Resumen Latinoamericano, 6 de abril de 2020 .- Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremial, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Corriente Sindical Federal, Canal Abierto, ANRed, Estado de Alerta y Agencias
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Godoy pide «un mayor mayor aporte de quienes más tienen»
La conducción nacional de ATE, que lidera Hugo Godoy, pidió «un mayor aporte de quienes más tienen» en medio de «una crisis que aumenta las desigualdades», en alusión a la pandemia de coronavirus.06/04/2020 00:02:00
El sindicato ratificó la necesidad de fortalecer «el Estado al servicio del pueblo ante los embates de quienes alientan la reducción del gasto público, las patronales que despiden y los formadores de precios que incrementan el valor de los alimentos».
«Argentina vive una impresionante crisis socio-económica en el contexto de la emergencia provocada por el coronavirus. El país ya estaba sumergido en un cuadro de alarmante pobreza y desigualdad (37,9 por ciento y 8,4 por ciento de indigencia al cuarto trimestre de 2019), luego de cuatro ominosos años de gestión macrista», puntualizó Godoy en un documento de prensa.
El gremialista sostuvo que ese gobierno empobreció a 5 millones de argentinos y sumió en la indigencia a otro millón y medio, en un escenario que rondó con altibajos tasas de pobreza de entre el 25 y 29 por ciento, ya que desde 2010 y hasta antes del comienzo del período recesivo 2018 – 19 alternó años de crecimiento moderado con estancamiento agravado por la recesión.
«Ese contexto de desigualdad es acompañado por índices de informalidad y precariedad de más del 50 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello provoca que la pandemia agrave el cuadro social, en el que pobreza e indigencia tienen por correlato el hacinamiento, la falta de vivienda y el freno económico que generará un mayor agravamiento de esa realidad», enfatizó el sindicalista.
Godoy añadió que es prioritario decidir «urgentes medidas» de contención de la emergencia socio-sanitaria, que no afecta por igual a todos los sectores, y señaló como «correctas» las medidas adoptadas por el gobierno nacional respecto de las transferencias de ingresos a los sectores más postergados y las líneas de financiamiento a tasa reducida para el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), entre otras. expresó un comunicado.
«Pero ante la magnitud de la crisis son insuficientes ante los desesperados pedidos de asistencia de amplios sectores. Hay que universalizar un piso de ingresos que actúe como red de contención para los hogares desprotegidos y garantizar financiamiento a tasa mínima a las pymes y sectores parados», siguió.
«Mientras el cuadro social se agravó año a año, a las 200 principales empresas y las 50 fortunas familiares y/o personales no les fue tan mal», puntualizó Godoy.
Para el sindicato, esas 50 fortunas suman 57 mil millones de dólares y «las encabezan Paolo Roca (8 mil), Alejandro Bulgheroni (6.200) y Pérez Compac (3 mil) ‑el primero de los cuales procura despedir 1.450 trabajadores de Techint‑, y se incrementaron un 81,8, 87,9 y 99,1 por ciento entre 2017−19», aseguró.
«Entre 2015 – 18 la cúpula empresaria aumentó sus ventas un 205 por ciento, mientras millones de argentinos cayeron en la pobreza. Y las compañías de energía, gas y agua lo hicieron en un 1.036,5 por ciento. Pero hubo tarifazos. Esas obscenas fortunas no deben aportar a una colecta solidaria sino que tienen que poner en serio para superar la emergencia. Hay que establecer un impuesto específico que grave esos patrimonios», puntualizó el dirigente gremial.
«Hay que segmentar las propuestas de financiamiento para que excluya a empresas, conglomerados y grupos locales y transnacionales que tienen espaldas suficientes para mantener los puestos de trabajo y salarios», concluyó Godoy.
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Yasky propone crear un fondo de emergencia con el 1.5% de las 50 grandes fortunas del país
UN FONDO DE EMERGENCIA
Una propuesta de la CTA de los trabajadores ante la pandemia
En estos días, ante la grave situación provocada por el avance global de la epidemia de Covid-19, estamos demostrando una vez más la enorme reserva de solidaridad que existe en nuestro pueblo. El gobierno argentino ha afrontado con inteligencia y sensibilidad esta prueba, procurando evitar el colapso del sistema de salud y al mismo tiempo tratando de paliar las dificultades que el distanciamiento social genera en la vida de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Nuestro país, tal como ha sido reconocido a nivel internacional, y particularmente destacado por la Confederación Sindical Internacional, está a la cabeza de los Estados que han adoptado resguardos importantes para proteger la salud, el empleo y los ingresos de sus poblaciones. Los ejemplos contrapuestos a esto los constituyen los casos de Estados Unidos, Brasil y Ecuador, cuyos gobiernos impusieron la lógica del darwinismo social con las consecuencias dramáticas que hoy estamos viendo.
Sin embargo, es preciso advertir que esta emergencia sanitaria se produce en el contexto de la pauperización de millones de argentinos como consecuencia de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. La destrucción producida por el saqueo especulativo que endeudó al Estado y empobreció al pueblo argentino, hace mucho más difícil sostener en el tiempo medidas como el distanciamiento social.
La paralización de la actividad económica debida a las restricciones a la circulación impacta de lleno en los sectores de la población cuyo sustento diario exige salir a la calle.
Las personas más vulnerables, ya golpeadas por el abandono sufrido en años pasados y del cual apenas empezaban a recuperarse, están hoy más expuestas no sólo a la enfermedad sino a que se agrave su condición de pobreza.
Por ello esa parte de nuestra población no puede soportar el aislamiento sin asistencia directa de un Estado que ha sido desfinanciado hasta el agotamiento por las políticas del anterior gobierno. Es la misma población sobre la cual pesa de manera desproporcionada todo incremento de los precios de los productos esenciales para la vida. Los alimentos y los artículos de higiene no pueden seguir aumentando. Hay que controlar los precios y castigar a los especuladores. Para ello la emergencia requiere fortalecer las posibilidades de la acción estatal en todos los niveles, desarrollando instrumentos de política pública, pero también dotando rápidamente al Estado de mayores recursos económicos.
Para eso es necesario exigir más a quienes tienen mayor capacidad contributiva, y pedir mayores esfuerzos a quienes la recesión económica en el peor de los casos sólo hará perder, eventualmente, una porción de las riquezas que nunca han dejado de acumular. Pero es precisamente ese poderoso núcleo del empresariado que se ha enriquecido con la concentración económica y la especulación financiera, cuyas ganancias dolarizadas están en los paraísos fiscales, el que hoy pretende imponer por encima de cualquier lógica solidaria la ley del más fuerte.
El ejemplo paradigmático de esto fue el despido de 1.450 trabajadores dispuesto por Techint, la empresa de Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina, cuyas ganancias anuales superan los 400 millones de dólares. Esta brutal decisión no solo se explica desde la óptica de un despiadado calculo económico, sino que está dirigida a convertirse en la punta de lanza de una ofensiva de los grupos dominantes que, con acciones como esta, pretenden dejar claro que no están dispuestos a aceptar medidas que le devuelven al sector público capacidad de incidir sobre las ciegas leyes del mercado.
La rápida reacción del Presidente Alberto Fernández calificando de miserables a quienes despiden en medio de esta crisis y la firma del decreto estableciendo la prohibición de despedir durante 60 días, generó la reacción de algunos empresarios y del núcleo más retrogrado de la alianza Cambiemos que, reavivando el discurso de la antipolitica, histórico caballito de batalla de la derecha, replicó convocando al cacerolazo para que los políticos se bajen los sueldos. Cumpliendo aquello de que no hay mejor defensa que un buen ataque, intentan sacar rédito del supuesto desgaste político que debería afrontar el gobierno a partir de que el malestar por las condiciones del aislamiento se fuera intensificando. Esa especulación constituye una extorsión que pretende presionar al poder democrático y a la opinión pública, para poner por encima de cualquier otra consideración su rentabilidad empresaria y, a la vez, favorecer al sector más duro de la oposición. En una situación como la actual, cuando la protección de la vida es el valor que convoca al esfuerzo comunitario, la avaricia y la mezquindad que revela este accionar resultan especialmente obscenos.
Como decíamos al principio, a pesar de esto sigue habiendo una gran mayoría de los argentinos y argentinas que creemos en el valor del esfuerzo solidario de una comunidad para enfrentar la crisis que nos impuso la pandemia. No es casual que seamos los trabajadores quienes estemos ocupando los principales lugares en este combate en el que para garantizar el bien comunitario seguimos produciendo los bienes y recursos necesarios para la vida y la salud de nuestra comunidad. Hablamos de los que todos los días dicen presente para poner en funcionamiento los servicios de salud, la distribución de los alimentos en los comedores escolares, el trabajo no rentado de los militantes de los barrios garantizando comida y asistencia, la producción de bienes básicos para el consumo y todas las otras actividades detrás de las cuales hay hombres y mujeres que creen en una Argentina que deje de ser la jungla donde se impone el más fuerte para convertirse en una comunidad en el que entre todos y todas construyamos un país con justicia social.
Estos hombres y mujeres pertenecientes a la clase trabajadora, que no tienen reservas dolarizadas en los paraísos fiscales ni riquezas acumuladas en cajas de seguridad, son los únicos que verdaderamente tienen derecho a reclamar un esfuerzo solidario para que los que más tienen, en esta crisis de gravedad inusitada, aporten de manera extraordinaria a la constitución de un Fondo de Emergencia para enfrentar la pandemia.
Desde la CTA‑T, al igual que el resto de las organizaciones sindicales del país, hemos puesto a disposición de las autoridades nacionales y provinciales toda nuestra infraestructura hotelera y de salud. Estamos dispuestos también a aportar el porcentaje que se determine de la recaudación de los aportes de nuestros afiliados, que significa tributar para la constitución de ese Fondo, el esfuerzo de los que menos tienen. Estamos convencidos de que si es imprescindible para garantizar que nuestra comunidad salga de esto en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible, hay que hacerlo. Pero también estamos convencidos de que al pueblo argentino le asiste el derecho a reclamarle a los que más tienen, un esfuerzo que sea proporcional a la riqueza que detentan. Si de las cincuentas personas más ricas de la Argentina, según el listado de la revista Forbes publicado por Infobae en abril de 2018, aportaran por única vez el 1,5 % de sus fortunas personales valuadas en conjunto en 70.040 millones de dólares, se estarían reuniendo en ese Fondo 1.050 millones de dólares.
Es decir, un monto equivalente al que haría falta para adquirir 90.000 respiradores o 50.000 equipos para test de coronavirus o poco más de 1.000.000 de internaciones en terapia intensiva.
Creemos que como se lo hizo en tiempos de la Primera Junta en los albores de la Patria para reunir recursos durante la Campaña al Alto Perú, hoy deberíamos asumir un esfuerzo compartido para que nuestro pueblo pueda salir lo más indemne posible de esta crisis sin precedente. Creemos que es el momento de sumar esfuerzos y de dar señales de unidad. No vamos a convocar a cacerolazos ni a ninguna acción que les sirva a los que quieren sembrar el odio y la división. Vamos a seguir poniendo el cuerpo para aportar a que entre todos superemos con el menor costo posible, tanto en vidas como en fuentes de trabajo, este momento doloroso.
Pero cuando haya pasado, entonces sí miraremos hacia atrás, para ver dónde estuvo parado cada uno. Para saber quién puso el pecho y quién dio la espalda. Para saber quién tendió la mano solidariamente y quién eligió cerrar el puño. Porque más temprano que tarde, a todos los que detentamos algún grado de responsabilidad dirigencial, en la esfera pública, en la empresarial, o en la esfera sindical, nos llegará el momento de la rendición de cuentas ante un pueblo que, como lo ha hecho otras veces, reclamará Memoria Verdad y Justicia.
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CUANTA MISERIA EN UN TELEGRAMA
Rocca y los miserables por un lado y el gobierno que alinea al sindicalismo a su lado en la otra vereda
Nadie se salva solo. Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. Alberto Fernández
Paolo Rocca es nieto de Agostino Rocca, quien tuvo a su cargo la Coordinación de Industrias en el gobierno fascista de Benito Mussolini. Il Duce fue fusilado y Hitler se suicidó, en 1945. Agostino emigró, silencioso, a la Argentina. Con capitales italianos y alemanes, radicó su primera fábrica en la ciudad de Campana (Dálmine Siderca), un emprendimiento de tubos sin costura para uso militar y de la industria petrolera que tuvo un crecimiento exponencial amparado por las compras del Estado. Como en la Italia de la liga del Fascio, su carrera de proveedor estatal continuó in crescendo durante gobiernos civiles y dictaduras, de Juan Perón hacia adelante. Su hijo Roberto relevó a Agostino en la empresa desde 1969 y fundó la planta de aceros planos (Propulsora Siderúrgica de La Plata) en 1971. Sus ventas al Estado le brindaron estrechos vínculos con los militares y su empresa participó en el apoyo logístico y la confección de listados para facilitar la represión a los sindicalistas de sus fábricas. Esa responsabilidad fue ventilada en sucesivos juicios de lesa humanidad sin que haya condena hasta ahora.
Montado sobre un pasado capitalista de brutal estirpe impiadosa, Paolo Rocca heredó como vicepresidente en 1990 y condujo el proceso de internacionalización del grupo. En la actualidad su grupo tiene un tercio del mercado mundial de tubos sin costura: Techint nació en Italia, es una multinacional con sede en Luxemburgo y fábricas en varios continentes, pero en la escena argentina actúa como si fuese una insolvente industria nacional necesitada de subsidios.
Tiene acerías en Siderca (Campana, Argentina); Tamsa (Veracruz, México); Dalmine (Dalmine, Italia); Bay City (Bay City, USA); AlgomaTubes (Sault St. Marie, Canadá); Silcotub (Zalau, Rumania); NKK Tubes, (Kawasaki, Japón) y Tenaris (Machachi, Ecuador). Tubos con costura: Tubo Caribe (Cartagena, Colombia); Metalmecánica (Villa Mercedes, San Luis); Argentina Siat (Valentín Alsina, Argentina); Siat Tenaris (Villa Constitución, Argentina); Confab (São Paulo, Brasil); MaverickTubes, (Arkansas, Estados Unidos). Conexiones premium: Hydril, (Estados Unidos); SPIJ (Indonesia); Ternium Siderar (BCBA:TXAR); Hylsa (México); Imsa, aceros (México, Estados Unidos y Guatemala). En aceros planos: Siderar (la ex Somisa); Ternium controla Usiminas junto con la Nippon Steel. Ternium es la marca global de planos y Tenaris de tubos.
Las empresas más importantes del grupo que operan en la Argentina (Siderar, Siderca, Tecpetrol y Techint Construcciones) tuvieron ganancias netas declaradas de alrededor de 1.500 millones de dólares para el período 2016 – 2018. ¡Solo en 2018 llegaron a ganar 954 millones de dólares! Según la revista Forbes, Paolo Rocca tiene una fortuna personal de unos 9.700 millones de dólares de plata en blanco…
Rocca III, Paolo, intenta hacer con Alberto Fernández lo que su padre y su abuelo instalaron como un estilo empresarial: presionar y negociar con gobiernos de manera inhumana como el capitalismo que representan. Cuando quieren despedir o suspender, pasan los costos para que los asuman quienes están al mando. Lo distinto, esta vez, fue la respuesta casi directa de Alberto. La protección de la salud como política de Estado colisiona con los intereses económicos: “Miserables”, se escuchó decir al Presidente. Conciliación obligatoria mediante, quedan en stand-by los 1450 despidos de Techint que Paolo puso en la mesa para hacer la primera a su burdo estilo.
Luego del anuncio presidencial de prorrogar el aislamiento social hasta después de Semana Santa, la seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica, con la firma de su secretario general Abel Furlán, reiteró el estricto acatamiento a las directivas oficiales aclarando que las únicas tareas que se llevan a cabo en esa jurisdicción son las guardias imprescindibles vinculadas a la preservación de los equipos de servicios ininterrumpibles.
Los estafadores mendicantes
Tras el fastuoso casamiento de su hija celebrado en febrero en Punta del Este, el hermano de la vida del ex Presidente Mauricio Macri, Nicolás Caputo, tomó decisiones de austeridad manifiesta para sus plantas fueguinas de aire acondicionado para autos, televisores y celulares Samsung, afectadas por la generalizada caída del consumo. Según El Cronista, sus empresas no distribuyeron dividendos en 2019 para cancelar sus deudas con los bancos, en lo que parece un vaciamiento programado con los trabajadores como víctima. El Grupo Mirgor, con plantas en Río Grande, Tierra del Fuego, comunicó que caerán 525 contratos a plazo fijo y 220 bajo la modalidad de Personal de Planta Discontinuo que trabaja cuatro meses por año. Acostumbrado a la familiaridad de la mesa chica del poder, “Nicky” jugó ahora en abierta solidaridad con la propuesta de Techint para la cuarentena: saltó sin pudor la brecha abierta entre el macrismo y Rocca desde que el italiano casi va en cana por los dudosos “retornos” denunciados en la devaluada causa de los cuadernos.
Como en una Corte de los Milagros donde los mendigos ciegos veían y sordos escuchaban nuevamente al volver a su barrio tras su recorrido de pequeños estafadores mendicantes, poderosos empresarios figurantes en la lista de megaempresas como Garbarino, anuncian que no pagarán sueldos completos por falta de fondos. Polka y Grupo Clarín, América (allí tiene una platita invertida el multimillonario Claudio Belocopitt, de Swiss Medical), van a pagar los sueldos en cuotas. Los dueños del mercado pretenden invertir los términos del potente reclamo del novelista francés Víctor Hugo en su famosa novela Los miserables, venida a la memoria emotiva de los lectores a raíz de las duras palabras del Presidente Alberto Fernández.
Tras los crecientes abusos y para preservar la política de salud oficial llegó un imprescindible DNU del gobierno, prohibiendo las exoneraciones y suspensiones por 60 días en todas las actividades, esenciales o no. Una cuantiosa lista de potenciales conflictos quedan en la bandeja de “pendientes”: la revista Pronto echó a sus 120 trabajadores y pone en alerta al gremio de los periodistas (Sipreba), la cadena Cinemark envió telegramas a sus empleados, los call centers han dejado en la calle a muchos de sus empleados encuadrados en el Sindicato de Comercio y Servicios. Decenas de patrones inescrupulosos buscan sacar ventajas despidiendo, suspendiendo y pagando parcialmente, o no pagando, sus deudas salariales. Los dueños de Dexter, Moove y Stock Center hicieron firmar la suspensión del personal y la reducción del 50% del salario con una amenaza encubierta para que la gente no se queje y acate porque si no los echan.
Miserables hay de todo tipo y tamaño, como quienes subcontratan las obras del acueducto en la zona de Salar del Hombre Muerto, cercana a Antofagasta de la Sierra, que cesaron a 400 obreros cuatro meses antes de lo previsto, detonando un conflicto para el cual Gerardo Martínez de la UOCRA pretende un tratamiento similar a la conciliación impuesta al grupo Techint. Los despedidos habían sido contratados por un consorcio argentino que trabaja para la minera norteamericana Livent.
Salud o economía
Para el sitio Línea Sindical, la CGT entró de lleno al debate “salud o economía” y se manifestó a favor de retomar la actividad si se garantizan las condiciones de salud a los trabajadores. Por su parte, la industria reclamó la reapertura de los bancos como paso inicial para reactivar el 80% de la producción detenida. Héctor Daer requirió una negociación con las patronales que le “ponga piso” a la crisis y terminar con eso de que las empresas “hacen lo que quieren”. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de Copal, Daniel Funes de Rioja, sostuvo ayer que “no se puede tener paralización de actividades y salario pleno” porque eso implica costos “imposibles de afrontar”.
En El Destape, Daer admitió que en ese ámbito “podría discutirse una rebaja en los salarios” y volver al trabajo en un marco adecuado de “prevención y profilaxis, tanto desde el ángulo de la sustentabilidad de un proceso económico como desde las garantías necesarias para que no tengamos complicaciones sociales. Está la decisión de generar un protocolo para los trabajadores de la construcción porque queremos que sea la primera actividad que vuelva después de la cuarentena. Junto con la industria manufacturera son los generadores principales de riqueza”, argumentó. Lo cierto es que la opción gubernamental irá dando paso a paso pautas de consenso sensibles a la realidad.
El Espacio Intersindical Salud Trabajo y Participación de los Trabajadores, que incluye tanto a gremios de la CGT como de la CTA, reconoce y apoya todas las medidas que está implementando el Ministerio de Salud de la Nación, pero también reclama sea expresamente incorporada el Covid-19 como enfermedad profesional para las y los trabajadores expuestos. Una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo lo contempla, a condición de que se evalúe caso por caso. Habida cuenta de los antecedentes que tienen las ART, equivale a demandas condenadas a morir en el tiempo y perderse en marañas burocráticas. Estamos en emergencia, el tiempo es escaso y se requiere un Decreto de Necesidad y Urgencia (Decreto 658⁄96). Es decir a todos los trabajadores y trabajadoras que están trabajando para que este sistema funcione: personal de salud, de telecomunicaciones, de educación, seguridad, de transportes, entre otros.
Con la firma de Hugo Yasky el viernes se dio a conocer un fuerte comunicado de la CTA de los Trabajadores reclamando la creación de un Fondo de Emergencia, que 
se publica completo en esta edición del Cohete.
En la inauguración del Sanatorio Antártida, en un acto junto a Hugo Moyano, Alberto Fernández describió los territorios en disputa. Rocca y los miserables por un lado y el gobierno que alinea al sindicalismo a su lado en la otra vereda. Cuando las disputas se tensionan se impone lograr la unidad del campo popular y librar la batalla política con la mayor firmeza posible. Parece necesario tomar medidas y aplicarlas: el DNU prohibiendo los despidos, colocar la salud privada al servicio de la población, fomentar comités de crisis en todos lados, vigilar y castigar férreamente a los remarcadores seriales, sostener la cuarentena todo el tiempo necesario garantizando el cobro total de los salarios. La mayoría de los argentinos, además de aplaudir debemos ser los garantes de los cambios que se imponen.
La lucha desesperada e imprudente por retirar dinero de los cajeros para paliar las necesidades más elementales no debe oscurecer la paciente postura del pueblo argentino que tiene en la cuarentena su grito liberador. Ahora más que nunca las soluciones que necesitamos no vienen solas, debemos conquistarlas. El virus también se nutre del individualismo autorreferente. Los medios de comunicación que nos expresen tienen que dar espacio al silencioso protagonismo colectivo de los más pobres.
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Economía de guerra
Mario Hernandez
El economista francés, Jacques Attali, asesor de Emmanuel Macron, viene tratando de convencer a los gobiernos europeos de que hay un modo de sostener la economía al mismo tiempo que se lucha contra el Covid-19. El modo no es poner dinero en los bolsillos de los empresarios, sino ponerlos para que la industria se mueva en la senda necesaria. Lo hizo EE UU en 1941.La estrategia de Franklin Roosevelt que puso a la industria a elaborar material bélico para derrotar al nazismo en la II Guerra Mundial.
Pero ha sido practicada desde la Edad Media ante diferentes formas de epidemias o pandemias. Con finamiento, producción de bienes esenciales: salud, información, energía, alimentación. Desplazar para más adelante cambiar de coche o vestido. Reorientar la economía como el Proyecto Apolo, la alianza entre Ford Motors, General Electric y 3M para producir respiradores en las plantas automotrices, máscaras, gel como debería estar produciendo, entre otros, en nuestro país, el Ingenio Ledesma.
En EE UU la compañía que provee los uniformes oficiales de las grandes ligas de béisbol pasó a fabricar máscaras y batas de hospital. En España, Inditex, propietaria entre otras de Zara, se puso a fábricar batas y barbijos.
Aquí ya lo están haciendo la fábrica recuperada Madygraf produciendo mascarillas y sanitizante de alcohol en conjunto con el Centro de Estudiantes de Ciencia y Técnica de la Unsam y profesionales de la CONEA. En la Universidad de Rosario un grupo de jóvenes ingenieros desarrolló un prototipo de respirador artificial.
Hay que dejar de considerar a la economía de guerra un tema tabú. No retroceder frente a la presión empresaria como sucedió en nuestro país para centralizar los recursos sanitarios públicos y privados. Ciertamente choca con el neoliberalismo porque surge del Estado. Para las empresas una cosa es pedir subsidios y rebajas impositivas para capear la pandemia y otra que un gobierno oriente en qué se van a utilizar sus recursos.
¿Quién financia la guerra contra el coronavirus?
Es necesario aplicar impuestos y gravámenes especiales sobre los ingresos o la riqueza durante este año como mínimo como lo propone Branko Milanovic, el economista serbo-estadounidense, quien el año pasado fue invitado por Paolo Rocca a disertar en Buenos Aires.
Según la AFIP, en su Anuario 2017, el 1% más rico de la Argentina declara activos por U$S 89.252 millones en Bienes Personales.
Según el informe sobre Bancos publicado por el Banco Central, el resultado total integral de bancos públicos y privados fue en 2017 de $ 76.090 millones, en 2018 saltó a $ 180.469 millones en el 2018, y en el 2019 (año de corridas cambiarias y megadevaluación) alcanzaron los $ 314.205 millones. El año pasado sus ganancias subieron 74 % con respecto a 2018. En el caso de los bancos privados ganaron un 159 % más. ¿Qué sector tuvo una paritaria así? Ninguno, la mayoría de los trabajadores tuvieron una caída de su poder adquisitivo.
Las ganancias de los bancos privados en 2019 ($ 278.150 millones) equivalen a siete millones de jubilaciones con un haber de $ 37.800, que era el valor de la canasta de los adultos mayores en octubre de ese año estimada por la Defensoría de la Tercera Edad.
Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas señala que los bancos privados tuvieron una rentabilidad que superó en un 83 % el ritmo inflacionario, sostenidos por el pago de intereses de las Letras del Banco Central y luego de Liquidez (Lebacs y Leliqs).
El documento analizó los balances de los Bancos y entidades financieras que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires correspondientes a junio 2019. Las principales entidades ganaron un 205,2 % con respecto a 2018. Los Bancos que más ganaron fueron Banco Comafi (394,1 %); el Banco Galicia (356,9 %) y el Banco Supervielle (319,1 %).
El documento elaborado por Claudio Lozano, actual Director del Banco Nación, señala que “el sistema financiero en general y los bancos privados en particular también forman parte de los que más tienen, que siguiendo el criterio que estamos promoviendo, más deben aportar”.
¿Por qué Fernández no aplica ningún impuesto extraordinario a estos patrimonios?
“Es el momento de establecer un impuesto de emergencia que grave a estos patrimonios”, sostiene la Declaración del CDN de ATE como aporte al debate público para fortalecer un Estado democrático, popular y solidario.
Y agrega: “Un párrafo aparte merecen las instituciones bancarias que se niegan a instrumentar las líneas de financiamiento preferencial para PyMES. Durante los años 2018 y 2019 (años recesivos) su resultado neto creció en un 205%. En conjunto la banca privada (nacional y extranjera) concentra más del 73% de la liquidez ampliada del sistema (lo que da una idea de su capacidad de préstamos). En tal sentido, se justifica una audaz intervención sobre el sector financiero a fin de poner esa acumulación de liquidez para financiar el sostenimiento de la actividad económica mientras dure la emergencia”.
Además: “Resulta llamativo que en esta coyuntura el gobierno siga pagando vencimientos en dólares, el día de ayer se hizo frente a un pago de 250 millones de dólares, ya se anunció un pago de 120 millones de la misma moneda para el 8 de abril y de cumplirse con el total de pagos se llegaría a los 1.000 millones. Las escasas reservas y los ingresos de divisas por el comercio exterior deben priorizar las necesidades prioritarias de la coyuntura (insumos sanitarios, equipamiento) y el sostenimiento de la actividad. La suspensión de pagos no puede postergarse”.
Y concluye: “Más allá de que existen sectores en los tres poderes que ganan importantes sueldos y pueden tener un gesto de contribuir en esta emergencia, que seguramente será bien recibido como señal política, el nivel de este aporte no es lo que está en juego en esta coyuntura.
Lo que se plantea atrás de estas propuestas es presentar como inevitable una baja de salarios, jubilaciones y el gasto social del Estado. Persistir en el ideario neoliberal que siempre impulsó la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, la destrucción de los sistemas sanitarios hoy golpeados para enfrentar esta pandemia.
Saldremos de esta crisis con una decidida intervención del Estado que ponga en caja el comportamiento avaro y predatorio de los privilegiados de siempre y construyendo desde los sectores populares espacios que prioricen estrategias de intervención solidaria y colectiva”.
Quinta columna
La ayuda social que el gobierno liberó para quienes más lo necesitan resultó en un aluvión de gente en los Bancos. Esto violó la cuarentena y expuso a los grupos de riesgo.
Alejandro Vanoli, titular del ANSES, en una muestra de cinismo de quien no tiene la mínima empatía por quienes cobran la jubilación mínima, culpó a la “idiosincrasia de las personas” que tienen la costumbre de “agolparse el primer día y de hacer colas”.
Carlos Ortega, secretario general de SECAFSPI (el gremio de ANSES), analiza qué sucedió en una entrevista realizada por José Cornejo, director de Agencia Paco Urondo (APU).
Carlos Ortega: Con respecto a lo que pasó hoy, lo peor es que ante la necesidad de la gente y la desesperación de los vulnerables, no se organizaron bien las cosas. El Banco Central (BCRA) y la ANSES fueron un desastre. Las consecuencias de estas colas en esta pandemia son impredecibles. Lo podrían haber hecho en tiempo y forma con las tarjetas de débito, o poner un amplio cronograma de pagos para disminuir la gente en la calle. Hay que solucionar esto de modo urgente. La medida del presidente Alberto Fernández de tener los bancos abiertos (este fin de semana) puede ayudar a resolver el problema. Esto no es joda, la gente no puede estar masivamente en la calle.
Además denuncia: “[…] en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el corazón de ANSES y de la seguridad social en Argentina, mantuvo (Alejandro Vanoli) gente que viene de la gestión macrista. Gente del mal, antipueblo, quedaron en cargos fundamentales en directorios de empresas privadas, las empresas donde ANSES tiene acciones. Pero en la misma ANSES, una gran camada de directores de segunda línea continúa. Funcionarios orgánicos del Pro, enemigos del pueblo argentino que tiran para atrás”.
APU: ¿El director ejecutivo Alejandro Vanoli, está enterado de todo esto?
CO: Él tuvo mucha tensión con nosotros porque los trabajadores del organismo hicimos asambleas denunciando esto. Algunas fueron en el piso de abajo de su oficina. Siguen en cargos directivos quienes vaciaron el organismo. Doscientos delegados le reclamaron a Vanoli por esta situación, también en las delegaciones del interior del país. No podemos tener gente gestionando que vinieron a vaciar la Argentina. Vanoli sabía que había gente del Pro en ANSES.
Algunos ejemplos son Edgardo Podjarny, actual subdirector ejecutivo del FGS, que fue superintendente de Seguros de la Nación durante el macrismo. Cynthia Lirusso, actual directora de servicios y suministros de ANSES (fue directora nacional de Inclusión en la Agencia Nacional de Discapacidad hasta diciembre 2019). Berenice Vampa, fue directora de RR HH de Anses hasta mediados de 2016, luego se fue al Banco Nación hasta 2019 y volvió como directora. En 2016 fue quien sumarió a los trabajadores luego despedidos.
La CGT preocupada por los empresarios
El secretario Adjunto de la CGT y secretario General de UPCN adelantó el temario de la reunión que mantuvo la cúpula de la central obrera con Alberto Fernández en Olivos: «Le vamos a llevar al Presidente nuestra preocupación en el mundo laboral. La economía ya estaba afectada por la herencia recibida y ahora se afectó más con esta pandemia».
En ese sentido, Rodríguez agregó: «Queremos ver si es factible que la gente vuelva a trabajar en algunas actividades cuando termine esta etapa de la cuarentena».
El Boletín Oficial anunció la ampliación de la lista de actividades consideradas esenciales, entre ellas la venta de materiales para la construcción. “La idea” según dijo Héctor Daer, titular de la CGT y de Sanidad, es que la reactivación de las demás actividades a partir del 12 de abril sea coordinada por un Comité tripartito que pondrán en pie.
Por otro lado, reivindicó “haber suspendido la utilización del término fuerza mayor en las suspensiones y en los empleos”. Con el decreto del Gobierno que prohíbe los despidos por 60 días, lo único que se suprimió es el uso del concepto. Los despidos y las suspensiones con rebajas de salarios siguen su curso.
Mientras el Estado mantiene a la población en sus casas, las patronales ya están preparando sus propios planes y organizando la vuelta al trabajo con sus propias condiciones: dejando miles en la calle, bajando salarios, pagando sueldos en cuotas. Ya han avanzado con esto. Ya obtuvieron subsidios para suspender y facilidades para pagar las contribuciones patronales a través de un DNU de Alberto Fernández.
Los millones de informales, contratados y tercerizados no cuentan entre las preocupaciones de estos dirigentes. Por esto no dijeron ni mu de la miseria de 10.000 pesos que se anunció para trabajadores sin registrar. Por eso pretenden dejar pasar los despidos que tuvieron lugar hasta acá. La CGT entra en escena cuando las patronales se proponen avanzar más fuertemente sobre las condiciones laborales y el salario de los sectores en blanco que van a tener que volver al trabajo para que las empresas puedan continuar sus negocios.
La única manera de volver al trabajo en condiciones que no pongan en riesgo la vida de los y las trabajadoras es con la conformación de Comités de seguridad e higiene en cada fábrica o establecimiento, bajo su control.
Miserables
La crisis por la pandemia de Coronavirus no da respiro en el mercado de trabajo. Más allá del DNU que prohibió despidos y suspensiones por 60 días, se repiten una y otra vez los casos de empresas que buscan reducir el ingreso de sus empleados mientras dure la cuarentena.
Eso ocurrió en las más poderosas firmas de viajes. Tanto Almundo, como Despegar y Avantrip desde hace algunos días venían programando un cronograma de suspensiones y recortes de salarios.
Almundo, por ejemplo, convocaba a sus trabajadores de a uno y allí les «proponía» una rebaja salarial por los próximos meses.
Según los salarios y la posición del trabajador en la firma, el recorte iba del 25 al 50 % de los haberes que percibían habitualmente. En este contexto, el Sindicato de Comercio convocó a las autoridades de las tres empresas a una reunión para tratar esta situación en una reunión que se desarrolló en la Federación.
La reconocida empresa santafecina de lácteos Verónica le «propuso» a sus trabajadores pagar los sueldos de marzo en cuatro cómodas cuotas. Los tramos se dividirían en dos del 30% y en otros dos del 20%.
A pesar de la pandemia Verónica continuó con la producción por estar entre los servicios esenciales y habría ganado unos $ 37 millones netos sólo el mes pasado.
Francisco Gonzalo Espiñeira, su propietario, se anotó para el blanqueo de capitales en el exterior que habilitó el gobierno anterior por varios millones de dólares y sospechan que evaden impuestos subfacturando en exportaciones.
Los trabajadores de la cadena de supermercados La Gallega de Rosario exigen que cesen las represalias por parte de la patronal: amenazas, hostigamientos, traslados arbitrarios. Además de condiciones de trabajo respetando el protocolo previsto en seguridad e higiene: barbijos, guantes y alcohol en gel.
“Los/as empleados/as de la cadena de supermercados La Gallega seguimos trabajando en condiciones riesgosas, expuestos al Coronavirus. Si somos un servicio esencial queremos que se nos trate como tales. Queremos cuidarnos como trabajadores así como también cuidar al cliente. ¡¡Que la pandemia no sea una excusa para vulnerar nuestros derechos!!”, sostienen en un comunicado.
En medio de la cuarentena, la cadena de comida rápida Mc Donald’s, como la mayoría de las empresas, solo piensa en cómo duplicar sus ganancias a costa de la vida de sus empleados.
Larisa, empleada de la firma, narró: “La situación que estamos viviendo les laburantes de Mc Donald’s es atroz. Los shoppings cerraron el miércoles por la cuarentena total; pero desde el lunes de esa semana habían empezado a recortar los puestos, éramos 2 empleados en todo el local encargándonos de todo. Lo que siguió a eso fue incertidumbre, no sabíamos si nos iban a pagar esa quincena que venía con el presentismo o si nos iban a pagar horas mínimas o si nos iban a pagar directamente. Todes preguntábamos por los grupos y nos decían que íbamos a recibir respuestas cuando los gerentes las tuvieran, ya que ellos «están al mismo nivel que nosotros».
La respuesta nos llegó el 25 de marzo. Nos dijeron que teníamos que hacer una llamada por Skype, la regenta del local nos explicó que la situación de todos era muy diferente, ya que algunos habíamos llegado a trabajar, algunos no habían trabajado ningún día de la semana, y otros directamente no tenían presentismo. En pocas palabras la respuesta fue que no nos van a pagar la segunda quincena de marzo y que estábamos todos obligados a realizar una serie de cursos a través de internet. Que a fin de mes se va a enviar una lista de cada empleado con los cursos realizados, quienes no los tengan pueden recibir hasta sanción”.
José Villa, integrante de la Comisión Interna de la UOM en la fábrica Tenaris Siat de Valentín Alsina, relató que la empresa propiedad de Paolo Rocca quitó una parte sustancial del salario de los trabajadores.
“La empresa en el mes de marzo cuando cobramos la primer quincena el día 19 directamente sacó el ítem “Premio producción”, ni siquiera lo modificó y no lo pagó más”, sostuvo.
La quita representaría entre un 30% y 40% del salario si la situación de la planta fuera normal, es decir, trabajando y produciendo. Este ítem se viene cobrando desde hace más de 50 años y no puede la empresa de un plumazo sacarlo porque es un derecho adquirido.
En la planta de Acindar también fueron afectados con esta rebaja de salarios salvaje.
A nivel empresario el grupo Techint jugó en todos los frentes y en todos los escenarios que tiene abiertos. Sea en la planta de Tenaris, como en la planta Siderar y Techint Construcciones en relación a los 1.450 despidos.
En las redes sociales circuló un mensaje de trabajadores del hospital San Roque de Jujuy donde piden la solidaridad de la comunidad para que se conozcan las condiciones en las que se trabaja. El viernes realizaron un abrazo simbólico donde muchas y muchos de ellos se manifestaron a pesar de la persecución que hay por parte de funcionarios del ministerio de Salud.
El mensaje da cuenta de la falta de elementos de protección personal-EPP que el gobierno no garantiza a pesar de los anuncios diarios por parte del gobernador Morales y del Comité Operativo de Emergencia.
El Hospital San Roque es el destinado a atender pacientes con síntomas de coronavirus. Pero la situación no sólo se da en ese hospital. Las denuncias de falta de insumos de bioseguridad alcanzan a los principales hospitales; también del interior de la provincia, como Palpalá, Yuto, Maimará y centros de salud.
Desde la Junta Interna de ATE Promoción Social, hicieron expreso el repudio y preocupación a las medidas tomadas por las autoridades de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Ministra María Migliore.
En este sentido, en el mes de marzo, tres trabajadorxs de la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones fueron conminadxs a renunciar a sus contratos de Locación de Servicios convenidos con el GCBA a los fines de pasarlxs a la modalidad contractual de Asistencia Técnica, lo cual implica un retroceso de sus derechos laborales y un avance de la tercerización y precarización de la política pública.
Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat manifiestan que la decisión proviene del Ministerio de Hacienda. No obstante, desde el Ministerio a cargo de la Ministra Migliore, no se ejerció ninguna resistencia ni defensa de las condiciones contractuales de dichxs trabajadorxs, por lo que la decisión avanzó.
La cadena de salas de juegos infantiles Neverland comunicó a sus trabajadores que estaban suspendidos desde el 1º de abril y que cobrarían sólo el 30% de su salario y en concepto no remunerativo.
Aprovechando la pandemia por el coronavirus, desde el miércoles 2 comenzaron a llegar los telegramas de despido a casi un centenar de empleados de las empresas PubliExpress e Ipesa, que imprimían revistas y suplementos en papel, entre los que se encuentran Pronto (una de las más vendidas del país) y Saber Vivir, entre otras. Esta situación se da a sólo 3 días de que el gobierno haya dictado el DNU que prohíbe los despidos “sin causa”.
Los trabajadores del taller de la zona de Barracas contaron que la empresa venía con el plan de despedir. “En octubre pasado despidieron a 54 trabajadores, y nosotros sabemos que hay una clara intención de vaciamiento para voltear el Convenio y derechos que hemos ganado durante años”, manifestaron. Y rematan: “Nos quieren precarizar el futuro”.
Hay que destacar que además de los trabajadores de planta, había decenas de trabajadores que figuraban como monotributistas como periodistas, fotógrafos y otro tipo de colaboradores que estaban relacionados con las diferentes publicaciones impresas y que también quedaron sin ingresos.
Con el impulso de los trabajadores organizados, el sindicato SiPreBA se presentó ante el Ministerio de Trabajo, donde se dictó la Conciliación Obligatoria pero aún no tienen certeza de cómo se va a manejar la empresa.
Lxs trabajadorxs de la fábrica de alimentación Felfort denuncian que la patronal sigue priorizando las ganancias por sobre su protección, obligándolxs a ir a trabajar en medio de la crisis sanitaria, cuando no producen alimentos esenciales, sino golosinas y huevos de pascua.
Según Marcelo Peretta, titular del Colegio de Farmacéuticos, el alcohol al 70 % de 500 mililitros que no pasaba de los $ 80 hace tres meses, hoy se ubica en alrededor de los $ 300.
Lo mismo ocurre con los barbijos y con todos los elementos de cuidado necesario.
Hace no mucho, en un galpón de Farmacity encontraron alcohol en gel abarrotado por alrededor de $ 1.000.000, especulando con venderlo a mayor precio, mientras despidieron a sus trabajadores.
Nadie puede decir que estos empresarios, dueños de grandes laboratorios con enormes capacidades de producción y con grandes ganancias, no pueden poner sus productos al servicio de toda la población.
Sin embargo, la especulación esta a la orden del día. El Gobierno nacional se va en discursos grandilocuentes, con el Presidente diciendo que “no lo van a permitir”, pero aún no aparecen estos productos en las farmacias y los precios no hacen más que seguir subiendo y ni siquiera se avanza en lo más elemental como un impuesto a las enormes fortunas de los laboratorios.
La voracidad de los capitalistas contrasta enormemente con los ejemplos de los trabajadores de Madygraf, fábrica que produce sin patrones, que reconvirtieron la producción gráfica a la de sanitizantes en gel y mascarillas, para ser donadas al hospital de Escobar y el laboratorio sin patrones Farmacoop (ex laboratorio Roux Ocefa) que fabrica alcohol en gel.
Coto en el podio de los miserables
En lo que fue una inédita protesta patronal-sindical el pasado sábado en medio de la pandemia de Coronavirus, Alfredo Coto y Ramón Muerza, el principal referente gremial de la cadena de supermercados, encabezaron una concentración para que reabran una sucursal que había sido clausurada.
Con barbijos y delegados movidos de otras sucursales para la ocasión, Coto y Muerza rompieron todos los protocolos de seguridad, aglomeraron a los trabajadores de la sucursal Ramos Mejíay pidieron que levanten la sanción que horas antes habían impuesto sobre esa tienda.
La clausura había sido detonada por la comprobación de que Coto no respeta los precios máximos estipulados por el Gobierno Nacional y la constatación de precios abusivos.
Más temprano escenas parecidas se habían vivido en la sucursal Sarandí,donde también se comprobaron precios por sobre los máximos y también fue clausurado.
Hace varias jornadas que en las sucursales de Coto los trabajadores se organizan para pedir que se cumplan los protocolos de seguridad previstos por el Covid.19. La firma trata de retacear la entrega de los elementos de limpieza y de protección y en ningún momento se lo vio al dirigente sindical liderar esos reclamos.
De hecho por elevar esos pedidos se lo escuchó a Gastón Masini, representante de Recursos Humanos de Coto, decirle a los empleados: «Pará con estos discursos. Es un esfuerzo de la compañía y de los empleados, sino te vas a tener que ir a vivir a Cuba».
“Callate, hija de puta, vieja de mierda, ahora vas a saber quiénes son los que mandan”, le gritaron a Fabiana Donati dos policías de la comisaría 1ª de San Isidro, un varón y una mujer, mientras la arrastraban desde la línea de cajas del Coto del Bajo de San Isidro hasta el patrullero que estaba en la puerta, mientras personal de seguridad del Coto y la encargada del supermercado se reían al verla pasar. A Fabiana le dolía el brazo y la espalda, sobre ella había sentido el peso del cuerpo del policía varón que se le subió encima después de que su compañera la tirara boca abajo sobre la cinta donde se deposita la mercadería para ser cobrada. ¿Por qué? Porque pidió a la encargada que controlara la aglomeración frente a una caja y en góndolas y la encargada como toda respuesta llamó a la policía para que se la lleven por estar haciendo “disturbios”.
La denuncia está hecha en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y se prepara la denuncia penal para cuando pueda realizarse.
Esta no es la primera vez que un hecho de violencia tiene lugar en alguna sucursal de la cadena de supermercados de Alfredo Coto. En 2018 una trabajadora de uno de los locales porteños fue despedida por quejarse de los maltratos de la empresa a través de su página personal de Facebook. El año pasado, Vicente Ferrer de 68 años, intentó llevarse sin pagar un pedazo de queso, medio litro de aceite y un chocolate del supermercado de Brasil 575, en San Telmo. El hombre, que padecía demencia senil, murió de un infarto como consecuencia de la paliza que le dieron dos custodios de Coto. También el año pasado, una cajera fue asesinada por su ex pareja mientras trabajaba, aunque tenía denuncias contra él, no hubo quién lo detuviera. Y en 2016, en una inspección de rutina, dos funcionarios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados ANMaC encontraron en la sucursal Paysandú 1865, en el barrio de Caballito un arsenal de armas, pero no denunciaron penalmente el hallazgo.
Dos años después, Alfredo Coto, admitió ante la Justicia que era “para defenderse de posibles saqueos”. Se trataba de 227 granadas, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3.886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos anti tumulto, un gas pimienta y un silenciador de armas.
El 27 de agosto, el periodista Ariel Zak, de Tiempo Argentino, reveló que “Las armas de la sucursal en Paysandú pertenecían a la Policía Federal (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA) y la Prefectura Naval (PNA). También a la empresa de seguridad de la cadena que tenía una licencia como “usuario colectivo”, pero estaba vencida desde 2014.
El viernes se confirmó un caso de coronavirus en un trabajador del sector de verdulería en la sucursal 46 de Coto, del barrio porteño de Once, que empezó a presentar síntomas entre el miércoles y el jueves de esta semana.
El sábado bien temprano trabajadores y trabajadoras se movilizaron hasta la puerta a exigir explicaciones. La gerencia trató de hacerlos trabajar como si nada. Finalmente lograron que el local cierre y desinfecte el sábado, pero abrió el domingo y quiere obligarlos a presentarse este lunes, definiendo por su cuenta quién debe hacer cuarentena y quién no.
La empresa subió un aviso para explicar el cierre del sábado. Dice “mantenimiento” pero estaban desinfectando la sucursal por primea vez desde que empezó la crisis, ante el diagnóstico de Covid-19 positivo del trabajador.
“Con nuestros jefes llamando por teléfono, presionando para que mañana (lunes) nos presentemos a trabajar. Nosotros pedimos que nos den cuarentena a los 55 empleados de la sucursal. Todos estuvimos expuestos y no nos parece correcto que ellos decidan quién tiene y quién no la cuarentena. Y que informen. Porque el empleado que tiene Covid-19 trabaja en atención al público y los clientes también tendrían que estar enterados de lo que pasó. Cuando se preguntó por los clientes directos que él había atendido, respondieron que no podían saber eso. Clientes que no están siendo avisados de esta situación.
El sindicato arregló cuarentena para todxs lxs empleados pero Recursos Humanos, gerencia y jefes de sectores nos están amenazando respecto al aislamiento preventivo. Quieren obligarnos a asistir siendo que todos estuvimos expuestos al virus, el comedor no es grande, los espacios comunes tampoco”, denuncian los trabajadores en un comunicado.
La Caja de Pandora
Escribe Enrique Martínez del Instituto para la Producción Popular: “Todo parecía acomodado. No resuelto, ni justo, ni auspicioso. Solo acomodado.
Teníamos personal en relación de dependencia, sea del Estado o del sector privado. Lo que llamábamos empleo formal.
En el otro extremo, reconocíamos que algunos millones, especialmente mujeres, no trabajan y cuidan de sus hijos, requiriendo un apoyo público, la Asignación Universal por Hijo (AUH).
También sumamos la figura del excluido. Aquel o aquella compatriota que no está siquiera buscando regularmente trabajo dependiente, porque el sistema no le ofrece caminos válidos. Son aquellos representados por organizaciones sociales de base, que han debido luchar para que cartoneros, trapitos, vendedores ambulantes, reciban un salario social complementario de sus magros ingresos.
Además de esas categorías, estaban los otros. Los desocupados, los trabajadores en negro en el sistema “formal”, los autónomos y los monotributistas que buscan su ingreso de manera individual e independiente, sin ningún ámbito público que los haya registrado, caracterizado, clasificado o siquiera estudiado como categoría económica. Las organizaciones sociales que se agrupan en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) han sostenido la necesidad de identificarlos, afirmando que son miembros de la Economía popular, lo cual es una iniciativa loable, aunque de discutible valor, ya que buena parte de los “otros” no se reconocen como miembros potenciales de la UTEP, sino como trabajadores con aspiración de formales.
Hasta que llegó el coronavirus y la necesidad de una cuarentena tan aguda que obliga a suspender una enorme variedad de actividades productivas y de servicios, para priorizar la salud pública. El gobierno pone en evidencia su vocación de dar una mano a los más afectados. Eso es rotundo. También es categórico que debe moverse en una neblina intensa. Para asignar la Tarjeta Alimentar, que busca atenuar masivamente el hambre de los más necesitados, debió apelar a establecer que este universo es el de las receptoras de AUH. Fue el recurso a la mano para ser expeditivos.
Cuando creó la figura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para compensar a quienes redujeron o perdieron sus ingresos en esta situación, repite la idea que el universo de AUH está comprendido. Pero entendió que quienes vieron evaporado su sustento son muchos más y no quedaba otro camino que iniciar un registro de solicitudes.
Se abrió así la caja de Pandora.
Más de 10 millones de pedidos, frente a una expectativa que suponía entre 1 y 4 millones según la fuente. Una medida pavorosa de nuestra zona de incertidumbre, aún cuando al cruzar los formularios se produzca una reducción apreciable.
Se trata de los desocupados que no cobran seguro de desempleo, los monotributistas A y B (menos de $ 33.000 por mes), los trabajadores en negro. Agrupando esos subgrupos, según parecen informar los pedidos, se llega al 40% de la población económicamente activa (PEA), cantidad que vale la pena comparar, por ejemplo, con quienes cobran el salario social complementario, que son apenas el 3% de la PEA.
Sin tremendismo, anotemos que a esos compatriotas, debemos agregar los monotributistas de categorías superiores que también cayeron abruptamente a ingreso cero, los empleados “formales” de miles de empresas paradas, junto con los empresarios de los cuales dependen”.
Los más de 11 millones de preinscriptos (11.018.398) que se registraron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán conocer a partir de la medianoche del lunes si reúnen los requisitos para acceder a esta prestación extraordinaria de $10.000.
A partir del primer minuto del lunes 6 de abril podrán realizar la consulta quienes tengan su Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1; el martes los finalizados en 2 y 3; y el miércoles los terminados en 4 y 5.
Los finalizados en 6 y 7 podrán realizar la consulta el jueves 9 de abril; y los terminados en 8 y 9, el viernes 10.
Una vez que termine la etapa de consulta, a los que resulten beneficiarios se les va a pedir datos de contacto y la forma en la que recibirán el pago, que puede ser a través de una cuenta bancaria u otro mecanismo que se definirá en las próximas horas. Comenzarán a cobrar el bono a partir del 15 de abril.
Si bien el bono está previsto que se entregue por única vez, en caso que el aislamiento se prolongue por la pandemia de coronavirus puede volver a entregarse en mayo.
Por la provincia de Buenos Aires
El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que pagará una remuneración a los maestros y auxiliares suplentes de la provincia de Buenos Aires que no pudieron tomar horas debido a la suspensión de clases por la pandemia de coronavirus.
Según informó el gobierno provincial, se trata de un programa de incorporación especial de docentes y auxiliares suplentes en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.
Fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense precisaron que están en condiciones de incorporarse unos 23.000 maestros y auxiliares, más unos 4.400 docentes del Plan Fines que en 2019 se desempeñaron como suplentes pero que este año no llegaron a tomar cargo público debido a la cuarentena.
El programa, que se implementará en abril y podrá ser prorrogado, establece que percibirán una retribución salarial neta que equivale a ocho horas semanales para docentes y 15 horas semanales para auxiliares, más la antigüedad que corresponda y contarán con cobertura de la obra social IOMA y aportes jubilatorios.
La remuneración «rondará los 10.500 pesos» de bolsilloy la inscripción se realiza a través del sitio oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (www.abc.gob.ar) hasta el próximo lunes 13 de abril.
Podrán inscribirse quienes hayan desempeñado suplencias en el ciclo lectivo 2019, al menos en tres meses diferentes, continuos o alternados; o haber acumulado 30 días de suplencias en menos de tres meses.
También deben estar inscriptos en los Listados Oficiales de 2019 y del año en curso y poseer domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Además, para acceder al programa no deberán poseer cargos titulares, provisionales y/o suplencias activas a marzo de 2020; ni encontrarse en relación de dependencia con empleadores estatales y/o privados.
También comenzaron a reincorporar trabajadores de salud y SAME municipales despedidos por el intendente Julio Garro en los últimos días. Cabe señalar que continúa el reclamo por condiciones dignas de trabajo, elementos de bioseguridad, repelentes, ropa de trabajo y salarios justos.
“Producto de la lucha de ATE se pudo lograr que lxs compañerxs que día a día le ponen el cuerpo a las epidemias de Dengue y Covid19 vuelven a estar protegiendo la salud de todxs. Gracias y Felicitaciones a lxs Delegadxs de ATE, compañerxs municipales, estatales, trabajadorxs, que colaboraron en el triunfo, incluida la comunidad platense toda y especialmente a lxs periodistas con cuyo apoyo y colaboración siempre contamos”, señalaron desde la Junta Interna de Delegado/as ATE-Municipalidad de La Plata, a través de un comunicado difundido tras el inicio de las reincorporaciones.
Actualmente los trabajadores del Astillero Río Santiago de Ensenada se encuentran haciendo reparaciones y arreglos en hospitales de la zona como el Rossi y el San Martín para ampliar la capacidad de instalación que puedan albergar. “También estamos reparando 500 camas pedidas por el PAMI, preparando equipos de trabajo y proyectos de construcción de camas nuevas, alcohol en gel y barbijos en impresión 3D y un respirador proyecto de nuestros ingenieros y técnicos. Todos los compañeros trabajan de forma voluntaria y tomando en cuenta las medidas de precaución necesarias”, aseguró Jorge Smith, trabajador y delegado del Astillero Río Santiago.
Violencia institucional
Desde la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) desarrollaron una aplicación para celulares denominada ´ACVI´ “con el objetivo de prevenir y denunciar las detenciones arbitrarias y colaborar con la identificación de quienes sean detenidos o detenidas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
Link para descarga de la aplicación:
Dada la situación actual, en donde se ha optado por perseguir con el Código Penal a quienes infrinjan lo dispuesto por el DNU 297⁄2020, y sabiendo que el poder punitivo opera selectivamente sobre los sectores más vulnerables, es importante contar con información clara sobre qué pueden y qué no pueden hacer las fuerzas de seguridad en su accionar para prevenir que se cometan abusos, en ese sentido el personal policial y las fuerzas de seguridad deberán tener el gafete de identificación personal, identificarse al abordar a una persona (en caso que otra persona se encuentre tomando registro fílmico de la intervención policial, no podrá impedirse dicha actividad), consultar sobre los motivos por los que la persona está circulando, atendiendo a que hay numerosas excepciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten el tránsito de personas que cumplan trabajos y/o brinden servicios en determinados rubros. En caso de que una persona circule no amparado en las excepciones normativas, se deberá comunicar a la justicia penal para evaluar la pertinencia o no de iniciar acciones en base al Código Penal, al mismo tiempo que debe informársele a la persona acusada el juzgado, fiscalía y defensoría interviniente. En caso de ser trasladada a una comisaría debe hacérsele conocer sus derechos de forma clara y comprensible, y se deberá informar sobre la razón de la privación de la libertad, deberá concedérsele el derecho a una llamada telefónica, y el derecho a designar a un abogado o abogada de su confianza o en su defecto un representante de la defensa pública, además el derecho a un reconocimiento médico que evalúe el estado psicofísico de la persona detenida.
Es importante resaltar la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación donde se reciben denuncias ante casos de violencia institucional, y la provincia de Buenos Aires cuenta con la línea telefónica gratuita de la “Auditoría General de Asuntos Internos” 0800−999−8358 las 24 horas donde también pueden realizarse denuncias de violencia institucional.
Quienes hayan podido registrar algún abuso También se pueden poner en contacto con “Aislamiento Represivo” en facebook e instagram o escribiendo a 
aislamientorepresivo@gmail.com
El Ministerio de Seguridad de la Nación, implementó una línea donde se receptan las denuncias (Línea 134÷0800−122−5878) que específicamente incluye los casos de violencia institucional en este marco. También se puede denunciar a través de un formulario web disponible: https://denunciasweb.minseg.gob.ar/
También se puede denunciar de forma a través del formulario on line del Ministerio Público Fiscal: https://www.mpfcordoba.gob.ar/como-hacer-una-denuncia/
Los pequeños productores y productoras de alimentos, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), afirman que se encuentran ante una situación de angustia, no sólo por la pandemia con la que tienen la enorme responsabilidad de continuar produciendo alimentos, sino también porque tienen que sortear los acosos y abusos de las fuerzas de seguridad.
“Somos quienes alimentamos al pueblo frente a la cuarentena, y mientras la mayoría de la población debe permanecer en sus casas para frenar el virus, nuestra principal preocupación es cómo llegar a las quintas donde producimos, cómo compramos los insumos necesarios para seguir sembrando, cómo nos trasladamos a los almacenes de la UTT, cómo sí o sí salimos de madrugada a atender los animales o cómo compramos lo básico para nuestras familias sin tener que vivir toda clase de abusos, intimidaciones y hasta detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad”, afirman desde la UTT.
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Aumentan casi al triple los fondos para los comedores escolares bonaerenses
La administración provincial detalló que en marzo último fueron destinados 1.100 millones de pesos al SAE y, en abril, ese monto aumentará a 2.600 millones para asistir a 1.722.000 alumnos bonaerenses.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció hoy que este mes serán casi triplicados los fondos destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE), que contará en abril con 2.600 millones de pesos para asistir con bolsones de comida a algo más de 1.700.000 niños que ahora no pueden concurrir a comedores escolares por la cuarentena dispuesta para contener el avance del coronavirus.
La administración provincial detalló que en marzo último fueron destinados 1.100 millones de pesos al SAE y, en abril, ese monto aumentará a 2.600 millones para asistir a 1.722.000 alumnos bonaerenses.
“En medio de esta situación inesperada y tremenda decidimos que lo único que no puede caer es el Estado, que tiene que continuar y redoblar su compromiso con los que más lo necesitan”, sostuvo Kicillof.
El gobernador formuló el anuncio en el Salón Dorado de la casa de Gobierno provincial, donde estuvo acompañado de la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, y de la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta.
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El Financial Times ahora pide redistribución y seguridad laborales
El tradicional periódico financiero británico se aleja de su línea liberal para pedir «cambios radicales» y mayor presencia del Estado en medio de la pandemia por el coronavirus
El periódico británico Financial Times consideró en un editorial que hacen falta «reformas radicales» en el mundo a partir de la pandemia del coronavirus y que los gobiernos deberán tener un papel más activo en la economía.
«Será necesario poner sobre la mesa reformas radicales, que inviertan la dirección política predominante de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía», señaló el periódico, en lo que representó un importante giro respecto a su tradicional visión pro mercado.
Agregó que «deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos, y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros«.
«La redistribución volverá a estar en la agenda. Los privilegios de los ancianos y ricos en cuestión. Las políticas hasta hace poco consideradas excéntricas, como los impuestos básicos sobre la renta y la riqueza, tendrán que estar en la mezcla», consideró. En ese sentido, remarcó que «se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos».
«Si hay un lado positivo en la pandemia de Covid-19, es que ha inyectado un sentido de unión en las sociedades polarizadas. Pero el virus, y los bloqueos económicos necesarios para combatirlo, también arrojan una luz deslumbrante sobre las desigualdades existentes, e incluso crean otras nuevas», señaló.
Observó que «a los países que han permitido la aparición de un mercado laboral irregular y precario les resulta particularmente difícil canalizar la ayuda financiera a los trabajadores con un empleo tan inseguro«.
«La forma en que libramos la guerra contra el virus beneficia a unos a expensas de otros. Las víctimas de Covid-19 son abrumadoramente viejas. Pero las mayores víctimas de los encierros son los jóvenes y activos, a quienes se les pide que suspendan su educación y renuncien a sus preciosos ingresos. Los sacrificios son inevitables, pero cada sociedad debe demostrar cómo ofrecerá restitución a aquellos que soportan la mayor carga de los esfuerzos nacionales», concluyó.
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Central Sindical Internacional destacó las medidas en defensa del trabajo del Gobierno argentino
Desde la Central Sindical Internacional (CSI o ITUC por sus siglas en inglés), organización que nuclea a centrales sindicales de todo el mundo, incluyendo a la CGT y la CTA, destacaron las políticas llevadas adelante por el Gobierno nacional para proteger a los trabajadores en el marco de la pandemia de coronavirus.
En una reciente declaración, la CSI destacó que Alemania, Argentina, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, Singapur y Suecia son los primeros doce países en establecer políticas oficiales que apuntan a proteger vidas, empleos e ingresos.
El comunicado firmado por Sharan Burrow, secretaria general de la entidad gremial internacional, destaca: “El apoyo directo de Gobiernos a la economía real es la única forma en que los trabajadores podrán permanecer en sus casas y alimentar a sus familias mientras la economía sigue bloqueada. Estos doce países establecen estándares sobre lo que los gobiernos pueden aportar a los trabajadores y deberían ser emulados por muchos otros gobiernos en todo el mundo. Persisten importantes lagunas en algunos países y los sindicatos siguen presionando para que se cubran”.
En el análisis de la CSI se identifican las medidas principales con mayor impacto directo sobre las necesidades de los trabajadores: baja remunerada por enfermedad; ayudas salariales y financieras para autónomos, cuentapropistas y trabajadores de plataformas; moratorias de pagos de cuotas de créditos, alquileres o hipotecas y atención sanitaria gratuita.
Al respecto Burrow consideró: “Esas medidas son un buen comienzo, aunque su aplicación y el desembolso rápido de los pagos resultan clave. Una pandemia que no se sabe cuándo acabará implica que va a hacer falta más apoyo para los trabajadores. Las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del Covid-19 requerirán nuevos niveles de servicios de salud y cuidados, protección social y de estímulo económico en todos los países. Hará falta un nuevo contrato social”.
Los únicos países en nuestro continente que implementaron medidas para ayudar a los cuentapropistas fueron Canadá y Argentina (con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos). En Europa tomaron medidas parecidas en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suecia.
“Las respuestas positivas ante la pandemia mostradas por estos doce países han sido el resultado bien de sólidas tradiciones y estructuras tripartitas o de diálogo social o del éxito de campañas concertadas y presiones ejercidas por los sindicatos. La implicación de los sindicatos que representan a los trabajadores resulta clave para asegurar que los gobiernos actúen dando prioridad a las personas en su respuesta al Covid-19. La CSI exhorta a otros gobiernos a seguir estos ejemplos e involucrar a los sindicatos en el diseño de las medidas económicas que se necesitan urgentemente en la respuesta mundial frente a esta pandemia”, concluyó el análisis de la CSI.
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Parar la pelota: trabajo en la universidad en tiempos de pandemia
Estamos en pandemia. Enclaustradxs. A fines de Febrero estábamos cerrando los programas nuevos, para un 2020 como cualquier otro año, y nos dicen “alto”. Se para todo. Se posterga el inicio de clases y se suspenden las mesas de examen. Unos días después avisan “Retomamos… hay que hacerse virtual”. ¿Qué?. Por Mariano Féliz
Nuestro curso hace unos años usa el campus virtual de la facultad pero solo de apoyo. Teníamos ahí el programa, el cronograma de clases, la bibliografía parcialmente digitalizada. No mucho más. La mayoría de los casi 2000 cursos de grado en la UNLP ni siquiera usan un Campus Virtual.
Ahora nos dicen que tenemos que garantizar que estén todes les estudiantes inscriptes en el Campus, que debemos garantizar el dictado virtual, y que debemos hacerlo ya. ¿Pero alguien se preguntó si todes les estudiantes tienen conectividad o si saben usar el campus? Si no saben usarlo o no tienen acceso, ¿cómo harán para aprender ahora? ¿No es tan complicado, no? Cuando se inscriben en la materia en el Departamento de Alumnos ya está. ¿Ah no? Les compañeres no docentes que gestionan el Campus (unxs pocxs) deben cagarlos a todos en cada aula virtual (claro, no hay un sistema de inscripción simultánea en la materia yen cada aula virtual). Pero también hay quienes son inscriptxs a destiempo a través de la SAE, y recién luego podrán sumarles al Campus. ¿Cuánto tarda? Varios días. Las áreas encargadas están saturadas porque de golpe y sin aviso, deben inscribir miles de estudiantes a las Aulas Virtuales.
Ah, pero las Aulas Virtuales no están creadas. La mayoría de las materias deben armar todo de cero. Todes debemos aprender las funcionalidades del Campus. ¿A quien le preguntamos? Ah, claro, a les mismos pocxs compañeres que están cargando a les miles de estudiantes, están activando las aulas virtuales y contestando todas las consultas. Todo junto, todo por el mismo sueldo. Esto es inviable, pensamos.
Pero cómo vas a pensar eso, o peor decirlo. Hay que poner hombro ante la crisis, nos dicen. El Estado nos cuidará, luego nos aplaudirán desde algún balcón, no te preocupes. ¿Pero no les parece pensarlo mejor?.
Son tiempos excepcionales. No podemos hacer como que todo esto es normal. Si yo estoy un tanto agobiado, desconcertado en el encierro, imagino que mis compañerxs docentes y no docentes, también lo están. ¿Y les estudiantes? ¿Aquellxs que vinieron del interior y están solxs? ¿Y quienes tiene niñes, adultes mayores, u otras personas a cargo?.
¿Dar clase desde casa? ¿Cursar desde allí? ¿En qué condiciones materiales? ¿Tenemos internet de buena calidad? ¿Accedemos por nuestros teléfonos, o tenemos una computadora personal, que seguramente compartimos con el resto de les integrantes de la casa? ¿Tenemos lugar para trabajar y estudiar tranquilxs? Dudo que la mayoría.
¿Y cómo accedemos a los materiales? ¿La fotocopiadora está abierta? ¿Podemos ir hasta ella (no creo que aun haya sido considerado un “servicio esencial”)? ¿Y si no? ¿Leemos todo desde la computadora o del celular? ¿Está todo digitalizado? ¿Y los libros? Uff… Muchas preguntas, pocas respuestas tranquilizadoras.
¿Podemos revisar esto? Les docentes nos tenemos que adaptar, nos dicen. Poner el hombro. Claro, pero quién nos reclama eso ¿El Estado que hace unos días firmó con los sindicatos (en medio de la pandemia, vale recordar, sin asambleas, ni debate) una paritaria miserable, que además anuló la cláusula gatillo de la paritaria anterior? ¿El Estado que no tiene presupuesto aprobado para las Universidades, que no nos da los medios de trabajo necesarios para hacer nuestro trabajo (ahora, supuestamente online)? ¿Quién garantizar la calidad de mi acceso a internet? ¿Yo me tengo que pagar el servicio? ¿Y renovar la computadora que me compré con mi sueldo hace 5 o 6 años?.
Es cierto, la Universidad nos apura pero trata de ayudarnos. ¿En serio? De golpe, hay actividades de formación para la docencia online a las apuradas. Nos llegan innumerables mails de los departamentos docentes, de las secretarías académicas, de
la Universidad, de las áreas de educación a distancia. Tratamos de hacer, cada dos días, una clase virtual para aprender a dar una clase virtual, cómo si no tuviéramos ya una carga intensificada de trabajo. Ya se, tratan de ayudarnos y lo agradezco. Y no es culpa de les compañerxs de las áreas de educación a distancia (EAD). Ellxs hacen un trabajo excepcional. Pero no se puede así; así no se puede trabajar. Dar un curso online no es simplemente digitalizar todo, y no se puede inventar todo de cero. Hay prueba y error, se necesita tiempo!.
Trabajamos online, ok. ¿Pero en qué horarios? ¿Con qué dedicaciones y salarios? ¿24×7, como dicen ahora? La pandemia parece ser la excusa para conculcar nuestros derechos laborales básicos. En fin, todo vuela por la ventana, también nuestro convenio colectivo de trabajo.
Pero claro, con eso garantizamos que los cursos se dicten y la calidad de los mismos no se deteriore. ¿En serio pensamos eso?
Seguramente, con tiempo y medios, las herramientas digitales pueden ayudar a un mejor proceso de enseñanza/aprendizaje. Pero no podemos simplemente asumir que es lo mismo eliminar por completo los espacios de encuentro, las clases. No se puede hacer una clase virtual igual que una clase “en vivo” (es más, eso nos lo explican los que más saben de esto, les compañerxs de las áreas de EAD). Además, aun si quisiéramos, no hay ancho de banda ni espacio en los servidores de la Universidad. Cuando entramos todes juntes, el sistema colapsa. Es decir, no se puede materialmente hacer. ¿Imaginan, clases con más de 50, 100, 200 estudiantes en vivo por la pantalla de una computadora? ¿Imaginan el trabajo en grupo sin hablarse primero, sin conocerse cara-a-cara? ¿Y si tenés que hacer prácticas, experimentos, salida de campo?.
Parece que hemos re-descubierto que la ciencia y la tecnología es un componente esencial para la solución de muchos de los problemas que atravesamos. Hemos recuperado la idea de que se necesita un sistema de salud pública de alcance universal. Detrás de todo esto está la formación universitaria, estamos les docentes, no docentes y les estudiantes que serán futuros profesionales en tantas áreas claves.
Ahora bien, sin presupuesto no se puede trabajar. No podemos hacer magia. Estamos en una situación excepcional, de emergencia. Una situación que no sabemos cómo va a seguir, cuándo se va a resolver ni cómo.
¿Tan grave es parar la pelota y pensar colectivamente una respuesta consensuada y sensata, que tome en cuenta el punto de partida, que no se lleve puesta nuestros derechos, nuestra salud física y psíquica?.
No hay que tener miedo de decir “tenemos que tomarnos el tiempo necesario para revisar las prácticas universitarias para adaptarlas a la emergencia”. Mientras tanto, suspendemos el dictado de los curso.
La democracia universitaria no puede salir por la ventana por la pandemia. Tranquilizarse y pensar, debiera ser el eje de una salida acordada colectivamente.
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Lanzan campaña para impulsar un Ingreso Ciudadano Universal en Argentina por la pandemia
Foto: Juan Mabtromata /AFP
El Observatorio del Derecho a la Ciudad lanzó una campaña para pedir con “urgencia al Gobierno Nacional impulsar una política de Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional para todos los habitantes del país” para hacer frente al contexto de crisis sanitaria y económica por el coronavirus (Covid-19). “Consiste en una transferencia económica (ingreso básico) por parte del Estado a todos los habitantes del país (universal), sin condicionalidades de ningún tipo, a fin de otorgar un piso económico mínimo para garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DD.HH. El ingreso que reciban las personas con capacidad económica será recuperado a través de lo que paguen en impuestos”, propone el pbservatorio. ¿De dónde saldrán los recursos? De “aumentar los impuestos a los sectores de mayor poder económico; reestructurar el sistema impositivo para disponer una estructura tributaria progresiva; instaurar mecanismos para evitar la evasión de impuestos; y establecer restricciones a la fuga de capitales”, son algunas de las medidas que propone.
Para sumar adhesiones a la campaña, el observatorio lanzó un petitorio on line para juntar firmas para presentar esta aarta a las autoridades nacionales, al que se puede acceder por este link: https://forms.gle/h5i1QdBSNxn9Lvd57
INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL: La solución imprescindible para derrotar al Coronavirus y a la crisis económica
Carta a la clase política y a toda la ciudadanía
Por la cuarentena es urgente un Ingreso Ciudadano Universal.
El Coronavirus nos tiene que unir para terminar de una vez por todas con este sistema político-económico injusto y salvaje. En este momento podemos dar el salto civilizatorio con un Ingreso Ciudadano Universal (o Renta Básica Universal como se conoce en otros países). Es una de las soluciones imprescindibles que debemos adoptar.
Estamos atravesando un momento muy difícil por la crisis sanitaria del Coronavirus Covid-19, que profundizará la crisis económica que ya vivía nuestro país. En algunos países están muriendo miles de personas, hay mucha incertidumbre y no se conocen aún los alcances que puede llegar a tener. En China a pesar de haber frenado al virus, existe el miedo a un rebrote. Por esto, incluso hay quienes comparan esta situación con la que se vive durante una guerra, porque va a traer consecuencias de todo tipo, una crisis económica sin precedentes, política y social.
Por ahora, la cuarentena y el testeo masivo son las únicas herramientas de contención con las que contamos para salvar vidas. Afortunadamente, el gobierno argentino respondió temprano, pero esto no impide que la cuarentena perjudique seriamente a aquellos trabajadores que no están en relación de dependencia o que garantice la subsistencia diaria de autónomos, pequeñas empresas y comercios que tienen que mantener estructuras – y personal – sin ingresos de ningún tipo. Afecta principalmente a los que menos tienen, los que viven de la changa del día a día, trayendo como consecuencia más pobreza. Toda esta situación puede también llegar afectar a nuestra democracia.
En consecuencia, surge la pregunta: ¿Cómo afrontar y superar este monumental desafío? Creemos que podremos con mucha inteligencia, unión, solidaridad, y más justicia social, de género y ecológica. Lo que tenemos muy en claro es que, con este modelo capitalista salvaje, que entroniza el dinero por sobre la salud y la vida, no vamos a obtener ninguna solución a esta crisis. Por lo tanto, a problemas nuevos, soluciones nuevas.
Especialistas y gobiernos del mundo vienen discutiendo y preparando, entre otras, una solución a este problema: el “Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional”, también conocido como “Renta Básica Universal Incondicional”.
Este nuevo modelo propuesto es el camino a un cambio social hacia un sistema más solidario, igualitario, justo y libre, permitiendo que todos los habitantes puedan vivir dignamente.
¿Qué es el Ingreso Ciudadano Universal? Consiste en una transferencia económica (ingreso básico) por parte del Estado a todos los habitantes del país (universal), sin condicionalidades de ningún tipo, a fin de otorgar un piso económico mínimo para garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de DD.HH. El ingreso que reciban las personas con capacidad económica será recuperado a través de lo que paguen en impuestos. Esta política implica una necesaria reestructuración del sistema impositivo. De esta forma el Estado no gastará ingentes recursos en identificar a los sectores que necesitan el dinero, eliminará la burocracia y el clientelismo, y por, sobre todo, es el mecanismo para asegurar que nadie quede excluido sin ingresos para vivir dignamente.
En algunos países los políticos plantean salarios básicos de distintos montos. Lo importante es empezar con un monto que por lo menos saque a las familias de la indigencia y de la pobreza, para luego seguir aumentándolo gradualmente.
Ya hay decenas de experiencias en el mundo (en algunos casos se piden a cambio capacitaciones). Algunos de los países que lo han implementado son Kenia, Canadá, India, España, Finlandia, Países Bajos. Destacadas figuras como Pepe Mujica, Bernie Sanders, Pablo Iglesias, el secretario de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, como también por empresarios e intelectuales promueven el ingreso ciudadano universal.
Pedimos con urgencia al Gobierno Nacional impulsar una política de Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional para todos los habitantes.
¿De dónde saldrán los recursos? La Argentina es un país rico con un pueblo pobre: exporta para alimentar a 400 millones de personas, pero está habitado por personas con hambre y más de la mitad de la niñez es pobre. Un país donde en los últimos años, se “esfumó” un préstamo del FMI de 50 mil millones de dólares y donde los más ricos fugaron 89 mil millones de dólares. Queda demostrado que sobra de dónde sacar los recursos y que el problema es la mala redistribución de la riqueza.
Sólo se tendrían que aplicar algunos instrumentos económicos como: aumentar los impuestos a los sectores de mayor poder económico; reestructurar el sistema impositivo para disponer una estructura tributaria progresiva; instaurar mecanismos para evitar la evasión de impuestos; establecer restricciones a la fuga de capitales; sustraer al mercado la alimentación, la vivienda, la movilidad, la salud y la educación; crear un sistema de servicios públicos con fuerte regulación estatal nacional; suspender el pago de la deuda externa fraudulenta y lograr su parcial condonación; controlar a los formadores de precios; fomentar la inversión productiva; la desconcentración de la producción; aplicar herramientas de economía mixta, cooperativismo y economía social. Y dentro de los nuevos instrumentos políticos, hay que construir con urgencia una democracia participativa.
El gobierno al implementar inmediatamente un Ingreso Ciudadano Universal generaría un shock económico capaz de frenar la crisis, terminar con la pobreza y enfrentar el desempleo tecnológico y la informalidad.
El presidente Alberto Fernández implementó muy oportunamente una batería de medidas en esta línea, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otras, que se sumaron a políticas ya existentes como la Asignación Universal por Hijo/a y la política del Salario Social Complementario. Estas medidas no van ser suficientes para la desesperante situación que se avecina.
Además, hay que tener en cuenta que el Ingreso Ciudadano Universal traería varias ventajas: es simple, inmediato, llega a todos y podría reemplazar todas las prestaciones sociales simplificando y ahorrando muchos gastos administrativos al Estado, y evitando el clientelismo y asistencialismo.
Por la pandemia varios países están avanzando en su desarrollo para la cuarentena, ahora apoyado hasta por políticos de derecha, lo decimos sin rodeos, nos guste o no, un Ingreso Ciudadano Universal es la única manera de evitar un muy probable estallido social.
El gobernador de Cantabria, España dijo: “sin una Renta Básica a la crisis sanitaria se unirá un estallido social”, o sea provocará más pobreza, desempleo, violencia, desigualdad y sufrimiento para todos.
Con un Ingreso Ciudadano se beneficiarían todos los sectores sociales: los empresarios (porque no tendrían que despedir a sus empleados y tendrían más consumidores), los asalariados, los ricos, y los pobres. Ahora se puede lograr por la alta productividad que permite la automatización, la inteligencia artificial, y las nuevas y avanzadas tecnologías.
Todos unidos, con solidaridad y colectivamente vamos a superar al Coronavirus Covid-19. Tenemos una buena oportunidad para devolverle a la Argentina lo que tanto te dio.
Sumate a la campaña. Es una oportunidad histórica, como dicen en oriente, “toda crisis trae una oportunidad”.
