Fueron a protestar por 200 despidos, pero los llevaron presos y la justicia los condenó
Son ocho trabajadores de la empresa de servicios mineros INPROLEC, que pedían por sus empleos. La justicia los castigó por violar el aislamiento social.
Ocho operarios de una empresa de servicios mineros fueron condenados a prisión condicional después de que reclamaran por los 200 despidos en esa firma. A través del Sistema de Flagrancia, un juez los castigó por violar el aislamiento social dispuesto por el gobierno.
Los trabajadores Fabián Benítez, Fabián Romero, Federico Montaña, Carlos Almasan, Aravena González, Antonio Alaniz, Ariel Abasolo y Roberto González no tuvieron otra alternativa que acordar. Según consignó el portal El Tiempo de San Juan, mediante un juicio abreviado les dieron una pena de 6 meses de prisión en suspenso.
Es decir que no irán presos, pero por ese periodo no pueden meterse en problemas. Eso sí, ahora les figurara en su prontuario este antecedente penal y puede que sea una dificultad para conseguir trabajo.
Estos hombres junto a una treintena de compañeros se reunieron el lunes último en horas de la mañana en la puerta de Casa de Gobierno para pedir a las autoridades que intercedieran por los 200 despidos de la empresa contratista chilena INPROLEC.
Los policías de la División Infantería salieron a querer dispersarlos con el argumento de que no podía permanecer en ese lugar y estaban violando el aislamiento social. Los obreros se retiraron de ahí, pero se fueron a inmediaciones de las calles Paula Albarracín de Sarmiento y San José, entonces los uniformados empezaron a detenerlos. Algunos lograron escapar, pero 8 de los trabajadores terminaron presos.
Este miércoles, todos estos fueron juzgados por el juez Eduardo Raed a en los tribunales de Flagrancia por violar las medidas dispuestas para evitar la propagación de la epidemia del coronavirus. A través de un juicio abreviado, su defensa acordó con el fiscal Iván Grassi la pena de 6 meses de cumplimiento condicional.
CGT “los trabajadores deben tener garantizados los ingresos mientras dure la emergencia”
En medio de un fuerte debate por la salida administrada de la cuarentena, el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo realizó en forma virtual una reunión plenaria donde planteó como objetivo central la “preservación de los puestos de trabajo” y lo apuntó especialmente hacia aquellos “que viven en la economía del día a día, cuya única herramienta para ganarse el sustento diario es su fuerza de trabajo”.
Para ellos solicitaron que reciban “la atención de algún programa social durante la emergencia”. En ese sentido, los principales referentes de la central obrera dijeron comprender las urgencias, pero reclamaron que “vastos sectores sociales siguen esperando la implementación de las medidas que se anuncian” y pidieron “llegar a tiempo con las respuestas para atender las necesidades”.
En ese aspecto consideraron clave la articulación y coordinación de las distintas áreas de Gobierno y a través de un documento que lleva el sello de la central expresaron que “debemos constituir de inmediato un comité interministerial con participación de trabajadores y empresarios, que gestione la crisis sanitaria para darle respuesta a todos los sectores afectados en los tiempos necesarios”.
Siguiendo el mismo itinerario, remarcaron su comprensión respecto a la necesidad de apoyar el financiamiento de las empresas y asistirlas con fondos indispensables, pero insistieron en la necesidad de que “los trabajadores tengan garantizados los ingresos mientras dure la emergencia”.
Acto seguido, manifestaron que “debemos poner en marcha un Consejo Económico y Social para acordar la economía de la post pandemia”.
A lo largo del documento también hicieron explícito el apoyo al Gobierno sobre la “firme decisión de poner en primer lugar las necesidades del pueblo argentino por sobre los intereses mezquinos y especulativos de los acreedores internacionales”, refiriéndose a la negociación que paralelamente lleva adelante el presidente Alberto Fernández junto a su ministro de Economía, Martín Guzmán .
De igual modo “compartimos la prioridad fijadas por el Presidente de cuidar salud de todos los argentinos por sobre cualquier otro interés”, explicitaron al tiempo que dejaron sentada su “preocupación por la situación social y económica de nuestro país”.
Los integrantes del Consejo Directivo allí hicieron un paréntesis para remarcar que detrás del objetivo de fortalecer el Sistema de Salud, “resulta imperativo garantizar el financiamiento adecuado de las Obras Sociales para garantizar la atención de todos los trabajadores”.
En ese sentido, apuntaron a los especuladores que “hacen negocios con la pandemia” y se comprometieron a trabajar para garantizar «los elementos esenciales para la protección de los trabajadores de la salud a precios accesibles”.
Participaron de la reunión: Héctor Daer y Carlos Acuña, los secretarios generales de la entidad; también Andrés Rodriguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Víctor SantaMaría (SUTERH), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Agustín Amicone (Calzado), Oscar Rojas (Maestranza), Julio Piumato (Judiciales), Carlos Frigerio (FATCA), Guillermo Pereyra (Petroleros) y Noe Ruiz (Modelos).
En mayo, el Estado se hará cargo del pago de parte de los salarios de las empresas privadas
Por 
Redacción EDA ‑16 de abril de 2020
El Gobierno nacional aportará parte de los sueldos de abril para trabajadores de las empresas privadas que se hayan inscripto en el programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). La decisión se tomó porque la extensión de la cuarentena hasta el próximo 23 de abril implica que habrá empresas cerradas durante casi todo el mes, lo que se combina con la lentitud de los bancos para otorgar los créditos a tasa especial que impulsa el gobierno para el pago de salarios.
El ATP es un programa estatal que prevé distintas herramientas de ayuda según el tamaño de la empresa, desde una asignación compensatoria del salario (hasta los 100 empleados) o subsidios para la Recuperación Productiva (Repro). En las empresas de hasta 25 empleados, el Estado se hará cargo del 100% de los salarios netos (con un máximo equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil de 16.875 pesos), para las firmas de entre 26 y 60 trabajadores se pagará el salario neto hasta un 75 por ciento del SMVM, para las que estén entre 61 y 100 el aporte estatal será de la mitad de un salario mínimo y para las de más de 100 empleados se destinarán programas Repro de hasta 10 mil pesos por trabajador.
El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas también anticipó que se prevén medidas para sectores profesionales, autónomos y monotributistas de las categorías C y D. El funcionario detalló: “Estamos generando los mecanismos adecuados para que a principios de mayo haya recursos concretos en las cuentas de los trabajadores y sostengamos de esa manera el trabajo y la producción del país”.
“No es lo mismo un programa de asistencia para una cuarentena de 15 días que para un escenario como el actual, donde todo el mes de abril habrá baja actividad. Primero establecimos las condiciones para que los bancos prestaran a las pymes para los sueldos de marzo, y luego establecimos que el Estado haga un aporte directo para los sueldos de abril”, añadió el ministro.
Respecto de las demoras de los bancos para entregar los créditos a las empresas, Kulfas consideró: “Hay bancos que les dicen que no tienen esa línea disponible. Otros piden dos balances certificados, pero ¿cómo vas a certificar algo en cuarentena”. Hasta el momento se otorgaron 45 mil millones de pesos de financiamiento. “Deberíamos estar al doble de esa cifra”, remarcó. Finalmente, para los monotributistas categorías C y D se evalúa la posibilidad de habilitar su inscripción en el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que se abonará en mayo.
“Queremos generar mecanismos de asistencia adicional, que a lo mejor no eran necesarios cuando la cuarentena era más corta, pero que habrá que revisarlos ahora por la extensión del aislamiento, que responden al objetivo del presidente que es poner en primer lugar la salud”, concluyó el funcionario.
Constitución Nacional Nacional
Artículo 14 bis.
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Latam en la pandemia: denuncian que «aprieta» a sus empleados para recortarle el sueldo un 50%
Para enfrentar la crisis derivada de la propagación del coronavirus, la aerolínea redujo un 90% de sus vuelos internacionales y un 40% de los domésticos
Las compañías aéreas están pasando por un difícil momento económico como consecuencia de la pandemia por el coronavirus. Una de ellas es Latam, que decidió recortar a la mitad los salarios de sus 43 mil empleados. Pero esto no es todo: la firma está desplegando un método «nefasto y cobarde» para conseguir adhesiones.
Esta propuesta de reducción salarial entre su personal, que sería para evitar despidos masivos, comenzaría a regir en abril y sería por, al menos, un trimestre.
Esto fue rechazado por los gremios aeronáuticos nacionales, los que piden una instancia de negociación formal de partes. Entre sus arguentos figura que la compañía tiene espaldas para no descargar el problema sobre sus empleados.
Frente a esta resistencia sindical, Latam tomó una estrategia particular: está convocando uno a uno, o en pequeños grupos, a los empleados y les informa sobre lo que se viene, aunque no les puede dar nada concreto sobre el salario en el futuro cercano.
«El oscuro proceder de la empresa tiene como mecanismo promover la angustia y la incertidumbre. Se valen para ello de la misma pandemia que azota al mundo entero. Valiéndose de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, individualizan y aprietan a trabajadoras y trabajadores», denunció la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) recientemente.
«Accionaremos legalmente contra el nefasto y cobarde método de la empresa. Al respecto dejamos en claro que aquellas personas que, ocupando cargos jerárquicos, se vieran comprometidos en este oscuro engranaje promovido por la empresa, será denunciados en todos los estamentos que consideremos necesarios y frente a la opinión pública», agregó.
Apoyo financiero
Para enfrentar la crisis derivada de la propagación del coronavirus, la aerolínea redujo un 90% de sus vuelos internacionales y un 40% de los domésticos, recortó a la mitad los salarios de sus 43.000 empleados, tomó la decisión de diferir el pago de dividendos de 2019 a una fecha aún indeterminada y está negociando con sus proveedores buscando extensiones en sus pagos.
Además, suspendió casi todos sus proyectos de inversión de corto y mediano plazo, solo continúa con el proceso de transformación digital de la compañía, dijo a Reuters el presidente de la aerolínea para Colombia, Santiago Álvarez.
«En general, la compañía en caja está haciendo los esfuerzos para preservar lo que más puede, pero los niveles dan para un período corto», expuso el director. «En ese sentido estamos pensando en las medidas internas que estamos teniendo nos permitirán tener caja por alrededor de tres a cuatro meses».
Álvarez precisa que la aerolínea requiere apoyos de liquidez de los gobiernos a partir de préstamos, con montos relevantes y de plazos y condiciones de pago que sean favorables en los primeros años para poder superar la crisis.
«Si algo tenemos claro es que de esta situación no vamos a poder salir de manera individual», consideró.
Un centenar de sindicatos reclaman al gobierno más firmeza contra los despidos y rebajas salariales
Tres agrupamientos opositores a la conducción de la CGT coinciden en reclamar a la cartera laboral que detenga efectivamente los despidos y proteja el salario. Además, proponen controles a la banca y el comercio exterior.
El 10 de abril tomó estado público un comunicado del Plenario del Sindicalismo Combativo que agrupa a los sindicatos, comisiones internas y delegados referenciados en la izquierda. Descollan el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, la Unión Ferroviaria de Haedo, la Asociación Gremial Docente de la UBA, el Ceramista del Neuquén, el sindicato médico de la Provincia de Buenos Aires, la CICOP, y, entre otros, los sindicatos docentes como el Suteba La Matanza y el porteño Ademys.
Un día después, el sábado 11, se sumó la declaración que, con el título de “Solo el pueblo salva al pueblo”, publicó la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) liderada por la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y el sindicato de docentes privados SADOP junto con otras 25 entidades gremiales referenciadas en el kirchnerismo.
Por último, el domingo, mediante una solicitada manifestaron su opinión más de 50 federaciones, sindicatos y organizaciones sociales liderados por la Federación de Aceiteros, la CTA Autónoma de Ricardo Peidró, Ate Nacional, la Federación de Empleados Marítimos, CONADU (H) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El título elegido, “Nadie se salva solo”, parafrasea las declaraciones del Papa Francisco frente al CoVid19.
Los tres bloques sindicales, que en conjunto agrupan a un centenar de entidades gremiales, tributan políticamente en corrientes divergentes pero coinciden en su oposición con la conducción de la CGT y, en particular, con el binomio integrado por Héctor Daer y Carlos Acuña que, por otra parte, no emitió declaración escrita alguna desde que la epidemia llegó a la Argentina. Sus posiciones se expresaron a través de una conferencia de prensa y de declaraciones mediáticas y twits del propio Héctor Daer.
La tercera de las declaraciones, la más representativa, contó con el aval de la FeMPINRA liderada por el ex triunviro Juan Carlos Schmid y agrupó también a sindicatos vinculados con la CTA Autónoma de Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy, referenciados en la Unidad Popular de Caludio Lozano y Víctor De Gennaro. Se trata de un agrupamiento históricamente opositor al peronismo y al kirchnerismo pero que se alineó detrás de la candidatura de Alberto Fernández.
Más firmeza del Estado
Con marcados matices con relación al posicionamiento frente al gobierno, coincidieron en apuntar contra la cartera laboral y criticaron su flexibilidad frente a los despidos y rebajas salariales que imponen las patronales pasando por arriba o forzando el decreto de prohibición de despidos. La CFT, por caso, si bien considera que las medidas oficiales “son las mejores acciones para el bienestar de los argentinos” destaca que ven “con mucha preocupación que el número de despedidos supere con holgura la cantidad de infectados por el COVID-19”. Y denuncia “la conducta de empresarios codiciosos que, lejos de contribuir, agudizan la crisis”.
En esa línea alertan que la política oficial “no impide que a diario se produzcan cientos de despidos ‘por goteo’” que se explican “por falta de controles efectivos y la invisibilidad de los mismos en los registros oficiales”.
El Plenario del Sindicalismo Combativo, más duro, rechazó “las declaraciones del gobierno nacional que ha anunciado su decisión de flexibilizar la cuarentena, aun cuando todos los especialistas y expertos desaconsejan esa medida”. En esa línea, sostienen que «el gobierno de Alberto Fernández favorece a los capitalistas y las prepagas de la Salud, no realiza testeos masivos, ni toma una medida elemental para combatir el virus: centralizar todo el sistema de hospitales estatales, clínicas privadas y de obras sociales a cargo del estado”.
Para los sindicatos de izquierda “la ‘apertura de la economía’ es impulsada por los empresarios que priorizan sus ganancias sobre la salud de los trabajadores, con despidos, suspensiones y reducciones salariales” y, coinciden, en que “el decreto del gobierno que ‘prohíbe los despidos’ no frenó a las patronales”. Además, alertan, que la norma “habilita a suspender con rebajas salariales”.
En la misma línea, la declaración “Nadie se salva solo” criticó que “los Ministerios de Trabajo y de Salud no llegan dentro de las fábricas y de los lugares de trabajo, donde los trabajadores y trabajadoras sólo cuentan con la representación sindical”. Al igual que los otros sectores denuncian que “los empresarios repiten una vieja receta: la reducción salarial o el despido”.
Para esos gremios, ese hecho transforma en “letra muerta” los decretos de emergencia y la legislación laboral. Por eso, señalan, “exigimos la intensificación de la intervención del Estado en la protección del trabajo” y, al mismo tiempo, “acciones concretas” para que “aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad para sacar una mayor ventaja” sean “sancionados e intervenidos”. Caso contrario, aseguran, “las medidas que buscan proteger a los trabajadores sólo quedarán como un catálogo de buenas intenciones, y todos los esfuerzos del PEN no podrán evitar una mayor profundización de la crisis”.
Del mismo modo la CFT reclaman a las autoridades “acciones más enérgicas contra todos aquellos que especulan con las necesidades de la sociedad”.
En esa línea, la declaración del Plenario del Sindicalismo Combativo va más a fondo y plantea que “el gobierno debe garantizar que las patronales paguen los compromisos salariales integralmente”. Para eso proponen que “se abran los libros contables de las empresas al control de los trabajadores para examinar costos, precios y prioridad salarial”. Por el lado de las sanciones exigen la “estatización de toda empresa que cierre, despida o no pague salarios garantizando su continuidad bajo control de sus trabajadores” así como la “asistencia estatal a las cooperativas y gestiones obreras”.
Un reclamo contra los bancos, el FMI, los acreedores y los grandes capitalistas
Para los sindicatos liderados por Sergio Palazzo “el Estado debe obligar a los bancos a cumplir rápidamente las normas de apoyo crediticio a las Pymes”. En la misma línea alertan sobre la “inviabilidad” de la Argentina “si las más grandes empresas y bancos siguen siendo propiedad de multinacionales extranjeras, si las empresas que prestan servicios públicos son manejadas por capitales e intereses privados y si la especulación financiera es más rentable que la producción”
La CFT señaló que “respaldamos activamente la iniciativa de nuestros parlamentarios que impulsan un impuesto de emergencia sobre las grandes fortunas, como inicio de la reforma tributaria que la Argentina necesita para que las crisis”. Ese agrupamiento plantea ir “hacia el control del sistema financiero, los servicios públicos y el comercio exterior, sectores absolutamente estratégicos”
La declaración “Nadie se salva solo” destaca que “compañías eléctricas, gasíferas, agroexportadoras, concesionarias de peaje, bancos, han acumulado grandes ganancias y no han hecho ningún aporte en la emergencia”. Para las 50 organizaciones “la crisis adquiere una velocidad que no tolera respuestas a medias tintas”.
En momentos en que se discute un impuesto sobre los grandes patrimonios en el Congreso, el PSC propone “un impuesto progresivo a las grandes fortunas y rentas (bancos, multinacionales y grandes empresarios)”. Pero, además, brega por “la nacionalización de los hidrocarburos, la banca, el comercio exterior y todos los recursos estratégicos, para afrontar la crisis en el marco de un plan económico al servicio y bajo control de los trabajadores”. Con todo, a diferencia de las otras dos declaraciones, no pasa por alto que “el gobierno sigue priorizando el pago de la deuda externa usuraria al FMI y a los fondos buitre”. Por eso, señala que “esos fondos y todos los que sean necesarios deben estar para garantizar los salarios, la Salud y las necesidades básicas de la población”.
«No acordamos salarios a la baja, logramos que no haya despidos por 120 días y que cobren el 70%»
El metalúrgico Antonio Caló ratificó el entendimiento con las empresas para que los trabajadores de la actividad que cumplen el aislamiento cobren el 70% del salario básico. «No acordamos salarios a la baja, logramos que no haya despidos por 120 días y que cobren el 70%», defendió
Desde la cuarentena en la que está luego de que se confirme un caso positivo de Covid-19 en la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló defendió el acuerdo que el sindicato le planteó a las cámaras empresarias para reducir salarios a cambio de sostener los empleos.
«No acordamos salarios a la baja, logramos que no haya despidos por 120 días y que cobren el 70%», defendió Caló la propuesta que se basa en que los empleados que no pueden trabajar perciban un 70% del salario básico por ese tiempo. Es un equivalente del 50% de los haberes habituales de bolsillo.
«No tengo idea si otros gremios van a acordar el 70% de los salarios para los que no van a trabajar», explicó el gremialista en declaraciones a El Destape Radio.
Además agregó desde la UOM «Estamos acordando que los que van a trabajar cumplan con los protocolos sanitarios».
Caló aclaró que como contra parte, se pactó que «por 120 días ninguna empresa metalúrgica haga despidos» y que «Los metalúrgico que trabajen en el aislamiento van a cobrar el 100% y los que no el 70%».
Por último despejó dudas sobre su presencia en La Rosada después de estar en contacto con Abel Furlan quien en las últimas horas diera positivo de Covid-19.
«Estoy en casa haciendo la cuarentena como corresponde. Estuvimos con Furlán la semana pasada», recordó Caló y despejó dudas sobre su paso por Casa de Gobierno: «Algunos medios dijeron que yo fui a la reunión de Gabinete y había estado con Furlán, pero fue al revés».
En el Hospital Italiano se infectaron 19 trabajadores y ya son 200 en todo el sistema de salud
Los delegados gremiales reclamaron tempranamente a las autoridades que tomen medidas para impedir el avance del Covid-19 entre el personal. Ante la negativa denunciaron “negligencia” patronal. Estiman que los contagiados del sistema de salud ya representan el 10% del total.
Por Alfonso de Villalobos
El 31 de marzo tomó estado público una fuerte polémica entre la comisión interna del gremio de la Sanidad del Hospital Italiano y el directorio de la entidad.
Es que, por entonces, se había comprobado el contagio de cinco trabajadores del nosocomio privado y los delegados advertían que los mismos resultaban de la “negligencia” de las autoridades a la hora de evitar el aislamiento preventivo de diferentes empleados que, habiendo regresado del exterior, no habían sido confinados por las autoridades.
Al mismo tiempo señalaban que, una vez comprobados los primeros casos no se habían dispuesto las medidas necesarias para su propagación y pronosticaban que, la actitud del Director Marcelo Marchetti, provocaría la propagación del virus entre los empleados encargados, a su vez, de preservar la salud de los pacientes.
En ese momento, tal como publicó Tiempo Argentino, el propio Director del Hospital, había enviado un audio dirigido a los empleados del sanatorio en el que insistía en que la entidad había acatado las resoluciones oficiales y que “las modificaciones de las medidas se adaptan a las necesidades de cada momento”.
Sin embargo, hoy se conoció que, al menos, ya son 19 los trabajadores de la salud infectados. Son cuatro médicos, un empleado de farmacia, 7 enfermeras de terapia intensiva y 5 empleados administrativos de laboratorio.
César Latorre, delegado de la comisión interna, señaló que “el 40% de los contagios registrados en el Hospital son de trabajadores de la entidad. Siempre estuvimos detrás de las medidas del gobierno”. El dirigente explicó que “el primer contagio fue por una compañera que vino de afuera y siguió trabajando a pesar de nuestras advertencias. Los protocolos internos vienen por detrás de lo que fue decretando el gobierno. En su momento pedimos bajas preventivas que no fueron aceptadas por las autoridades que fueron las que produjeron el foco.”
Además, Latorre señaló que “l día 13 tuvimos una reunión con medicina laboral y recursos humanos donde se subestimó lo que dijimos. Advertimos antes que había que aislar a los casos importados y luego cuando llegaron los de contagio local pedimos más insumos para prevenir”.
Por último, el delegado general insitió en que “venimos diciendo hace rato que el comité de crisis debiera ser integrado por los trabajadores que estamos en el día a día y podemos ver mejor las cosas pero no lo aceptan. Tampoco aceptan nuestro reclamo de un testeo masivo de trabajadores”.
La situación en el Italiano es apenas una muestra de un fenómeno más general que, a escala de los sanatorios privados también se refleja en los 12 casos de la clínica privada Centro de Salud Norte de Vicente López o los 34 de la Clínica privada La Providencia en CABA.
El sector público tampoco está exento. En el Hospital Belgrano de la localidad bonaerense de San Martín se registraron 17 casos positivos entre médicos y enfermeros y el aislamiento de unos 50 profesionales.
De hecho, según un relevamiento de la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud ya se registran más de 200 positivos de trabajadores de la salud distribuidos en 14 provincias. Representa una tasa de contagio del 10% con relación al total de la población infectada. Similar a la tasa de contagio que se registra en países como España e Italia, aunque, claro, en este caso es una grave señal de alerta en un cuadro en el que todavía no se registra una saturación del sistema.
Alertado sobre la situación, el Dr. Héctor Garín, Secretario General de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) envió un comunicado en el que sugestivamente se pregunta “¿Es obligatorio el suicidio?”.
Allí el dirigente denuncia que “muchos empleadores del sector privado de la salud no proveen a los trabajadores de los elementos de protección personal. Y entonces, hoy, somos testigos estupefactos de casos de contagio masivo en algunas clínicas, hospitales y sanatorios, producto de la negligencia patronal”.
Para el dirigente y a la vez especialista “no es imposible” evitar el contagio. Es que “nos hemos formado para evitar contagiarnos, sabemos manipular insumos y estamos muy bien formados para asistir siempre a pacientes infectocontagiosos. Pero si no contamos con estos elementos, si se nos obliga a trabajar sin respetar protocolos, si no escuchan nuestros reclamos ni toman en cuenta nuestra voz, nos volvemos absolutamente vulnerables”.
El dirigente concluye señalando que “los empleadores y el Estado no están cumpliendo con su obligación de proteger a sus trabajadores de salud y en el interior del país el problema se eleva a la enésima potencia”.
Para Garín, la negligencia patronal y la desidia estatal “hoy han puesto al médico ante una disyuntiva importante ¿hasta dónde llega su obligación ética de arriesgar su vida y las de su familia si no les dan los recursos y elementos de protección personal que corresponden? Un tema es atender, pero otro muy distinto suicidarse”.
Paro sorpresivo de UTA: no habrá colectivos en todo el país por 24 horas
Desde este jueves al mediodía comenzará a regir por un plazo de 24 horas un paro de colectivos en el interior del país. Así lo decidió, en forma sorpresiva, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) debido al incumplimiento de pago de salarios y a la situación económica del sector agravada por la emergencia sanitaria que decretó el Gobierno Nacional.
La medida de fuerza se da en un momento donde el transporte público tiene un rol clave dentro de la nueva «cuarentena administrada» en donde la planificación de cómo viajar es un elemento fundamental para las personas exceptuadas del aislamiento obligatorio.
A última hora de este miércoles, el gremio resolvió la «retención de tareas a partir de las 12 horas del día jueves 16 hasta las 12 horas del viernes 17 de abril, sin asistencia a los lugares de trabajo”. Lo concreto es que «no cobramos marzo», denunció un alto funcionario del gremio.
La medida de fuerza fue informada a través de un comunicado en el que se alertó por “la profunda preocupación con relación a la crítica situación económica que están atravesando los trabajadores del transporte en interior del país, devenida tras la declaración de la Emergencia Sanitaria establecida por el Gobierno Nacional para todo el territorio argentino” por el brote de COVID19 que ya se cobró más de 100 vidas en nuestro país.
En este escenario, el gremio convocó al paro “ante el incumplimiento al pago de salarios del personal representado” y lo justificó en “la acuciante la necesidad de auxilio al sistema de transporte del interior del país, el cual se encuentra actualmente relegado, pese a la esencial tarea que se viene prestando desde la declaración de la emergencia referida».
Así lo señalan desde el gremio que conduce Roberto Fernández, quien firma el comunicado oficial, junto a Rubén Daniel Dominguez y Jorge Aldo Kiener, Secretario General, Secretario Adjunto y Secretario del Interior del Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor, quienes resolvieron la medida de fuerza en conjunto con los secretarios generales de las distintas seccionales del Interior del País.
Abogados piden ser declarados trabajadores esenciales: «Sin justicia no hay República»
Los abogados nucleados en COLPROBA reclamaron, en medio del aislamiento social obligatorio por la pandemia, ser declarados esenciales. Para los letrados, «sin justicia no hay república», al tiempo que afirman que «sin derechos no se puede proteger al ciudadano».
No obstante, la salud no es un tema que pase desapercibido para los abogados y proponen protocolos de seguridad e higiene para Magistrados/as, Funcionarios/as y Empleados/as del Poder Judicial, Auxiliares de Justicia, la de los Abogados/as y/o de los propios justiciables.
Por otro lado, consideran que el Servicio de Justicia «resulta esencial» para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho. Cabe recordar que el sistema judicial no funciona con normalidad desde el pasado 16 de marzo.
«Garantizar la tutela judicial continua y efectiva es una obligación constitucional del Estado provincial y la justicia uno de los tres poderes en los que se asienta nuestro sistema de gobierno» determinaron los abogados y resumieron: «sin justicia no hay República ni resulta posible la protección de los derechos de la ciudadanía».
Y tienen otro reclamo: que todo aquel personal del Servicio de Justicia pueda acceder, con las medidas necesarias, «a las constancias de los expedientes que no se encuentren digitalizados y que sean imprescindibles para cumplir con sus responsabilidades».
Preocupación por unos 4 mil empleados de clubes que se quedaron sin ingresos y sin IFE
Son inspectores, controladores, acomodadores y boleteros de clubes. Es un universo de 4 mil empleados que desde que se paró el fútbol no tienen ingresos porque cobran por jornada. Al estar en blanco quedaron fuera del IFE.16/04/2020 15:44:00
La crisis económica derivada del parate por la pandemia de Covid-19 sigue impactando en el mercado de trabajo y en los trabajadores. La consecuente parálisis del fútbol profesional dejó una cantidad importante de personas sin ingresos que vivían de las jornadas deportivas.
Ese es el caso de inspectores, controladores, acomodadores y boleteros de clubes, entre otros, que cumplían funciones en cada fecha de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y que desde hace semanas se ven privados de generar ingresos.
Se trata de un universo de casi 4 mil empleados que está en blanco, enmarcados en un convenio específico que rige entre Utedyc y los clubes, pero que estipula que se cobra por jornada trabajada.
«Por tal motivo nos priva de poder obtener ingreso alguno, ya que como empleados del club nos encontramos como trabajadores en relación de dependencia y a su vez no tenemos un sueldo base mensual» explicó Federico un empleados de Racing Club.
A pesar de que esencialmente se trata de un grupo de trabajadores eventuales, al estar en blanco y figurar ante la Anses en relación de dependencia, al realizar la inscripción en el Ingreso Familiar de Emergencia fueron rechazados.
«Nuestro reclamo, como también el de todos los trabajadores de la rama, es poder llegar a percibir nuestros ingresos tal cual esta programado el fixture de partidos locales de cada club«, remarcó el trabajador.
Pereyra también apura suspensiones con salarios mínimos para campear la crisis
El líder petrolero acercó un borrador en el que se plantean suspensiones por fuerza mayor a cambio del cobro de una asignación no remunerativa que variará la categoría. Será desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo.16/04/2020 12:39:00
El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra se sumó a los popes sindicales que en las últimas horas encararon negociaciones para pactar suspensiones con salarios recortados a cambio de garantizar los puestos de trabajo.
El borrador del gremiailsta estipula que es que todo el personal que está sin trabajar reciba el básico con la diferencia zonal, más la vianda alimentaria.
En la práctica los trabajadores cobrarán un promedio de 35 mil pesos, cifra que representa un 30% de los ingresos que cobraban habitualmente, aunque en algunos casos alcanza apenas los 20 mil pesos.
Esta asignación será diferente dependiendo cada Convenio Colectivo de Trabajo y, según consignó el Diario Río Negro, los gremios de jerárquicos de todo el país rechazarían la propuesta.
La medida sería efectiva entre el pasado 1 de abril y tendría vigencia hasta el 31 de mayo inclusive.
La propuesta también contempla que los trabajadores que en abril cumplieron tareas algunos días, tendrán derecho a percibir el salario habitual proporcional más la asignación proporcional a los días no trabajados más la vianda ayuda.
Por último, señalan que, para los operarios que fuera posible asignarles tareas, se acuerda que sus jornadas de trabajo podrán ser reorganizadas, con acuerdo de partes. Podrá consistir en la asignación de una jornada a tiempo parcial o de una jornada que sea menor a 48 horas semanales.
Las empresas fueguinas pactaron reducciones del 30% del salario mientras dure el aislamiento
Las electrónicas fueguinas acordaron con el gremio metalúrgico pagar el 70% de salario de bolsillo a sus empleados mientras dure la cuarentena. Además no se pagarán las contribuciones ni aportes.16/04/2020 00:09:00
La pandemia viene pegando de lleno en la industria. Salvo los sectores esenciales, el impacto del parate en el mercado de trabajo ya está llegando a los bolsillos. Eso es lo que ocurre por estas horas con las empresas instaladas en el polo electrónico de Tierra del Fuego, que directamente no está operando.
Por ello las empresas fueguinas, que tienen las licencias para producir televisores, celulares, equipos de aire acondicionado y pequeños electro, mantuvieron una larga negociación con la UOM para definir la pauta salarial que permita sobrellevar la crisis.
AFARTE, la entidad que nuclea a las empresas del sector acordó con los representantes gremiales que los trabajadores cobren el sueldo completo de marzo y el 70% de abril.
Según explicó el portal Iprofesional, se definió que el pago para el período que va del 17 al 31 de marzo sea sin aportes patronales ni contribuciones.
En tanto que para abril, las partes acordaron el pago del 70% del salario de bolsillo también sin aportes ni contribuciones, aunque sí el aporte correspondiente a las obras sociales.
En paralelo, se definió que los empleados que, al levantarse la cuarentena, tengan que permanecer en sus casas porque el ritmo de actividad no es suficiente, cobrarán el 100% del salario de bolsillo pero no se les realizarán aportes ni contribuciones.
Este acuerdo al que se arribó en la provincia, igualmente, ahora debe ser suscripto a nivel nacional por el gremio y homologado por la cartera de Trabajo de la Nación.
De esta manera, Tierra del Fuego se suma a un amplio listado de sectores que avanzaron con bajas salariales para adecuarse a los tiempos que corren, como fue el caso de automotrices, concesionarios y siderúrgicas.
Anticipando un abril caliente, el gobierno prevé ampliar el IFE y pagar parte de los sueldos privados
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el gobierno nacional «piensa cubrir parte de los salarios del sector privado» de abril mediante el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y adelantó que es posible que los monotributistas de las categorías C y D también estén comprendidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).16/04/2020 00:08:00
El ministro, además, cuestionó la demora de los bancos en conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas con una tasa de interés del 24% anual para el pago de los sueldos de marzo.
Kulfas justificó las iniciativas porque «una cosa es pensar herramientas para una cuarentena de 15 o 20 días y otra es ahora, que ya abarca todo abril; por eso estamos trabajando para que a principios de mayo haya recursos para sostener el trabajo y la producción».
«Primero dispusimos las condiciones para que los bancos prestaran a las pymes para el pago de salarios de marzo y luego establecimos que el Estado haga un aporte directo para que las empresas paguen los sueldos de abril«, agregó el titular de Desarrollo Productivo en declaraciones televisivas.
El aporte del Estado se concretará mediante el programa ATP, que incluye además reducción y diferimiento de impuestos, vía Asignación Compensatoria del Salario o a través de los Repro, dependiendo del tamaño de las compañías.
En firmas de hasta 25 empleados, el ATP contempla el desembolso del 100% del salario neto, con un valor máximo de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.
Para las empresas de entre de 26 y 60 trabajadores se pagará el 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del SMVM y para aquellos que tengan de 61 a 100 trabajadores será del 100% del salario neto con un valor de hasta un 50% del SMVM.
Para las entidades con más de 100 empleados, habrá un aporte de hasta $10.000 por trabajador a través del Repro Asistencia por la Emergencia Sanitaria.
Por otro lado, Kulfas confirmó que el Gabinete Económico está «terminando de estudiar» la inclusión de los monotributistas de las categorías C y D en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en un bono de $ 10 mil para cada trabajador y en el que ya fueron incluidos 7.854.316 ciudadanos.
«Efectivamente, hay un sector importante de autónomos y monotributistas que están padeciendo la crisis, profesionales que no pueden abrir sus oficinas y consultorios, que facturan cero o muy poco, y para los cuales preparamos herramientas que vamos a comunicar en los próximos días», aseguró Kulfas.
Por su parte, el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Fabián Castillo, alertó que las pequeñas y medianas empresas porteñas «están entrando en fase de no retorno» y pidió «un Plan Marshall» para el sector que contemple condonación de impuestos y créditos a tasa cero.
El dirigente gremial pyme señaló que «a casi un mes de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, asistimos a una realidad de gran impacto» y puntualizó que «bares, pizzerías, peluquerías, heladerías, ópticas, mueblerías, inmobiliarias y comercios de marroquinería, calzado e indumentaria están cerca de desaparecer si no se echa mano urgente a un plan de salvataje en la región metropolitana».
Por último, respecto a la demora en conceder los préstamos a Pymes, Kulfas resaltó que «el Estado salió de garante de las empresas más chicas con los más de $30.000 millones que pusimos a través del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y los bancos siguen poniendo excusas».
El mes pasado, el Banco Central otorgó incentivos y liberó cerca de $ 350.000 millones para que los bancos potencien líneas de crédito a tasas del 24%, para el pago de sueldos de empleados de Mipymes.
Sin embargo, la asignación del financiamiento tuvo una dinámica más lenta de la esperada y gran cantidad de Pymes aún no pudieron hacerse del beneficio.
