que no se pueden establecer nuevas retribuciones, suplementos o incentivos salariales”.
Para los municipales, que están sin paritaria desde febrero con el salario congelado, es aún más impreciso y preocupante.
En el artículo 19 directamente se plantea la posibilidad del pago del salario en cuotas, tal como se está adelantando en varias provincias del país, estableciendo que se “faculta al ejecutivo para el pago escalonado y/o diferido de haberes de sus mínimas salariales…” cuestión que no ocurrió en la ciudad ni en la crisis del 2001⁄2.
La suspensión de todo nuevo ingreso de trabajadores a la planta de la Ciudad, puede provocar que a los trabajadores que se jubilen, se licencien, no se los remplace desmantelando sectores. O la no renovación de contratos, que serían despidos encubiertos, tal como puede interpretarse en el artículo 14.
¿Quién paga la crisis?
En la interpelación al ministro de Hacienda, Martín Mura, el diputado Gabriel Solano del PO-FIT cuestionó esta orientación del proyecto, por considerarlo un ataque a los trabajadores, mientras la deuda pública de la ciudad que ascendió a un 10% del presupuesto de este año va ser pagada puntualmente. Este año se prevé el pago de intereses y capitales de deuda en 48.000 millones de pesos, por lo tanto, es una cuestión de prioridades, remarcó el diputado en su intervención.
En medio de la crisis agravada por la pandemia, antes de pagar en cuotas los salarios hay que anular el pago de la deuda.
Los fondos para atender a la emergencia generada por la pandemia, pueden ser extraídos de impuestos a los Bancos y entidades financieras radicados en la ciudad que han ganado una fortuna- con ganancias declaradas de 314.000 millones el año anterior equivalente a casi la recaudación impositiva de la ciudad ‑que pueden compensar lo pérdida por la caída de la recaudación fiscal que es el argumento del gobierno para avanzar contra los ingresos de un docente, o un trabajador municipal cuyos salarios ya son de pobreza.
En lugar de afectar al capital bancario, industrial y a la especulación inmobiliaria, como propuso mediante un proyecto Gabriel Solano del Frente de Izquierda, se quiere descargar la crisis sobre las y los trabajadores.
El rechazo de este ataque está en las manos de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales, toda vez que la llamada “oposición” del Frente de Todos en la legislatura le ha votado el endeudamiento a Larreta y comparten la misma orientación frente a la crisis nacional e internacional, pagar la deuda externa.
Llamamos a rechazar este proyecto, desde los sindicatos, las organizaciones de trabajadores, a estar alertar y preparar las condiciones para movilizar frente a este avance.
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Las estaciones de servicio pactaron con Acuña postergar las paritarias «sin fecha»
El presidente de la Unión de Expendedores de Nafta y Afines, Juan Carlos Basílico, reconoció que a causa de la pandemia, se acordó de hecho con todos los sectores que participan de las negociaciones salariales, postergar la decisión hasta que se comience a recuperar la actividad.27/04/2020 17:27:00
«Lamentablemente las reuniones paritarias que teníamos previstas para marzo, fueron postergadas sin fecha concreta, por los efectos que provocara la orden de aislamiento preventivo obligatorio», dijo Juan Carlos Basílico.
El dirigente empresarial descartó de cuajo una próxima videoconferencia para saldar por la vía tecnológica la imposibilidad de un acercamiento físico en las oficinas del Ministerio de Trabajo para concretar un acuerdo convencional.
«En primer lugar se debe avanzar en la ayuda oficial que pudimos conseguir con el impulso del Sindicato encabezado por Carlos Acuña, para que el Estado Nacional se haga cargo de parte de los sueldos del mes de abril», comentó Basílico en declaraciones al portal especializado Surtidores.
El empresario adelantó que «tenemos pensado que con estos niveles de ventas, deberemos recurrir nuevamente a gestiones para poder afrontar los haberes del personal del mes de mayo, porque tenemos conciencia que el primer semestre de este año quedó arrasado por el efecto del coronavirus».
Por último recalcó que fomentan la necesidad de mantener todos los puestos de trabajo a pesar de la pandemia porque «existe un decreto del gobierno que impide las suspensiones y despidos que debemos respetar y porque éticamente no se puede dejar a nadie sin trabajo en un momento como éste».
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La CTA Autónoma activará mil ollas populares bajo la consigna «el hambre es un crimen»
La rama territorial de la CTA Autónoma colocará mañana mil ollas populares en todo el país. El objetivo es visibilizar «la angustiante situación que viven las familias de los barrios populares».27/04/2020 14:15:00
La Federación Nacional Territorial (FeNaT), la rama territorial de la CTA Autónoma realizará mañana una jornada con «Mil ollas populares en todo el país para visibilizar la angustiante situación que viven las familias de los barrios populares, agravada durante los últimos 4 años y que en este contexto de pandemia y encierro, tienen serios problemas para acceder a los alimentos básicos».
El gobierno de Alberto Fernández asumió con más de 16 millones de argentinos y argentinas viviendo en la pobreza, de los cuales más de 6 millones son niños y niñas. «Esto escapa a una crisis; es un genocidio. Ha crecido la demanda en los comedores y en los hogares», aseguró Omar Giuliani, coordinador nacional de la FeNaT.
«Valoramos el diálogo abierto por el gobierno de Alberto Fernández con las organizaciones sociales, aunque tenemos muchas dificultades para acceder a las partidas alimentarias que el gobierno se comprometió a distribuir. Por ello es que nuestra consigna para esta jornada de las mil ollas populares en todo el país es El Hambre Es Un Crimen», agregó el dirigente.
Además indicó que insisten en reclamar «un ingreso universal por familia ya que de otro modo es imposible que en este contexto de pauperización general tengamos la comida asegurada».
La Federación, de fuerte anclaje territorial y con alcance en todo el país, viene alertando sobre la situación de gran vulnerabilidad a la que están expuestas las familias empobrecidas por el neoliberalismo en Argentina.
«La acción será llevada a delante por compañeros y compañeras de comedores y organizaciones populares que habitualmente trabajan en los barrios produciendo y entregando alimentos a las familias», explicaron.
La FeNaT informó, también, que las mil ollas populares se llevarán a cabo con los cuidados sanitarios necesarios, siguiendo el protocolo de seguridad recomendado por autoridades de Salud.
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Denuncian que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo sigue en manos de Cambiemos y que los funcionarios se subieron los salarios
Los estatales acusaron a los funcionarios «reciclados» de la gestión Cambiemos de subirse los salarios y de otorgar categorías «discrecionalmente»,27/04/2020 15:29:00
Hace algunos días el presidente Alberto Fernández advirtió que «hay gente que quedó de la administración anterior y juega en contra del Gobierno nacional» y aseguró que en el Estado hay que «corregir muchas cosas». Las declaraciones fueron tomadas por la Junta Interna de ATE en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que acusa a quienes manejan el organismo de ser macristas «reciclados» y de subirse los salarios en plena crisis sanitaria.
«En plena pandemia mundial, algunos funcionarios reciclados de Cambiemos siguen aumentándose el sueldo y otorgando ascensos de categorías para una minoría, sin un criterio claro a la vista y como se dice vulgarmente, ´a dedo´», señaló un comunicado que los estatales le hicieron llegar a InfoGremiales.
«La postergación de la carrera administrativa y la ´institucionalización´ de los caprichos personales y arreglos corporativos ´ocultos´ para definir la política salarial del organismo, es un flagelo de larga data que violenta la normativa del Estado, pero que se ha profundizado durante los cuatro años de la gestión de Gustavo Morón, aún al mando de la SRT», especifican los empleados públicos.
Los trabajadores denunciaron en «el aumento discrecional y sin consulta ni orden de méritos de los sueldos de los funcionarios jerárquicos» y «aumentos de sueldo y cambios de categorías para empleados afines a la conducción del organismo y funcionarios macristas resilientes».
«El macrismo dejó de gobernar el 10 de diciembre de 2019 y debe terminar en la SRT para recuperar la dignidad de sus propios trabajadores y volver a ponerla al servicio de los trabajadores de la patria», concluyeron.
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Para no entorpecer la ayuda estatal, Moroni congela por 6 meses el registro de empleadores con sanciones laborales
El Ministerio de Trabajo suspendió hoy, por el término de 180 días, la incorporación o permanencia de empleadores en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), con el fin de evitar que pierdan beneficios dispuestos por el Estado Nacional.27/04/2020 09:22:00
«La actual inclusión y permanencia de empleadores en el REPSAL implica la imposibilidad de éstos para acceder a las asistencias, subsidios, créditos o beneficios dispuestos por el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria declarada, a efectos de morigerar su impacto sobre los procesos productivos y el empleo», de acuerdo con una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Así, quedó suspendido por 180 días corridos -contados a partir de este lunes- los efectos y plazos de permanencia de los empleadores incluidos en el REPSAL, como así también la incorporación de empleadores a ese Registro.
El Poder Ejecutivo recordó que el REPSAL se creó mediante la Ley N° 26.940, en el que se incluyen y publican determinas sanciones firmes aplicadas a los empleadores por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), y por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Los empleadores sancionados, mientras permanecen incorporados en el Registro, entre otras inhabilitaciones no pueden acceder a los programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, ni a líneas de crédito otorgadas por las instituciones bancarias públicas.
«En atención a los efectos negativos que se proyectan sobre las distintas actividades de la economía nacional derivados de la emergencia sanitaria y de las medidas públicas adoptadas en su consecuencia, deviene imprescindible la limitación transitoria de algunos de los efectos resultantes del régimen estatuido por la Ley 26.940, en tanto restringen el acceso a instrumentos de crédito que posibiliten la continuidad de la empresa y el pago de salarios a los trabajadores», justificó el Ministerio de Trabajo.
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Trabajadores y trabajadoras de la salud tomaron las calles en Salta
Enfermeros, enfermeras, médicos, practicantes y otros trabajadores y trabajadoras de la salud se movilizaron frente al hospital Señor del Milagro | Foto: FM Capital.
Sobre el endeble sistema de salud de la provincia de Salta surgió un agravamiento de sus precarias condiciones, a partir del advenimiento de la pandemia del Covid-19. Los desatinos no tardaron en presentarse. Uno de ellos fue brindar la indumentaria adecuada para hacer frente a la pandemia de forma escasa y faltante al personal sanitario. Otro fue la publicación de un memorando que informó, a modo de resguardo, que el Estado salteño no sería responsable sobre aquellos profesionales de la salud que no posean los casi nulos elementos proporcionados por el gobierno en caso de que se contraiga la infección. En respuesta, los trabajadores y trabajadoras irrumpieron en las calles para denunciar la arbitrariedad. De no haber solución, el plan de lucha continuará. Por Máximo Paz, para ANRed.
Trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia de Salta dieron un paso más en su reclamo y concretaron una sostenida manifestación que convergió en un corte de calle frente al hospital Señor del Milagro. Como aparece en la mayoría de las jurisdicciones del país, la motivación de la exposición del personal de la salud salteño se basó en el pedido de material biosanitario de calidad y en número, a fin de atenuar los riesgos extremos que implica hacer frente al virus Covid-19 dentro de una unidad sanitaria.
Quienes participaron de la medida de fuerza provinieron desde los hospitales San Bernardo, Papa Francisco, Materno Infantil y distintos centros de salud. Desde el día cero del arribo de la peste, no hubo por parte de las autoridades estatales salteñas una repuesta eficaz y satisfactoria para el personal sanitario y su labor esencial. La protesta realizada el viernes pasado representa otra escalada, sobre un conflicto cuyas tracciones provienen desde que comenzó la pandemia, más allá de las históricas falencias que cruzan al sistema de salud estatal provincial y nacional.
De acuerdo a como fueron relatados los acontecimientos, los representantes del gobierno dieron lugar al reparto de algunos insumos sanitarios, aunque insuficientes. A su vez, el cuerpo profesional, ante la realidad, decidió la confección de indumentaria e instrumentos de forma propia, o a partir de donaciones. Pero la acción asumió su límite cuando desde el estado provincial y el Ministerio de Salud provincial publicaron un memorando, dónde anunciaron que sólo los uniformes aprobados y controlados por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) tenían validez en la acción profesional, lo cual, ante algún infortunio en caso de contagio, la administración ejecutiva salteña se deslindaba por completo de responsabilidad alguna si el contagiado o contagiada no tuviera puesto el escaso material.
La afectación también recaería sobre el personal que figura en calidad de contratada en los centros médicos públicos y, por lo tanto, al margen de la categoría de planta permanente. A ello se le suman las amenazas de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), quienes entienden que su cobertura no llega a los contratados, pero, a su vez, la corporación aseguradora dejó en claro que no beneficiarán a algún afectado de planta permanente que no pueda probar que contaba, al momento del contagio, con el uniforme aprobado por ANMAT.
La controversia entre los trabajadores y el gobierno por la astuta medida oficial creció, mientras distintos funcionarios hospitalarios presentaron su renuncia indeclinable. Tales son los casos del que fuera responsable de urgencias del hospital Joaquín V. González y el gerente general del Mosconi.
El día miércoles pasado, una asamblea de los trabajadores expuso de forma contundente los estados deplorables del sistema sanitario provincial y la falta exasperante de material para hacer frente a la pandemia.
La decisión sobre la acción de la jornada de lucha perpetrada fue en ese sentido. Alrededor de las 8 de la mañana del viernes, los trabajadores y trabajadoras de hospitales, salas asistenciales y centros de salud concentraron sobre la céntrica avenida Sarmiento para iniciar su marcha.
Foto: El Tribuno
Enfermeros, enfermeras, asistentes, médicos, médicas y practicantes de los distintos centros de salud, protegidos con barbijos, pisaron la calle y aportaron su disconformidad consiente, expresada a través de pancartas, cánticos y consignas de lucha enunciada por altavoces. Los trabajadores y trabajadoras administrativas de los distintos centros también apoyaron el pedido de la falta sistemática de material quirúrgico, cofias, batas, camisolines, mamelucos y botas.
“No estamos pidiendo algo que no se sepa, estamos pidiendo que se nos dé lo que nos hace falta simplemente para protegernos, no sólo nosotros, sino también a todo el equipo de salud y a través de ellos proteger a la comunidad que viene”, dijo en plena marcha un referente de la manifestación.
La denuncia pública, arma histórica de los trabajadores en desventaja, pudo construir en la jornada de lucha un canal de comunicación entre el personal sanitario y la sociedad salteña. Por caso, se pudo dar a informar que las y los trabajadores sanitarios de la provincia contabilizaban el abordaje de, al menos, 152 casos sospechosos de coronavirus sin contar con los recaudos mínimos necesarios para evitar el contagio.
La magnitud del hecho concretó la visita inmediata del secretario general de la gobernación de Salta, Matías Posadas, en las instalaciones del hospital Señor del Milagro, lugar donde se llevaba adelante el corte de calle. Allí, el funcionario aseguró que proveerá de los insumos necesarios que se requieren y que también se brindará información precisa al personal de salud acerca de lo que se posee en stock y de los insumos que se adquirirán.
Luego de la jornada del viernes frente al hospital del Milagro, donde la acción directa pudo lograr la visita oficial del secretario gubernamental Matías Posadas, y su inmediato compromiso a proveer el material sanitario requerido, los trabajadores tienen previsto la presentación de un amparo judicial, si hasta este lunes la cartera sanitaria no provee con lo prometido y que corresponde.
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Reclamos de cooperativas de trabajo por falta de ayuda del Estado
La asistencia económica llega a pymes y empleados, pero no alcanza al trabajo autogestionado ni a sus integrantes, advierten en el sector que ocupa a 140 mil personas.
Por Jonathan Raed –
Las medidas de asistencia económica que el gobierno ha tomado en el marco de la crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus, son esquivas al universo de las cooperativas de trabajo, que a su vez viene de atravesar cuatro años muy duros producto de las políticas económicas del gobierno anterior.
“Aplaudimos las medidas que se tomaron para los sectores más vulnerables. Pero la situación es de extrema preocupación porque entendemos que el sector ha esperado un tiempo prudencial por políticas que beneficien a 140 mil trabajadores de todo el país, que hoy están postergados”, apuntó Ramiro Martínez, presidente de Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), que nuclea a 12.500 trabajadores autogestionados de 11 federaciones en 16 provincias.
“No accedemos al crédito porque no somos una empresa de capital. No es una discusión nueva, pero en este momento de crisis se exacerba. Queremos entender que en esta coyuntura de crisis hay otras prioridades. Hoy salimos a plantear esto públicamente porque ya no tenemos más tiempo y la situación es desesperante”, advirtió Martínez.
Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa que conduce el Hotel Bauen y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs (Facta), apuntó: “Hay alguien que no termina de entender que el trabajo no solo es registrado o autónomo, sino que es también trabajo asociado en cooperativas. Este sector es un eslabón muy importante en la cadena de producción y es también donde no se despide trabajadores, no se fuga dinero y se reinvierte permanentemente. El reclamo tiene que ver con eso”.
La situación del Hotel Bauen en particular es también delicada. “Estamos cerrados desde el 20 de marzo, con facturación cero y generando una deuda muy importante de proveedores y servicios, entre otros. El hotel está recontra complicado”, afirmó Tonarelli.
Medidas que no llegan
El gobierno nacional tomó distintas medidas de alivio a las pymes y para los trabajadores, pero pocas de ellas llegan a las cooperativas de trabajo.
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Es de gestión individual y no es compatible con otros beneficios como el Salario Social Complementario (SSC). Tampoco se eximió del pago del monotributode ese mes. Al ser un ingreso familiar, si el cooperativista tiene un familiar con trabajo registrado, tampoco puede acceder.
Créditos con tasas al 24 por ciento. Como el propio presidente Fernández asumió, los bancos fueron reticentes a otorgarlos. Al margen de esto, son créditos que se otorgan a partir de la plantilla de salario y en las cooperativas no hay empleador y no hay salarios, sino retiros. Por tanto, no aplican.
Complemento salarial a los empleadores. Ocurre algo similar que en el punto anterior. Como no está contemplada la figura de cooperativa de trabajo, el programa no las alcanza. “Debería estar taxativamente en el decreto la figura de la cooperativa de trabajo. Se las debería asistir para pagar retiros, de la misma forma que al empleador para pagar salarios”, advirtió Tonarelli.
Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado (PTA). El subsidio, de $ 6500, es incompatible con asignaciones familiares, por lo cual muchos cooperativistas descartan inscribirse.
Créditos a tasa cero para monotributistas. La opción es viable pero, al igual que el IFE, es individual. Además, no es compatible con el IFE. “Cómo hacés para decirle a 100 asociados que saquen créditos personales y los pongan como capital de trabajo en las cooperativas”, se preguntó Tonarelli.
Postergación del pago de facturas de servicios públicos y de alquileres. Sí alcanza a las cooperativas. La preocupación radica en qué pasará luego del 30 de septiembre, cuando debería pagarse la deuda acumulada en un plazo de seis meses.Decisiones en el Inaes
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) anunció una serie de medidas dirigidas al sector de las cooperativas y mutuales que fueron publicadas en el Boletín Oficial entre el jueves y viernes pasados. Por caso, la Resolución 144⁄2020 autoriza a las cooperativas y mutuales a utilizar “todo o parte del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa”, en proyectos propios o acciones asociativas con terceros “con destino específico a paliar necesidades originadas por la pandemia de COVID-19”.
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Ciudad de Buenos Aires
La CTA de los Trabajadores denuncia la compra de equipamiento represivo por parte del Gobierno de la Ciudad
La CTA de los Trabajadores denunció una compra millonaria en equipamiento represivo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno Porteño apuró su compra en medio de un escenario complejo producto de la pandemia.
Foto: Anred
En un duro comunicado, la CTA de los Trabajadores denunció la compra por 52 millones de pesos en equipamiento represivo que incluyen 150 mil cartuchos antidisturbios, 1.000 cartuchos de gas lacrimógeno, 2.000 granadas de mano con gas lacrimógeno y 2.915 granadas de humo . El gasto se hizo antes de que la Legislatura Porteña suspenda los gastos que no estén ligados a la pandemia.
Esta compra se suma a la reciente creación de la División de Intervención Rápida de la Policía de Ciudad (DIR). Desde la CTA denunciaron que “Larreta pretende resolver la crisis generada por el Coronavirus con gases y balas”.
La denuncia da cuenta del congelamiento de las Asignaciones Familiares y el presupuesto de los comedores, situación que complica aún más a los sectores más vulnerables. Pone de manifiesto además que el Gobierno de la Ciudad “niega elementos de profilaxis a trabajadorxs de la salud y la educación que atienden la pandemia”.
En el documento difundido el 23 de abril, la CTA le exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presidido por Horacio Rodríguez Larreta, que “asegure los recursos para adquirir los insumos necesarios tanto para atender las necesidades sanitarias de la población de CABA como para cuidar a los trabajadores y las trabajadoras exceptuados del aislamiento”.
El reclamo se suma a las denuncias formuladas días atrás por distintos organismos de DDHH y deja al desnudo el proceder del distrito manejado por la alianza Juntos por el Cambio.
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El teletrabajo aumenta la productividad pero también genera nuevos problemas laborales
Por Redacción EDA –
Una de las consecuencias de la cuarentena obligatoria que ya lleva más de un mes es la consolidación del trabajo a distancia para toda una serie de actividades, incluyendo docencia, trabajos administrativos, investigación académica, periodismo y muchas otras. Una reciente encuesta de la consultora Adecco señala que sólo el 25% de las personas que debieron pasar al “home working” preferirían pasar a esa modalidad de forma permanente. La tendencia, además, es mundial y grandes empresas están confirmando el ahorro que les genera esta nueva tendencia, por lo que se espera que con el fin de la pandemia haya un fuerte crecimiento de este tipo de esta modalidad laboral, que si bien viene creciendo paulatinamente hace años ahora dará un fuerte salto.
El relevamiento de Adecco sobre 4500 trabajadores que pasaron a cumplir sus tareas online desde sus hogares muestra que para el 56% de los encuestados este tipo de modalidad es una novedad, mientras que el resto ya la aplicaba eventualmente. Un 56% del total sostuvo que preferiría hace home office sólo algunos días de la semana, un 25% optaría por un esquema permanente y otro 19% sigue quedándose con el trabajo en la oficina o lugar habitual de desempeño.
En cuanto a la comodidad del trabajo hogareño, un 68% confirmó que se cambia de ropa para empezar a trabajar, dejando de lado el pijama o la ropa de dormir, mientras que un 18% reconoció que se queda con esas prendas y un sorprendente 14% afirmó cambiarse como si fuera a trabajar a la oficina. El 47% de los encuestados señaló que cuenta con un espacio de trabajo cómodo, como un escritorio preparado a tal fin, mientras que un 31% utiliza alguna mesa donde haya espacio, un 17% usa cualquier espacio de la casa que le resulte útil y el 4% trabaja desde la cama o un sillón.
En lo que hace a la productividad, un 42% afirmó dedicar más horas al trabajo en la modalidad hogareña, otro 40% asegura cumplir la misma cantidad de horas y sólo un 18% dice trabajar menos horas. El 60% de los nuevos trabajadores a distancia está conectado con su equipo de trabajo habitual durante esta cuarentena, el 31% se conecta con ellos solo cuando es necesario y un 2% no logra mantener una buena comunicación a distancia. 6 de cada 10 encuestados manifiestan trabajar más relajados desde su casa, para el 28% es lo mismo y un 11% cree que trabajar desde el hogar es más estresante.
Casi la mitad de los encuestados (45%) reconoció comer más durante el trabajo en casa, pero el 75% sostiene que puede implementar una alimentación más sana. El 40% afirma sostener sus rutinas de actividad física, mientras que un 38% las abandonó (el 22% ya no las hacía previamente). El 48% considera haber logrado un equilibro entre su trabajo y la vida familiar, un 31% afirma que esto depende del día y un 21% considera casi imposible hacerlo.
En relación con la cuarentena obligatoria, el 90% está de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno, pero las opiniones se dividen al ser consultados por hasta donde consideran que se va a extender la medida: un 38% cree que durará entre 30 y 60 días, un 33% entre 15 y 30 días, un 25% que serán más de 60 días y un 3% menos de 15 días.
A nivel internacional algunos estudios señalan que la productividad aumentó un 28% con el home office, un escenario en el que las empresas gobales anticipan que podrían reducir en hasta un millón de metros cuadrados sus espacios de oficina, lo que les permitiría ahorrar millones en infraestructura, servicios, seguridad, limpieza o amenities. En contraste, los servicios hogareños de los trabajadores a distancia aumentan en promedio un 30%. Pero el problema no está sólo en el nivel de gastos, sino que la tendencia consolidada por la pandemia también favorecería una precarización laboral en la que la relación de dependencia quedaría más diluida y fomentaría la facturación como freelance (en una uberización laboral generalizada donde las empresas no reconocen responsabilidades). Otro gran tema es el del impacto psicológico para los teletrabajadores, por la imposibilidad de separar las horas de trabajo de las hogareñas en un desdibujamiento de los turnos laborales que lleva a estar pendiente de las exigencias de trabajo las 24 horas.
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Diferencias entre los gremios estatales por la vuelta al trabajo y los descuentos salariales que UPCN aceptaría
Mientras el Gobierno nacional y los provinciales comienzan a dar pasos hacia una salida administrada de la cuarentena, con distritos en los que ya empezaron a retomarse paulatinamente distintas actividades productivas, los principales sindicatos de trabajadores del Estado, Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), han puesto de manifiesto sus diferencias respecto del ritmo de recuperación de tareas de los trabajadores públicos.
Andrés Rodríguez, el titular de UPCN, plantea que “con protección, se pueda empezar a retomar casi toda la actividad en el Estado”. En caso de que esta vuelta al trabajo se postergue, el dirigente ve el riesgo de que se consolide el trabajo a distancia y esto derive en más precarización laboral: “Mañana nos van a precarizar el trabajo. Pueden decir que el teletrabajo funciona bien y que hay que seguir las tareas en casa. Pero ahí comienzan a perderse derechos porque se generan horarios abusivos, se termina el presentismo y la gente es más fácil de echar”.
El gremialista recordó que en el Comité de Crisis (que reunió a funcionarios, sindicalistas y empresarios) de inicios de abril se planteó que “podíamos determinar un porcentaje de trabajadores que retorne a sus espacios físicos de trabajo con una serie de condiciones”, entre ellas que se garantice la distancia social, se implementen horarios reducidos y se provean sistemas de protección para los trabajadores. Y añadió: “Pero la cuarentena se extendió, se liberaron algunas actividades de a poco y la idea es que, con protección, se pueda empezar a retomar casi toda la actividad en el Estado”. Rodríguez también cuestionó la posición de ATE nacional denunciando que “hacen populismo y creen que diciéndole que se quede en la casa la gente va estar más cómoda”.
Por su parte, el secretario adjunto de ATE Rodolfo Aguiar, consideró “irresponsable” esta posición y la explicó por “la imperiosa necesidad de congraciarse a cualquier precio con el Gobierno, aunque sea a costa de la salud de los trabajadores del Estado”. “No podemos volver incondicionalmente a las oficinas como si nada hubiera pasado, ya que hay funcionarios que no aprovecharon la cuarentena para hacer las reformas que garanticen un trabajo seguro”, afirmó. Luego aclaró que ATE no se opone a que “se retomen gradualmente las tareas en la administración pública nacional, pero con la previa intervención de la CYMAT, que es la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que garantiza que en cada dependencia estatal se respeten las normas de seguridad y la provisión de elementos de protección personal”.
Daniel Catalano, líder de ATE Capital (enfrentado con la dirección nacional del gremio), terció para coincidir parcialmente con UPCN, sumando la necesidad de sumarse a las tareas de ayuda estatal: “Rodríguez tiene razón en su planteo. Hay que ir generando las condiciones para que la gente vuelva paulatinamente a trabajar. Aguiar está buscando diferenciarse de UPCN, pero este no es el momento de polemizar con un líder sindical. Hay que tratar de que la pandemia no mate a nuestra población y tenemos que poner al Estado en funcionamiento para ayudar al otro”. De todos modos, aclaró: “No creo que en el Estado tengamos esa situación, pero es importante que el Estado siga teniendo una presencia territorial que pueda garantizar derechos”.
Respecto de estas declaraciones del dirigente de ATE Capital, Aguiar consideró: “Hay que elegir en qué vereda se está: o el sindicalismo representa los intereses de las patronales o está preocupado por cambiar un mundo que nos está llevando directamente a la muerte, pero nunca fueron tiempos para un sindicalismo de conciliación”.
Desde los tres sectores reconocen que en la actualidad el Estado funciona con una asistencia del 30% de los trabajadores, aunque con áreas como las de salud y seguridad que están al 100%. También coincidieron en que el Gobierno debería convocar a paritarias en mayo (ATE además reclama también un bono para los que cobran sueldos más bajos).
Por otro lado, Rodríguez, que también es secretario Adjunto de la Confederación General del Trabajo, este lunes realizó declaraciones avalando una posible rebaja de salarios para algunas actividades: “La rebaja de los sueldos depende de las actividades. Una rebaja salarial depende de las actividades. Es algo que no es uniforme”. Respecto de la posibilidad de que se apliquen descuentos salariales en algunas áreas, insistió: “Si el 50% de los salarios lo respalda el Estado y hay una ´colaboración´ del sector empresario se puede llegar al 80%, que es la cifra que circula en las charlas informales. No me resulta irracional una rebaja de sueldo del 20% en la medida en la que sea pactado actividad por actividad”
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Luchas políticas y sociales en el mercado laboral. Inequidades de género
Cuidadoras del hogar: una tarea asignada socialmente a las mujeres
Las tareas domésticas y de cuidado recaen principal e históricamente en las mujeres. En Argentina alcanza al 76 por ciento. En su mayor parte se trata de trabajo no remunerado.
Por María Eugenia Catalfamo *
Las circunstancias han cambiado y el mundo ya no es el mismo a partir de la propagación del COVID-19. En algunos países como en Argentina se implementó el aislamiento social, preventivo y obligatorio como una forma de cuidarnos, cuidar a quienes más amamos y a nuestro prójimo. En otros, es simplemente una recomendación. Pero a fin de cuentas ambas medidas proponen quedarnos en nuestras casas y vivenciar experiencias que normalmente quedaban relegadas por la vorágine del día a día.
Tal es el caso de las tareas domésticas y de cuidado.Muchos estudios lo demuestran, y todes podemos comprobarlo al interior de nuestros hogares, que se trata de tareas que recaen principal e históricamente en las mujeres (el 76 por ciento en la Argentina) y que, en su mayor parte se trata de trabajo no remunerado.
Nos ha costado muchas luchas políticas y sociales lograr el acceso de la mujer al mercado laboral. Aunque aún persisten inequidades de género, actualmente el 70% de ellas tiene un empleo fuera de su casa, algo que ya tenemos naturalizado.
Sin embargo, sigue quedando en las sombras el “doble trabajo” que recae de manera asimétrica en las mujeres que trabajan y además se ocupan de las tareas domésticas y de cuidado en sus hogares, siendo una de las principales causas de desigualdad que enfrentan en el mundo laboral.
Cuando existen los medios económicos, estas tareas son delegadas a otras personas. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el 93 por ciento del trabajo doméstico en América Latina es realizado por mujeres; trabajadoras sobre las que también suele recaer el cuidado de su propio hogar.
Además, la pandemia del coronavirus echó un haz de luz sobre la conjunción del trabajo doméstico, de cuidados y la educación, ya que hoy por hoy quienes pueden pagarlo tienen que hacerlo por sí mismos, coordinando al mismo tiempo con las tareas escolares virtuales de les niñes, experimentando en carne propia el tiempo y esfuerzo que implica realizar un trabajo no valorado socialmente, precarizado ‑situación que se exacerbó en este contexto- o sin remunerar y culturalmente feminizado.
La cuestión es cómo organizar socialmente estas tareas para desarmar la desigualdad de género asociada a ellas.
En este sentido, el diseño e implementación de políticas estatales es ineludible para atender estas asimetrías. Desde el Senado de la Nación, trabajamos hace ya más de un año, junto a la organización Economía Femini(s)ta, en un proyecto de ley para transformar las moratorias destinadas a las amas de casa en una jubilación permanente y resarcir, en alguna medida, a todas esas mujeres que realizaron durante años esta labor, que lleva más de ocho horas al día, se desarrolla los siete días de la semana y hoy muchos siguen llamando “amor”.
Quedarse en casa, es cuidarse y cuidar a quienes queremos, cuidarnos entre todes. Una responsabilidad social a la que sí podemos llamar amor y una posibilidad de comprender la dimensión del trabajo que implica cuidar y sostener el día a día de un hogar y, fundamentalmente, empatizar con las personas que se ocupan de ello.
Esta es la línea de trabajo que debemos profundizar desde los distintos sectores estatales, con el objetivo de ampliar derechos y alcanzar la verdadera igualdad.
* Senadora Nacional por San Luis.
